La fotografía que encabeza este post esta hecha en Valencia. Son jóvenes que se manifiestan contra los recortes educativos y de todo tipo que está perpetrando el gobierno del sustituto del «no culpable de Camps». La imagen habla por si misma pero daría cualquier cosa por saber que estaría pensando el chaval de esta foto que tiene encima rompiéndole la espalda y el brazo a un policía con cara de pocos amigos.
Y de paso, también no estaría de más que se pudiera saber en que pensaba, si es que pensaba en algo, el policía, sus mandos y la Delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Paula Sánchez de León.
Esta Delegada , nacida en 1965 en Valencia, casada, con dos hijos, Doctora en derecho por la Universidad de Valencia ha estado implicada hasta los tuétanos en los gobiernos del «no culpable de Francisco Camps».
Según su curriculum oficial, el oficioso lo dejamos para otro momento, no ha hecho otra cosa que convivir con la corrupción genovesa en esa Comunidad : Directora de Gabinete en las Consellerías de Cultura y Bienestar Social, asesora del Presidente de la Generalitat, secretaria autonómica de Relaciones con el Estado y Comunicación, y secretaria autonómica de Cohesión Territorial. Posteriormente, fue consellera de Justicia y Administraciones Públicas y portavoz del Gobierno valenciano. Diputada genovesa en las Cortes valenciana y desde junio de 2011 era consellera de Presidencia, con rango de vicepresidenta, del Gobierno de la Comunitat Valenciana.
Fuente: Los Genoveses , SA
El Sindicato Unificado de Policía (SUP) y la Unión Federal de Policía (UFP) han reconocido que, según las imágenes que se han difundido a través de las redes sociales, algunos agentes podrían haber cometido abusos al golpear a varias personas durante la marcha laica del pasado día 17 en las cercanías de la Puerta del Sol y durante la concentración que se convocó para el día siguiente precisamente en protesta por la actuación policial del día anterior.
Ambos sindicatos son partidarios de investigar lo ocurrido para determinar si fue así, y en ese caso depurar las responsabilidades correspondientes, aunque que creen que también hay que depurar las responsabilidades políticas pertinentes, ya que los agentes no estaban trabajando en condiciones de seguridad ni con un protocolo adecuado.
El SUP ha explicado, en un comunicado, que, ateniéndose únicamente a los vídeos difundidos, no considera «ajustadas a un protocolo de actuación racional, en supuestos como el que se encontraban, las actuaciones de algunos miembros de las UIPs, como la bofetada a una mujer, los golpes posteriores al joven que la acompañaba, el golpe y patadas en el suelo a un periodista, o los golpes a un joven con una bicicleta y una joven que iban caminando».
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Detenciones ilegales, abuso de autoridad, agresiones y lesiones contra los ciudadanos, posibles casos tipificados de tortura, es decir, golpes a viandantes o a detenidos al ser esposados y trasladados a la comisaría o al furgón. Esta es la valoración y el análisis de un policía judicial que, a mi lado, repasa cada uno de los vídeos y testimonios que circulan por la red sobre las cargas policiales en Madrid durante la visita del Papa las noches del 17 al 19 de agosto.
Con objetividad fría, alejada de la flema y la opinión de quienes juzgamos lo que está ocurriendo con otros parámetros, sin que en él medie el miedo, por su profesión, que siente cualquier ciudadano al cruzarse con agentes armados en medio del tumulto, este oficial, responsable de operaciones nacionales de gran calado, analiza los videos sin pestañear. Con el único bisturí del Código Penal y los reglamentos que rigen su actuación y comportamiento, observa, escucha, se detiene en el detalle de cada secuencia. La conclusión es grave: hay signos evidentes de brutalidad policial. ¿Cuáles son y cómo están tipificados? ¿Qué podrían estar incumpliendo los policías según las imágenes?
