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Las mentes simples casi siempre yerran en sus juicios
Víctimas y delitos
La victimología es y ha sido una de las materias más importantes del Derecho Penal y la Criminología, pero si ya lo era, y lo ha sido, desde el punto de vista teórico, la actualidad que se plasma en dependencias policiales y juzgados y salas de vistas está haciendo que se incremente el interés por la posición de una de las materias más importantes, sino la que más, del Derecho Penal. Es por ello, por lo que en otras ocasiones ya hemos escrito en estas mismas páginas sobre distintos problemas que surgen y han surgido en la práctica diaria sobre las víctimas en el proceso penal. Pero el devenir de los acontecimientos y el incremento de las víctimas que están sintiendo verdadero «miedo» a, no ya a presentar una denuncia, sino a seguir adelante con la denuncia que ya han presentado por la especial violencia de sus agresores, hace que tengamos que hacer una seria reflexión sobre qué medidas se pueden adoptar por la Administración para que esta exigencia que le trasladamos a las víctimas de que acuden a dependencias policiales a denunciar los delitos que contra ellas se cometen tenga luego un reflejo en las medidas de protección o asistencia que a estas se le deben. Sobre todo si algunas de ellas se reflejan en normas legales que luego no se cumplen.
Así las cosas, seguimos opinando que si queremos que realmente las víctimas colaboren con el sistema, es el sistema el que debe asegurarles a aquellas que el camino de la denuncia es mejor que el camino del silencio. Se nos llena la boca en muchas ocasiones trasladando a la sociedad que la «no denuncia» perjudica a quienes son víctimas ocultas del delito, pero luego no somos capaces de articular verdaderos mecanismos que hagan realmente creíbles las ofertas que les trasladamos. Cierto es que la situación actual es muy diferente a la de hace 15 ó 20 años, ya que se han aprobado reformas legales por todos conocidas que han elevado el nivel de posición de las víctimas, pero cierto y verdad es que también se ha elevado la gravedad de la criminalidad organizada y no organizada o individual a un ritmo mayor que la propia sociedad puede poner en marcha mecanismos que vayan en paralelo a este incremento de la gravedad de los delitos que se cometen.
No podemos negar que mecanismos tales como la orden de protección en la violencia de género, los juzgados especializados de violencia sobre la mujer, el uso de la videoconferencia en los juicios penales, reformas procesales penales en materia de declaración de menores víctimas, prueba preconstituida con determinados testigos, el sistema de juicio rápidos, etcétera, han supuesto interesantes mejoras procesales que han mejorado la posición de las víctimas en la Administración de Justicia, pero el incremento, no de las cifras estadísticas, pero sí de la gravedad de los delitos que se cometen hace que nos tengamos que replantear qué medidas debemos poner en marcha para recuperar la confianza de las víctimas y hacernos creíbles en el traslado del mensaje de: ¡Denuncia y no te calles!
La solución pasaría por abrir el debate sobre la necesidad de articular una verdadera ley integral de la víctima en el proceso penal que englobada dentro de la normativa procesal penal otorgue a las víctimas una posición cualificada y distinta a la del «estatus» que ahora tiene como mero testigo, cuando la víctima del delito es algo más que un testigo y muy distinto al que conoce de un delito porque lo presenció o tiene razón de él como testigo de referencia, pero las víctimas son las que lo han sufrido y si saben de él es porque lo han padecido en primera persona, no por referencias o por su percepción visual. En estos términos se hace preciso una apuesta por conseguir varias medidas, dirigidas en primer lugar a articular una verdadera reforma legal que, como decimos, otorgue a la víctima la importancia que tiene en el proceso penal y como verdadero instrumento para que los realmente responsables del delito merezcan el reproche penal de la justicia tras el reconocimiento de los hechos por las víctimas e identificación de los autores, cómplices y encubridores, en su caso. Además, en correspondencia con ello la protocolización de la presencia de la víctima desde que denuncia en dependencias policiales hasta que declara en el juicio, a fin de que se sistematice esta intervención de acuerdo con la realidad criminal que vivimos.
Según los datos del CGPJ, el año 2008 se va a cerrar con una cifra estimada de 6.570.159 denuncias de víctimas de distintos delitos, de las que un porcentaje elevado lo son por hechos de cierta gravedad. Hechos que antes no se cometían y que ahora se repiten con inusitada frecuencia y toman las páginas de los periódicos e imágenes de los medios de comunicación visual. Hechos graves cometidos por menores que antes tenían su autoría sólo en mayores de edad. Delincuencia y crimen organizado con operadores que reúnen una perfecta organización que consigue que las víctimas de los delitos no dejen de serlo nunca por el temor que se les traslada de las consecuencias de su declaración contra los responsables. Así, si queremos que denuncien y no se callen deberemos ser más convincentes con ellas… Y podemos serlo con más imaginación en reformas legales que se pueden acometer, porque no todas las soluciones son económicas. Las víctimas ponen trabas para venir a declarar y es comprensible. Ayudémoslas con propuestas de reforma que existen y otras que se deben aprobar y llevar a la práctica.
Autor: Vicente Magro
Fuente: [Enlace bloqueado por la Tasa española AEDE]
Las consecuencias de sufrir abusos sexuales durante la infancia
Depresión, abuso de sustancias, embarazos no deseados o contagio de enfermedades de transmisión sexual. Éstos son algunos de los ‘efectos secundarios’ que sufren a largo plazo las mujeres que experimentan alguna forma de violencia sexual durante la infancia, además del trauma psicológico provocado por el episodio. Una tragedia, destaca un editorial de la revista ‘The Lancet’, “demasiado extendida como para seguir ignorándola”.
Las cifras producen escalofríos. Una de cada tres niñas sufrirá al menos un episodio de violencia sexual antes de cumplir 18 años. Lo más probable es que el agresor sea un varón de la familia, un vecino o el novio. Al menos el 40% de las menores se ve sometido a este tipo de vejaciones en más de una ocasión y 13% de las veces ocurre en el colegio. Estos datos son resultado de un estudio realizado por UNICEF y los Centros de Control de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) en Swazilandia.
Ya sea como [Enlace bloqueado por la Tasa española AEDE], para ‘prevenir o curar el sida’, como [Enlace bloqueado por la Tasa española AEDE] o por la sencilla razón de que, para algunos, el hombre tiene derecho a usar a la mujer cuándo y cómo les plazca. El hecho es que los abusos sexuales son un problema sanitario global y una violación de los derechos fundamentales de las mujeres, que pone en riesgo sus vidas, la de sus familias –porque las mujeres son el pilar fundamental del hogar en muchas culturas- y el desarrollo económico y social de los países más pobres.
En el África subsahariana la violencia sexual comienza a ser una preocupación, aunque existen pocos estudios fiables acerca de la situación en la región. La revista ‘The Lancet’ publica un trabajo realizado en Swazilandia, el segundo país más pequeño del África continental y el más afectado por el VIH del mundo, que dibuja un panorama desalentador.
Los investigadores seleccionaron 1.242 familias en las que había al menos una mujer con una edad comprendida entre los 13 y los 24 años y se entrevistaron en privado con ellas. Además de aportar datos sobre los abusos sexuales sufridos antes de cumplir los 18, proporcionaron información acerca de su salud y comportamientos de riesgo.
Un tercio de las encuestadas había vivido al menos un episodio de violencia sexual durante la infancia. Lo más frecuente era que hubieran sufrido un intento de violación, tocamientos o sexo bajo coacción. Una sexta parte de las chicas entre 13 y 17 años dijo haber sufrido abusos en los 12 meses anteriores a la entrevista. Normalmente, el agresor era alguien conocido (desde un padre a un vecino, pasando por el novio o marido) y el encuentro se produjo en la casa de la agredida, en el colegio o de camino al mismo.
