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La web de Maco048. Criminología
Las mentes simples casi siempre yerran en sus juicios
Más del 70 por ciento de los niños que están en la guerrilla de Colombia son niños sin oportunidades en la vida
Las condiciones precarias de vida son el principal factor que determina el reclutamiento de niños y por lo menos el 70 por ciento de los niños reclutados no tenían oportunidades para salir adelante.
Así lo revela el informe ‘Prisioneros Combatientes’, de la analista y consultora Natalia Springer sobre el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes en el conflicto armado.
«Básicamente más de la mitad de la muestra reportó no tener ninguna oportunidad de acceso a la tierra, estudio o dinero. La única perspectiva de desarrollo estaba en el trabajo. Un tercio de los entrevistados 34.7 por ciento, manifestó no haber dispuesto de absolutamente ninguna perspectiva para el avance económico o social», dice el informe.
Según la analista el documento visibiliza un crimen que se viene cometiendo sistemática y masivamente y que no es visible para la sociedad.
«Este crimen es invisible por que son niños y son muy pobres, la condición social de los niños que los expulsa hacía el conflicto es la violencia intrafamiliar y el hambre, son niños que lanzamos a ese reglón de lo ilegal, esa fue su estrategia para sobrevivir», aseguró Springer.
«Esos niños que son pobres y sufren de hambre esos niños no tienen políticos interesados en ellos, esos niños no son del interés del Congreso de la República que ahora está exclusivamente dedicado a defenderse, esos niños no votan, no saben ni leer ni escribir, ellos no consumen, no tienen cuentas bancarias, esos niños no existen para el país, no se les cuenta», señaló la analista.
Tambien dice el informe que el 6.5 por ciento de los jóvenes entrevistados reportó que, de no haber ingresado al grupo armado, estaría muerto. Un 16.8 por ciento dijo que estaría peor, lo que confirma que para algunos jóvenes sería una estrategia de guerra.
Sitios de mayor reclutamiento de niños en el país
El informe revela que el departamento de Antioquia es el que registra los más altos niveles de vulnerabilidad, lo departamentos que más han aportado niños para el reclutamiento son Caquetá Putumayo Tolima y Meta.
Factores como el narcotráfico y el desplazamiento siguen siendo determinantes a la hora de facilitar el reclutamiento de los menores.
«Las poblaciones desplazadas eran usualmente una población que servía para la llegada de grupos armados y sacaban niños y niñas para sus propios propósitos, ahora tenemos el efecto contrario, desplazados huyendo para evitar a que se lleven a sus niños al conflicto» señaló springer.
Cada vez se reclutan niños más jóvenes
El documento señala que el promedio de edad de reclutamiento de menores es de 12.9 años, se hallaron niños que aseguraron haber sido reclutados desde los 4 años, sin embargo hay un patrón sistemático de reclutamiento desde los seis años de edad.
Los código de guerra de los grupos armados ilegales en Colombia muestra que sus integrantes no pueden ser menores de edad.
«Los tres rechazan el reclutamiento de menores y los tres establecen unas edades mínimas en el caso del ELN es de 18 años, en el caso del las autodefensas y las Farc dicen 15 años. Sin embargo las Farc nos responden que ellos jamás en su historia han vinculado a alguien menor de 18 años», dijo Springer.
«Lo que hemos encontrado es que el 45 por ciento del ELN está conformado por niños, niñas y adolescentes, en el caso de las Farc es el 42 por ciento, y en el caso de las AUC encontramos que ellos no entregaron a los niños en las desmovilizaciones, los niños que estaban en las AUC no han sido entregados, varios se entregaron lo han hecho en las desmovilizaciones individuales no en las colectivas. 3 o 4 combatientes de las Auc ingresaron siendo menores de edad» agregó Springer.
El informe revela que no existe el reclutamiento voluntario. Ningún niño se ha ido por su voluntad a ningún grupo armado.
Según la investigadora una de las pruebas más importantes es que esos niños no pueden siquiera opinar al interior de las organizaciones armadas.
«No pueden cuestionar , no pueden preguntar, no pueden moverse libremente ni desarrollar su personalidad, no pueden estar en un ambiente que les permita crecer, ni irse de una manera pacífica» puntualizó Springer.
