Las FARC y el Gobierno colombiano presidido por Juan Manuel Santos han acordado un alto el fuego bilateral y definitivo, anunciado próximamente en La Habana.
56 años después, está a punto de ponerse punto y final a una de las guerras más largas de la historia. El Gobierno colombiano ha llegado a un acuerdo con las FARC para un alto el fuego bilateral y definitivo. Próximamente se liberará un documento rubricando el pacto en La Habana, ciudad que ha acogido este proceso de paz. Ban Ki-Moon, secretario general de las Naciones Unidas, estará presente en el acto donde se hará oficial el acuerdo, junto a representantes cubanos, noruegos, chilenos y venezolanos, inmersos en el proceso de paz como garantes de la negociación en los dos primeros casos, y como acompañantes en los dos últimos casos.
El acuerdo recoge aspectos en torno al alto el fuego, como las zonas donde se concentrará a los guerrilleros, las condiciones para la deposición de las armas, y las garantías de seguridad para todos los guerrilleros que hayan realizado dicha deposición armamentística. Hace casi un año, las FARC ya declararon un alto el fuego unilateral, contribuyendo a la relajación del conflicto. Ahora el Gobierno ha dado el mismo paso tras algunos tímidos gestos de acercamiento, como el final de las bombas aéreas.
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El gobierno de Colombia no está abordando la crítica situación de los derechos humanos en el país, ha declarado Amnistía Internacional antes de la revisión anual del país por parte de la alta comisionada de la ONU para los derechos humanos.
Pese a las conversaciones de paz en curso en La Habana entre el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el mayor grupo guerrillero del país, las violaciones y los abusos de los derechos humanos siguen sin disminuir.
Mañana, la alta comisionada Navi Pillay presentará su examen anual de la situación de Colombia ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
“Las conversaciones de paz representan la mejor oportunidad en más de una década para poner fin a los 50 años de conflicto armado. Sin embargo, las partes enfrentadas siguen siendo responsables de terribles y graves violaciones y abusos de los derechos humanos, que incluyen desplazamientos forzados, ejecuciones extrajudiciales, secuestros, raptos y desapariciones forzadas”, ha afirmado Marcelo Pollack, investigador de Amnistía Internacional sobre Colombia.
Las cifras globales sobre violaciones de derechos humanos y abusos son terribles. En 2013 perdieron la vida alrededor de 70 defensores y defensoras de derechos humanos, entre los que había líderes indígenas y afrodescendientes, y al menos 27 sindicalistas. Más de cinco millones de personas han huido de su hogar en el curso del conflicto.
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En los últimos 13 años, 5156 víctimas de reclutamiento forzado han sido atendidas por el ICBF.
“El operativo del Ejército nos cayó a las 4 de la mañana. ‘Sapearon’ el campamento, nos levantaron a plomo y tocó combatir. Yo salí corriendo y, en pleno combate, sentí ganas de hacer chichí: era el bebé que se me venía. Los camaradas me dejaron botada y me tiré debajo de un tronco. Cuando el niño nació me agarró el desespero, porque estaban disparando y él no lloraba, se estaba ahogando, estaba moradito. Entonces empecé a jalar el cordón umbilical y me lo arranqué. Por fin el bebé lloró y me desmayé”.
Esta cruda escena la vivió una niña de 15 años, reclutada por las Farc a los 10, quien parió en medio de un combate con el Ejército, en el 2006.
Yina cuenta su historia en forma natural y en un tono suave desde el hospital bogotano donde trabaja. Tiene 22 años y está orgullosa porque Juan Esteban, su hijo, que se salvó de milagro, cumple siete años el próximo 23 de mayo.
Esta llanera reconstruyó su vida gracias a su carácter recio y al apoyo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), que en los últimos 13 años ha desvinculado a 5.156 niños del conflicto armado. En otras palabras, cada día el ICBF acoge a un niño víctima de reclutamiento forzado, en promedio.