Estas vejaciones “estaban asociadas con un aumento significativo de la probabilidad de sufrir depresión, tener ideas e intentos de suicidio, embarazos no deseados, complicaciones durante el mismo y abortos espontáneos, enfermedades de transmisión sexual, dificultad para dormir y consumo de alcohol”, señalan los autores del estudio.
Los resultados de este primer informe fiable acerca de la violencia sexual en menores en un país africano “deberían disipar la percepción de que África ha escapado de algún modo a esta tragedia global“, señalan Laura Murray y Gilbert Burnham, de la Escuela de Salud Pública Johns Hopkins (EEUU) en un editorial. “La prioridad –continúan- es desarrollar estrategias para prevenir y tratar los abusos sexuales en la infancia”. Medidas que “deben ir más allá de los límites de los sistemas de salud para implicar a las organizaciones comunitarias, ONGs y grupos religiosos”.
Según la Organización Mundial de la Salud, aproximadamente el 20% de las mujeres y el 5%-10% de hombres han sufrido abusos sexuales durante la infancia. Es decir, en el mundo hay 73 millones de niños y 150 millones de niñas menores de 18 años que sufren violencia sexual en forma de tocamientos y relaciones sexuales forzadas.
Fuente: Ciencia al día
Estudio sostiene que el tratamiento de los medios del caso Marta es «peligroso»
Un estudio de la Universidad de Granada (UGR) sostiene que el tratamiento que dan los los medios de comunicación del caso de Marta del Castillo es «extremadamente peligroso» y, en este y otros casos similares, genera concepciones «erróneas» sobre la violencia de género porque tiende a buscar «supuestos motivos o causas» que desencadenan un crimen.
El estudio del departamento de Psicología Social y Metodología de Ciencias del Comportamiento de la UGR, que adelantó hoy la UGR, concluye así que los medios pueden provocar que la sociedad justifique la violencia de género.
De esta manera, las autoras del trabajo, María Carmen Herrera y Francisca Expósito, consideran que la difusión de los posibles motivos o causas que desencadenan un crimen «lleva a las personas a intentar encontrar una razón a un hecho que debería de ser, en cualquier caso, injustificable».
El estudio se hizo con una muestra formada por 300 estudiantes de distintas facultades de la UGR, que leyeron distintas noticias en periódicos sobre casos de violencia de género. A la luz de los resultados, las profesoras destacan que en el tratamiento de las noticias encontraron con frecuencia «justificaciones o motivos» (alcohol, celos, discusiones) «que los medios de comunicación presentan a la audiencia como posibles causas del hecho que se describe».
Los resultados de este trabajo serán publicados en el próximo número de la revista «Anuario de Psicología Jurídica».
Fuente: EuropaPress
Colegios blindados frente a las demandas por acoso
Cuatro de cada diez alumnos españoles entre 7 y 17 años ha sufrido acoso escolar alguna vez, según el Estudio Cisneros X. Violencia que incluye insultos, amenazas o agresión física; por ejemplo, golpes con un estuche o collejas como las que propinaban a Miguel sus compañeros del Colegio Suizo y que han originado que la Audiencia Provincial de Madrid haya condenado al centro a pagar una indemnización de 30.000 euros, la mayor de toda Europa por este concepto.
El acoso escolar no debe quedar sin respuesta, coinciden profesores y expertos en educación; ahora bien, ¿qué pueden hacer los centros para intentar no ser declarados responsables de estos incidentes y evitar así tener que enfrentarse a costosas indemnizaciones? Los expertos legales recuerdan que los colegios con alumnos menores de 18 años tienen la delegación de la responsabilidad paterna por los daños que sus hijos causen o sufran. Como consecuencia de ello, en caso de que el centro descuide esa responsabilidad pueden incurrir en lo que jurídicamente se denomina la culpa in vigilando, es decir, la culpa por no cumplir con su deber de vigilancia. En el caso del Colegio Suizo, la Audiencia de Madrid utilizó este concepto, al sostener que hubo un nexo causal entre el daño moral que sufrió el menor y la falta de atención, vigilancia y respuesta inmediata y contundente del centro.
Para Javier Elzo, catedrático de Sociología de la Universidad de Deusto y autor del libro El silencio de los adolescentes, (Temas de Hoy), en el que aborda el tema del acoso escolar, ‘la vía judicial debe ser el último recurso’ en estas situaciones. Sin embargo, como explica Robinson Guerrero, del despacho Gómez-Chaparro, y abogado de la familia que ha demandado al colegio madrileño, a menudo es la propia actitud de los centros la que desencadena una solución judicializada. ‘Cuando los centros cierran las opciones a los padres, a éstos no les queda otra salida que llegar a los tribunales’, señala. Un mecanismo de salvaguarda para los colegios es el establecimiento de protocolos de seguimiento de las situaciones de acoso. A raíz del caso Jokin, el adolescente que se suicidó en 2004 tras sufrir las agresiones de sus compañeros del instituto de Hondarribia (Guipúzcoa), se pusieron en marcha protocolos en los colegios, pero no todos los aplican.
José Antonio Sanfulgencio, socio del Departamento Laboral de Garrigues, considera que la mejor forma de protegerse de este tipo de demandas consiste en la aplicación de protocolos de actuación similares a los que las empresas establecen en los casos de acoso moral y sexual, ‘estableciendo un proceso de investigación interno y adoptando medidas, incluso la expulsión de alumnos maltratadores, aunque preservando siempre la intimidad de los alumnos’.
El escrupuloso cumplimiento de la normativa sobre esta materia es también una de las soluciones al problema que plantean en Uría Menéndez. Además de la puesta en marcha de planes de prevención y vigilancia. ‘Si el centro ha sido diligente, si no puede probarse su negligencia, su defensa procesal mejoraría. El resultado podría ser desde la exclusión de responsabilidad hasta, al menos, la moderación de la cantidad a indemnizar’, responden desde el bufete. Desde la Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE), su presidenta, Isabel Bazo, destaca que bastaría con cumplir un reglamento de régimen interno para evitar estos casos.
Tras la aplicación de protocolos de prevención y actuación, los expertos aconsejan reforzar la colaboración de los padres con los docentes. ‘En muchos centros, los padres son vistos como adversarios, fiscalizadores de la labor docente, mientras que algunos padres piensan que hay profesores que pasan de todo’, explica Javier Elzo.
Como la negligencia puede salir cara, en Uría Menéndez recomiendan a los colegios suscribir pólizas de seguro de responsabilidad civil, no sólo para responder por incidentes relacionados con el maltrato escolar, sino también por muchos otros. El bufete considera que ‘aquellos centros que ya tengan suscritas este tipo de pólizas harían bien en asegurarse de que supuestos como éste son objeto de cobertura’.
A cubierto
En Uría Menéndez recomiendan a los colegios suscribir seguros de responsabilidad civil, no sólo para responder por incidentes relacionados con el maltrato escolar, y si ya cuentan con estos seguros, deberían asegurarse de que cubren el acoso.
Fuente: CincoDias.com
La violencia causa 800000 muertes al año, 500000 de ellas en países sin guerra
Cada año casi 800.000 personas mueren en el mundo a causa de la violencia, y de éstas, más de 500.000 pierden la vida por culpa de la criminalidad en lugares donde no hay guerra, según un estudio de Naciones Unidas presentado hoy.
El informe, titulado «La carga global de la violencia armada» y realizado por el Instituto de Control de las Armas Ligeras, muestra como dos tercios del total de muertes violentas que se producen en el mundo se da en países en que no hay una guerra declarada.
