admin
La web de Maco048. Criminología
Las mentes simples casi siempre yerran en sus juicios
La Justicia no protege la vida de quienes aportan pruebas que incriminan a los Uribe de Colombia
Durante el período 1993-1997 en Yamural (departamento de Antioquía, Colombia) tuvo sede una banda paramilitar conocida popularmente comoLos Doce Apóstoles, cuya base era la finca La Carolina, propiedad de la familia Uribe.
Miembros de ese grupo, según los testimonios de que dispone la Fiscalía, asesinaron a un mínimo de 30 personas.
Hace ya cuatro años, en 2010, el ex oficial de la policía (con grado de mayor) Juan Carlos Menesesdeclaró ante un grupo de letrados y del nobel Pérez Esquivel que Santiago Uribe, hermano del ex presidente colombiano, fue el creador y el líder de Los Doce Apóstoles.
Muy probablemente, el testimonio y las pruebas de que dispone Meneses constituyen la más relevante aportación para probar los nexos personales que existían entre quien fue presidente del país y las bandas paramilitares, cuyo objetivo central no era tanto combatir contra las FARC como someter a los trabajadores del rural, eliminar físicamente a sus dirigentes, destruir los sindicatos y, en definitiva, proteger los intereses de los latifundistas prescindiendo de normas y leyes.
Las dificultades y los asesinatos que «adornan» la instrucción del caso Yamural reflejan, entre otras singularidades, lo poco que ha avanzado la Justicia en Colombia y el largo camino que les queda por recorrer a quienes apuestan por acabar con una guerra civil que a criterio de la mayoría de historiadores y analistas se inició en 1953, ¡hace ya más de 60 años!, a raíz del golpe de Estado que aupó a la presidencia al general Gustavo Rojas Pinilla.
Si Meneses es asesinado, ya se sabe
quienes serán «corresponsables» por desidia
Meneses ha advertido públicamente a través de Las dos orillas que teme ser la octava víctima de los mafiosos y políticos que tratan de dinamitar esta y otras investigaciones judiciales.
La actitud de la Justicia es incomprensible
Resulta difícilmente comprensible que las autoridades incumplan la obligación de proteger la vida de quien a fecha de hoy es el testigo más valioso para esclarecer la puesta en marcha y las acciones de una de las principales bandas de paramilitares que operaron en Antioquia, departamento del que fue nombrado gobernador Álvaro Uribe Vélez en 1995…
El traslado de Meneses a La Picota, con el consiguiente riesgo de que sus enemigos ejecuten las amenazas de muerte ya vertidas, es todavía más incomprensible si se tienen en cuenta que a estas alturas nadie ignora, la Fiscalía tampoco, que el año pasado se frustró el intento de los Uribe de alcanzar un acuerdo con Meneses para que este no declarara.
Juan Carlos Meneses, cuyas acusaciones han evitado publicar numerosos medios colombianos, no solo habla, sino que además es, de momento, el único testigo que aporta pruebas de lo que dice; de modo que no brindarle la protección adecuada no solo resulta extraño, sino que además alimenta racionales y lógicas sospechas.
Ampliar en: Im-Pulso
Carne picada en Colombia
Según el diccionario de la Real Academia, “picadero” es un lugar donde las personas aprenden a montar caballos.
En Colombia, y en su puerto de Buenaventura, ”casa de pique” o “picadero” es sencillamente un lugar donde se descuartiza viva a una persona para luego hacer desaparecer sus restos sin posible identificación.
En las últimas semanas, instituciones como Human Rigth Watch y Naciones Unidas han levantado la alarma sobre una situación que la Defensoría del Pueblo denunció, sin éxito, a las autoridades desde octubre del pasado año, alertando sobre “descuartizados que aparecen en las calles y playas de Buenaventura”. Precisamente el informe de la ONG H.R.W. se titula La crisis de Buenaventura, desapariciones, desmembramiento y desplazamiento en el principal puerto de Colombia en el Pacífico.
Expulsada la guerrilla del Puerto, hace una década, la banda paramilitar de La oficina se adueñó de Buenaventura y practicó abiertamente el tráfico de drogas, el desplazamiento forzado de sus campos a la gente que molestaba para plantaciones “agroindustriales”, el chantaje a la totalidad de los comerciantes mediante sicarios, etc. Un imperio de impunidad con la vista gorda de autoridades civiles –el alcalde Bartolo- y la complicidad de policías y militares. Hablamos del puerto más importante de Colombia, por el que pasa el 55% de las exportaciones legales del país y un alto porcentaje de las ilegales. El 88,5 % de la población es negra y pobre.
