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Cómo desmantelar la universidad pública en catorce pasos. De esta forma titula la coordinadora«La Uni en la calle», formada por cientos de profesores de todas las universidades públicas de la Comunidad de Madrid, el informe «Propuestas para la reforma y mejora de la calidad y eficiencia del sistema universitario español» encargado a una comisión de expertos por el Ministerio de Educación.

«La Uni en la calle», que saldrá este sábado 9 de marzo a la calle para impartir clases y reivindicar así «su labor como docentes e investigadores y para protestar contra los recortes en investigación, la subida de tasas y la privatización de la Universidad Pública», ha resumido el informe ordenado por el ministro José Ignacio Wert en catorce «objetivos indeseables»:

1 – El informe plantea un modelo privado de gestión universitaria olvidando que la Universidad ha de prestar un servicio público y que debe funcionar como un agente de cambio social: «Es un paso más en un camino de mercantilización y sujeción de la Universidad a los intereses y deseos del mercado iniciado ya hace algunos años desde diferentes instancias empresariales y sus políticas: empresas del Ibex-35, gobiernos centrales y autonómicos, Conferencia de Rectores, etc.».

2 – El informe diseña una contrarreforma institucional que favorece un régimen presidencialista, piramidal y externalizado, ajeno a cualquier procedimiento de control democrático: «Se parecerá al de una oligarquía en la que unos pocos tendrán todo el poder de mando; una pirámide plutocrática que dejaría las riendas de la Universidad en manos de una elite o una camarilla supuestamente tocada con la varita de la excelencia«.

3 – El informe facilita la politización del proyecto universitario y su manipulación en favor de intereses partidistas y mercantiles: «En el Consejo de la Universidad tendría presencia el Gobierno autonómico de turno, así como una parte de la sociedad civil. El riesgo de que este personal externo a la Universidad se elija entre afines a los círculos de poder es claramente elevado».

4 – El informe olvida que la injerencia externa en el sistema de gobierno de la Universidad lesiona gravemente derechos fundamentales, como el derecho a la autonomía universitaria, el pluralismo ideológico, la libertad de cátedra y la libertad de producción científica: «La injerencia externa en el sistema de gobierno de la Universidad lesiona gravemente el derecho a la autonomía universitaria con el que la Constitución pretende garantizar el pluralismo ideológico, la libertad de cátedra y la libertad de producción científica».

5 – El informe prioriza el criterio de obtención de beneficios económicos en la gestión universitaria, así como el endeudamiento de los estudiantes y el negocio de la Banca en la Universidad: «El Consejo de la Universidad fijará con total libertad las tasas por matrícula. Dada su composición, podemos imaginar que el criterio de la obtención de beneficios tendrá un papel relevante. Y aquí es donde adquieren su sentido las becas-préstamos a estudiantes, con las que se propicia su endeudamiento, se acentúa su vulnerabilidad, y, una vez más, se incrementa la presencia y el negocio de la Banca en la Universidad».

6 – El informe responde a una mentalidad tecnocrática y empresarial que estimula la competencia entre universidades y que hace depender el apoyo del Estado de la financiación del mercado: «En esta competencia entre universidades sólo serán financiadas las que cumplan sus objetivos, entre los que destacarán «la demanda efectiva de sus servicios docentes», la «empleabilidad» de sus estudiantes, la investigación orientada hacia los intereses de los financiadores privados, sus «resultados en I+D» y sus «productos de transferencia tecnológicaObviamente, en este mismo espíritu, «la captación exterior de fondos» será un criterio fundamental de «calidad y dinamismo».

7 – El informe infravalora la labor docente e identifica la excelencia con la lógica de la rentabilidad y la empleabilidad: «Se deduce de lo anterior que aquellas universidades dedicadas a impartir una docencia ciudada y de alta calidad, en especialidades que carezcan de amplia demanda -pues también se recomienda establecer un número mínimo de alumnos para la existencia de un título-, y sin relación con el mundo empresarial, dejarán de recibir recursos públicos».

8 – El informe distingue entre docentes e investigadores, jerarquiza al profesorado y perjudica a los estudiantes: «El Informe parte de una injustificable distinción entre profesores «investigadores» y «docentes», minusvalorando hasta extremos inadmisibles esta segunda faceta. En consecuencia, esa degradación de la docencia la sufrirán también los profesores «docentes», quienes formarán parte de una casta inferior a la de los profesores «investigadores», con menores recursos, complementos y estímulos económicos en su función».

9 – El informe pretende luchar contra la endogamia universitaria recurriendo a un sistema privatizada de contratación, con profesores elegidos a dedo y trabajando en precario: «Se pretende luchar contra la endogamia universitaria recurriendo a un sistema privatizado de contratación y a la «desfuncionarización» del personal académico. Un sistema de contratación que permite a los departamentos seleccionar su profesorado estableciendo sus propias reglas de contratación y soslayar así condiciones generales que han de presidir toda contratación pública».

10 – El informe favorece el clientelismo y la mediocridad, así como la impunidad en el ejercicio del poder dentro de la Universidad: «¿Es la dedocracia una buena medida para evitar la endogamia? Más que la endogamia, lo que evita el Informe son los posicionamientos críticos gracias al clientelismo y la mediocridad. La vía directa de contratación del personal docente por parte de los departamentos, sin ningún control ni evaluación externa colectiva , hace que sus integrantes queden completamente sometidos al poder y a las decisiones de sus autoridades, quienes tendrán capacidad para marcar la línea docente e investigadora de todos los que están bajo su poder».

11 – El informe dinamita equipos y grupos de investigación para favorecer una más que improbable carrera académica en solitario: «A la señalada dedocracia se añade que no se contratará a nadie que se haya formado en la Universidad, salvo que haya estado fuera 36 meses. Una exigencia que obstaculizará aún más la formación de equipos de investigación y grupos de trabajo que podían funcionar bien».

12 – El informe hace coincidir el número de habilidades con el de plazas por lo que, en un contexto de contracción como el actual se desincentiva el esfuerzo formativo, investigador y docente del profesorado: «Por lo que hace a los profesores habilitados, hay que señalar que el número de habilitados se hará coincidir con el de plazas, de modo que, si tales plazas no se convocan, el esfuerzo formativo, investigador y docente del profesorado caerá por completo en saco roto».

13 – El informe no presta atención al PAS ni al alumnado cuya responsabilidad es prácticamente anecdótica. Una muestra más del tufo antidemocrático y verticulista del informe: «La atención que el Informe presta a los estudiantes y al PAS, así como a sus órganos de representación, es prácticamente nula, con lo que su peso y representatividad queda muy reducido. ¿Se está pensando, quizá, en privatizar y externalizar sus servicios? ¿O, simplemente, esta es una muestra más del tufo antidemocrático y verticalista del Informe?»

14 – El informe presenta un modelo de Universidad inviable, desconectado de nuestro contexto cultural, social y educativo, y problemático desde el punto de vista constitucional: «Presenta un modelo de Universidad que en un contexto de crisis económica no es viable; que no conecta con nuestro contexto cultural, social y educativo; que plantea problemas de inconstitucionalidad (vulneración de la autonomís universitaria y la libertad de cátedra); y que ni siquiera puede presentarse como necesariamente envidiable».

Fuente:  eldiario.es