A iniciativa de la titular de la Consellería do Mar, Rosa Quintana, el Gobierno de Galicia parece decidido a introducir el uso de uniformes entre los miembros del gabinete que preside Alberto Núñez Feijóo (PP). Una vez más, la Galicia «xunteira» hace historia…
Con su decisión, la «conselleira» trata de poner fin a una agria polémica jurídico-laboral y, de paso, acallar las protestas de los miembros del Servicio de Guardacostas de Galicia, el cuerpo de policía administrativa que ha denunciado en reiteradas ocasiones que el cargo político responsable del servicio, Lino Sexto, se haya aficionado a utilizar placa y uniforme a pesar de no pertenecer a ninguna de las escalas del servicio de guardacostas.
Tras una profunda investigación científica, jurídica e histórica del episodio, la Xunta ha descubierto, ¡albricias!, que el señor Sexto estaba utilizando símbolos y vestimenta de forma ilegal.
Ante la nueva situación, la titular de la Consellería do Mar ha modificado la legislación autonómica y la normativa que regulan la estética y el uso del uniforme de los guardacostas y, de paso, ha aprovechado para imponer el criterio «cateto» de que el responsable político del servicio y ella misma puedan lucir el uniforme policial.
En buena lógica, los guardacostas opinan que la decisión de Quintana es «propia de regímenes totalitarios y bananeros» y han emplazado a sindicatos y partidos a que presionen en pro de la racionalidad.
Los guardacostas no lo dicen, pero lo digo yo: ¿qué tal si la Xunta costea la presencia de un psicólogo o de un psiquiatra en las reuniones que se celebran en el despacho de la titular de la Consellería do Mar?
Fuente: Im-Pulso
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Tan solo se menciona la ciencia en tres ocasiones en la Constitución Española de 1978: 1) El Art. 20.1.b CE reconoce y protege los derechos a la producción y creación literaria, artística, científica y técnica; es decir, este apartado aglutina los derechos relacionados con la propiedad intelectual; 2) El Art. 44.2 CE proclama que Los poderes públicos promoverán la ciencia y la investigación científica y técnica en beneficio del interés general, al enumerar los principios rectores de la política social y económica; y 3) El Art. 149.1.15º la incluye entre las materias que son competencia exclusiva del Estado: fomento y coordinación general de la investigación científica y técnica.
A tenor de estos artículos, podríamos deducir que, individualmente, la creación científica es un derecho fundamental de todos los españoles; pero, colectivamente, no se puede hablar de que exista un derecho a la ciencia –así, en abstracto– porque, como ya sabemos, el Art. 44 CE –al igual que sucede con el acceso a la cultura, la conservación del patrimonio, el fomento del deporte, la participación de la juventud o los derechos a disfrutar de una vivienda digna o a un medioambiente adecuado– no son verdaderos derechos sino directrices que deben orientar las políticas públicas; de ahí que el constituyente los regule entre los principios rectores de la política social y económica y no entre los derechos fundamentales y libertades públicas (como sí sucede con el Art. 20 CE).
Fuente: Anécdotas y curiosidades jurídicas | iustopía
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En la web How Powerful Is Your Passport?, el poder de un pasaporte se determina en función del número de países a los que permite su entrada sin necesidad de visado o con un visado expedido al llegar al destino, esto es, sin tener que haberlo solicitado con antelación.
Bofetada para los taxistas, al menos en Londres. Transport for London (TfL), la autoridad de transportes en la capital británica, se ha pronunciado hoy sobre el caso Uber. En un comunicado, publicado inicialmente en TNW, TfL asegura que «Uber está operando de forma legal» y que «no hay argumentos para tomar acciones legales contra Uber o los conductores que utilicen Uber«.
TfL, sin embargo, no ha podido obtener de momento consejo directamente del Tribunal Superior de Justicia británico. Es decir, TfL no perseguirá ninguna acción legal contra Uber o sus conductores, pero eso no quita que otros organismos o compañías puedan intentar llevar el caso a los tribunales. En definitiva, una mala noticia para los taxistas ya que autoridades de transporte en otros países podrían tomar como referencia la postura de TfL.
Fuente: GIZMODO
Después de que Roy Barreras prostituyera el Congreso, poco o nada queda por hacer para garantizar que los homosexuales tengan igualdad de derechos en Colombia.
Pero la Iglesia Católica no está del todo segura, así queestán haciendo lobby:
El cardenal Rubén Salazar, máximo prelado de la Iglesia Católica en Colombia, les pidió a los congresistas no aprobar el matrimonio entre parejas del mismo sexo.
En la misiva, el purpurado advirtió que lasuniones heterosexuales están establecidas porque el hombre y la mujer son dos seres «biológicamente» diferentes que fueron creados no solo para unirse afectivamente, sino también para la procreación.
«Sería injusto otorgarles el ‘privilegio’ de un reconocimiento y de una tutela jurídica que pueda equipararlas al matrimonio o a la familia», señaló en la misiva.
