Las FARC y el Gobierno colombiano presidido por Juan Manuel Santos han acordado un alto el fuego bilateral y definitivo, anunciado próximamente en La Habana.
56 años después, está a punto de ponerse punto y final a una de las guerras más largas de la historia. El Gobierno colombiano ha llegado a un acuerdo con las FARC para un alto el fuego bilateral y definitivo. Próximamente se liberará un documento rubricando el pacto en La Habana, ciudad que ha acogido este proceso de paz. Ban Ki-Moon, secretario general de las Naciones Unidas, estará presente en el acto donde se hará oficial el acuerdo, junto a representantes cubanos, noruegos, chilenos y venezolanos, inmersos en el proceso de paz como garantes de la negociación en los dos primeros casos, y como acompañantes en los dos últimos casos.
El acuerdo recoge aspectos en torno al alto el fuego, como las zonas donde se concentrará a los guerrilleros, las condiciones para la deposición de las armas, y las garantías de seguridad para todos los guerrilleros que hayan realizado dicha deposición armamentística. Hace casi un año, las FARC ya declararon un alto el fuego unilateral, contribuyendo a la relajación del conflicto. Ahora el Gobierno ha dado el mismo paso tras algunos tímidos gestos de acercamiento, como el final de las bombas aéreas.
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Durante el período 1993-1997 en Yamural (departamento de Antioquía, Colombia) tuvo sede una banda paramilitar conocida popularmente comoLos Doce Apóstoles, cuya base era la finca La Carolina, propiedad de la familia Uribe.
Miembros de ese grupo, según los testimonios de que dispone la Fiscalía, asesinaron a un mínimo de 30 personas.
Hace ya cuatro años, en 2010, el ex oficial de la policía (con grado de mayor) Juan Carlos Menesesdeclaró ante un grupo de letrados y del nobel Pérez Esquivel que Santiago Uribe, hermano del ex presidente colombiano, fue el creador y el líder de Los Doce Apóstoles.
Muy probablemente, el testimonio y las pruebas de que dispone Meneses constituyen la más relevante aportación para probar los nexos personales que existían entre quien fue presidente del país y las bandas paramilitares, cuyo objetivo central no era tanto combatir contra las FARC como someter a los trabajadores del rural, eliminar físicamente a sus dirigentes, destruir los sindicatos y, en definitiva, proteger los intereses de los latifundistas prescindiendo de normas y leyes.
Las dificultades y los asesinatos que «adornan» la instrucción del caso Yamural reflejan, entre otras singularidades, lo poco que ha avanzado la Justicia en Colombia y el largo camino que les queda por recorrer a quienes apuestan por acabar con una guerra civil que a criterio de la mayoría de historiadores y analistas se inició en 1953, ¡hace ya más de 60 años!, a raíz del golpe de Estado que aupó a la presidencia al general Gustavo Rojas Pinilla.
quienes serán «corresponsables» por desidia
Meneses ha advertido públicamente a través de Las dos orillas que teme ser la octava víctima de los mafiosos y políticos que tratan de dinamitar esta y otras investigaciones judiciales.
La actitud de la Justicia es incomprensible
Resulta difícilmente comprensible que las autoridades incumplan la obligación de proteger la vida de quien a fecha de hoy es el testigo más valioso para esclarecer la puesta en marcha y las acciones de una de las principales bandas de paramilitares que operaron en Antioquia, departamento del que fue nombrado gobernador Álvaro Uribe Vélez en 1995…
El traslado de Meneses a La Picota, con el consiguiente riesgo de que sus enemigos ejecuten las amenazas de muerte ya vertidas, es todavía más incomprensible si se tienen en cuenta que a estas alturas nadie ignora, la Fiscalía tampoco, que el año pasado se frustró el intento de los Uribe de alcanzar un acuerdo con Meneses para que este no declarara.
Juan Carlos Meneses, cuyas acusaciones han evitado publicar numerosos medios colombianos, no solo habla, sino que además es, de momento, el único testigo que aporta pruebas de lo que dice; de modo que no brindarle la protección adecuada no solo resulta extraño, sino que además alimenta racionales y lógicas sospechas.
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Según el diccionario de la Real Academia, “picadero” es un lugar donde las personas aprenden a montar caballos.
En Colombia, y en su puerto de Buenaventura, ”casa de pique” o “picadero” es sencillamente un lugar donde se descuartiza viva a una persona para luego hacer desaparecer sus restos sin posible identificación.
En las últimas semanas, instituciones como Human Rigth Watch y Naciones Unidas han levantado la alarma sobre una situación que la Defensoría del Pueblo denunció, sin éxito, a las autoridades desde octubre del pasado año, alertando sobre “descuartizados que aparecen en las calles y playas de Buenaventura”. Precisamente el informe de la ONG H.R.W. se titula La crisis de Buenaventura, desapariciones, desmembramiento y desplazamiento en el principal puerto de Colombia en el Pacífico.
Expulsada la guerrilla del Puerto, hace una década, la banda paramilitar de La oficina se adueñó de Buenaventura y practicó abiertamente el tráfico de drogas, el desplazamiento forzado de sus campos a la gente que molestaba para plantaciones “agroindustriales”, el chantaje a la totalidad de los comerciantes mediante sicarios, etc. Un imperio de impunidad con la vista gorda de autoridades civiles –el alcalde Bartolo- y la complicidad de policías y militares. Hablamos del puerto más importante de Colombia, por el que pasa el 55% de las exportaciones legales del país y un alto porcentaje de las ilegales. El 88,5 % de la población es negra y pobre.