Según el estudio, la pérdida de éstas vidas no sólo tiene consecuencias para el desarrollo social de los países donde ocurren, sino un inmenso peso en la economía nacional.
Está comprobado que los conflictos en lugares donde no hay guerra reducen su producto interior bruto en un 2 por ciento anual.
De hecho, el informe considera que éstas muertes causan una pérdida global en el mundo de 163.000 millones de dólares al año.
Además, según los cálculos de los expertos, el costo global de la violencia armada es de unos 400.000 millones de dólares anuales.
Sudamérica, Centroamérica y la región sudafricana son las tres zonas donde más muertes se producen por violencia armada sin que haya guerras declaradas.
En Latinoamérica y en Africa, la violencia armada es la séptima y la novena causa de muerte.
El informe destaca que países como El Salvador, Jamaica o Sudáfrica tienen niveles de homicidios extraordinariamente altos, tanto que son mayores que en algunos de los países que están en guerra.
América Latina es la segunda región del mundo con mayor nivel de homicidios, con unos índices que superan con creces la media global.
La región con más alto índice de homicidios es Africa, pero el informe pone de manifiesto que existen 16 conflictos armados en ese continente, mientras en Latinoamérica sólo hay dos.
Según los investigadores, el índice de homicidios por 100.000 habitantes en Centroamérica es de 29,3, en Sudamérica del 25,9, y en el Caribe de 18,1.
La media mundial se sitúa en el 7,6 por 100.000 habitantes.
El informe pone el ejemplo de Venezuela y El Salvador, que cuentan con índices de violencia de 37 y 59 por 100.000 habitantes respectivamente.
«El tráfico de drogas, la actividad criminal, y las bandas juveniles desempeñan un importante papel en el aumento del índice de homicidios», indica el informe.
Agrega que «el comercio de drogas alienta la criminalidad en numerosos aspectos, a través de la violencia ligada al tráfico, al normalizar un comportamiento ilegal, y al contribuir a la disponibilidad de armas de fuego».
De hecho, las armas son una pieza clave en los conflictos, dado que aproximadamente el 60 por ciento de las muertes violentas se cometen con armas de fuego.
En Centroamérica este índice se eleva hasta el 77 por ciento.
Otro de los aspectos que destaca el informe son las consecuencias terceras que causa esta violencia. En los últimos años una media de 200.000 personas han muerto en el mundo por causas indirectas al conflicto, como enfermedades curables o malnutrición.
Asimismo, el informe recoge que en el 2007 se reportaron 1.425 casos de secuestros en el mundo.
El informe surge de un proyecto conjunto del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y de Suiza.
En el 2006 se constituyó la Declaración de Ginebra sobre Violencia Armada y Desarrollo que busca reducir ostensiblemente el número de muertes por violencia armada en el mundo.
Hace dos años firmaron la declaración 42 estados y a día de hoy ya son 94 los que la han adoptado, por lo que se han comprometido a reducir los niveles de violencia en sus países antes del 2015, fecha en que tienen que cumplirse los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
Fuente: Caracol.com.co
Doce niños mueren cada año a manos de sus padres, la mayoría por palizas
¿Hay algo más trágico que perder a un hijo? El fallecimiento de un descendiente supone el dolor más desgarrador al que se puede enfrentar un ser humano; por eso resulta difícil admitir que un padre o una madre pueda llegar a arrebatar la vida a quien se la dio. Pero ocurre, y cada vez en mayor medida. Un reciente estudio del Centro Reina Sofía para el Estudio de la Violencia ha revelado que cada año mueren doce niños en España a manos de sus progenitores, es decir, al menos uno al mes. La mayoría, por palizas. Los expertos, sin embargo, creen que es la punta del iceberg. «Hay muchos más casos, lo que ocurre es que no se pueden catalogar como homicidios y quedan como accidentes o muertes súbitas», opina Javier Urra, psicólogo clínico y experto en temas de menores.
Este espeluznante retrato es fruto del estudio realizado por los expertos del centro valenciano sobre las estadísticas de infanticidios cometidos en el ámbito familiar entre los años 2004 y 2007. En este periodo perdieron la vida a manos de parientes un total de 59 menores, 48 de ellos a manos de sus padres, ya fueran biológicos o las parejas de éstos. Todos tenían menos de 13 años. Ninguno de los agresores era padre adoptivo.
Urra cree el incremento de casos detectado por esta investigación pueda deberse a que «ahora hay más métodos de detección». «Sin embargo todavía hay casos que no se comprueban. Los médicos pueden tener sospechas pero como no se ven capaces de demostrarlo en un juicio, lo dejan en la duda. Detrás de muchas muertes súbitas hay padres que no aguantan el llanto de su hijo y lo ahogan con la almohada», sostiene el experto.
Abandonados al nacer
Hace un par de semanas, Marilina dio a luz sola en la casa que compartía con otros dos compatriotas sudamericanos en Barcelona. Metió al bebé en un cajón de su armario y se fue al hospital, donde fue atendida de una fuerte hemorragia. Horas después, el pequeño fue encontrado muerto. Según el Centro Reina Sofía, la mitad de los niños asesinados por sus padres tenían menos de un año y uno de cada cinco eran recién nacidos.
Muchos pierden la vida casi en el mismo momento de nacer, por abandono, como el hijo de Marilina. Cuando son más mayores, las agresiones físicas son la principal causa de su prematura muerte. Uno de cada cinco niños fallece tras una brutal paliza, como Iraitz. El pequeño de tres años, la única víctima vasca de este periodo, falleció en agosto de 2004 en Vitoria, en plenas fiestas de La Blanca. Su muerte a manos de su padre cortó en seco el espíritu festivo de los vitorianos, que no podían dar crédito a lo sucedido: Pablo Cacho y su hijo habían disfrutado como una familia normal de las fiestas. Después de llevar a Iraitz a las barracas y de darle para cenar una manzana caramelizada que habían comprado en la feria, le propinó una brutal paliza hasta que acabó con su vida.
¿Cuál es el perfil de estos agresores? ¿Son monstruos, enfermos, delincuentes? ¿Existen factores que pueden llegar a explicar su conducta? Según las estadísticas, las personas que asesinaron a sus hijos son mayoritariamente hombres, de entre 25 y 34 años, de origen español, parados y de bajo nivel socioeconómico. Ángela Serrano, responsable del área del menor del Centro Reina Sofía, dibuja su retrato robot psicológico. «Son personas de baja autoestima que perciben los estímulos que emiten los niños como amenazantes. No saben afrontar el comportamiento de su hijo, les desquicia de tal manera que no lo pueden controlar y le acaban agrediendo de forma salvaje. Crean expectativas inapropiadas del menor ».
En el caso del pequeño Iraitz, el agresor era habitual consumidor de drogas. En contra de lo que pudiera parecer, las adicciones a sustancias estupefacientes o al alcohol están detrás de un porcentaje no muy elevado de casos: apenas un 15%. Los expertos, sin embargo, sospechan que el dato no se ajusta a la realidad. «Creemos que el consumo tiene más incidencia, pero quizá no se ha recogido adecuadamente a la hora de catalogar cada suceso», apunta Serrano.
Lo que sí es un denominador común es la falta de empleo de los agresores y su bajo nivel socioeconómico, dos factores que combinados con un hogar desestructurado pueden dar lugar a un cóctel explosivo de violencia contra el más débil. «Estos padres sufren un mayor nivel de estrés que, unido a otros factores, les impide afrontar con normalidad las reacciones del niño. Les desquicia de tal manera que no pueden controlarse y estallan. Luego lo justifican como provocaciones del niño. Creen que si lloran es por fastidiarles, porque no les reconoce como padres», explica la experta.