Un sádico sexual peligroso. FARC Colombia
Espantosa y aterradora resulta realidad de las niñas y muchos niños que a la fuerza o ingenuamente caen en manos guerrillas de las Farc. Las niñas se enfrentan a presiones relacionadas con su condición de mujeres, más fuertes y degradantes que en cualquier otro sitio del mundo. Muchos comandantes varones utilizan su poder para mantener vínculos sexuales con muchachas menores de edad, en el momento y en las circunstancias más deprimentes y vejatorias. Son sin derecho a reclamo sometidas a la servidumbre y esclavitud sexual para la tropa de las Farc.
Teniendo en cuenta lo descrito y otras cosas más, el gobierno de Colombia denunció penalmente a uno de los principales líderes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). El Nuevo Herald publicó el domingo un artículo que vincula a comandantes guerrilleros con casos de abuso sexual de niñas campesinas e indígenas. La acción legal fue entablada en la Fiscalía General de la Nación contra Luis Edgar Devia Silva, alias “Raúl Reyes”. La historia, que ha causado indignación internacional contra las FARC, ha sido reproducida en todo el mundo y traducida a varios idiomas. ¿Muchos de esos medios de comunicación preguntaron si eso es lo que el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, llama “proyecto político”?
“Raúl Reyes” ha ordenado desde hace muchos años, periódicamente, secuestrar los menores en los barrios pobres y pueblos alejados para de esa forma tener a su disposición un determinado número de menores para satisfacer sus repugnantes, punibles y vergonzosas apetencias sexuales. “Llevarse un niño de 6 años, llevarse un niño de 8 años o llevarse un niño de 12 años a combatir, es un crimen de guerra y por tal debería ser juzgado por la Corte Penal Internacional”. ¿Qué debe pasar cuando ocurre secuestro, violación carnal y esclavizar una niña o niño para estar disponibles a los comandantes de las Farc para su aberraciones sexuales?”.
Las niñas liberadas de la ignominia y bellaquería de las Farc dijeron “haber sufrido abuso sexual entre los 4 y los 10 años de edad… expresaron haber sido iniciadas en las relaciones sexuales por abuso sexual…” Otras publicaciones entrevistaron sicólogos quienes señalaron que “una niña o un niño a esa edad no tiene capacidad para decidir sobre su sexualidad. Después de sufrir tales humillaciones a su dignidad y a su inocencia, los niños que sobreviven a este horror nunca podrán desarrollarse e interactuar como hombres y mujeres normales”.
La idea es que esta investigación quede como evidencia judicial, para que tribunales nacionales o internacionales la tengan en cuenta para comprobar la existencia de crímenes de lesa humanidad. Que la humanidad entera sepa la clase de monstruos repugnantes y salvajes integran las Farc. Raúl Reyes, no es un “revolucionario” es una sádico sexual peligroso. ¡Creer que, Hugo Chávez, sabe lo que ocurre, pero insiste en defender a las Farc!
Fuente: Realidades colombianas
Los terroristas suicidas no actúan ciegamente
La creencia de que los terroristas suicidas padecen una enfermedad mental o han sufrido un “lavado de cerebro” por parte de las organizaciones a las que pertenecen está socialmente muy extendida, pero no es cierta, señala un investigador británico. David Stevens, especialista en filosofía política de la universidad británica de Nottigham, afirma en un comunicado de dicha universidad que los terroristas suicidas actúan de manera racional a la búsqueda de los “beneficios” que recibirán por formar parte de una red social extremadamente estricta y fanática. Stevens, que trabaja en la School of Politics and International Relations de la universidad de Nottingham, señala asimismo que ni la pobreza ni la juventud de los terroristas justifica actos de violencia como los que provocan, sino que su motivación es fría y calculada y responde al deseo de formar parte de un grupo que alienta a sus miembros a someterse totalmente a los objetivos colectivos. La religión, motor principal En esta motivación radical juega un papel central la religión, dado que existen escasos ejemplos de ataques suicidas motivados por ideologías no religiosas. Formar parte de un grupo con creencias estrictas requiere un compromiso intenso, y engendra en sus componentes la creencia profunda en las experiencias compartidas y el autosacrificio. Los beneficios, en el caso de que haya una motivación religiosa, van desde la justificación divina de los actos hasta las recompensas en la otra vida. Para los terroristas, estos beneficios superan con creces los costes de sus acciones. Por tanto, los terroristas estarían animados por un simple análisis de coste-beneficio en el fondo frío y racional, señala Stevens. La violencia vinculada a la religión se convierte así en una forma de participar activamente en el grupo para alcanzar objetivos muy concretos. Por otro lado, Stevens recuerda que estas actitudes no son propias únicamente de las sectas islámicas. Otros grupos religiosos extremistas también han producido grandes desastres humanos en nuestra historia, como es el caso de la norcoreana secta Moon o Iglesia de la Unificación (famosa por sus actividades delictivas y sus atentados contra la libertad individual) o de la secta de los davidianos.