Hace poco llegó otra banda de los herederos del paramilitarismo que amnistió Uribe, los llamados “Urabeños” y empezaron a darse plomo con los de “La empresa”, en procura de los negocios más jugosos. Recluta forzada entre la población: y al que se resista o se atreva a denunciar, se le espera en los picaderos.
El sociólogo Alfredo Molano, una de las más importantes figuras del pensamiento crítico colombiano, cuenta el modus operandi de estos verdugos: “la técnica del terror exige que la gente se dé cuenta pero que no cuente; vea la captura de la víctima en el barro, la manera como la arrastran y oiga los gritos de socorro, los alaridos de perdón y clemencia y por último los aullidos del dolor. Después silencio. Terrible vacío. Los gritos se quedan a vivir en la cabeza de la gente. Todos temen ser el siguiente en una lista que nadie elabora…las autoridades no oyen, no ven, no saben”.
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El gobierno de Colombia no está abordando la crítica situación de los derechos humanos en el país, ha declarado Amnistía Internacional antes de la revisión anual del país por parte de la alta comisionada de la ONU para los derechos humanos.
Pese a las conversaciones de paz en curso en La Habana entre el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el mayor grupo guerrillero del país, las violaciones y los abusos de los derechos humanos siguen sin disminuir.
Mañana, la alta comisionada Navi Pillay presentará su examen anual de la situación de Colombia ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
“Las conversaciones de paz representan la mejor oportunidad en más de una década para poner fin a los 50 años de conflicto armado. Sin embargo, las partes enfrentadas siguen siendo responsables de terribles y graves violaciones y abusos de los derechos humanos, que incluyen desplazamientos forzados, ejecuciones extrajudiciales, secuestros, raptos y desapariciones forzadas”, ha afirmado Marcelo Pollack, investigador de Amnistía Internacional sobre Colombia.
Las cifras globales sobre violaciones de derechos humanos y abusos son terribles. En 2013 perdieron la vida alrededor de 70 defensores y defensoras de derechos humanos, entre los que había líderes indígenas y afrodescendientes, y al menos 27 sindicalistas. Más de cinco millones de personas han huido de su hogar en el curso del conflicto.
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En los últimos 13 años, 5156 víctimas de reclutamiento forzado han sido atendidas por el ICBF.
“El operativo del Ejército nos cayó a las 4 de la mañana. ‘Sapearon’ el campamento, nos levantaron a plomo y tocó combatir. Yo salí corriendo y, en pleno combate, sentí ganas de hacer chichí: era el bebé que se me venía. Los camaradas me dejaron botada y me tiré debajo de un tronco. Cuando el niño nació me agarró el desespero, porque estaban disparando y él no lloraba, se estaba ahogando, estaba moradito. Entonces empecé a jalar el cordón umbilical y me lo arranqué. Por fin el bebé lloró y me desmayé”.
Esta cruda escena la vivió una niña de 15 años, reclutada por las Farc a los 10, quien parió en medio de un combate con el Ejército, en el 2006.
Yina cuenta su historia en forma natural y en un tono suave desde el hospital bogotano donde trabaja. Tiene 22 años y está orgullosa porque Juan Esteban, su hijo, que se salvó de milagro, cumple siete años el próximo 23 de mayo.
Esta llanera reconstruyó su vida gracias a su carácter recio y al apoyo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), que en los últimos 13 años ha desvinculado a 5.156 niños del conflicto armado. En otras palabras, cada día el ICBF acoge a un niño víctima de reclutamiento forzado, en promedio.
Artículo completo en: ElTiempo.com
El gobierno de Juan Manuel Santos no se pronunció sobre el matrimonio igualitario y su partido acordó hundir el proyecto.Ahora nos enteramos que el gobierno de Juan Manuel Santos calló para complacer a la Iglesia, que de otra forma no habría apoyado el proceso de ‘paz’:
En diálogo con Blu Radio, el senador Armando Benedetti aseguró que el ministro del Interior, Fernando Carrillo, no se ha pronunciado sobre el matrimonio igualitario para no molestar a la Iglesia, gran aliado del proceso de paz que se adelanta con la guerrilla de las Farc.
“El señor Carrillo no quiere molestar a la iglesia para que no dejen de apoyar el proceso de paz”, reiteró el parlamentario del partido de La U.
¡Lo que nos faltaba! Esta ‘paz’ tiene ciudadanos de segunda clase, cuyos derechos están establecidos por la Iglesia Católica.
Entre los demás motivos para oponerme al proceso se encuentran la promoción de que el crimen sí paga (lo que Sam Harris llama incentivos negativos).
Además, esta solución no está basada en la evidencia, o sea es ficticia, ya que desconoce las causas del conflicto.
Y, por si fuera poco, desde ya, el proceso ha servido de coartada para pedir la censura de opiniones disidentes (¡vaya ‘paz’!).
Fuente: DE AVANZADA
En el blog DE AVANZADA se trata desde una visión escéptica el recientemente conocido diálogo entre el gobierno de Colombia y los terroristas de las FARC. Seguidamente se copia parte del artículo.
