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Criminologí­a

Muchos presos para tan pocos delitos

El extendido tópico de que en España los presos entran por una puerta y salen por otra ni es cierto ni se sustenta en ninguna cifra oficial. Es el país de la UE con la tasa de encarcelamiento más alta y, por el contrario, de los que tienen menor índice de criminalidad: 20 puntos por debajo de la media.

Varias razones explican esta paradoja: la dureza de las penas para los delitos habituales -robo y tráfico de drogas-; el continuo endurecimiento del Código Penal y la incorporación de nuevos delitos; la imposibilidad de redimir condena y la cicatería del Estado para conceder la libertad condicional.

«Las prisiones españolas están llenas de pobres, enfermos y drogadictos. Suman más del 70%. La cárcel se está convirtiendo en el único recurso asistencial y esa no es su función». Mercedes Gallizo, secretaria general de Instituciones Penitenciarias lleva años recordando la función resocializadora que debería tener la cárcel, pero admite que ese principio constitucional está cada día más lejano.

El Código Penal de 1995 originó un aumento de la población penitenciaria que llena a un ritmo acelerado las nuevas cárceles. Hace tres años había 63.800 presos. Ahora son 76.485. La tasa de encarcelamiento se sitúa en España en 166 reclusos por 100.000 habitantes, por delante de Gran Bretaña (153) -que siempre había encabezado la lista- Portugal (104), Francia (96) e Italia (92). Sin embargo, la tasa de criminalidad (infracciones penales por cada mil habitantes), es una de las más bajas de los Quince. La relación del año 2008 la encabeza Suecia (120,4), seguida de Reino Unido (101,6). En España es de 47,6, por delante solo de Grecia (41,2), Portugal (37,2) e Irlanda (25,2).

«Hace ya muchos años que se constata que la tasa de encarcelamiento no guarda relación con la criminalidad, sino con la política penal. Lo que ocurre en España no es que los jueces metan a más gente en la cárcel, sino que pasan mucho tiempo», dice José Luis Díez Ripollés, catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Málaga y director del Instituto Andaluz de Criminología.

El delito principal que han cometido más del 40% de los penados (22.416 reclusos) fue contra el patrimonio y el orden socioeconómico, según los define el Código Penal. En lenguaje más inteligible: robos, tirones y atracos.

Artículo completo en: [Enlace bloqueado por la Tasa española AEDE]

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Sida, crimen y pobreza: Los problemas de …
Apuntes Derecho Penal I. Criminología
Apuntes Derecho Penal II. Criminología

Más del 90% de los reclusos drogodependientes en la cárcel de Villabona (Asturias) presentan trastornos mentales

Más del 90% de los reclusos drogodependientes en la cárcel de Villabona presentan, al menos, un trastorno mental, según datos de un reciente estudio de la Universidad de Oviedo. Con motivo de ese trabajo, una investigadora asturiana conocerá de primera mano los tratamientos de desintoxicación más avanzados en EEUU. El objetivo es adaptar por primera vez una terapia de deshabituación que tenga en cuenta las patologías psíquicas y que pueda aplicarse en el entorno penitenciario.

Más del 75% de los reclusos españoles consumía drogas el mes antes a su ingreso en prisión, según la encuesta de 2006. Pero si los efectos de la droga se entrelazan con una patología psíquica se produce una patología dual. Como explicó Ana González Menéndez, profesora de Psicología e investigadora del Grupo de Conductas Adictivas de la Universidad de Oviedo, el grupo no tiene constancia de que existan estudios acerca de la proporción de personas con patología dual en el entorno penitenciario español.

«Se trata de un dato importante, porque estas personas no responden al estilo terapéutico que se lleva a cabo en los programas de desintoxicación tradicionales. En cuanto a nuestro estudio, hemos obtenido los datos utilizando un instrumento de detección y lo ideal sería un diagnóstico más exhaustivo, pero no hay duda de que este problema es más frecuente de lo que se pensaba», afirmó Ana González en una nota de prensa remitida por la Fundación para el Fomento en Asturias de la Investigación Científica Aplicada y la Tecnología (FICYT).

María José Casares es la investigadora del grupo asturiano que permanecerá tres meses en la Universidad de Pensilvania (EEUU) con ayuda del Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación del Principado (PCTI). En el marco de su tesis doctoral, también financiada por el PCTI, estudiará las posibilidades de llevar a cabo un tratamiento psicológico en el contexto penitenciario.

Para ello, aplicará algunas de las técnicas y terapias más avanzadas en el tratamiento de la drogodependencia que está conociendo en el Treatment Research Center y en el Treatment Research Institute de la Universidad de Pensilvania, y prestará especial atención a la evaluación y diagnóstico del perfil de personalidad de los reclusos o la gravedad de la adicción, entre otras variables.