En cualquier caso, Ángela Serrano advierte sobre el riesgo de «estigmatizar» a las clases sociales bajas. «No se puede generalizar», asegura. Prueba de ello es uno de los últimos casos que más ha conmocionado a la opinión pública: el del ejecutivo vizcaíno Alberto Izaga, que acabó a golpes con la vida de su pequeña Janire, de dos años, en su lujoso apartamento londinense. Un jurado inglés lo declaró inocente por enajenación mental y, en la actualidad, está ingresado en un psiquiátrico.
Malos tratos
En mayo de 2004, la localidad valenciana de Alcira se sobrecogió con el drama de Jennifer Irene Lara, una dominicana que había decidido separarse de su marido, de origen español, al que conoció cuando fue de vacaciones a su país. Tenían tres hijos. Una noche, el hombre derramó el contenido de una lata de gasolina en la vivienda y la prendió fuego. Cerró con llave y se fue. La mujer y los dos pequeños, de 8 y 5 años, murieron abrasados.
Éste fue el terrible colofón a una dramática historia de vejaciones y malos tratos que sufrieron tanto Jennifer como sus hijos. No es algo puntual: las agresiones previas están presentes en uno de cada cinco casos de muerte infantil. «Estas personas también tienen malas relaciones con sus familias y suelen ser maltratadores de sus parejas. Presentan una afectividad muy negativa, fuertes distorsiones cognitivas y mucha ansiedad», asegura la experta.
Fuente: El Correo Digital
La violación que cuesta recordar
¿Resulta que no era leyenda urbana? Muchos lectores recordarán aquel consejo antiguo: cuidado con las salidas nocturnas a ver si os van a echar algo en la copa… Era como cosa de las abuelas, pero de vez en cuando saltaba a la actualidad y por algún tiempo se extendía como indetallada realidad. A eso, la literatura científica le llama sumisión química y en algunos países se lo están tomando en serio como un fenómeno asociado cada vez más a abusos sexuales entre gente muy joven.
Un estudio en Canadá registró 1594 casos de asaltos sexuales entre 1993 y 2002, y 246, el 15,4% de ellos utilizaron las drogas para conseguir la sumisión de la víctima. A los abusos sexuales sería como el crimen perfecto: la muchacha (en el 95,5% de los casos en este estudio eran mujeres las agredidas) no detecta la droga, apenas recuerda nada de lo ocurrido, no puede identificar a su víctima, sus fuerzas para resistirse están muy mermadas y, ante una muñeca indolente, no habrá desgarros físicos considerables.
En un contexto de alcohol, drogas y amigos, la vergüenza y el aturdimiento rara vez se traducen en una denuncia, por tanto, la víctima calla lo que sabe y no recuerda lo importante: el agresor queda impune.
En algunos países, como en Francia o Estados Unidos han diseñado protocolos hospitalarios para detectar cuándo se ha cometido una agresión sexual usando drogas que adormecen. Si se sospecha que se está ante un caso de ésos, el centro sanitario efectúa los análisis pertinentes a la víctima, en lugar de mirarla de reojo y recomendar que la próxima vez no elija amantes mientras está borracha como una cuba.
Las drogas empleadas no son desconocidas para el gran público: éxtasis, GHB, una droga de síntesis consumida en algunos ambientes de marcha nocturna juvenil, las benzodiacepinas (los sedantes de las sociedades desarrolladas), como el Stilnox o el Zolpidem, cannabinoides, barbitúricos e incluso antihistamínicos. Pero bastaría el alcohol etílico. La dosis es lo importante.
Inodoras, insípidas, nadie diría que el café sabe raro y mucho menos que el tercer cubata es ligeramente distinto del primero. En la era Internet hacerse con estas sustancias es relativamente fácil. Esta práctica de adormecer a la víctima hasta robarle la voluntad y la consciencia no se ejerce sólo para abusar sexualmente de ella. Los fines delictivos pueden ser varios.
En España, la policía asocia estos casos a la prostitución. Recuerdan alguna denuncia hace años de clientes que, superando el sonrojo de confesar su visita al burdel, denunciaron un estado de inconsciencia del que despertaron desnudos y sin billetera.
Un estudio reciente en Estados Unidos contabilizó 1.179 casos de abusos en 26 meses y en «un alto número de ellos se registraba alcohol, cannabinoides, benzodiacepinas, anfetaminas y GHB, por ese orden», cuenta Manuel López-Rivadulla, catedrático de Toxicología en la Universidad de Santiago de Compostela.
En estos casos de Estados Unidos también un alto porcentaje de las víctimas se había drogado voluntariamente y el agresor, un conocido, aprovechó esa situación de debilidad.
¿Violación o un nebuloso inicio al sexo? ¿O ambos? A veces se trata de un rito de inicio al sexo muy cómodo para los adolescentes que no se atreven a hacerlo por las claras. «En todas las épocas, y en muchas tribus, se han asociado las drogas al inicio del sexo», dice el catedrático de Toxicología. Los estudios indican que ahora esta sustancia se está detectando en gente muy joven, menores de 20 años.
El Servicio de Toxicología Forense de la Universidad de Santiago lleva una línea de investigación sobre la sumisión química, tan desconocida aún en España. Trabajan estrechamente con algunos ginecólogos del hospital Juan Canalejo de A Coruña a través del centro de orientación familiar de esta ciudad gallega. «Pretendemos ampliarlo a todo el hospital para que se impliquen de forma institucional; que se dé a conocer esta práctica, también a la sociedad en su conjunto, es fundamental», dice Chus Anca, la psicóloga del centro de planificación.
Porque lo que no se conoce, no se denuncia y parece inexistente. Tan inexistente como permanece en la cabeza de María su agresor: un desconocido sin rostro que la sometió el pasado septiembre a la experiencia más desagradable de su vida en unas horas en las que estuvo dormida aunque despierta. Esta chica gallega de 21 años que oculta su nombre real, recuerda perfectamente con quién estaba y qué hacía antes y después de sufrir un abismo en su memoria. Su amnesia empezó un sábado de madrugada a la puerta de un disco-pub y la neblina en su cabeza se fue despejando tres horas después con la voz de un adolescente que pedía a su padre que dejara marchar a la chica que estaba desnuda en la habitación.
No recuerda mareos, ni pérdida de visión, nada, hay un corte perfecto. Ella esperaba a las amigas en la calle a eso de las tres de la madrugada y fue consciente de que un hombre estaba sobre ella alrededor de las seis y media de la mañana, en una casa en medio del monte. La policía identificó en unas pocas horas al agresor.
«Yo me resistía, pero no tenía fuerzas, y le pedía que me dejara marchar. Oí a su hijo decirle que me soltara y cuando me dejaron me vestí y salí a la calle, anduve un poco, pero el crío me dijo que me iba a perder y que su padre me llevaría a la ciudad», relata. Así fue. Las amigas, localizadas por el móvil, esperaban aquella mañana de domingo que el desconocido depositara a la chica en la civilización. Ellas pudieron verle y describir su aspecto a la policía. Pero María no le recuerda. Sabe que subió al coche de sus amigas y que contestaba a sus preguntas de una forma mecánica, repetida, como una autómata. ¿Ha intentado
hacerte algo? «Lo ha intentado y lo ha conseguido», respondió ella antes de echarse a llorar.
Cuando llegó a casa cometió el primer error, se duchó antes de meterse en la cama. «Pero nunca es tarde, la frustración y la impotencia que se sienten no deben impedir que se denuncie, hay que hacerlo, aunque tengas miedo de que no te crean». A ella no le hicieron mucho caso en las urgencias del hospital que visitó, no le gustó el trato de la ginecóloga: «Me dijo que vaya borrachera que pillé, que me acosté con un tipo y que ahora estaba arrepentida. Pero yo había bebido menos que otras veces, cuatro cervezas y un cubata que pedí y no tomé. No me hicieron una revisión física».