Hace poco llegó otra banda de los herederos del paramilitarismo que amnistió Uribe, los llamados “Urabeños” y empezaron a darse plomo con los de “La empresa”, en procura de los negocios más jugosos. Recluta forzada entre la población: y al que se resista o se atreva a denunciar, se le espera en los picaderos.
El sociólogo Alfredo Molano, una de las más importantes figuras del pensamiento crítico colombiano, cuenta el modus operandi de estos verdugos: “la técnica del terror exige que la gente se dé cuenta pero que no cuente; vea la captura de la víctima en el barro, la manera como la arrastran y oiga los gritos de socorro, los alaridos de perdón y clemencia y por último los aullidos del dolor. Después silencio. Terrible vacío. Los gritos se quedan a vivir en la cabeza de la gente. Todos temen ser el siguiente en una lista que nadie elabora…las autoridades no oyen, no ven, no saben”.
Ampliar en: Público
En Colombia no cesan los abusos contra los derechos humanos
El gobierno de Colombia no está abordando la crítica situación de los derechos humanos en el país, ha declarado Amnistía Internacional antes de la revisión anual del país por parte de la alta comisionada de la ONU para los derechos humanos.
Pese a las conversaciones de paz en curso en La Habana entre el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el mayor grupo guerrillero del país, las violaciones y los abusos de los derechos humanos siguen sin disminuir.
Mañana, la alta comisionada Navi Pillay presentará su examen anual de la situación de Colombia ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
“Las conversaciones de paz representan la mejor oportunidad en más de una década para poner fin a los 50 años de conflicto armado. Sin embargo, las partes enfrentadas siguen siendo responsables de terribles y graves violaciones y abusos de los derechos humanos, que incluyen desplazamientos forzados, ejecuciones extrajudiciales, secuestros, raptos y desapariciones forzadas”, ha afirmado Marcelo Pollack, investigador de Amnistía Internacional sobre Colombia.
Las cifras globales sobre violaciones de derechos humanos y abusos son terribles. En 2013 perdieron la vida alrededor de 70 defensores y defensoras de derechos humanos, entre los que había líderes indígenas y afrodescendientes, y al menos 27 sindicalistas. Más de cinco millones de personas han huido de su hogar en el curso del conflicto.
Ampliar en: Amnistia Internacional
Favores y rebajas de penas a los terroristas y delincuentes en Colombia
Gustavo Gallón, director de la Comisión Colombiana de Juristas explica qué se estaría fraguando desde el Capitolio Nacional si algunos cambios constitucionales llegaran a ser aprobados tal y como están redactados por nuestros supuestos representantes:
1. Usted acepta que si algún miembro de su familia o usted mismo es víctima de homicidio, violencia sexual, desaparición forzada, tortura, desplazamiento forzado o cualquier otra violación de derechos humanos o infracción al derecho humanitario cometida por un soldado o un policía, usted no podrá reclamar ante los jueces ordinarios. La jurisdicción militar será la encargada de estudiar esos comportamientos, conforme a una ley estatutaria que indicará cuándo tales conductas no serán consideradas actos propios del servicio a cargo de la fuerza pública.
2. Igualmente, usted acepta que el Gobierno renuncie a la persecución judicial penal de tales delitos cuando sean cometidos por guerrilleros o paramilitares que celebren acuerdos de paz, o por los mismos miembros de la fuerza pública. Como consuelo, su caso podrá ser eventualmente reseñado en un informe de una Comisión de la Verdad que se creará para el efecto.
3. También acepta usted que los miembros de su familia o usted mismo puedan ser encarcelados sin orden judicial, en cualquier momento, hasta por 72 horas, por decisión de cualquier policía, soldado o funcionario del Gobierno.
Si, en fin, usted pregunta por qué a los criminales los favorecen con medidas de impunidad mientras que a las personas comunes las pueden encarcelar cuando el gobierno quiera, le dirán… ¿Qué le dirán?