Fuente: europapress

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Noticias criminología. Cárceles

Apuntes criminología

Justicia (en Andalucía) asistió a más de 1700 víctimas de delitos el año pasado

El Servicio de Asistencia a las Víctimas de delitos de Andalucía (SAVA) atendió en Sevilla el pasado año a 1.776 personas, de las cuales el 87,6% fueron mujeres, según los datos facilitados por la Consejería de Justicia y Administración Pública de la Junta.

Sevilla fue con Málaga y Granada las provincias donde el SAVA prestó un mayor número de asistencias, ya que en estas últimas fueron asistidas 1.879 y 1.828 víctimas, respectivamente. A nivel andaluz, los nueve dispositivos que funcionan en la comunidad autónoma -uno en cada capital de provincia y el noveno en la localidad de Algeciras- atendieron a 11.851 personas y realizaron 119.866 actuaciones en los ámbitos jurídico, psicológico y social.

En cuanto al perfil de las personas que reciben atención por parte de los psicólogos, juristas y trabajadores sociales que integran el SAVA, destaca el hecho de que el 87,6% de los usuarios fueron mujeres. La franja de edad comprendida entre los 30 y 44 años es la que incluye el mayor número de usuarias, que alcanzó el 37,7%. Además, las estadísticas facilitadas por la Junta ponen de manifiesto otro dato relevante: el 47,7% de las víctimas recibieron asistencia tras haber sufrido un delito relacionado con la violencia de género.

Por lo que se refiere a la situación laboral de las víctimas, el porcentaje de personas desempleadas alcanza el 38,9%, lo que supera al 32,5% de los casos, que son personas que se encuentran trabajando. Los agresores son, en el 43% de los casos, la pareja de la víctima.

De acuerdo con los datos extraídos de la memoria anual del SAVA correspondiente a 2008, el perfil del usuario de este servicio es el siguiente: la víctima es una mujer, soltera, que tiene entre 30 y 40 años, un nivel de estudios primarios, está desempleada, y ha sido agredida por su pareja. La memoria refleja además otro dato importante en relación con la persona asistida en el SAVA, por cuanto acude solicitando el asesoramiento profesional tras haber sufrido malos tratos, padece un fenómeno de victimización continuada y presenta denuncia en relación con los delitos de los que ha sido objeto. El SAVA fue creado por la Junta en 1998 como un servicio público, universal y gratuito, que pretende dar una respuesta integral -en la vertiente jurídica, psicológica y social- a los problemas que surgen en toda persona víctima de un delito que solicite voluntariamente ser atendida. La finalidad del servicio es proteger a la víctima, en la medida de lo posible, de su paso por las distintas instrucciones con las que entre en contacto, de forma que la mecánica policial, médica y judicial no suponga un perjuicio adicional al que conlleva el delito en sí mismo.

De otro lado y según las estadísticas de la Consejería de Justicia, en los últimos nueve años han sido asesinadas en Andalucía 121 mujeres, 17 de ellas en Sevilla. El año más conflictivo fue 2004, cuando fueron asesinadas a manos de sus parejas o ex parejas 19 mujeres en Andalucía -cuatro de ellas en Sevilla-. Ese año fue cuando se promulgó la ley orgánica 1/2004, de 28 diciembre, de medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género que, entre otros aspectos, creó los juzgados específicos para luchar contra este tipo de violencia conyugal.

Al año siguiente de la entrada en vigor de la norma se redujo considerablemente el número de víctimas, se pasó a nueve asesinatos en 2005, aunque en 2006 el número de muertes en Andalucía volvió a dispararse hasta los 18 crímenes, de los cuales tres se cometieron en la provincia de Sevilla. Durante 2007 y 2008 el número de asesinatos se situó en ocho y nueve, respectivamente.

En esta estadística destaca especialmente el hecho de que el año pasado hubo tres provincias andaluzas (Sevilla, Jaén y Huelva) en las que no se registró ninguna víctima a causa de la también denominada violencia machista. Esta situación no se registraba desde 2005, cuando no hubo asesinatos de mujeres en otras tres provincias: Cádiz, Huelva y Jaén.

En Andalucía hay actualmente 18 juzgados de Violencia sobre la Mujer -cinco de ellos en Málaga y cuatro en Sevilla, las provincias donde se registra el mayor número de casos-, aunque hay órganos compatibles de Violencia sobre la Mujer en todos los partidos judiciales de la comunidad autónoma.

Fuente: [Enlace bloqueado por la Tasa española AEDE]

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Noticias criminología

Apuntes Victimologia. Licenciatura Criminología. UMU

La OEA debatirá sobre seguridad pública

La Organización de los Estados Americanos realizará este 4 y 5 de agosto una conferencia interamericana sobre seguridad pública en Montevideo, Uruguay, según informó el gobierno uruguayo.