La guerrillaEmpecemos por los criminales: la mayoría de los idiotas útiles los defiende porque estas empresas criminales aseguran ser de izquierda, como si eso debiera tenerse en cuenta a la hora de juzgar un delito.Lo único que tienen de izquierda son los panfletos con los que adoctrinan sus matones.
De resto, son la encarnación de la derecha más reaccionaria. Sus finanzas, que consisten en un monopolio del cultivo y la venta de la droga, les reportan ingresos netos y se ahorran todo aquello de los ‘derechos laborales’ que le deberían garantizar a su ejército paramilitar privado – todo para que los capos, los cabecillas, vivan como reyes. El sueño mojado de cualquier neoliberal. Eso, sumado al uso indiscriminado y recreacional de la violencia, la tortura, la extorsión y el asesinato de los pobres y el tratamiento de las mujeres como objetos sexuales no deja lugar a dudas que las Farc y el ELN tienen tanto de izquierda como el mismísimo George W. Bush.
Los idiotas útiles
Son personas que se rasgaron las vestiduras cuando Álvaro Uribe cambió la Constitución Política para hacerse reelegir y se indignaron hasta la cólera por el irrespeto a la Carta Magna. Y ahora son ellos los que invocan su violación, desconociendo la obligación del Estado de proteger a sus ciudadanos y promoviendo el diálogo con la mafia.
No es descabellado afirmar que estas personas son a la guerrilla lo que los negacionistas del Holocausto son a los nazis.
Pacifismo idiota
Como si del Partido Republicano se tratara, los idiotas útiles hacen un uso hiperbólico de los eslóganes. Probablemente, debido su falta de ideas y discurso. Es así como todos están convencidos del lema de que «las armas son malas» y automáticamente creen que el diálogo es la panacea – como si no se requiriera que ambas partes estuvieran legítimamente interesadas en dialogar. El pacifismo es una perspectiva que sólo sirve para mantener el statu quo.
Artículo completo en: DE AVANZADA
Gustavo Gallón, director de la Comisión Colombiana de Juristas explica qué se estaría fraguando desde el Capitolio Nacional si algunos cambios constitucionales llegaran a ser aprobados tal y como están redactados por nuestros supuestos representantes:
1. Usted acepta que si algún miembro de su familia o usted mismo es víctima de homicidio, violencia sexual, desaparición forzada, tortura, desplazamiento forzado o cualquier otra violación de derechos humanos o infracción al derecho humanitario cometida por un soldado o un policía, usted no podrá reclamar ante los jueces ordinarios. La jurisdicción militar será la encargada de estudiar esos comportamientos, conforme a una ley estatutaria que indicará cuándo tales conductas no serán consideradas actos propios del servicio a cargo de la fuerza pública.
2. Igualmente, usted acepta que el Gobierno renuncie a la persecución judicial penal de tales delitos cuando sean cometidos por guerrilleros o paramilitares que celebren acuerdos de paz, o por los mismos miembros de la fuerza pública. Como consuelo, su caso podrá ser eventualmente reseñado en un informe de una Comisión de la Verdad que se creará para el efecto.
3. También acepta usted que los miembros de su familia o usted mismo puedan ser encarcelados sin orden judicial, en cualquier momento, hasta por 72 horas, por decisión de cualquier policía, soldado o funcionario del Gobierno.
En el Congreso colombiano no hacen más que perder el tiempo. No trabajan ni un mes completo en toda la legislatura y en vez de darle trámite a proyectos legislativos importantes como el de la legalización de las drogas o el de acabar con la obligatoriedad del servicio militar, se ponen a perder el tiempo mirando a ver cómo exoneran a los terroristas de los delitos cometidos.
Y anuncian los diarios con bombos y platillos que ya está cuajando el «marco legal para la paz»:
La comisión primera de la Cámara con 30 votos a favor y uno en contra aprobó este miércoles en su quinto de ocho debates el acto legislativo de marco legal para la paz que establece la aplicación de la justicia transicional para eventuales futuras desmovilizaciones masivas.
El promotor del proyecto, el senador Roy Barreras, dijo que la llave que tendrá el presidente Juan Manuel Santos para la paz “se sigue forjando con mucho detalle, con mucho cuidado y sin ingenuidades; Colombia tiene la esperanza de la paz sin aflojar en materia de seguridad”.
No aflojarán en materia de seguridad, pero lo están haciendo en impunidad. ¿Qué clase de paz es esa, en la que los criminales no pagan por los delitos cometidos?
Lo más patético del asunto es que dejan que el poder de decisión recaiga sobre los terroristas en vez de asumir sus funciones como representantes elegidos democráticamente de un Estado medianamente decente:
Al referirse al tiempo en que estará vigente este marco, Barreras dijo que esta reforma “debería circunscribirse por el periodo presidencial para el cual fue elegido el presidente Juan Manuel santos, por tanto, creo que en 3 años deberíamos tener una solución al conflicto pero son las Farc las que determinan esto con hechos contundentes”.
Y lo más chistoso de todo esto es que el proyecto no servirá para nada:
Finalmente, los delitos de lesa humanidad no van a terminar cobijados bajo los beneficios de la justicia transicional.