Leer artículo completo en: Tendencias21
Colombia ocupa preocupante posición en índice de países pacíficos
Parece que la «seguridad democrática» en Colombia no es ni tan segura ni tan democrática. Según el «Índice Global de Paz» compilado por la unidad de inteligencia del «Economist», en comparación con otros 140 países, Colombia ocupa el lugar número 130. Sólo hay otros diez países más peligrosos que Colombia, entre los que figuran Líbano, Corea del Norte, Israel, Somalia e Irak. Lo que es más, el informe del 2007 Colombia ocupaba la posición número 116, o sea que a pesar de lo que dice el gobierno, la situación de seguridad en Colombia no está mejorando, ya que según el informe Colombia no ha subido ni un solo puesto en la escala de paz y teniendo en cuenta que se añadieron 19 países, 14 por encima y 5 por debajo, Colombia permanece en la misma posición relativa.
Para compilar esta lista se tuvieron en cuenta multitud de factores comparativos (24 indicadores), que incluían desde el respeto por los derechos humanos hasta el nivel de cultura política de sus ciudadanos. En respeto de derechos humanos, Colombia obtuvo un cinco aclamado, siendo cinco la peor calificación posible. El país más pacífico de la tierra resultó ser Islandia: Colombia obtuvo 2757 puntos negativos, mientras que Islandia sólo obtuvo 1176. Por ejemplo, en respeto por los Derechos Humanos la puntuación de Islandia fue 1 y en cultura política de sus ciudadanos, su puntuación fue 10 (la mejor puntuación posible), mientras que la de Colombia era tan sólo 4.4 en este campo.
Los EE. UU. no hizo mucho mejor, ocupó el puesto número 97, superado en América Latina, entre otros, por México (93), Brasil (90), Bolivia (78), Cuba (62), Costa Rica (34), Uruguay (21) y Chile (19).
Estado Unidos fue criticado por su invasión ilegal de Irak que ha producido más de un millón de muertos en dicho país y lo que lo convirtió en el país más inseguro del planeta. Además, según el índice, un gran ejército muy bien entrenado y un gran gasto militar no es un índice de seguridad, sino de todo lo contrario, es un síntoma de represión y de violencia potencial. El porcentaje de gasto de Colombia en relación a su Producto Bruto Interno era de 2.29%, más del doble que el de Irak, que sólo era del 1%. Mientras que en Islandia se registraba 1 homicidio por cada 100 mil habitantes, en EE. UU. se registraban 2 y en Colombia 5, curiosamente el mismo número que en Irak, un país invadido y en medio de una guerra civil.
Colombia además se raja en democracia y transparencia, el nivel de corrupción es de 3.8 (un diez indica que no hay corrupción), en falta de libertad de prensa, funcionamiento de gobierno, gastos en educación, desempleo, la lista es interminable.
Todo lo anterior refleja que los medios de comunicación le están vendiendo a Colombia una fantasía, sirviendo tan sólo de portavoces de un gobierno corrupto que en nada ha mejorado la situación de los colombianos y que por el contrario, la ha deteriorado. Mientras que en los EE. UU. sólo el 23% de la población aprueba los resultados desastrosos del gobierno de Bush, en Colombia, el 84% está contento con un presidente que de seguir en el poder convertirá a Colombia en el país más violento de la tierra (esto obviamente refleja el bajo índice de educación y participación política de sus habitantes). Para aquellos que argumentan que la guerra de Uribe contra las FARC le ha traído seguridad a Colombia, la respuesta es obvia, un gobierno corrupto pelea con medios ilegales contra una guerrilla corrupta que pelea contra el gobierno con medios ilegales, el resultado es violencia indiscriminada e irrespeto por los Derechos Humanos. ¡Que entre el diablo y escoja!
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Multan a la bananera de EE.UU. Chiquita Brand con US$ 25 millones por pagos a Auc y Farc de Colombia
La multinacional aceptó la sanción al reconocer que le pagó protección a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), grupo paramilitar tachado de terrorista por Estados Unidos.
El acuerdo pone fin a una larga investigación del Departamento de Justicia sobre las transacciones financieras de la empresa con organizaciones terroristas colombianas.