En la conferencia estará presente el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, así como un centenar de expertos en el tema.

También concurrirá el vicepresidente de Uruguay, Rodolfo Nin Novoa, el ministro del Interior, Jorge Bruni, y el ministro de Relaciones Exteriores, Gonzalo Fernández.

En el evento se tratarán temas relevantes tales como “la prevención del delito, la formación del personal policial, la participación ciudadana, y se analizarán los mecanismos de información sobre la situación delictiva en cada país, con la finalidad de realizar comparaciones”, informó un comunicado de la Presidencia de Uruguay.

Los ejes del encuentro serán la formación de policías y de operadores de las políticas de seguridad, áreas en las que la OEA está implementando cursos de capacitación.

Otro eje central será la discusión sobre violencia y criminalidad. En esta discusión participará el Observatorio Nacional sobre Violencia y Criminalidad del Ministerio del Interior de Uruguay.

“Este organismo está participando en un proyecto que se ejecuta con países de Centroamérica y del Norte de América Latina, a los efectos de intercambiar protocolos y criterios metodológicos y técnicos para un monitoreo regional conjunto”, según la Presidencia de Uruguay.

Además, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentará “un informe sobre seguridad ciudadana” y el protocolo para todos los países de la región en esta materia.

“Se discutirá una propuesta de protocolo de legislación en temas de seguridad pública y ciudadana, buscando orientaciones metodológicas para los integrantes del Poder Legislativo”, señaló el boletín de Presidencia.

La información que sea compartida en esta conferencia será utilizada en la II Reunión de Ministros en Materia de Seguridad Pública en las Américas, según el comunicado.

Fuente:  VOANews.com

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Cada vez hay más víctimas de delitos

Apuntes criminología. Universidad de Murcia

La muerte lleva equipaje

Que un cadáver aparezca dentro de una maleta ha dejado de ser un suceso raro, pero si se consultan las hemerotecas de los medios de comunicación y se pide opinión a los expertos en criminología no lo es tanto. En los últimos años se han registrado numerosos homicidios protagonizados por asesinos que usan esta peculiar fórmula delictiva. Casi todos los hallazgos con maletas por medio han estado ligados al crimen organizado y algunos se encuentran en la actualidad sin resolver. La Policía se encuentra con numerosas dificultades en este campo.

Mafia del narcotráfico

Los primeros casos de los que se tiene constancia estaban relacionados. Dos cadáveres fueron localizados en sendas maletas. En 2007 el primero de los cuerpos sin vida fue localizado en Benahavís. Un año más tarde otro fue encontrado en Higuerón (Mijas). Ambos habían sido asesinados por Loreno Raiden A. T., un narco colombiano detenido posteriormente por la Policía.

Minusválido descuartizado

A estos casos se suma el protagonizado, de manera involuntaria, por un chatarrero de Sondalezas, en la provincia de Málaga. El trabajador se encontró con una pierna humana entre la basura. Tras analizarla, los agentes buscaron el resto de los miembros del cuerpo del fallecido y lo encontraron. En una maleta. Los responsables del crimen fueron dos andaluces que habían invitado a la víctima, un minusválido, a ir con ellos a su casa.

Novio asesinado

El último caso del que se tiene conocimiento, además del protagonizado por el cocinero gijonés en París, tuvo lugar en la Comunidad Valenciana. Un hombre y una mujer fueron detenidos por matar al novio de su hija y meterlo en una maleta. La causa fue un conflicto familiar. Los agentes investigaban desde hace tiempo la desaparición.

Investigaciones difíciles

Las investigaciones policiales en este tipo de crímenes conllevan una enorme dificultad. La facilidad para mover la maleta hace que un cuerpo se pueda desplazar largas distancias en muy poco tiempo y sin que se levante ningún tipo de sospechas. Cuanto más se alargue la investigación, más lejos puede estar el asesino y, por tanto, más difícil resulta su detención. Algunos estudios criminológicos establecen que las primeras 48 horas después de que se haya cometido el crimen son vitales en la investigación.

Cada vez que se produce un suceso de estas características la Policía basa sus pesquisas en las últimas 24 horas del fallecido, por lo que en estos casos descubrir el cuerpo cuanto antes es vital. Incluso para el forense, que puede realizar mejor su examen. Los cadáveres en maletas son, por tanto, algo llamativo pero nada extraño.

FUENTE:  [Enlace bloqueado por la Tasa española AEDE]

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La tecnología láser identifica billetes falsificados.