Video de Patricia Horrillo, periodista, 2,10 minutos. El agente le quita el carné de prensa. ¿Por qué motivo? Pregunta ella. “Como te meta una hostia, sácame el DNI, ¡pero ya! ¡detenida! !póngale las esposas!” contesta de corrido. “Sería una detención ilegal. No le ha leído sus derechos ni le comunica en base a qué la detiene”. Finalmente la periodista fue retenida e identificada. Pero, ¿Puede un agente amenazar con “dar una hostia”? “No, es una falta recogida en el Código Penal”.
Video de la agresión a una adolescente y al fotógrafo Daniel Nuevo, 3.15 minutos. Una pareja sube por Atocha. La Policia cruza la acera, les rodea y uno suelta un puñetazo a la chica en la cara. “Puede haber un delito de lesiones si ha sufrido algún daño”. ¿Y si no? “Una falta, castigada con multa, dependiendo de la gravedad”.A continuación, golpean al fotógrafo en la nuca que cae inconsciente al suelo. “Lo más grave de ambos casos es la brutalidad policial, de tal calibre que podría ser considerado como tortura”. ¿Tortura? “Si se entiende que se está menoscabando la integridad moral de las personas, si. Está recogido en el artículo 174 y 175 del Código Penal”.
Video grabado en la calle Carretas. Dos chicas suben hacia Jacinto Benavente abandonando Sol. A paso rápido, sin darse la vuelta. Por la espalda, un agente echa a correr hacia ellas, las arrincona y carga. Su amiga intenta evitar los golpes. Gritan. Un chico, a pie, bicicleta en mano, aparta al agente. Sin oponer ninguna resistencia recibe uno, dos, tres, hasta cuatro porrazos. “Malos tratos y un claro uso indebido de la fuerza”.
Las ‘retenciones’ son habituales según testimonios de manifestantes y periodistas. Les trasladan a un coche policial y permanecen un buen rato hasta que les toman los datos. “Puede estar habiendo una extralimitación, un cruzar la línea entre la detención y la identificación. Dos conceptos que son muy claros: para que haya detención tiene que haber delito o falta. Y en la identificación, hay que buscar los medios necesarios sin emplear la fuerza”. ¿Quién está incumpliendo la ley? Una instrucción de Interior de 2007 y un decreto de la Generalitat de 2008 obliga a policías y agentes antidisturbios a ir visiblemente identificados. Las imágenes muestran cómo alguno se ha retirado la placa o se niega a identificarse.
Alguno de los ocho detenidos durante la marcha laica cuentan cómo, una vez en el furgón, han pegado con más saña a los chicos con perfil punk o cómo las chicas no pudieron lavarse en las 48 horas antes de ver la luz. En algún caso, el motivo para acabar con las esposas puestas ha sido llevar una pancarta. “Un rollo de papel, sin palo ni nada, les dijeron que podía ser utilizado como arma”, cuenta un testigo. En tres semanas seis periodistas han sido agredidos. Sin contar cuántos insultos y golpes se habrá llevado la noche sin grabar.
Si los periodistas, muchos de vacaciones, estamos al tanto de las marchas y cargas, si hay policías (como el que me acompaña a analizar los vídeos) que tienen clara la línea entre el orden y el abuso, la fuerza, imponer el miedo y un largo etcétera de posibles irregularidades… Alguien sabe, ¿Donde está la delegada de Gobierno, Dolores Carrión? ¿Por qué no sale nadie a explicar qué ha ocurrido? Y si los vídeos llevan días colgados ¿Cómo justifica las actuaciones el ministro José Blanco cual “hilillos de plastilina en sentido vertical” que decía Rajoy en pleno desastre del Prestige? La investigación, abierta por Interior, responde a la presión mediática, ciudadana y un gran número de militantes socialistas y cargos de Ferraz que han pedido en las redes depurar responsabilidades junto a la dimisión de Carrión. Sin la presión, ¿Habría reconocido el Gobierno “el uso indebido de la fuerza”? ¿Otra vez, los ciudadanos, haciendo su trabajo?
Fuente: Escolar.net