La población infantil y adolescente son los menos visibles, pero a su vez los más afectados en el duro drama de los conflictos armados, añadido a esto tienen que afrontar el día a día, en el intento de recuperar o intentar reconstruir su vida aún desde la precariedad, siendo esto lo único que deja los conflictos a este tipo de población a la que se le somete a la vulnerabilidad desde todos los ámbitos.

Las familias son desarraigadas de sus hogares, de sus tierras o viviendas, perdiendo así sus enseres, e incluso el contacto con su vecindad y con todo aquello que les permite tener ese sentido de pertenencia social que es lo que refuerza el tejido social de la propia comunidad, por lo cual muestran un sentimiento de desarraigo, de abandono y miedo, porque deben iniciar una ardua labor en la reconstrucción de sus vidas, en el intento de normalización de sus roles, pero en aquellas circunstancias en las que se tiene poco o escaso acompañamiento institucional, lo que provoca es que se aumente la situación de vulnerabilidad y riesgo en los menores.

Citaré el ejemplo de Colombia, que es uno de los países con una situación crónica de conflicto armado, el cual poco avanza en la atención a esta población como frecuentemente lo denuncian instituciones que velan por el cumplimiento de derechos humanos, y como también lo señaló y lo ratificó el tribunal supremo de este país, en sentencia en la cual señala que en Colombia se invierte más en guerra que en atención a la población víctima del conflicto armado y como esta a lo largo de su historia presenta los más altos índices de impunidad, debido a muchas circunstancias entre ellas las más destacadas son: la lenta respuesta institucional, en algunos casos a la poca sensibilidad o inadecuada formación de algunos funcionarios, la poca o nula condena del agresor, o el temor a la represalias por parte del agresor, o la repercusión del miedo al rechazo ante la sociedad, estas y otras circunstancias añadidas refuerzan la situación de indefensión de las víctimas.

Por ello es frecuente constatar como a lo largo y ancho del país se incrementa en las zonas periféricas, las barriadas o construcciones de invasión que sin ninguna garantía de habilitabilidad se asientan en zonas de alto riesgo, sumado a esto las precarias condiciones de higiene con todo tipo de carencias en los diferentes servicios públicos, y con todo lo que ello conlleva repercutiendo hacia un gran impacto en la salud pública que por variar es precaria y deficiente en el servicio de estos lugares.

Estas zonas de invasión surgen como respuesta a la sobrevivencia impuesta por la violencia derivada del conflicto armado, que no permite otra cosa que la búsqueda de opciones ante el desarraigo y frente a la exigencia de construir una vida normal una vez que se les ha despojado de lo propio, es aquí donde se hace evidente la fragilidad del ejercicio ciudadano y la vulneración de la dignidad, cuando estas personas lo único que reclaman es un derecho -un lugar en la ciudad, ante un estado indolente, deficiente en prestar y mantener garantías a sus ciudadanos.

De manera que los desplazados son los más afectados en el conflicto, pero por ironías de un estado deficiente que los hace más invisibles y aumentando el drama de estás personas y de los menores que son los que sufren el más duro impacto de la violencia, a pesar de que los padres o familiares los sacan de la zonas de conflicto, en busca de un nuevo futuro, lo único que encuentran es que el nuevo terruño le somete también a condiciones en las que se les vulneran un sinnúmero de derechos y por tanto son nuevamente violentados.

Los menores de estos grupos sociales están sometidos a una vulnerabilidad extrema, entre las cuales hay que señalar los problemas de desnutrición o mal nutrición, desadapatación escolar en el mejor de los casos o deserción escolar en su gran mayoría, y por ello terminan trabajando en algunos casos en economías sumergidas (sin ningún amparo estatal y por tanto son explotados) y muchos otros terminan vinculándose a grupos al margen de la ley (delincuencia común, bandas de barrio, grupos paramilitares o guerrilleros) de manera forzosa o voluntaria, como también muchas mujeres y menores son maltratados y violentados sexualmente llegándose en algunos a casos a situaciones de embarazos no deseados, enfermedades de transmisión sexual,etc, etc... lo que sin duda alguna se suma a otra carga de problemas para los menores.

Un estado carente de políticas públicas en atención a los menores, con pocos iniciativas institucionales que velen y sean garantes de formación y cuidado de estos menores, conlleva a que este grupo poblacional se desensibilice de valores, y por tanto adopte y asuma la violencia como medio y fin de vida, limitándosele la oportunidad por tanto de participar como ciudadano bajo la dinámica del conocimiento de uso y participación ante las instituciones democráticas.

El conflicto armado en este país, ha logrado a través del desplazamiento forzado una compleja relación entre destierro, desarraigo, despojo, incremento del analfabetismo, producción social en la que se incrementa la inequidad, la desigualdad, la exclusión y la marginalidad que identifica las nuevas y complejas dinámicas de la producción urbana, afectando el tejido social y a través de esta grave dinámica humanitaria que se incrementa día a día y que se expande por todo las la áreas geográficas del país; siendo esto caldo de cultivo para el incremento de la violencia y los altos índices de criminalidad a los que se les debe dar respuesta,

2009/05/24. Marisol Collazos Soto