Entonces, ¿qué delitos se podrán ‘cobijar’ con los beneficios de esta reforma jurídica? Porque el asesinato (previa tortura y con motosierra), la siembra de minas antipersona y mantener personas privadas de su libertad por casi tres veces la duración de Auschwitz me da la leve impresión que no son delitos comunes y corrientes, sino, oh sopresa, ¡de lesa humanidad!
Al fin y al cabo, Colombia es una Banana Republic.
Fuete: DE AVANZADA
¿Cuál es el emporio criminal que ha hundido a Colombia en una crisis social que no le ha permitido desarrollarse plenamente dentro del marco de la modernidad?
¿Qué vieja institución se autodenomina «defensora» y «abanderada» de los pobres, mientras tiene sus jerarcas en las más alta opulencia, a costa del sudor de la población civil, a quienes les sacan su dinero por medio de amenazas?
¿Qué grupo económico, con pretensiones de santidad y con muchísimas muertes a costa, que ha derramado incontables ríos de sangre le ha costado los sueños y le ha destrozado las esperanzas a nuestros niños?
Hay dos respuestas correctas: las FARC y la Iglesia Católica (ICAR).
Por eso no es extraño encontrar un caso de un miembro de ambas instituciones:
El prelado Pedro Pablo Reinoso Marín fue arrestado en el Seminario Menor de Manizales en una acción conjunta con la Fiscalía General, dijo el coronel Rafael Antonio Mesa, comandante interino de la Policía en Caldas, departamento del que es capital esta ciudad.
La captura se derivó de una orden emitida por la entidad judicial, bajo los cargos de rebelión y desplazamiento forzado, según indicó Mesa.
El oficial aseguró a la prensa que una investigación que tomó cinco años llevó a establecer que el religioso estaba, al parecer, vinculado con el frente 47 de las Farc, que actúa en varias regiones del oeste colombiano.
Reinoso «sería al parecer el coordinador político del frente subversivo», agregó Mesa, quien indicó que el sacerdote era conocido en las filas rebeldes con el alias de «Pedro Plata».
Además de la tareas de ideólogo, las investigaciones también permitieron descubrir que el sacerdote proveía a los guerrilleros de armamento y otros pertrechos, medicinas y víveres, entre otros elementos.
Este caso tiene dos particularidades. Primero, el socerdote no rezaba por la recuperación de sus colegas terroristas, sino que les conseguía ayuda científica – nada de supersticiones para ellos:
El jefe policial añadió que el sacerdote se encargaba de gestionar el ingreso en las zonas de conflicto de personal médico para atender a guerrilleros heridos o enfermos.
Y segundo, el muy capullo era profesor, por lo que tenía la posibilidad de adoctrinar doblemente a los estudiantes (en la superstición y en el terrorismo, que no cabe duda de que la idea cruzó por su cabeza):
El sacerdote ejercía como párroco de un templo católico de la zona industrial de Manizales y también era profesor en un colegio local.
Supongo que este es el ejemplo perfecto de la suma de todos los males.
Fuente: DE AVANZADA
Esta práctica de las fuerzas de seguridad para abultar los resultados operacionales y obtener honores y dinero se refleja en la ópera prima del documentalista y director de televisión Colbert García. El 19 de este mes se realizó un preestreno en una sala de Bogotá ante un auditorio de militares, a los que el filme no les cayó para nada en gracia.
El barrio El Paraíso es el escenario donde bandas armadas extorsionan a tenderos y transportadores a cambio de no atacarlos.
Es una zona llena de vida en las montañas al sur de Bogotá, en el enorme sector de Ciudad Bolívar, donde viven en la pobreza unos 400 000 desplazados de sus hogares por el conflicto armado y cuyo único lujo es la espectacular panorámica de la capital a sus pies.
Casualidad o cosas de documentalista es que Esmeralda Pinzón, la actriz que tiene a cargo el complejo y logrado papel de Susana, un eslabón en el negocio de los falsos positivos, vivió realmente en El Paraíso. Obligada a abandonar su hogar a los 10 años, luego del asesinato de su padre, llegó con su mamá y se instaló como desplazada en ese lugar, según contó al portal ConfidencialColombia.com.
El filme se aproxima con delicadeza al mecanismo que recluta a los jóvenes para convertirlos en “falsos positivos”. Se les ofrece trabajo fuera de la ciudad por unos días, pero nunca regresarán. Una vez reclutados, son compelidos a ponerse prendas de camuflaje como las usadas por guerrilleros para ser fusilados por miembros de la fuerza pública.
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Actualmente la investigación de la fiscalía abarca más casos, unos 2 500, e implica a unos 3 800 militares. Pero no proporciona nombres, da cifras. El Banco de Datos se resiste a reducir las víctimas a números. Por eso, 196 de las 327 páginas del informe contienen breves párrafos que cuentan fechas, nombres, lugares y cómo ocurrieron las cosas.
El estudio del Cinep no hace un recuento de los comandantes locales, regionales o nacionales bajo cuyo mando ocurrieron esos crímenes.
De ellos, 40 por ciento ocurrió en 2007, cuando el hoy presidente Juan Manuel Santos era ministro de Defensa del gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010).