¿Y quién creó al hombre y la mujer? ¿Y cómo sabemos que fuimos creados con ese fin? Ahh, sí – el ridículo cuento de hadas escrito por pastores de cabras semianalfabetos que ni siquiera sabían cómo funciona la electricidad pero pretenden explicar cómo y por qué funciona el mundo.
Y así pretenden despojar de sus derechos a la población LGBTI, derechos que ni siquiera deberían poderse votar – ¡son derechos!
Fuente: DE AVANZADA
Uno de estos trileros de la moral resulta que es ahora Ministro de Justicia. Responde al nombre de Alberto Ruíz Gallardón y durante años ha tenido engañados a un buen número de ciudadanos y medios de comunicacion. Unos y otros habían creído ver en él una especie de genovés moderado, tolerante y abierto a nuevas ideas, incluidas las ajenas. Tanto fue así que encontró en el camino editoriales y complicidades que alababan sin pudor su supuesto talante de hombre moderno, dispuesto a liderar a la vieja derecha española.
Todo se le perdonaba. Era un tipo con suerte. Daba igual que endeudara a generaciones de madrileños con sus alocadas políticas de gastos, muchos de ellos superfluos. Daba igual que designará, sin pasar por las urnas, a Ana Botella, una de las genovesas mas mediocres y más reaccionaría, como su sustituta al frente del Ayuntamiento de Madrid. Por dar hasta dio igual que una vez investido de Ministro se fuera deslizando hacían posiciones ultraconservadoras.Al fin y al cabo, sostenían algunos editores, todos sus » excesos » son pecata minuta si los comparamos con los originales y genuinos genoveses que anda tan ocupados en desmontar el Estado de Bienestar.
Desde este blog y llegados a este punto de la cuestión y del personaje, sin eufemismos ni malabarismos ni rodeos, nos surge una pregunta que de antemano es fácil deducir que nunca jamás será respondida por el autor de esta nueva prohibición : ¿ La doble moral y la triple conciencia, incluida la suya, serían o no un impedimento a la hora de que se aplicarán sus prohibiciones a esas acompañantes de habitación y anisette a las que se refería Sabina , si alguna de ellas , Dios no lo quiera, se quedarán embarazadas ?.La respuesta como siempre está y estará en el aire. A lo sumo la podríamos encontrar agazapada en los confesionarios de usar y tirar que se redecoran durante los domingos y fiestas de guardar.
Fuente: Los Genoveses , SA
Un proyecto de ley que está a tan sólo un debate de convertirse en ley de la República de Colombia. Y se supone que será obligatoria para el Estado:
“El Día Nacional sin Alcohol es un celebración de carácter institucional, cívica, voluntaria, concertada, persuasiva y educativa, que se llevará a cabo con el objeto de sensibilizar a los actores sociales de la Nación acerca de la importancia y la posibilidad real de la abstinencia del consumo de alcohol como fuente de salud, convivencia, economía familiar y comportamiento social”, cita el proyecto.
“El Día Nacional sin Alcohol será una actividad concertada ya que para su realización los organismos gubernamentales responsables deberán convocar a los establecimientos de comercio, a los expendedores de licores, a los centros educativos de todos los niveles, a las organizaciones sociales, cívicas, culturales, gremiales, y a las autoridades de todo orden, con el fin de articular esfuerzos y lograr compromisos definidos de apoyo y participación”, continua la iniciativa.
…
“Lo que busca este proyecto es que se le dé una oportunidad a la concertación, a la voluntad, a la educación y a la sociedad en general para hacer un ejercicio que va a resultar, en nuestra opinión, muy favorable para los individuos, las familias y la sociedad colombiana. Y aunque resulta curioso que dicha oportunidad haya de buscarse a través de una ley debemos destacar que aun teniendo este carácter imperativo, dicho carácter solo va dirigido a obligar al Estado a promover y organizar la realización de Día Nacional sin Alcohol, dejando a los demás actores los caminos del civismo, la voluntad y la conciencia”, agregó.
El fascismo colombiano, escondido bajo bonitos eufemismos como Restauración nacional o Colombia grande, libre y en paz está que se muerde los codos porque en el Congreso cursan proyectos de ley que defienden las libertades individuales.
Entonces su estrategia ha sido recurrir a la superstición para aprovechar el miedo entre sus seguidores y exacerbar su intolerancia:
Cómo debe de doler el no poder seguir imponiéndole sus absurdas y ridículas ideologías totalitarias al resto de los conciudadanos, ni decirles qué hacer con sus cuerpos, ni cómo hacerlo, ni matarlos cuando no creen en su estúpido dios.
Si esto es lo que hacen con el obsoleto Paint, no quiero imaginarme si algún día las neuronas les llegaran a dar para aprender PhotoShop.
Fuente: DE AVANZADA
FACUA-Consumidores en Acción denuncia que el Gobierno de España ha legalizado el fraude en las rebajas, convirtiéndolas en una parodia de lo que han sido durante más de quince años. Así, podrá haber rebajas que duren menos de 24 horas y en productos que ni siquiera habían estado en la tienda el día anterior.
La modificación de la Ley 7/1996, de 15 de enero, de ordenación del comercio minorista publicada este sábado en el BOE, representa una perversión con la que se permiten casi todas las irregularidades con las que muchos comercios abusaban de los consumidores e incurrían en competencia desleal.