La reivindicación de los expertos es que en España se establezca un protocolo sanitario de actuación similar al que tienen en Francia, de tal forma que cuando una mujer llega con un cuadro parecido al de María se efectúen análisis de orina, de sangre y también de cabello, con los procedimientos adecuados. En el pelo se pueden detectar ciertas sustancias hasta tres meses después. Aunque algunas de estas drogas tienen una presencia en la sangre y en la orina muy fugaz. Por el contrario, las víctimas suelen tomarse un tiempo hasta que deciden denunciar.
El desconocido que abusó de María ha reconocido que mantuvo relaciones con ella, «pero dice que fueron
consentidas en todo momento». María reconstruye el relato gracias a las pesquisas policiales y a la instrucción judicial: «Él declaró que yo me subí al coche, que me acosté primero con un amigo suyo que nos acompañaba y que luego lo hizo él. El amigo lo niega, dice que él también estaba borracho y que no sabe nada de eso». Un cruce de declaraciones pendiente de resolverse en tribunales.
No hay muchos más casos en España para estudiar el fenómeno, ni siquiera éste pudo ser analizado a tiempo. Ya era tarde cuando la muchacha llegó a la consulta de Chus Anca. La psicóloga del centro de planificación observó que aquella amnesia que describía no era la propia de los traumas y se
puso a investigar.
Cuando el asunto llega a los tribunales no es fácil tener pruebas de algo así, pero no es imposible que el agresor resulte condenado. Incluso aunque la propia víctima haya tomado la droga voluntariamente. «Desde los romanos se define la actio libera in causa, es decir, que la víctima inicia libremente la cadena de acontecimientos que luego desemboca en algo que no se asumía al principio», explica el magistrado del Tribunal Supremo José Antonio Martín Pallín. «La toma de la droga ha podido ser compartida, e incluso complacida, y será una situación jurídicamente delicada, pero no es imposible una condena», añade. Puede, por tanto, haber condena, o resultar, como el crimen, la violación perfecta. Quizá en la época de las abuelas bastaba el alcohol y en la era de Internet las cosas estén tomando un cariz más descarnado y peligroso.
Fuente: [Enlace bloqueado por la Tasa española AEDE]
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Victimología (Licenciatura Criminologia, Universidad de Murcia)
Artículos Victimología (Licenciatura Criminologia, Universidad de Murcia)
Un sádico sexual peligroso. FARC Colombia
Espantosa y aterradora resulta realidad de las niñas y muchos niños que a la fuerza o ingenuamente caen en manos guerrillas de las Farc. Las niñas se enfrentan a presiones relacionadas con su condición de mujeres, más fuertes y degradantes que en cualquier otro sitio del mundo. Muchos comandantes varones utilizan su poder para mantener vínculos sexuales con muchachas menores de edad, en el momento y en las circunstancias más deprimentes y vejatorias. Son sin derecho a reclamo sometidas a la servidumbre y esclavitud sexual para la tropa de las Farc.
Teniendo en cuenta lo descrito y otras cosas más, el gobierno de Colombia denunció penalmente a uno de los principales líderes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). El Nuevo Herald publicó el domingo un artículo que vincula a comandantes guerrilleros con casos de abuso sexual de niñas campesinas e indígenas. La acción legal fue entablada en la Fiscalía General de la Nación contra Luis Edgar Devia Silva, alias “Raúl Reyes”. La historia, que ha causado indignación internacional contra las FARC, ha sido reproducida en todo el mundo y traducida a varios idiomas. ¿Muchos de esos medios de comunicación preguntaron si eso es lo que el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, llama “proyecto político”?
“Raúl Reyes” ha ordenado desde hace muchos años, periódicamente, secuestrar los menores en los barrios pobres y pueblos alejados para de esa forma tener a su disposición un determinado número de menores para satisfacer sus repugnantes, punibles y vergonzosas apetencias sexuales. “Llevarse un niño de 6 años, llevarse un niño de 8 años o llevarse un niño de 12 años a combatir, es un crimen de guerra y por tal debería ser juzgado por la Corte Penal Internacional”. ¿Qué debe pasar cuando ocurre secuestro, violación carnal y esclavizar una niña o niño para estar disponibles a los comandantes de las Farc para su aberraciones sexuales?”.
Las niñas liberadas de la ignominia y bellaquería de las Farc dijeron “haber sufrido abuso sexual entre los 4 y los 10 años de edad… expresaron haber sido iniciadas en las relaciones sexuales por abuso sexual…” Otras publicaciones entrevistaron sicólogos quienes señalaron que “una niña o un niño a esa edad no tiene capacidad para decidir sobre su sexualidad. Después de sufrir tales humillaciones a su dignidad y a su inocencia, los niños que sobreviven a este horror nunca podrán desarrollarse e interactuar como hombres y mujeres normales”.
La idea es que esta investigación quede como evidencia judicial, para que tribunales nacionales o internacionales la tengan en cuenta para comprobar la existencia de crímenes de lesa humanidad. Que la humanidad entera sepa la clase de monstruos repugnantes y salvajes integran las Farc. Raúl Reyes, no es un “revolucionario” es una sádico sexual peligroso. ¡Creer que, Hugo Chávez, sabe lo que ocurre, pero insiste en defender a las Farc!
Fuente: Realidades colombianas
Europa, alarmada por la creciente ola de odio racial e intolerancia
En la Europa que quiere presentarse como modelo de los derechos humanos, en los últimos diez años ha crecido en forma alarmante la intolerancia contra las minorías. Homosexuales, musulmanes, judíos, inmigrantes, negros. El fenómeno es todavía más agudo en la Europa del Este, en los países ex comunistas, donde la virulencia produce con frecuencia inusitada ataques, destrucción, heridos y muertos. «La violencia por prejuicios raciales es un serio problema en Europa», afirmó Maureen Byrnes, directora de la organización norteamericana que estudia con método lo que está ocurriendo en Europa y Estados Unidos y que se llama «Derechos Humanos Primero» (DHP).
Human Rights First presentó un informe escalofriante que abarca doce años, desde 1984, cuando comenzó el monitoreo del crecimiento de la intolerancia, hasta el año pasado.
La discriminación y las violencias antisemitas, por ejemplo, han aumentado en 2006 hasta alcanzar el pico más alto en absoluto. En Rusia, Ucrania y otros países, pero también en Francia, donde las profanaciones de cementerios, las pintadas y los actos de intolerancia han crecido en un 6,6%. «El fenómeno es muy complejo», explica el rabino jefe de Roma, profesor Riccardo Di Segni. Las reacciones violentas se apoyan en una cultura bien radicada de prejuicios. El famoso padre Luigi Gelmini, fundador de los 238 centros del grupo Encuentro en 17 países, respondió a las acusaciones de haber cometido abusos sexuales afirmando que se trataba de infamias promovidas «por el lobby judeo-radical chic». Poco después se arrepintió afirmando que donde dijo «judíos», que en realidad amaba, quiso decir «masonería». Pero el daño estaba consumado.
El Papa ha reimplantado la misa tradicional en latín en su versión de 1962, aprobada por Juan XXIII, que ya no ataca a los «pérfidos judíos», pero que sigue incluyendo en sus invocaciones a «la conversión de los hebreos». Y hace dos semanas el Papa recibió en audiencia a las autoridades de la Radio María de Polonia, famosa por su propaganda antisemita y de ultraderecha xenófoba.