Elecciones locales en Colombia, al menos 41 candidatos han sido asesinados
El próximo, 30 de octubre, los colombianos eligen a sus autoridades locales y regionales, en la primera consulta electoral bajo la presidencia de Juan Manuel Santos. Entre el 2 de febrero y el 20 de octubre, 41 candidatos fueron asesinados por diversos grupos violentos, según un estudio de la ONG independiente Misión de Observación Electoral (MOE). Esta cifra prácticamente duplica los muertos registrados en las anteriores elecciones regionales, en 2007.
La guerrilla, sobre todo las FARC, grupos paramilitares de derecha, narcotraficantes y otros grupos delictivos también compiten en estas elecciones, mediante la compra de candidatos o el asesinato de posibles adversarios. Para las distintas organizaciones violentas, de derecha e izquierda, ligadas o no al narcotráfico o a otras actividades ilícitas, el control de alcaldes, concejales y hasta gobernadores, es un objetivo que les asegura impunidad para sus actividades. Y, en muchos casos, acceso a información de seguridad vital para su supervivencia.
Uno de los aparentes logros del anterior gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010), fue la desmovilización de las ultraderechistas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que en el momento de su mayor apogeo llegó a tener unos 15 000 efectivos. Hoy, las AUC han sido reemplazadas por las Bacrim, Bandas Criminales, según la denominación generalmente adoptada, que cuentan ya con unos 6 000 hombres y cuyo número no hace más que aumentar. Según INDEPAZ (Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz), estas bandas operan en 314 municipios (de un total de 1 103) y están presentes en 29 de los 32 departamentos (estados a provincias) del país.
Ampliar información en: nuevatribuna.es
Paramilitar colombiano tiene 24 hijos procedentes de menores de 14 años
Hernán Giraldo reconoció que tuvo 24 hijos con niñas menores de 14 años en la Sierra Nevada.
«‘El Patrón’ era como el rey, y entregarle una niña era igual que llevarle una gallina». Las palabras son de Carmen Rincón, la ‘finaciera’ del bloque Tayrona de las Auc y mano derecha de Hernán Giraldo Serna, y reflejan hasta qué punto ese capo fue todo un señor feudal en la Sierra Nevada de Santa Marta hasta su desmovilización, en el 2005.
Más de 50 hechos de violencia sexual contra niñas, todas menores de 15 años, y la paternidad de 24 hijos producto de esas relaciones, registrados y reconocidos por el llamado ‘papá de la Sierra’, hacen parte del expediente que logró reconstruir la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía, y que desde EE. UU. ya comenzó a reconocer Giraldo.
«A esa niña la conozco desde que era una bebé», dijo el ex Auc al identificar una de las nueve fotografías de jóvenes campesinas de las que él mismo reconoció haber abusado.
Aunque muchos padres huyeron de la región por temor a la suerte que pudieran correr sus hijas, también fueron muchos los que se las llevaron a Giraldo. Una llegó a tener tres hijos con el ‘para’ antes de alcanzar los 18 años.
El perfil era el mismo: menores campesinas que vivían en una situación precaria. Y ninguna sobrepasaba los 15 porque -según los mismos paramilitares- «las mujeres mayores lo salaban».
A pesar de un silencio sepulcral de dos años en la zona, la Unidad de Justicia y Paz ya logró recoger varios testimonios. «Era tan perversa la situación que ellas se ufanaban de ser las mujeres del ‘Patrón’ -dice una fuente-. Hubo papás que las entregaban a cambio de algunos gastos básicos y estudio».
La Fiscalía busca a una mujer que se ganaba la vida reclutando las niñas que eran llevadas a fiestas en las que Giraldo seleccionaba a sus víctimas. Las que no le gustaban quedaban en manos de otros de sus ‘paras’. A cada una le daban 700000 pesos.
Una de ellas fue llevada desde Santa Marta y ya fue ubicada por la Fiscalía para que reclame como víctima del ex Auc. Dijo que en esas fiestas le dieron cocaína y que las niñas hacían fila esperando el sí del ‘Patrón’: «A veces elegía a una detrás de la otra».
Pero no siempre se las llevaban. «¿Quiere que sea su marido?». Con esta propuesta llegó Giraldo, acompañado de su tropa, a la casa de una niña de 12 años en la Sierra. El capo, que fue socio de Pablo Escobar y luego montó su banda armada en la Costa, se quedó esa noche y regresó de ahí en adelante cada ocho días.
Ampliar información en: ELTIEMPO.COM
_______________________________
Enlaces relacionados con Colombia:
– La web de Maco048. Noticias Criminología: Colombia