Artículo completo en: ElTiempo.com
El gobierno de Juan Manuel Santos no se pronunció sobre el matrimonio igualitario y su partido acordó hundir el proyecto.Ahora nos enteramos que el gobierno de Juan Manuel Santos calló para complacer a la Iglesia, que de otra forma no habría apoyado el proceso de ‘paz’:
En diálogo con Blu Radio, el senador Armando Benedetti aseguró que el ministro del Interior, Fernando Carrillo, no se ha pronunciado sobre el matrimonio igualitario para no molestar a la Iglesia, gran aliado del proceso de paz que se adelanta con la guerrilla de las Farc.
“El señor Carrillo no quiere molestar a la iglesia para que no dejen de apoyar el proceso de paz”, reiteró el parlamentario del partido de La U.
¡Lo que nos faltaba! Esta ‘paz’ tiene ciudadanos de segunda clase, cuyos derechos están establecidos por la Iglesia Católica.
Entre los demás motivos para oponerme al proceso se encuentran la promoción de que el crimen sí paga (lo que Sam Harris llama incentivos negativos).
Además, esta solución no está basada en la evidencia, o sea es ficticia, ya que desconoce las causas del conflicto.
Y, por si fuera poco, desde ya, el proceso ha servido de coartada para pedir la censura de opiniones disidentes (¡vaya ‘paz’!).
Fuente: DE AVANZADA
En el blog DE AVANZADA se trata desde una visión escéptica el recientemente conocido diálogo entre el gobierno de Colombia y los terroristas de las FARC. Seguidamente se copia parte del artículo.
La guerrillaEmpecemos por los criminales: la mayoría de los idiotas útiles los defiende porque estas empresas criminales aseguran ser de izquierda, como si eso debiera tenerse en cuenta a la hora de juzgar un delito.Lo único que tienen de izquierda son los panfletos con los que adoctrinan sus matones.
De resto, son la encarnación de la derecha más reaccionaria. Sus finanzas, que consisten en un monopolio del cultivo y la venta de la droga, les reportan ingresos netos y se ahorran todo aquello de los ‘derechos laborales’ que le deberían garantizar a su ejército paramilitar privado – todo para que los capos, los cabecillas, vivan como reyes. El sueño mojado de cualquier neoliberal. Eso, sumado al uso indiscriminado y recreacional de la violencia, la tortura, la extorsión y el asesinato de los pobres y el tratamiento de las mujeres como objetos sexuales no deja lugar a dudas que las Farc y el ELN tienen tanto de izquierda como el mismísimo George W. Bush.
Los idiotas útiles
Son personas que se rasgaron las vestiduras cuando Álvaro Uribe cambió la Constitución Política para hacerse reelegir y se indignaron hasta la cólera por el irrespeto a la Carta Magna. Y ahora son ellos los que invocan su violación, desconociendo la obligación del Estado de proteger a sus ciudadanos y promoviendo el diálogo con la mafia.
No es descabellado afirmar que estas personas son a la guerrilla lo que los negacionistas del Holocausto son a los nazis.
Pacifismo idiota
Como si del Partido Republicano se tratara, los idiotas útiles hacen un uso hiperbólico de los eslóganes. Probablemente, debido su falta de ideas y discurso. Es así como todos están convencidos del lema de que «las armas son malas» y automáticamente creen que el diálogo es la panacea – como si no se requiriera que ambas partes estuvieran legítimamente interesadas en dialogar. El pacifismo es una perspectiva que sólo sirve para mantener el statu quo.
Artículo completo en: DE AVANZADA
Gustavo Gallón, director de la Comisión Colombiana de Juristas explica qué se estaría fraguando desde el Capitolio Nacional si algunos cambios constitucionales llegaran a ser aprobados tal y como están redactados por nuestros supuestos representantes:
1. Usted acepta que si algún miembro de su familia o usted mismo es víctima de homicidio, violencia sexual, desaparición forzada, tortura, desplazamiento forzado o cualquier otra violación de derechos humanos o infracción al derecho humanitario cometida por un soldado o un policía, usted no podrá reclamar ante los jueces ordinarios. La jurisdicción militar será la encargada de estudiar esos comportamientos, conforme a una ley estatutaria que indicará cuándo tales conductas no serán consideradas actos propios del servicio a cargo de la fuerza pública.