Persisten también las discriminaciones contra los millones de inmigrantes musulmanes, por fortuna con una atenuación de las intolerancias respecto al nivel de 2005, cuando los atentados terroristas en los medios de transporte causaron en Londres medio centenar de muertos. Pero un análisis demoscópico realizado para el diario Financial Times indicó que el 38% de los británicos tienen aún una gran desconfianza de los musulmanes.
En Italia, uno de cada tres ciudadanos estima que la gente islámica representa «una amenaza para la seguridad nacional» El porcentaje baja al 21% en Francia y Estados Unidos. En Gran Bretaña, un 52% espera «un gran atentado terrorista» de matriz islámica antes de fin de año, lo que echa leña al fuego del prejuicio y la desconfianza. La mayoría estima que los musulmanes tienen «demasiado poder» en el país. Los italianos están detrás, aunque no se hayan producido en Italia hechos terroristas de magnitud.
La Liga Norte de Umberto Bossi aliada de la centroderecha del ex primer ministro Silvio Berlusconi, xenófoba y partidaria durante mucho tiempo de la «liberación» de las prósperas regiones septentrionales italianas con la creación de otro Estado, acumula todos los días odiosas posiciones racistas. Sus partidarios han «marcado» en varias ciudades con orina de cerdo los terrenos donde la comunidad musulmana quería construir mezquitas. Existe un personaje singular y tremendo de la Liga Norte que es el jefe municipal de Treviso, la ciudad de la riquísima familia Benetton. Se llama Giancarlo Gentilini. En varias oportunidades quitó los bancos públicos donde se sentaban los inmigrantes, puso puntas de metal en las paredes de las calles donde negros, árabes y asiáticos que se reúnen a charlar.
Estas barbaridades producen críticas y sonrisas, pero casi nada más, inoculando el veneno cultural que alimenta prejuicios y reacciones violentas.
La violencia contra los gays es creciente en los países del Este europeo, aunque también sea inquietante la situación en la rica Europa Occidental. El obispo de Frascati, ciudad cercana a Roma y el Vaticano, dijo hace unos días que «los homosexuales no son cristianos». En Rusia una mayor presencia de los homosexuales ha llevado a un incremento de la retórica homofóbica, que muchas veces se apoya en la difusión de carteles y logos de matriz nazi, seguida de una violencia cada vez más dura. La persecución contra los inmigrantes y minorías son moneda común en la Europa del Este. En Rusia fue difundida hace poco por Internet la ejecución de dos extranjeros del Tadjikistán por parte de un grupo de ultraderecha, en nombre de la «pureza rusa».
El informe de DHP destaca que pocos países se han comprometido a monitorear sistemáticamente los casos de «crímenes de odio». Francia, Alemania y Gran Bretaña lo están haciendo. Los demás, según la organización, demuestran hostilidad y «reflejan la indiferencia de muchos gobiernos». El informe dice que los instrumentos están en manos de los gobiernos y propone que «pongan la prioridad política en la lucha contra el odio criminal y contra los atentados racistas».
Fuente Clarin.com
Dos de cada diez mujeres maltratadas en Murcia no impulsan la condena de su agresor
Por amor, pena, falta de confianza, ignorancia o simplemente por miedo. Las causas que lo explican son aún un vacío e inexplicable interrogante. No obstante, lo cierto es que en la Región casi dos de cada diez mujeres que sufrieron algún tipo de violencia de género, en el primer trimestre de este año, no pusieron ningún medio para que la justicia pudiera apresar las manos de su maltratador.
De ese porcentaje existe una cifra aun más alarmante, cercana al 8,7% de féminas, que incluso renunciaron al proceso de enjuiciamiento de su agresor cuando éste ya marchaba viento en popa. Un total de 89 mujeres, residentes en la Región, creyeron que lo más conveniente para su vida, o la de los suyos, era reclamar al juez que no actuase y que archivara el asunto. Las causas que justifican esta decisión, que a menudo acaba pasando factura a las víctimas, se alojan en un espacio muy íntimo, dentro de la realidad de cada una de estas mujeres.
Pese a estas situaciones concretas, 1.021 denuncias fueron recibidas en los juzgados murcianos tan sólo en los seis primeros meses del 2.007. La mayoría de ellas (77%) habían sido presentadas por las propias afectadas en la comisaría de Policía. Aún así, algo más de una cincuentena de casos tuvieron que saltar a la luz por intervención directa de la Policía o la Guardia Civil. Otros tantos procesos de maltratos (59) se iniciaron tras la redacción de un parte de lesiones por el personal de los centros hospitalarios. Resulta curioso el hecho de en esos tres meses ninguna denuncia partió de familiares de la agredida.
El enemigo en casa
Compartir una vida en común con el maltratador es uno de los aspectos más peligrosos para las féminas. Esta circunstancia aumenta el riesgo de ser objeto de su violencia. Y es que las principales afectadas por la ira de un maltratador son, precisamente, sus propias parejas, ya sean novias o esposas.
Las cifras son realmente significativas. Un 70,94% de las mujeres que sufrieron malos tratos en el primer semestre de este año, mantenían una relación afectiva con el varón que les infligía tal daño. Se trata de una cifra muy llamativa si se tiene en cuenta que una vez que desaparecen los lazos de unión el porcentaje disminuye hasta el 29,05%.
Estadísticas, cifras y porcentajes que tratan de darle algún sentido a todo este caos, como el que intenta ponerle puertas al campo.
Fuente: La Verdad
Alrededor de 50 mil colombianas se prostituyen en el exterior
El vicefiscal general de la Nación, Guillermo Mendoza Diago, dijo que la situación del tráfico de personas es tan grave, que esta actividad es el tercer acto delictivo después del narcotráfico.
Dijo que se hace necesario trabajar articuladamente para bajar el índice vergonzoso de cerca de 50 mil mujeres que son reclutadas y que en la actualidad, ejercen la prostitución en Europa y Oriente.
Explicó que también se han detectado casos de tráfico de menores y hombres adultos que caen en las redes dedicadas al engaño de personas que ofrecen trabajo y terminan en labores denigrantes como la esclavitud o la prostitución.
Señaló que ante este panorama, la situación requiere de un tratamiento urgente de parte de las autoridades judiciales como gubernamentales.
Dentro de las investigaciones la Fiscaía ha encontrado que la gran mayoría de personas son reclutadas en zonas de conflicto y pobreza y son enviadas casi todas a Tailandia.
Los organismos de control conformaron una red de información sobre el delito de trata de personas con el fin de compartir y conocer datos sobre el tema y las investigaciones que se adelantan.
Por su parte, el vice procurador general de la nación, Carlos Arturo Gómez Pavajeau, dijo que se hace necesario que dentro del proyecto de ley para fortalecer el programa a víctimas y testigos, se dedique un capítulo a las personas lesionadas con el delito de tráfico de personas.
Fuente: Caracol.com.co
Ahora se produce la trata de personas dentro de Colombia
Como si no fuera suficiente el drama que genera la explotación sexual a que son sometidas las mujeres colombianas en el exterior, ahora las redes de trata de personas engañan y obtienen dinero a través de la prostitución de mujeres dentro del mismo pís. De acuerdo con Marcelo Pisani, jefe de la misión de la Organización Internacional para las Migraciones en nuestro país, cerca de 80 mujeres fueron llevadas al departamento del Putumayo con falsas promesas y terminaron ejerciendo la prostitución. «Una vez las tenían allí, les confiscaban sus documentos de identidad», denunció el vocero de la OIM.
Las ívctimas de este delito provienen de regiones como el Eje Cafetero, Tolima, valle del Cauca y Antioquia.
Estas redes están utilizando «ganchos» como empleos para cuidar niños, adultos mayores e incluso les ofrecen matrimonio con hombres adinerados en el exterior.