En documentos presentados este miércoles ante la corte, los fiscales federales dijeron que la compañía y varios de sus directivos, a los que no identificaron, hicieron negocios con los paramilitares.
Las AUC han sido responsables de grandes masacres durante el conflicto civil colombiano y son responsables de una proporción importante de las exportaciones de cocaína del país. El gobierno estadounidense las designó organización terrorista en septiembre de 2001.
Los fiscales afirman que la empresa hizo esos pagos a cambio de protección. La empresa también pagó cifras similares a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), según los fiscales.
Los pagos fueron aprobados por directivos de alta jerarquía de la empresa con sede en Cincinnati (Ohio), dijeron los fiscales en documentos para la corte. Los libros contables fueron alterados para ocultar esas transacciones, según la fiscalía. Los pagos a las Auc comenzaron a partir de una reunión en 1997.
En la región bananera de Colombia se libraron feroces combates entre los guerrilleros izquierdistas y los paramilitares de ultraderecha.
Los detalles de los pagos no fueron incluidos en los documentos para la corte.
La bananera informó el mes pasado que había destinado 25 millones de dólares para resolver la demanda. La empresa indica que la investigación involucra a una antigua subsidiaria de la firma, que buscaba proteger la seguridad de sus empleados.
»La información presentada hoy es parte de un acuerdo que consideramos una solución racional al dilema que enfrentó la compañía hace varios años», dijo el presidente de Chiquita, Fernando Aguirre, en un comunicado. »Los pagos efectuados por la compañía siempre fueron motivados por nuestra preocupación de buena fe por la seguridad de nuestros empleados».
»Alrededor de septiembre de 2000, los directivos principales del acusado Chiquita sabían que la compañía efectuaba pagos a las Auc y que las Auc eran una organización paramilitar violenta», dice el documento presentado ayer.
Los abogados de la firma aclararon que los pagos eran ilegales, indicó la fiscalía.
»Lo importante aquí es que: no se puede efectuar el pago», le aconsejó a la bananera el abogado que había contratado en febrero del 2003, de acuerdo con un extracto de un memorándum incluido en los documentos presentados ante el tribunal.
En abril del 2003, funcionarios de la empresa y sus abogados hablaron con fiscales del Departamento de Justicia, a quienes dijeron que habían efectuado esos pagos. De acuerdo con los documentos presentados ante la corte, los pagos continuaron durante meses.
Otros dos casos pendientes La multinacional estadounidense Drummond también está siendo señalada de tener nexos con ‘paras’ colombianos.
Es más, recientemente fue acusada ante una juez de Alabama (E.U.) por su supuesta responsabilidad en la muerte de tres sindicalistas, asesinados por las Auc. Voceros de la empresa aseguran que la juez de E.U. ya desestimó la demanda. Pero los sindicalistas manifiestan que dio vía libre para llevar el caso a otras instancias.
Y la embotelladora de Coca Cola en Colombia pasa por una situación similar: la acusan de amenazar (a través de ‘paras’) a un grupo de sindicalistas, uno de los cuales fue asesinado. En el 2006, una corte de E.U. falló, en primera instancia, a favor de Coca Cola. Sin embargo, la decisión fue apelada por voceros de su sindicato y está pendiente el fallo en segunda instancia.
Diversas fuentes
Reclutamiento de niños pone a las Farc en la mira de Corte Penal Internacional
El proceso abierto contra un jefe rebelde del Congo por esta práctica es un campanazo de alerta que ojalá entiendan guerrillas como las Farc, afirma su editorial.
El diario aplaudió la decisión de la CPI de poner sus ojos sobre uno de los crímenes más horrendos y que menos atención recibe: el reclutamiento de menores.
Hace algunos días, la CPI anunció el inicio de un proceso contra Thomas Lubanga Dilo, líder de una milicia en el Congo a la que se acusa de masacres étnicas, torturas y violaciones en este país africano.
De acuerdo con cálculos de la Unicef, en el momento más crítico del conflicto, en el 2003, alrededor del 30 por ciento de esta milicia estuvo compuesta por niños que había sido reclutados a la fuerza o a cambio de un plato de comida. Desde entonces, más de 30.000 han sido desmovilizados desde entonces.
Según el Times, unos 250 mil niños son utilizados en conflictos que se extienden por más de 20 países del mundo.