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El próximo, 30 de octubre, los colombianos eligen a sus autoridades locales y regionales, en la primera consulta electoral bajo la presidencia de Juan Manuel Santos. Entre el 2 de febrero y el 20 de octubre, 41 candidatos fueron asesinados por diversos grupos violentos, según un estudio de la ONG independiente Misión de Observación Electoral (MOE). Esta cifra prácticamente duplica los muertos registrados en las anteriores elecciones regionales, en 2007.
La guerrilla, sobre todo las FARC, grupos paramilitares de derecha, narcotraficantes y otros grupos delictivos también compiten en estas elecciones, mediante la compra de candidatos o el asesinato de posibles adversarios. Para las distintas organizaciones violentas, de derecha e izquierda, ligadas o no al narcotráfico o a otras actividades ilícitas, el control de alcaldes, concejales y hasta gobernadores, es un objetivo que les asegura impunidad para sus actividades. Y, en muchos casos, acceso a información de seguridad vital para su supervivencia.
Uno de los aparentes logros del anterior gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010), fue la desmovilización de las ultraderechistas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que en el momento de su mayor apogeo llegó a tener unos 15 000 efectivos. Hoy, las AUC han sido reemplazadas por las Bacrim, Bandas Criminales, según la denominación generalmente adoptada, que cuentan ya con unos 6 000 hombres y cuyo número no hace más que aumentar. Según INDEPAZ (Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz), estas bandas operan en 314 municipios (de un total de 1 103) y están presentes en 29 de los 32 departamentos (estados a provincias) del país.
Ampliar información en: nuevatribuna.es
No cabe duda de que si hay algo que estupidiza a la gente es la religión. Tiene la facultad de destrozar el cerebro más rápido que cualquier opiáceo y ciertamente una persona en esas condiciones mentales tan disminuidas, despojada de toda facultad mental crítica, no debería ejercer un cargo público.
Pero esto es Colombia. Así que en vista de la gigantesca ignorancia de Alejandro Ordóñez en derecho penal, en el blog» De Avanzada» intentan sacar de la inopia a ese pobre ser humano cuya única neurona está para seguir a su amo mental, Mr. Ratzinger, el Papa:
El procurador general, Alejandro Ordóñez Maldonado presentó una petición oficial ante la Comisión de Investigación y Acusación para que se investigue a los magistrados de la Corte Constitucional Humberto Sierra y Luis Ernesto Vargas puesto que le concedieron una tutela a una mujer que terminó abortando clandestinamente.
Si a cualquiera de los lectores les parece que la petición oficial es por una estupidez, ¡¡es porque es por una estupidez!!
Según el concepto del Ministerio Público la mujer de 18 años tuvo que recurrir a un centro de aborto ilegal, después de que ningún centro asistencial le prestará la asistencia médica pese a que su caso estaba invocado en las tres situaciones despenalizadas por la Corte Constitucional.
Si los magistrados concedieron ese derecho y ella fue a abortar clandestinamente porque ningún centro ‘de salud’ quiso permitirle ejercer sus derechos reproductivo al aborto, no me queda muy claro que los magistrados tengan la culpa. De nuevo: es de Alejandro Ordóñez, un católico ultramontano, de quién estamos hablando.
Para la Procuraduría los togados habrían incurrido en los delitos de aborto, fraude a resolución judicial, abuso de autoridad por omisión de denuncia y favorecimiento.
A ver: el aborto era legal pues estaba cobijado dentro de los tres casos despenalizados, así que no hubo delito de aborto. El fraude a resolución judicial fue por parte de los centros ‘de salud’ que no practicaron el aborto. La omisión de denuncia, puede que sí, pero él tampoco ha interpuesto una denuncia contra los doctores que no practicaron el aborto.
Esto es lo peligroso de dejar que los cavernarios fundamentalistas lleguen a los cargos públicos en Colombia: se termina abusando de su poder para perseguir a quienes no piensan como él. Pero de nuevo: es de Alejandro Ordóñez, esa reencarnación de Torquemada, de quién estamos hablando.
Y es más: Con estas acusaciones, Ordóñez incurre en el delito de falsa denuncia contra persona determinada.
Víctimas de la violencia, el silencio y el abandono, es la triste realidad de la relación entre conflicto armado y salud mental en el departamento de Caquetá, en Colombia.
“Vea doctor, es que esa gente hace un año mató a mi hijo. Tenía 25 años y él era mi mano derecha en todo. Estaba siempre muy pendiente de mí y de mi mamá que es muy anciana y está demasiado enferma. También era el amor de su hermanito. Le ayudaba en las tareas de la escuela y le enseñaba cómo hacer los trabajos de la finca. Sé que lo mataron porque no se quiso ir con ellos y porque no hizo caso entonces de abandonar la zona. Él quería estar con nosotros, era un muchacho sano, que no le gustaba meterse en cosas raras. Pero me lo quitaron” , mujer de zona rural de Caquetá.
Médicos Sin Fronteras (MSF) trabaja en el departamento de Caquetá desde 1999. En el año 2005, la organización puso en marcha un proyecto de salud mental para asistir a las víctimas del conflicto colombiano y dar una atención que era insuficiente en las estructuras de salud del Gobierno.
El informe presentado esta semana en la ciudad de Florencia se basa en los datos de 5.064 pacientes que recibieron atención clínica por parte de MSF desde marzo de 2005 hasta septiembre de 2009.