2. Igualmente, usted acepta que el Gobierno renuncie a la persecución judicial penal de tales delitos cuando sean cometidos por guerrilleros o paramilitares que celebren acuerdos de paz, o por los mismos miembros de la fuerza pública. Como consuelo, su caso podrá ser eventualmente reseñado en un informe de una Comisión de la Verdad que se creará para el efecto.
3. También acepta usted que los miembros de su familia o usted mismo puedan ser encarcelados sin orden judicial, en cualquier momento, hasta por 72 horas, por decisión de cualquier policía, soldado o funcionario del Gobierno.
¿Cuál es el emporio criminal que ha hundido a Colombia en una crisis social que no le ha permitido desarrollarse plenamente dentro del marco de la modernidad?
¿Qué vieja institución se autodenomina «defensora» y «abanderada» de los pobres, mientras tiene sus jerarcas en las más alta opulencia, a costa del sudor de la población civil, a quienes les sacan su dinero por medio de amenazas?
¿Qué grupo económico, con pretensiones de santidad y con muchísimas muertes a costa, que ha derramado incontables ríos de sangre le ha costado los sueños y le ha destrozado las esperanzas a nuestros niños?
Hay dos respuestas correctas: las FARC y la Iglesia Católica (ICAR).
Por eso no es extraño encontrar un caso de un miembro de ambas instituciones:
El prelado Pedro Pablo Reinoso Marín fue arrestado en el Seminario Menor de Manizales en una acción conjunta con la Fiscalía General, dijo el coronel Rafael Antonio Mesa, comandante interino de la Policía en Caldas, departamento del que es capital esta ciudad.
La captura se derivó de una orden emitida por la entidad judicial, bajo los cargos de rebelión y desplazamiento forzado, según indicó Mesa.
El oficial aseguró a la prensa que una investigación que tomó cinco años llevó a establecer que el religioso estaba, al parecer, vinculado con el frente 47 de las Farc, que actúa en varias regiones del oeste colombiano.
Reinoso «sería al parecer el coordinador político del frente subversivo», agregó Mesa, quien indicó que el sacerdote era conocido en las filas rebeldes con el alias de «Pedro Plata».
Además de la tareas de ideólogo, las investigaciones también permitieron descubrir que el sacerdote proveía a los guerrilleros de armamento y otros pertrechos, medicinas y víveres, entre otros elementos.
Este caso tiene dos particularidades. Primero, el socerdote no rezaba por la recuperación de sus colegas terroristas, sino que les conseguía ayuda científica – nada de supersticiones para ellos:
El jefe policial añadió que el sacerdote se encargaba de gestionar el ingreso en las zonas de conflicto de personal médico para atender a guerrilleros heridos o enfermos.
Y segundo, el muy capullo era profesor, por lo que tenía la posibilidad de adoctrinar doblemente a los estudiantes (en la superstición y en el terrorismo, que no cabe duda de que la idea cruzó por su cabeza):
El sacerdote ejercía como párroco de un templo católico de la zona industrial de Manizales y también era profesor en un colegio local.
Supongo que este es el ejemplo perfecto de la suma de todos los males.
Fuente: DE AVANZADA
El próximo, 30 de octubre, los colombianos eligen a sus autoridades locales y regionales, en la primera consulta electoral bajo la presidencia de Juan Manuel Santos. Entre el 2 de febrero y el 20 de octubre, 41 candidatos fueron asesinados por diversos grupos violentos, según un estudio de la ONG independiente Misión de Observación Electoral (MOE). Esta cifra prácticamente duplica los muertos registrados en las anteriores elecciones regionales, en 2007.
La guerrilla, sobre todo las FARC, grupos paramilitares de derecha, narcotraficantes y otros grupos delictivos también compiten en estas elecciones, mediante la compra de candidatos o el asesinato de posibles adversarios. Para las distintas organizaciones violentas, de derecha e izquierda, ligadas o no al narcotráfico o a otras actividades ilícitas, el control de alcaldes, concejales y hasta gobernadores, es un objetivo que les asegura impunidad para sus actividades. Y, en muchos casos, acceso a información de seguridad vital para su supervivencia.