«Muchas cosas buenas pueden salir de este enfoque de la Corte con los niños soldados. La decisión de los tribunales internacionales para Ruanda y Yugoslavia de tratar la violación como uno de los crímenes más serios, ha provocado cambio de actitudes y prácticas a nivel mundial. Ahora el CPI quiere poner su atención en otro horror extendido pero ignorado. Líderes guerrilleros en Colombia, Sri Lanka, Oeste del África, al igual que el gobierno de Myanmar deberían prestar mucha atención», dice el editorial.
De acuerdo con la ONG Human Rights Watch, en Colombia más de 11.000 niños combaten en el conflicto armado, «una de las cifras más altas del mundo». Aproximadamente el 80 por ciento de estos niños, de acuerdo con el grupo, pertenecen a las Farc y el Eln. El resto combate en las filas paramilitares.
Al menos uno de cada cuatro combatientes irregulares de Colombia es menor de 18 años. Varios miles de ellos son menores de 15 años, la edad mínima permitida para el reclutamiento en fuerzas o grupos armados de acuerdo con los Convenios de Ginebra.
En mayo del 2005, el Congreso colombiano ratificó el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de niños en los conflictos armados. Este tratado fija en 18 la edad mínima para la participación directa en las hostilidades, para el reclutamiento obligatorio o para cualquier reclutamiento o uso en hostilidades por parte de grupos armados irregulares.
En noviembre del año pasado el reclutamiento de menores por parte de la guerrilla colombiana fue objeto de discusión en el seno del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
Fuente:
SERGIO GÓMEZ MASERI
CORRESPONSAL DE EL TIEMPO
WASHINGTON
El conflicto es el problema de salud más urgente de los colombianos, según Médicos sin Fronteras
La violencia es el problema de salud pública más urgente que enfrenta Colombia. Tal es la conclusión del informe Vivir con miedo: el ciclo de la violencia en Colombia, publicado el pasado mes de abril por Médicos Sin Fronteras (MSF), organización con asiento en el país desde 1985 y que en la actualidad hace presencia en el territorio colombiano con 49 voluntarios extranjeros y más de 115 nacionales que prestan asistencia a miles de personas afectadas por el conflicto en diversos lugares de la geografía nacional.
El informe que no tiene la pretensión de ser un estudio científico del impacto en la salud del conflicto colombiano, sino más bien resaltar las consecuencias directas de la violencia sobre la población -llamando la atención sobre el costo humano del conflicto- ofrece una visión general de la violencia como problema de salud pública que debe ser objeto de mayor atención y prioridad por parte del gobierno colombiano y de otras entidades involucradas en políticas públicas. Partiendo de la definición de violencia de la Organización Mundial de la Salud (OMS) como “el uso intencional de la fuerza física o el poder, real o por amenaza, contra la persona misma, contra otra persona, o contra un grupo o comunidad que puede resultar en muerte, lesión, daño psicológico, problemas de desarrollo o de privación”, en Colombia constituye un problema de salud pública en concepto del doctor Alberto Concha-Eastman, asesor regional de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), básicamente por los siguientes motivos: 1) La alta mortalidad y morbilidad evitables, que afecta especialmente a mujeres, niñas, niños y jóvenes en mayor vulnerabilidad social. 2) Requiere de alta inversión médica, desviando recursos de otras necesidades de salud. 3) Afecta a la víctima, su familia y al ambiente social, con efectos negativos en lo económico, social y psicológico. 4) Afecta la cotidianidad de la comunidad, el derecho a disfrutar y hacer uso de los bienes públicos. 5) Afecta el desarrollo de las comunidades que la padecen y el del país en general, y 6) Afecta al individuo responsable del acto violento. Según el informe de MSF, la violencia es la principal causa de muerte en Colombia. Señala que en la última década la tasa de homicidios fue aproximadamente de 60 por cada 100.000 habitantes, cifra que contrasta con el promedio mundial de hace apenas 6 años que alcanzaba los 8,8 por cada 100.000 habitantes. El grupo más afectado son los hombres con edades comprendidas entre los 15 y 44 años, rango en el que se registra una tasa de homicidios de 221 por cada 100.000 habitantes. Y no son los únicos. El porcentaje de mujeres víctimas de la violencia también ha aumentado durante los últimos 20 años. La violencia es la principal causa de muerte para las mujeres entre los 15 y los 39 años con una tasa de 17 por cada 100.000, el doble que la segunda causa de muerte: las complicaciones durante el embarazo y el parto. Los niños también se ven afectados por la violencia, llegando ésta a constituirse en la segunda causa de muerte entre las edades de 5 y 14 años. Pese a estas alarmantes cifras, los efectos del conflicto armado en la población civil van más allá de las estadísticas y el diagnóstico médico. En el informe, los testimonios de los colombianos, ya sean pacientes, personal médico o miembros de la comunidad, describen un ciclo de violencia y desplazamiento sin fin: desplazamiento forzoso de zonas rurales a barrios marginales urbanos, y luego el retorno a casa, a las mismas condiciones que forzaron la huída inicialmente. Sin embargo, el aspecto más preocupante del conflicto es la forma en la cual la violencia se ha insertado en el tejido social, y en cada aspecto de la vida cotidiana. El peso de esta carga y sus efectos negativos sobre el bienestar y la calidad de vida de la población, deben ser seriamente considerados.