Anunciar como rebajado lo que el día antes no estaba en la tienda será legal
A partir de ahora, el engaño de llenar las estanterías de productos supuestamente rebajados que en realidad nunca habían estado en la tienda será legal.
Con la redacción vigente desde 1996, los artículos objeto de rebajas debían llevar al menos un mes en la tienda en la oferta habitual de ventas, sin haber sido objeto de otra promoción en ese período.
No hará falta que duren ni un día completo
El artículo 25 de la Ley de ordenación del comercio minorista, que regula la duración de la temporada de rebajas, deja de establecer que tendrán lugar al principio del año y en torno al periodo estival de vacaciones, con una duracion de como mínimo una semana y como máximo dos meses.
A partir de ahora, «podrán tener lugar en los periodos estacionales de mayor interés comercial según el criterio de cada comerciante» y su duracion «será decidida libremente por cada comerciante». Por tanto, los establecimientos podrán incluso usar reclamos como «sólo el domingo por la mañana, rebajas».
Mezcladas con otras promociones
A la desrregulación y la mayor dificultad que tendrán las comunidades autónomas para controlar el cumplimiento de la Ley, se suma el hecho de que el Gobierno ha querido dejar patente, en su artículo 18, que las rebajas podrán «simultanearse en un mismo establecimiento comercial» con otras promociones, excepto las liquidaciones.
El requisito de que tendrá que haber «la debida separación entre ellas» no evitará la confusión que se provoca entre los consumidores entre rebajas y otras ofertas, que se anuncian en los comercios utilizando la misma tipografía y en estanterías contiguas.
Fuente: FACUA
Los asuntos examinados, han sido, en síntesis:
1.- El reciente anteproyecto de ley de implantación de tasas judiciales, que merma el derecho a la tutela judicial efectiva, sentando las bases de una justicia reservada para aquéllos que puedan pagársela.
2.- Los anuncios de reformas del Código Penal en materia de orden público, que pretenden criminalizar el ejercicio de derechos fundamentales instrumentales para explicitar el desacuerdo político, como los derechos de reunión y manifestación.
3.- Las tasas de población penitenciaria y delincuencia en el ámbito de la Unión Europea, que evidencian la “paradoja española”, donde a menor tasa de delincuencia se da la mayor tasa de población reclusa, lo que contradice las declaraciones del Ministro de Interior que sigue insistiendo en la falsa idea de que el índice de delitos ha aumentado para justificar un innecesario incremento de penas.
4.- La insostenible situación de los Centros de Internamiento de Extranjeros, convertidos en reductos de control de la población extranjera que carece de autorización administrativa para residir en España.
5.- La “contrarreforma laboral”, que degrada las bases de la relación laboral.
6.- La decisión de no ofertar nuevas plazas de Jueces y Fiscales, al tiempo que se ofertan nuevas plazas de policías, lo que, como colofón, evidencia las prioridades del Ejecutivo, anteponiendo el control policial a la defensa de las garantías de la ciudadanía.
En un contexto generalizado de recortes de derechos sociales básicos para la convivencia ciudadana, afirmamos que este conjunto de medidas ejemplifica el tránsito del “Estado” Social al “Estado Penal”.
Comunicado completo en: iustel DIARIO DEL DERECHO
La Delegación del Gobierno de Madrid ha prohibido la manifestación «Ningún privilegio a las iglesias. De mis impuestos, a las iglesias CERO», convocada por varias asociaciones laicas para el jueves 5 de abril en Lavapiés. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid, ante el que recurrieron las organizaciones convocantes, ratificó la decisión de la Delegación de Gobierno, vetando la manifestación.
Las razones aducidas por ambos estamentos asustan al más pintado: el TSJM afirma, por ejemplo, que la fecha elegida es “una de las festividades claves en la religión católica“ y que “Se ha de hacer hincapié en que esa festividad tiene una relevancia fundamental dentro del mundo católico por la conmemoración del día y en que, consecuentemente, es merecedor de protección, pudiendo justificar la restricción del uso de la vía pública a otros grupos de personas cuando su uso no sea compatible“. Más claro no podría haber sido el tribunal: ante igualdad de derechos, se protegen los actos con relevancia dentro del mundo católico, dado que son merecedores de protección en detrimento de la libertad de expresión y de reunión.
Pero tengamos cuidado con la lectura: no se estaba pidiendo la prohibición de ningún acto religioso, sino la coincidencia en fecha de otra expresión popular: una manifestación en contra de la financiación pública de las iglesias, algo que apoyamos millones de españoles. Ni la religión ni las procesiones son incompatibles con el hecho de que las iglesias se financien por medios propios. No hay incompatibilidad alguna y, por lo tanto, no se ha elegido una opción frente a otra. Por el contrario, como dice muy claramente el TSJM, se ha impedido que algunos católicos se sientan molestos porque otras personas expresen su opinión y hagan uso de la vía pública. Todo un ejemplo de estado libre y aconfesional.
Artículo completo en: La Ciencia y sus Demonios