De estos pacientes, un 65% eran mujeres y el 35% hombres. Las edades oscilan entre 1 y 89 años, aunque el grupo que más utilizó los servicios de salud mental de MSF fue el de 19-45 años. Por otra parte, el 60% de las personas atendidas se encontraba en Florencia, la capital del departamento, y el 40% en la zona rural.
A partir de los datos estadísticos de las personas atendidas y sus testimonios, MSF tiene el objetivo con la publicación de este informe dar a conocer el sufrimiento que la violencia está causando en esta población.
El perfil de salud mental registrado en los pacientes atendidos por MSF, según la organización, evidencia que el conflicto armado tiene un impacto directo en la salud mental de la población, y que no esta cubierta por los servicios de salud mental del Estado colombiano, dado su alcance y magnitud.
MSF insiste en que de esta forma quieren demostrar que sí es posible ofrecer servicios de salud mental con recursos limitados en contextos de conflicto y que éstos pueden producir una mejoría efectiva en los pacientes.
En el caso de la violencia, MSF amparándose en el triángulo de la violencia o de Galtung –en honor al creador de este concepto el noruego Johan Galtung- explica de esta forma los tres tipo de violencia, la directa, la estructural y la cultural, proyectadas en la situación colombiana:
Violencia directa
Aquella aplicada de manera definida y evidente a una persona y/o colectivo, en un entorno preciso en el tiempo, con una intención y con unos resultados visibles. Es entendida como el daño corporal, físico y/o mental, comprobable y, en principio, evidente.
Muchas de las personas atendidas por MSF en el departamento de Caquetá han descrito haber sido víctimas de violencia directa, como por ejemplo, amenazas, palizas, violaciones, restricción de movilidad o desplazamiento.
Violencia estructural o indirecta
Aquella que es ejercida por las instituciones que actúan en el entorno colectivo y cuyos impactos son, en principio, menos evidentes. Esta categoría incluye la violencia derivada de las estructuras políticas y de la estructura económica, en la medida que ésta produce segmentación, fragmentación social, exclusión y/o marginalización.
Por ejemplo, en Colombia -explica MSF- a pesar de la existencia de una ley que garantiza la gratuidad de la atención a los desplazados, ésta en la mayoría de las ocasiones no se cumple y la población se ve sometida a humillaciones para acceder a sus derechos.
Violencia cultural
Se refiere a los elementos de la cultura de un colectivo que sirven para reforzar y/o legitimar la violencia directa y/o la indirecta, mediante mecanismos religiosos (guerra santa, inquisición, etc.), ideológicos (satanización del contrario, el SIDA como castigo), lingüísticos (términos racistas), a través de los medios de comunicación o los mecanismos de educación y/o de socialización.
“Yo estaba con mi hermana en la escuela y mi mamá se había quedado en la finca con mi hermanito menor. Cuando llegamos a la casa, el niño estaba llorando todo asustado y mi mamá no estaba. Nosotros le preguntábamos que por qué lloraba, que dónde estaba mi mamá, pero él no nos podía decir nada. Entonces me puse a buscar a mi mami por los lados de la casa y fue cuando la encontré. Yo le gritaba que se despertara, pero ella no me oía. Entonces llegaron unos vecinos que habían escuchado los tiros y me dijeron que mi mamá estaba muerta. Unos meses antes, unos hombres armados atracaron el bus en el que iba mi mamá con mi hermana, hubo una balacera y a mi hermanita le dieron un tiro en la cabeza, menos mal que en el hospital le sacaron la bala, pero ella ahora se vive quejando de mucho dolor. Después de que mataron a mi mamá, unos hombres de la autoridad nos sacaron de la finca por ser menores de edad y nos dejaron en la casa de unos familiares. Pero yo estoy muy triste porque ya no tengo a mi mamá y porque allá se quedaron los dos perros con los que jugábamos en la quebrada y un gallo que me regaló un señor amigo. No sé que voy a hacer, yo acompañaba a mi mami todos los fines de semana a Florencia a vender las hojas de plátano que nos encargaban para hacer tamales y también llevábamos yucas, piñas, plátanos y otras cositas de la finca, con esa plata mi mamá compraba la remesa para nosotros. Ahora ya no podemos ir a la escuela y mi papá no está con nosotros para acompañarnos. Ya le avisaron, pero dicen que está muy lejos y que se demora mucho para llegar.” Adolescente de 14 años, desplazado en Florencia.
Factores de riesgo
En la gran mayoría de pacientes atendidos, los psicólogos y psiquiatras de MSF registraron más de un factor de riesgo al que se habían visto expuestos. Los más frecuentes fueron: disfunción familiar o problemas en la red de apoyo primaria (54,3%), desplazamiento forzado (38,7%), problemas económicos, vivienda (36,6%), exposición directa a conflicto armado (22,9) y fallecimiento de un familiar o persona significativa (19,1%). Por otra parte, en un 11,3% de los casos se registró maltrato infantil, en un 10,7% maltrato a la mujer y un 9,69% violencia sexual.
Diagnóstico
Los diagnósticos clínicos propios de los contextos de guerra, como por ejemplo, el duelo o los trastornos depresivos, estuvieron representados con alta frecuencia en los 5.064 pacientes tratados por MSF.
Además, es importante destacar que el estrés propio de este tipo de situaciones de conflicto armado también podría servir de facilitador para la manifestación de otros tipos de trastornos clínicos aparentemente no relacionados con el conflicto y más graves, como por ejemplo, los trastornos sicóticos.