Fuente: El Pulso (Colombia)
Candidatos presidenciales dicen que fracasó la política antidrogas del gobierno colombiano
Luego de conocer el informe del gobierno de los Estados Unidos sobre el incremento en un 26 por ciento de los cultivos iícitos en Colombia, los candidatos presidenciales coincidieron en calificar como un fracaso la política antinarcóticos del gobierno nacional. Horacio Serpa, candidato presidencial del Partido Liberal aseguró que el país debe hacer una gran reflexión sobre la manera en la que se está atacando el problema del narcotráfico, para hacer los ajustes necesarios en la lucha contra los cultivos ilegales.
«Debe existir una verdadera corresponsabilidad de la comunidad internacional frente al tema del narcotráfico, porque Colombia no puede continuar afrontando de manera solitaria las consecuencias de este flagelo, el consumo y la indiferencia en Estados Unidos y Europa generan más problemas en nuestro país», dijo Serpa.
Para el candidato presidencial del Polo Democrático Carlos Gaviria, es evidente el fracaso de la política de fumigación de cultivos ilícitos que ha implementado el gobierno nacional.
«Colombia tiene que iniciar el debate internacional sobre la legalización de la droga, porque de otra forma no se vislumbra la reducción en el precio internacional de los estupefacientes. No es un asunto fácil, pero debe darse el primer paso», aseguró Gaviria Díaz.
Alvaro Leyva propuso la concertación de un programa conjunto con los grupos armados ilegales para lograr erradicar manualmente los cultivos de coca y de amapola.
«Es fundamental que la erradicación manual cuente con la vigilancia de la oficina de control de estupefacientes de Naciones Unidas para garantizar la seguridad de quienes intervengan en esta labor», concluyó Leyva Durán.
El candidato presidencial del Movimiento Visionario Antanas Mockus aseguró que la situación es muy preocupante, ya que si se mantienen las actuales cifras de cultivos ilícitos, podía fracasar la política de seguridad democrática del presidente Alvaro Uribe.
Enrique Parejo González les solicitó a los gobiernos de Colombia y de Estados Unidos claridad frente al método de monitoreo que se está utilizando para la vigilancia de los cultivos ilícitos.
Fuente: Radio Caracol
Colombia «ocupa el triste primer lugar»
Colombia ocupa el primer lugar en el mundo en accidentes con víctimas por minas antipersonales, con más de mil casos anuales, señalaron organismos internacionales al celebrarse este martes por primera vez el día mundial contra esos artefactos.
Un grupo de entidades encabezadas por el Observatorio de Minas Antipersonales de la Vicepresidencia colombiana indicó que el país, con 1.060 víctimas en el 2005, entre muertos y heridos, «ocupa ahora el triste primer lugar» de casos debidos a esas armas, y que «le siguen Camboya y Afganistán».
Al conmemorarse el Día Internacional para la Sensibilización sobre Minas Terrestres y la Asistencia contra las Minas, la Campaña Colombiana Contra las Minas, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), la Organización Internacional para las Migraciones y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) hicieron un llamado contra dichos artefactos.
La efeméride se celebra por primera vez desde que fue establecida por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Colombia ratificó en el 2001 la Convención de Ottawa, que proscribe las minas, y en desarrollo de ese instrumento adoptó el Plan de Acción contra las Minas.
«La manera más contundente de enfrentar esta constante amenaza que afecta a las poblaciones más pobres y vulnerables, es expresar nuestro rechazo al uso de las minas en concordancia con los postulados de la Convención de Ottawa», afirmaron los organismos. Agregaron que urge multiplicar la información y la conciencia de todos sobre los riesgos que miles de colombianos de todas las edades corren a diario.