Uno de los aparentes logros del anterior gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010), fue la desmovilización de las ultraderechistas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que en el momento de su mayor apogeo llegó a tener unos 15 000 efectivos. Hoy, las AUC han sido reemplazadas por las Bacrim, Bandas Criminales, según la denominación generalmente adoptada, que cuentan ya con unos 6 000 hombres y cuyo número no hace más que aumentar. Según INDEPAZ (Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz), estas bandas operan en 314 municipios (de un total de 1 103) y están presentes en 29 de los 32 departamentos (estados a provincias) del país.
Ampliar información en: nuevatribuna.es
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Un año después de que fuera difundida la ¿noticia? de que el Gobierno de Venezuela facilitaba las relaciones FARC-ETA y auspiciaba el entrenamiento de guerrilleros y etarras en territorio venezolano [campaña antichavista made in Spain and Colombia que fue construida en base a un auto emitido por el juez Eloy Velasco, de la Audiciencia Nacional] resulta que todo ha sido poco menos que una desventurada confusión, un error…
Mejor dicho, todo ha sido fruto de una compleja maraña de suposiciones e interpretaciones torticeras, entre las que abundan las de origen político-partidario, aunque disfrazadas de rigurosa información periodística.
En ese sainete desinformativo también han jugado un papel fundamental dos factores:
* Las complicidades de las que se beneficiaba el ex presidente de Colombia, Álvaro Uribe, especialista en poner en marcha todo tipo de intoxicaciones, y
* El empeño de demasiados medios y periodistas en criminalizar al Gobierno de Venezuela, utilizando incluso rumores, medias verdades y acusaciones sin pruebas.
El monumental enredo ha sido relatado con clarificador acierto por Adolfo Mena, cuyo texto ha reproducido REBELIÓN; ver: «Al juez Velasco se le cae la causa contra Remedios García y contra el Gobierno de Venezuela«.
Ocasión pintiparada para recordar que Raúl Reyes, el guerrillero de las FARC abatido en Ecuador en una operación del ejército colombiano, fue recibido por el presidente de la Generalitat valenciana Eduardo Zaplana (PP), en el año 2000, recepción en la que también participó un representante del Gobierno colombiano.
[Por aquel entonces el presidente de Colombia era Andrés Pastrana, que intentaba alcanzar acuerdos con las FARC y las bandas paramilitares para poner fin a la guerra civil que se vive en el país desde hace casi medio siglo. Pero en el 2002 Pastrana fue relevado por Uribe, antiguo amigo de Pablo Escobar, que apostó por la violencia… Y el ejemplar Uribe se ganó el apoyo de todos los amigos de enlodar la vida política de Colombia, de Ecuador, de España, de Venezuela y de donde sea preciso]
Por cierto, amable lector o lectora, ¿cuántos medios han informado de que ese episodio novelesco-judicial ha quedado en nada?
La ¿noticia? del contubernio Venezuela-FARC-ETA saltó a primera plana y mereció decenas de páginas y cientos de minutos en radio y TV. Ahora, consumado el fiasco, el asunto apenas ha merecido un breve suelto en prensa y sendas cuñas radiofónica y televisiva…
En fin, otro éxito de los mass media.
1. El Estado colombiano y sus «falsos positivos»
Ya se conoce la práctica sistemática del ejército colombiano de asesinar niños y jóvenes civiles para luego hacer pasar sus cadáveres por «guerrilleros abatidos en combate», ya hay al menos 3000 casos de asesinatos «falsos positivos» documentados, reconocidos por la propia ONU. Un “falso positivo” es, según la definición de los militares colombianos, algo que ellos reportan como “positivo” pero que está basado en una falsedad, así sea algo que para aparentar veracidad deba comportar muertes reales y montajes macabros con los cadáveres. El “falso positivo” es parte de la guerra sicológica, en tanto que busca incidir en la realidad y su percepción a través de montajes. La práctica de asesinatos de civiles en Colombia es un sistematismo del ejército colombiano, que le permite justificar un descomunal gasto militar mientras los presupuestos para salud, educación, sanidad, vivienda, obras estructurales para la seguridad ecológica son cada día más miserables.