En el proyecto de MSF en Caquetá, cada paciente podía registrar un máximo de tres diagnósticos de manera no excluyente. El diagnóstico principal es el diagnóstico más importante de cada uno de los pacientes. Analizados en su conjunto, los cinco diagnósticos principales más frecuentes entre los pacientes de MSF fueron: el trastorno adaptativo (18,68%); los problemas de relación y problemas asociados con el abuso o la negligencia (17,55%); la depresión mayor, episodio único (11,3%); el duelo (8,90%); y los trastornos del estado de ánimo (8,29%).
Fuente: Radio Nederland
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Un año después de que fuera difundida la ¿noticia? de que el Gobierno de Venezuela facilitaba las relaciones FARC-ETA y auspiciaba el entrenamiento de guerrilleros y etarras en territorio venezolano [campaña antichavista made in Spain and Colombia que fue construida en base a un auto emitido por el juez Eloy Velasco, de la Audiciencia Nacional] resulta que todo ha sido poco menos que una desventurada confusión, un error…
Mejor dicho, todo ha sido fruto de una compleja maraña de suposiciones e interpretaciones torticeras, entre las que abundan las de origen político-partidario, aunque disfrazadas de rigurosa información periodística.
En ese sainete desinformativo también han jugado un papel fundamental dos factores:
* Las complicidades de las que se beneficiaba el ex presidente de Colombia, Álvaro Uribe, especialista en poner en marcha todo tipo de intoxicaciones, y
* El empeño de demasiados medios y periodistas en criminalizar al Gobierno de Venezuela, utilizando incluso rumores, medias verdades y acusaciones sin pruebas.
El monumental enredo ha sido relatado con clarificador acierto por Adolfo Mena, cuyo texto ha reproducido REBELIÓN; ver: «Al juez Velasco se le cae la causa contra Remedios García y contra el Gobierno de Venezuela«.
Ocasión pintiparada para recordar que Raúl Reyes, el guerrillero de las FARC abatido en Ecuador en una operación del ejército colombiano, fue recibido por el presidente de la Generalitat valenciana Eduardo Zaplana (PP), en el año 2000, recepción en la que también participó un representante del Gobierno colombiano.
[Por aquel entonces el presidente de Colombia era Andrés Pastrana, que intentaba alcanzar acuerdos con las FARC y las bandas paramilitares para poner fin a la guerra civil que se vive en el país desde hace casi medio siglo. Pero en el 2002 Pastrana fue relevado por Uribe, antiguo amigo de Pablo Escobar, que apostó por la violencia… Y el ejemplar Uribe se ganó el apoyo de todos los amigos de enlodar la vida política de Colombia, de Ecuador, de España, de Venezuela y de donde sea preciso]
Por cierto, amable lector o lectora, ¿cuántos medios han informado de que ese episodio novelesco-judicial ha quedado en nada?
La ¿noticia? del contubernio Venezuela-FARC-ETA saltó a primera plana y mereció decenas de páginas y cientos de minutos en radio y TV. Ahora, consumado el fiasco, el asunto apenas ha merecido un breve suelto en prensa y sendas cuñas radiofónica y televisiva…
En fin, otro éxito de los mass media.
1. El Estado colombiano y sus «falsos positivos»
Ya se conoce la práctica sistemática del ejército colombiano de asesinar niños y jóvenes civiles para luego hacer pasar sus cadáveres por «guerrilleros abatidos en combate», ya hay al menos 3000 casos de asesinatos «falsos positivos» documentados, reconocidos por la propia ONU. Un “falso positivo” es, según la definición de los militares colombianos, algo que ellos reportan como “positivo” pero que está basado en una falsedad, así sea algo que para aparentar veracidad deba comportar muertes reales y montajes macabros con los cadáveres. El “falso positivo” es parte de la guerra sicológica, en tanto que busca incidir en la realidad y su percepción a través de montajes. La práctica de asesinatos de civiles en Colombia es un sistematismo del ejército colombiano, que le permite justificar un descomunal gasto militar mientras los presupuestos para salud, educación, sanidad, vivienda, obras estructurales para la seguridad ecológica son cada día más miserables.
2. Un gran teatro: entre narcotraficantes, generales, Comisionado de Paz y un desertor, reclutaron a 66 desempleados e indigentes para hacerlos pasar por guerrilleros
Se acaba de destapar otro gran «falso positivo»; otro gran montaje del Estado colombiano, cuya producción de mentiras parece no tener no límites: inventaron la desmovilización de todo un bloque de las FARC. O sea reclutaron a 66 desempleados e indigentes para hacerlos pasar por guerrilleros de las FARC que se desmovilizaban de la guerrilla contando los «horrores de la insurgencia», ratificando la propaganda de «no hay ya ética política en las FARC», y la propaganda de «las FARC están acabadas». A esos 66 indigentes los «prepararon» un mes, los disfrazaron, y los pasaron por televisión entregando armas y declarando que desertaban de las FARC, que se «desmovilizaban». Sí, increíble pero cierto. Este es el alcance de las mentiras del Estado colombiano que para adelantar la guerra sicológica invierte el presupuesto público y trabaja con narcotraficantes para construir un gran engaño de cara al país y al mundo, engañando a todos aquellos que creen en su “buena fe”.