«En Internet funcionan cerca de 50 mil páginas de Internet dedicadas a la trata de personas. Pero también publican estas falsas promesas en los periódicos de alta circulación», aseguró el coordinado del programa Antitrata de Personas de Naciones Unidas, Sergio Restrepo.
Fuente: Caracol.com.co
A explotación sexual son sometidos unos 35000 niños en Colombia
Esa es la proyección de un estudio realizado en once ciudades del país, en el que se conocieron las historias de 2.117 menores, muchos de los cuales tenían entre 9 y 12 años de edad.
Entre las nuevas dinámicas de este delito están el consumismo, el desarrollo de las tecnologías y la falta de educación sexual de los menores.
La investigación, denominada ‘Escenarios de la infamia. Explotación sexual de niños, niñas y adolescentes’, se desarrolló en Arjona, Malagana, Sabanagrande, Soledad, Malambo, Montería, Sincelejo, Quibdó, Medellín, Cali y Cúcuta.
En esos sitios, los niños también son víctimas de desplazamiento, violencia, conflicto armado y pobreza, un terreno abonado para el crecimiento de la problemática. Eso han encontrado las tres instituciones que financiaron el estudio (las fundaciones Plan, Antonio Restrepo Barco y Renacer) y que trabajan por el bienestar de las comunidades y hacen propuestas para hallar soluciones efectivas.
Precisamente, con el estudio quedó en evidencia que estos factores favorecen la ocurrencia de la explotación sexual comercial de los niños. Y el papel preponderante de los grupos al margen de la ley en el delito es uno de los elementos que más preocupó a las instituciones.
«Existen dinámicas nuevas para explotar a los niños. Cada vez son más pequeños y hay más violencia en sus historias», explica Stella Cárdenas, directora de la fundación Renacer y coordinadora de la investigación que duró año y medio, y cuyos resultados son compartidos por el Icbf.
Los delincuentes «manejan las redes y actúan como clientes -cuenta Carolina Borda, quien participó en la investigación-. En Medellín, por ejemplo, les piden plata para dejarlos estar en un sitio. Los niños hombres están en una parte, y en otra, las niñas. Los que no pagan deben tener relaciones con ellos o, de lo contrario, los amenazan».
Las poblaciones que han sufrido el desplazamiento son las más vulnerables y, entre ellas, indígenas y afrodescendientes.
«En Montería, Sincelejo y Quibdó se aprovechan de la inocencia de las niñas indígenas desplazadas -dice Cárdenas-. Muchos proxenetas pagan la dote para casarse con ellas, las llevan a otros sitios donde las prostituyen y después las devuelven diciendo que no sirvieron como esposas. Esas niñas son rechazadas por la comunidad. Los indígenas no denuncian porque no conocen nuestras leyes».
Principales hallazgos
Por las condiciones de pobreza los niños acuden al rebusque de comida y dinero o a la venta de productos en plazas de mercado, calles y carnicerías que es aprovechado por proxenetas y pedófilos.
Se encontraron casos de pequeños que a cambio de vender la mercancía con que ayudan al sustento de sus casas, se dejan tocar o tienen relaciones sexuales con adultos.
Taxistas, peluqueros, soldados, turistas, miembros de los grupos ilegales, camioneros y vendedores de plazas son los principales abusadores.
Exceptuando Malagana (Bolívar), en las ciudades analizadas se encontraron niños víctimas de la explotación sexual asociada al desplazamiento.
Pero en esta población son frecuentes los matrimonios serviles: menores son entregadas para las labores domésticas y sexuales a cambio de un pago mensual para sus familias. También se encontraron casos de niños que les compran las onces a sus compañeras para tener sexo con ellas.
En Medellín, Cali y Cúcuta la pornografía infantil es más fuerte. Los pedófilos pueden conseguir, entre los que venden películas piratas, DVD por 3 mil pesos o hacer su propio DVD en un café internet por 30 mil pesos.
La explotación de niños hombres que no tienen clara su sexualidad es constante. Hay pequeños de 10, 11 y 12 años vestidos como mujeres, incluso que han sido inyectados con hormonas.
Fuente: ElTiempo.com
Cuatro de cada cien ancianos en el mundo son víctimas de los malos tratos
Las agresiones hacia las personas mayores son más frecuentes en el seno familiar, lo que hace que estas situaciones no se denuncien El miedo, la agitación y la falta de comunicación pueden alertar de este fenómeno
Entre cuatro y cinco de cada cien personas mayores en el mundo son víctimas de los malos tratos. La violencia procede, en la mayoría de los casos, de personas a las que quieren y en las que confían, por lo que estas situaciones tienden a permanecer solapadas porque no se denuncian. En ocasiones, el maltrato es también institucional, lo que provoca una gran indefensión en la persona que lo padece.
Que el maltrato a las personas mayores sea considerado como un problema social es el objetivo de la guía recientemente editada por la Fundación Viure i Conviure, en colaboración con la Cruz Roja. La publicación pretende prevenir y dotar de las herramientas necesarias para actuar contra los malos tratos en la tercera edad.
La guía, elaborada por dos médicos, una psicóloga, una trabajadora social y un abogado, explica las circunstancias que conducen a este fenómeno y los diferentes tipos de maltrato que existen y entre los que también se incluye la negligencia por no cubrir las necesidades básicas de la persona mayor ya sea intencionadamente o no. Además, define el maltrato físico, el psicológico, el económico y el abuso sexual.
Lo complicado es que los mayores tienen mucho temor a denunciar. Lo que más les cuesta es hablar sobre el abuso financiero, porque, en general, quien les roba es alguien querido y les da vergüenza, lo quieren proteger. Además, los ancianos suelen tener la autoestima muy baja y sienten que es normal que les pase eso.
Los autores de esta guía explican que los abusos se pueden dar en el ámbito doméstico, en el institucional o en el social y destacan la importancia de que las personas mayores sepan que disponen de recursos para protegerse y prevenir estos abusos.
Señales de alarma
Moratones, fracturas, quemaduras, dolor al ser tocado, heridas, desprendimiento de la retina, ausencia de pelo o sangre en el cuero cabelludo, entre otros factores alertan de que el mayor pueda estar sufriendo maltrato físico.
Además, existen una serie de conductas menos evidentes que hacen sospechar, por ejemplo los cambios repentinos de conducta, el miedo inexplicable, la ansiedad, la depresión, la impotencia, la indecisión para hablar abiertamente, ser poco comunicativo, la falta de contacto visual y la agitación permanente. Todos ellos son indicadores del maltrato, que también puede ser psicológico.
Los patrones irregulares de gastos o retiradas de dinero injustificadas, los cambios repentinos en el testamento, la falta de utensilios de higiene personal, la inclusión de nombres adicionales en las cartillas bancarias y la inclusión en cheques y documentos, son algunas de las señales del abuso económico.
Fuente: LaVerdad.es
Documentados, cientos de casos de violaciones en Darfur durante 2004
Cuando los observadores de Amnistía Internacional visitaron Darfur, en 2004, quedaron consternados por el número de víctimas de violación que encontraron. Mujeres y niñas son violadas cuando recogen leña fuera de los campos de refugiados. Muchas han sido objeto de violación tumultuaria frente a su familia cuando los milicianos del Janjaweed queman sus hogares.
Cientos de casos de violación, inclusive de niñas de siete o nueve años de edad, fueron documentados por trabajadores de derechos humanos en el punto más alto de la limpieza étnica en Darfur, en 2004.
Permitir que las víctimas de esos crímenes organizados den a luz equivale, según especialistas, a ser cómplice de genocidio. Porque la conclusión más horrible de la violación como arma de guerra es que puede cambiar la composición étnica de una nación. En el caso de Darfur podría significar la constante arabización de la próxima generación.