2. Un gran teatro: entre narcotraficantes, generales, Comisionado de Paz y un desertor, reclutaron a 66 desempleados e indigentes para hacerlos pasar por guerrilleros
Se acaba de destapar otro gran «falso positivo»; otro gran montaje del Estado colombiano, cuya producción de mentiras parece no tener no límites: inventaron la desmovilización de todo un bloque de las FARC. O sea reclutaron a 66 desempleados e indigentes para hacerlos pasar por guerrilleros de las FARC que se desmovilizaban de la guerrilla contando los «horrores de la insurgencia», ratificando la propaganda de «no hay ya ética política en las FARC», y la propaganda de «las FARC están acabadas». A esos 66 indigentes los «prepararon» un mes, los disfrazaron, y los pasaron por televisión entregando armas y declarando que desertaban de las FARC, que se «desmovilizaban». Sí, increíble pero cierto. Este es el alcance de las mentiras del Estado colombiano que para adelantar la guerra sicológica invierte el presupuesto público y trabaja con narcotraficantes para construir un gran engaño de cara al país y al mundo, engañando a todos aquellos que creen en su “buena fe”.
3. El Comisionado de “Paz”, los narcos, organismos estatales y el que “fabricaba minas en su casa, transportadas en carros de seguridad del Estado.”
La propia directora de Manos por la Paz Internacional, la holandesa Liduine Zumpolle, indignada, aseguró que la desmovilización de un supuesto frente guerrillero en Tolima, en marzo de 2006, fue una farsa cocinada por el entonces Comisionado de Paz, Luis Carlos Restrepo. «Ellos deben tener caletas de dinero escondido y se comportan como mendigos», aseguró Zumpolle, quien manifestó que entonces, con la presunta desmovilización crearon una Corporación Paz Mundial de papel, que recibió plata del gobierno, de la comunidad internacional, de la misma organización Manos por la Paz y hasta de un narcotraficante.
Así reseña Caracol las declaraciones la Liduine Zumpolle : “que el Comisionado de Paz Restrepo se ha portado como un criminal, urdiendo farsas y entregando dinero : «El mismo me lo dijo, le entregó a Saldaña y sus compinches muchísimo dinero, dos mil millones de pesos», aseguró.
Dijo que, además, la falsa desmovilización se organizó también con un dinero que dio el narcotraficante Hugo Alberto Rojas «con la promesa de no extraditarlo, pero después lo hicieron, es decir le demoraron la extradición». Aseguró que había un grupo de compinches en el Tolima que se aliaron con Restrepo y con otros sectores criminales que trabajaban con el Estado, para sacar mucho dinero. Señaló que además de Saldaña, un hermano y su hermana, estaba Jorge Didier Polanía, que fabricaba minas en su casa, «las transportaba en carros de seguridad del Estado y luego pedían dinero para su desmonte. Todo eso lo hacían con gente del DAS», dijo.” (1)
Estos son los montajes del Estado colombiano: entre paramilitares, narcotraficantes, generales, Comisionado de Paz y un desertor, reclutaron a 66 desempleados e indigentes para hacerlos pasar por guerrilleros: la falsa desmovilización del bloque «Cacica Gaitana» tuvo amplia difusión nacional e internacional. Esa «desmovilización» sin precedentes de «todo un bloque de las FARC» fue un montaje: «Al menos tres desmovilizados sostienen que toda esa desmovilización fue una mentira, que consiguieron la gente y que compraron las armas que iban a entregar», dijo González León a la agencia de noticias AP.
De acuerdo con declaraciones de tres desmovilizados, difundidas por la emisora La FM, el Comisionado de Paz del gobierno, Restrepo, estaba enterado del supuesto montaje para el que se reclutaron, en distintas regiones del país, a ladrones, indigentes y desempleados para hacerlos pasar por guerrilleros de las FARC.
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