3. El Comisionado de “Paz”, los narcos, organismos estatales y el que “fabricaba minas en su casa, transportadas en carros de seguridad del Estado.”
La propia directora de Manos por la Paz Internacional, la holandesa Liduine Zumpolle, indignada, aseguró que la desmovilización de un supuesto frente guerrillero en Tolima, en marzo de 2006, fue una farsa cocinada por el entonces Comisionado de Paz, Luis Carlos Restrepo. «Ellos deben tener caletas de dinero escondido y se comportan como mendigos», aseguró Zumpolle, quien manifestó que entonces, con la presunta desmovilización crearon una Corporación Paz Mundial de papel, que recibió plata del gobierno, de la comunidad internacional, de la misma organización Manos por la Paz y hasta de un narcotraficante.
Así reseña Caracol las declaraciones la Liduine Zumpolle : “que el Comisionado de Paz Restrepo se ha portado como un criminal, urdiendo farsas y entregando dinero : «El mismo me lo dijo, le entregó a Saldaña y sus compinches muchísimo dinero, dos mil millones de pesos», aseguró.
Dijo que, además, la falsa desmovilización se organizó también con un dinero que dio el narcotraficante Hugo Alberto Rojas «con la promesa de no extraditarlo, pero después lo hicieron, es decir le demoraron la extradición». Aseguró que había un grupo de compinches en el Tolima que se aliaron con Restrepo y con otros sectores criminales que trabajaban con el Estado, para sacar mucho dinero. Señaló que además de Saldaña, un hermano y su hermana, estaba Jorge Didier Polanía, que fabricaba minas en su casa, «las transportaba en carros de seguridad del Estado y luego pedían dinero para su desmonte. Todo eso lo hacían con gente del DAS», dijo.” (1)
Estos son los montajes del Estado colombiano: entre paramilitares, narcotraficantes, generales, Comisionado de Paz y un desertor, reclutaron a 66 desempleados e indigentes para hacerlos pasar por guerrilleros: la falsa desmovilización del bloque «Cacica Gaitana» tuvo amplia difusión nacional e internacional. Esa «desmovilización» sin precedentes de «todo un bloque de las FARC» fue un montaje: «Al menos tres desmovilizados sostienen que toda esa desmovilización fue una mentira, que consiguieron la gente y que compraron las armas que iban a entregar», dijo González León a la agencia de noticias AP.
De acuerdo con declaraciones de tres desmovilizados, difundidas por la emisora La FM, el Comisionado de Paz del gobierno, Restrepo, estaba enterado del supuesto montaje para el que se reclutaron, en distintas regiones del país, a ladrones, indigentes y desempleados para hacerlos pasar por guerrilleros de las FARC.
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«‘El Patrón’ era como el rey, y entregarle una niña era igual que llevarle una gallina». Las palabras son de Carmen Rincón, la ‘finaciera’ del bloque Tayrona de las Auc y mano derecha de Hernán Giraldo Serna, y reflejan hasta qué punto ese capo fue todo un señor feudal en la Sierra Nevada de Santa Marta hasta su desmovilización, en el 2005.
Más de 50 hechos de violencia sexual contra niñas, todas menores de 15 años, y la paternidad de 24 hijos producto de esas relaciones, registrados y reconocidos por el llamado ‘papá de la Sierra’, hacen parte del expediente que logró reconstruir la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía, y que desde EE. UU. ya comenzó a reconocer Giraldo.
«A esa niña la conozco desde que era una bebé», dijo el ex Auc al identificar una de las nueve fotografías de jóvenes campesinas de las que él mismo reconoció haber abusado.
Aunque muchos padres huyeron de la región por temor a la suerte que pudieran correr sus hijas, también fueron muchos los que se las llevaron a Giraldo. Una llegó a tener tres hijos con el ‘para’ antes de alcanzar los 18 años.
El perfil era el mismo: menores campesinas que vivían en una situación precaria. Y ninguna sobrepasaba los 15 porque -según los mismos paramilitares- «las mujeres mayores lo salaban».
A pesar de un silencio sepulcral de dos años en la zona, la Unidad de Justicia y Paz ya logró recoger varios testimonios. «Era tan perversa la situación que ellas se ufanaban de ser las mujeres del ‘Patrón’ -dice una fuente-. Hubo papás que las entregaban a cambio de algunos gastos básicos y estudio».
La Fiscalía busca a una mujer que se ganaba la vida reclutando las niñas que eran llevadas a fiestas en las que Giraldo seleccionaba a sus víctimas. Las que no le gustaban quedaban en manos de otros de sus ‘paras’. A cada una le daban 700000 pesos.
Una de ellas fue llevada desde Santa Marta y ya fue ubicada por la Fiscalía para que reclame como víctima del ex Auc. Dijo que en esas fiestas le dieron cocaína y que las niñas hacían fila esperando el sí del ‘Patrón’: «A veces elegía a una detrás de la otra».
Pero no siempre se las llevaban. «¿Quiere que sea su marido?». Con esta propuesta llegó Giraldo, acompañado de su tropa, a la casa de una niña de 12 años en la Sierra. El capo, que fue socio de Pablo Escobar y luego montó su banda armada en la Costa, se quedó esa noche y regresó de ahí en adelante cada ocho días.
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