En 2005 unos 100 países tomaron una decisión sin precedente al acordar que se incluyera la violación entre los crímenes de lesa humanidad que pueden ser juzgados por la Corte Penal Internacional.
Los estatutos de la corte mencionan «la violación, la esclavitud sexual, la prostitución forzada, el embarazo forzado, la esterilización forzada o cualquier otra forma de violencia sexual de gravedad equivalente» como crímenes de lesa humanidad, cuando se usan como parte de «un ataque extendido y sistemático» contra la población civil.
Este domingo el tribunal acusó al ex ministro sudanés del Interior, Ahmad Harun, y a Ali Kushayb de complicidad en la comisión de crímenes de guerra, entre ellos violación en masa contra la población civil de Darfur.
Según Luis Moreno-Ocampo, fiscal de la CPI, Ali Kushayb -conocido como «coronel de coroneles» en Darfur occidental- victimó a la población civil «mediante la violación en masa y otros delitos sexuales». Se citó una declaración de Harun según la cual, «como los hijos de los fur se habían vuelto rebeldes, todos los fur y sus posesiones fueron parte del botín» del Janjaweed.
En mayo pasado la corte giró órdenes de aprehensión contra esos dos hombres. Sin embargo, aunque se dice que Kushayb está bajo custodia en Sudán, las autoridades de ese país se han negado a entregarlos a él y a Harun para ser juzgados. La laguna legal en el caso de Sudán, que el gobierno ha explotado al máximo al asegurar que su propio proceso judicial está en marcha, es que la CPI sólo puede actuar cuando un estado es renuente o incapaz de juzgar crímenes en sus tribunales nacionales.
En la época actual las naciones africanas tienen el notorio historial de ser las que con mayor frecuencia recurren a la violación como arma, si bien existen casos documentados en estados que van desde Camboya hasta Bosnia.
Se ha visto uso sistemático de la violación en Liberia y Sierra Leona, la República Democrática del Congo y Somalia. Pero la mayor incidencia se reportó en Ruanda, donde según el Banco Mundial y Unifem por lo menos 250 mil mujeres, y tal vez hasta medio millón, fueron sujetas a violación sistemática durante el genocidio de 1994 entre la minoría étnica tutsi.
La CPI también conoce de casos contra otros tres países africanos: la República Democrática del Congo, Uganda y la República Centroafricana. Entre los cargos contra los líderes del Ejército de Resistencia del Señor figuran la esclavitud sexual y la violación de niñas ugandeses. En la República Centroafricana, durante un conflicto entre el gobierno y grupos rebeldes en 2002-2003, el fiscal concluyó en mayo pasado que «la información de la que disponemos ahora sugiere que se cometieron violaciones de civiles en números que no pueden ser pasados por alto por el derecho internacional».
Traducción: Jorge Anaya
Los casos de agresiones de hijos a padres se duplican en dos años
Es lo que más preocupa: las denuncias de maltrato familiar protagonizadas por menores que aún no han cumplido los 14 años. Han pasado de 54 en 2006 a 96 en 2007 en la provincia de Valencia. «Responde a los patrones de violencia que proyecta la sociedad. Tenemos que trabajar sobre ello todos muy seriamente», afirma la fiscal coordinadora de la Fiscalía de Menores de Valencia, Teresa Gisbert. Son casos extremos, pero la progresión ha sido clara: de seis asuntos en 2001, diez en 2002, 22 en 2003, 22 en 2004, 37 en 2005, y 54 en 2006 el pasado año se cerró con casi un centenar.
En otra de las categorías a las que se presta especial atención, el acoso escolar, los datos demuestran que la tesis que mantuvo la Fiscalía en los dos últimos años ante algunos episodios era correcta. «No es lo mismo acoso escolar que agresión entre menores en la escuela», afirma Gisbert. En 2006, hubo 67 asuntos. En 2007, menos, 56.
Otro de los dramas es el de las agresiones sexuales, 43 de ellas de menores de 14 años. Un ejemplo reciente: en un colegio, un alumno, en los lavabos, violó a una alumna. Doce meses de libertad vigilada pide la fiscal.
Las denuncias con menores como protagonistas han ido creciendo. En parte, porque las víctimas conocen que la fiscalía de menores es un agente capaz de abordar esas situaciones. Prueba de ello es que ha elaborado respuestas a hechos inesperados o no exactamente recogidos en la literalidad de leyes y protocolos. Junto a Sanidad y Bienestar Social, por ejemplo, Gisbert ha articulado un protocolo para realizar pruebas a extranjeros que llegan al centro de recepción y sobre los que existen dudas razonables de la edad que dicen tener.
Pero hay más. En episodios de violencia sobre la mujer entre menores, en los que se dictan medidas análogas a la orden de protección y de alejamiento. La pasada semana era juzgado un joven, ahora de 17 años pero con 16 cuando empezó el enfrentamiento, por hacerle la vida imposible a su ex novia, de la misma edad, que tuvo incluso que abandonar el trabajo y a su actual pareja. Otro asunto se ha quedado a medio camino al retirarse la denuncia: una joven de 17 años que vive con su pareja, con la que tiene un hijo, y la madre de él, denunció que él la había arrastrado de los pelos por toda la casa y la había golpeado. Una vez intervino la policía, a la que llamó la propia menor, y la fiscalía empezó su trabajo, ella se personó sola para retirar la denuncia. A los pocos días, lo hizo la suegra, que negó que su hijo fuera un agresor y que cargó sobre la chica una actitud de desprecio que molestó a su hijo pero que ya había desaparecido. En violencia sobre la mujer, la fiscalía de menores de Valencia trabajó en 2007 con 498 casos.
Y hay complejidades extraordinarias, como la investigación que dirigió Gisbert sobre una mafia que usaba a menores rumanos para robar en bares y cajeros. Reconoce que fue capital el trabajo de la brigada de menores de la policía nacional.
Han sido 11.489 los asuntos en 2007 en materia penal, 659 más que en 2006. Diez fiscales, un equipo técnico, una media de 40 casos diarios (hurtos, robos con violencia, agresiones entre menores o de menores a adultos), de entre 30 y 35 exploraciones de víctimas y testigos por día, inspecciones a centros, a casas de acogida, asistencia a juicios, ruedas de reconocimiento (tres el pasado viernes) se ocupan de más de un millar de casos al año, una cifra superior a la de muchos juzgados de adultos. Están, además, pendientes de la programación televisiva, a la red, y participan o proponen medidas extrajudiciales.
«Tenemos un ámbito muy amplio, como coordinadora, responsable además de la organización de los efectivos, doy respuesta, o la canalizo, a comisarías, centros de salud, colegios, asociaciones, educadores… Aquí llegan algunos de los peores casos, no retratan a todos los menores, pero nos alertan y nos obligan a responder eficazmente a esas situaciones. Y es necesaria la implicación de todos», explica Gisbert. «Aquí hacemos incluso de madre/padre», añade.
El pasado viernes, entre reconocimientos, visado de escritos, estadística y planificación de juicios y guardias, un menor, de 17 años, rumano, era conducido detenido a declarar. Desde mayo de 2007 hasta el pasado 7 de febrero, acumulaba 12 detenciones por robos de vehículos y en bares. Estuvo asistido por un abogado de oficio, tuvo intérprete, respondió al interrogatorio de una fiscal, y Gisbert actuó como madre/padre para velar aún más por sus derechos. Se acordó cautelarmente el internamiento en régimen semiabierto. Es un intento de ayudarle. En breve cumplirá 18 años. El siguiente delito le supondrá la cárcel.
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Fuente; La Opinión de Murcia