«Hoy somos uno, no sólo en Colombia sino en el mundo entero. En cualquier país del planeta donde las minas acechen, gobiernos, sociedad civil, comunidad internacional y organismos multilaterales cierran filas», expresaron.
De acuerdo con estudios oficiales, el primer accidente con una mina en Colombia se registró en 1990 y desde entonces, alrededor de 660 municipios del país, que representan más de la mitad de los existentes, se han visto afectados de una u otra forma por el problema de estas armas no convencionales. Un informe del Monitor Mundial de Minas señala que en Colombia se registran en promedio tres víctimas diarias y desde 1990 hasta la fecha ha habido 4.804, de ellas 1167 muertos y 3637 heridos.
Agrega que aunque existen minas industriales importadas, en el país se utilizan las elaboradas de forma artesanal, que son más difíciles de detectar, el 97 por ciento de los accidentes ocurren en zonas rurales, están afectados 31 de los 32 departamentos y el año pasado resultaron muertos o heridos 1.060 colombianos.
Además, desde 1990 han sido víctimas de las minas 479 niños. El departamento más afectado por dichas armas es Antioquia, con 1766 casos; le sigue Santander, con 657, y Meta, con 632. En el Valle del Cauca se contabilizan 92 incidentes desde 1990. Según los mismos estudios, en Colombia hay entre 70000 y 100000 minas sembradas y cada una puede mantener unos 50 años su capacidad para estallar.
Fuente: emisora de radio RCN (Colombia)
Alivio
Los malos aficionados al boxeo no saben apreciar las victorias por puntos. Sólo quieren el K.O. Ansón que su ídolo aseste al contrincante un demoledor directo a la mandíbula que lo deje tendido en la lona, y mejor todavía si es con algún hueso roto. De otro modo el combate les parece una cosa aguada, sin garra, sin sustancia. Algunas manifestaciones leídas y oídas tras el comunicado de ETA recuerdan esta actitud. Como los encapuchados no han anunciado la entrega de las armas ni la rendición incondicional que todos hubiéramos querido oír de su boca, hay quien sólo ve sombras en el anuncio del «alto el fuego permanente». No creo y “no quiero creer- que nadie en el frente democrático se haya sentido contrariado ante la perspectiva del fin de los crímenes. Con más o menos entusiasmo, supongo que todo el mundo ha recibido la noticia con agrado. O por lo menos con alivio. Es una bonita palabra, esta de alivio. Suena suave y tranquila, como para decirla en voz baja, sin alharacas, sin pegar gritos. Expresa una emoción contenida pero intensa, la de un dolor que descarga una parte de su peso y entonces permite respirar. Joaquín Sabina ha titulado su último disco «Alivio de luto». Es una expresión que usaban nuestras abuelas para referirse a esa fase del duelo en que los recuerdos sombríos empiezan a atemperarse, cuando ya no hace falta vestirse de negro para seguir honrando la memoria del difunto. A Sabina se le había enterrado el alma durante una larga temporada hasta que volvía a componer y a cantar como si se hubiera despojado del luto de esos meses. Pues algo de esto me da la impresión de que nos está ocurriendo. Que nos hemos sentido aliviados. A partir de ahí caben todos los matices desde la esperanza de los más optimistas hasta el recelo de los menos crédulos. El júbilo es tan legítimo como el escepticismo. Pero nadie debería privarnos del derecho al alivio. Del derecho a pensar que estamos ganando esta pelea, aunque eso no signifique que de la noche a la mañana vayamos a bajar la guardia.
José María Romera. Publicado en Diario de Navarra, 25.3.06
Decenas de jueces y cargos han renunciado a la protección privada desde el año pasado
Sólo en escoltas privados para proteger a las personas amenazadas, los Gobiernos central y vasco habrán gastado a finales de este año más de 700 millones de euros, tomando como referencia el año 2000, cuando ETA rompió la tregua. En los dos últimos años, decenas de jueces y cargos públicos socialistas amenazados han prescindido de los servicios de protección. Pese a todo, los responsables de Interior de los Gobiernos central y vasco no revisarán aún los servicios de escoltas. «Vamos a tomarnos nuestro tiempo. Sólo se ha abierto una puerta, y desconocemos lo que hay al otro lado. Y en esto sólo valen los hechos, no los dichos», dice el número dos de la Consejería de Interior, Mikel Legarda.
Ambos Ejecutivos ya se enfrentaron a esta situación con la tregua parcial decretada por ETA para los cargos amenazados en junio de 2005. Tanto Interior como PP y del PSE acordaron mantener la protección. En el caso de los socialistas, comenzó el goteo de renuncias, que ahora se prevé alcance un nuevo pico, según la policía vasca. Para entonces, Interior llevaba más de un año enfrentándose a las numerosas renuncias que llegaban desde el mundo de la judicatura en Euskadi, donde decenas de ellos han prescindido de sus escoltas. Un asunto que incluso se ha discutido con preocupación en el órgano de gobierno de los jueces vascos.
El cese de la violencia obligará a Interior a repensar la seguridad. Pero antes se tomarán un tiempo. Tras un periodo en el que los expertos policiales deberán constatar que ETA da por enterrada cualquier manifestación violenta, ambas administraciones decidirán conjuntamente cuándo, cómo y de qué manera las sombras que han seguido durante tantos años a los amenazados por ETA pueden ir desapareciendo de las calles. «No va a ser inmediato, y deberemos constatar que el cese de la violencia es irreversible e universal», dice el número dos de Interior vasco, Mikel Legarda.
El problema añadido que ya se está percibiendo es que la presión por parte de los cargos, sobre todo socialistas, para que se les retire la escolta no va a parar, salvo que la kale borroka se haga presente con la intensidad de la última tregua. «Eso ya se está viendo y de hecho nuestros protegidos no se comportan igual en Guipúzcoa, donde la presión del terrorismo ha sido siempre mayor, que en Álava», indicaba ayer un ertzaina que realiza tareas de escolta a un cargo socialista. La incidencia a medio plazo en el sector de la seguridad privada será elevada. Muchos de los escoltas tendrán que volverse a «vestir de romano», como llaman en su argot al uniforme de vigilante. El sector sólo en 2003, año del último asesinato de ETA, tuvo un volumen de negocio de 3.000 millones de euros, según su patronal, Aproser.
Si el desembolso total para hacer el museo Guggenheim ascendió a 165 millones de euros, con el dinero que el erario público habrá destinado entre 2000 y 2006 a escoltas privados se hubieran podido construir 4,5 Guggenheims.
ETA no ha causado sólo mucho dolor y sufrimiento a las 817 familias de víctimas de los terroristas desde 1968. Hay un coste crematístico que se ha ido acumulando en los presupuestos públicos y en las cuentas de resultados de muchas empresas. Ya en noviembre de 2002, en pleno debate sobre el plan Ibarretxe, el actual director de la Policía, Víctor García, entonces parlamentario vasco, preguntó al consejero de Interior, Javier Balza, sobre el coste presupuestario de ETA. «Ahora que se habla del coste de la no España, merece la pena reflexionar de lo que de verdad cuesta ETA, no sólo en vidas, sino en dinero de todos».
Al año siguiente, Balza trajo la respuesta bajo el brazo. «El coste de ETA supera los 80 millones de euros», el 53% del presupuesto operativo -que no incluye el gasto de personal y los sueldos de los ertzainas– de esa cartera. Y la partida estrella era la destinada a pagar a las empresas de seguridad privada por los servicios de escolta a los amenazados por ETA, un colectivo que no ha parado de crecer desde que la dirección de ETA ordenara el asesinato en enero de 1995 de Gregorio Ordóñez. Una estrategia de «socialización del sufrimiento», en palabras de los terroristas, que alcanzó su clímax en 2000. Ese año, los terroristas etarras asesinaron a 23 personas, diez de ellos concejales o militantes del PP y del PSOE.
Fue el pistoletazo de salida para el crecimiento de las partidas para escoltas privados. Primero fueron los cargos públicos; luego, jueces y fiscales, tras el asesinato del magistrado José María Lidón, en noviembre de 2001. Periodistas, empresarios, profesores… siguieron ampliando la lista de amenazados con escolta hasta superar los 1.000 sólo en Euskadi. En paralelo, crecía el negocio privado de la seguridad. Interior vasco destinó en su primera partida, en octubre de 2000, 2 millones de euros. En 2004, pese a que los terroristas no mataban desde mayo de 2003, esa partida se había disparado hasta los 74,8 millones. La progresión en las arcas del Ministerio del Interior tampoco ha parado de crecer. En 2005, la partida para ese cometido en el País Vasco y Navarra había superado los 92,3 millones de euros y este año hay presupuestados 94,6 millones.
Fuente: Elpais.es 2006/03/25