Noticias Criminología

El 78.7% de los presos en Cataluña realizan algún trabajo o estudian

En las prisiones de Cataluña hay 3.725 presos que participan en algún programa de trabajo y otros 4.462 matriculados en cursos de formación para adultos. Suman 8.187 y suponen el 78,7% de la población penitenciaria. Hace tan sólo seis años, los reclusos que estaban en esa situación eran 3.751 y representaban el 51,3% de los presos.

Ésa es una de las muchas cifras que recoge el boletín penitenciario que elabora el Departamento de Justicia de la Generalitat y que ayer presentó la consejera Montserrat Tura. «El objetivo es que la entrada en la cárcel no sea únicamente cumplir la pena, sino también la formación y la reeducación de adultos», dijo. «Estamos muy satisfechos con esa cifra», señaló Albert Batlle, secretario general de Servicios Penitenciarios y Rehabilitación, desde que existen gobiernos de izquierdas en Cataluña.

La crisis económica explica el gran aumento que han experimentando los programas de trabajo en las prisiones, de manera que algunos productos que anteriormente se compraban a talleres ajenos a la cárcel ahora se producen en el interior de los centros penitenciarios, empezando por el pan que consumen los presos. Así se explica que si al acabar el primer semestre de 2008 eran 2.939 los presos que realizaban algún trabajo, en apenas un año hayan aumentado en casi 800 y ya sean 3.725.

Lo mismo ocurre con los alumnos internos inscritos en algún programa de escolarización, que se han incrementado el 10% en un año. Las enseñanzas que se imparten incluyen desde el nivel más básico de formación hasta estudios universitarios o de idiomas.

Fuente: [Enlace bloqueado por la Tasa española AEDE]

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Apuntes derecho Penal.  Licenciatura Criminología. Murcia

El jurado y las pruebas

DOCE hombres o mujeres de Sevilla van a ser elegidos para conformar el jurado que considere culpables o inocentes a los acusados de asesinar a Marta del Castillo. Tras la petición de la Fiscalía de Sevilla para que el caso se sustancie en una causa con jurado popular, difícil resultará que no se produzca de tal guisa. La Audiencia Provincial habrá de afinar en la selección de los miembros del jurado más sometido a la presión mediática que imaginarse pueda en la España de 2009. Porque el veredicto popular ya está decidido: la condena más elevada posible para que se pasen la mayor parte de su vida entre rejas, si es que son capaces de soportar las pendencias penitenciarias. Pero la Justicia se imparte a partir de las pruebas. Y en el juicio, si no hay sorpresas en las investigaciones o en los interrogatorios, se librará un pulso entre las muchas sospechas y las escasas evidencias. 

La desaparición del cadáver (cuya descomposición, en caso de encontrarse, será menos esclarecedora), dificultará mucho la tarea de forenses y criminólogos para identificar la autoría del crimen. Tengan también en cuenta la falta de pruebas concluyentes sobre un asesinato en el domicilio de la calle León XIII, donde se atestigua la presencia de Marta y de los jóvenes con los que se relacionaba, pero el revoltijo no garantiza de modo irrebatible ni el crimen ni quién lo perpetró ni quién lo encubrió. Si los encausados niegan en el juicio lo que han declarado ante la Policía, enrocándose en una defensa numantina, demostrar la culpabilidad será un ejercicio de hilado muy fino. Y de profunda conciencia en cada miembro del jurado cuando los doce deliberen cara a cara. 

A todos nos pide el cuerpo enviarlos a las mazmorras más duras de soportar. Pero no se condena por convicciones sino por argumentos probatorios. Por eso el Estado de Derecho es refractario al linchamiento y se impone en el largo recorrido a las indignaciones aun cuando a corto plazo no sofoque la ira.

Autor: José Luis pavón

Fuente: [Enlace bloqueado por la Tasa española AEDE]

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Derecho Procesal Penal.Licenciatura Criminología

Ley Orgánica 5/1995 del Tribunal del Jurado

Garrote vil para la envenenadora

En la década de los años cuarenta del pasado siglo, recién terminada la Guerra Civil, 500.000 muchachas fueron enviadas por sus familias del campo a la ciudad. Son datos publicados en 1959 por el Consejo Superior de Mujeres de Acción Católica, datos que van a misa.

Medio millón de mujeres, entre los 15 y los 30 años, que no tenían ningún tipo de estudios ni de preparación; en aquellos años, la gran mayoría de mujeres carecía de profesión y no había espacio para ellas en el mercado de trabajo. Medio millón de chicas arrojadas por sus menesterosas familias a la capital con la idea de que ahorraran un dinero para hacerse el ajuar y, en unos años, casarse con algún chico que conocieran en la ciudad.

Una de aquellas muchachas se llamaba Pilar Prades, y cuando a los 12 años abandonó su pueblo de Begis (Castellón) para trasladarse a Valencia poco podía imaginar que su nombre iba a figurar en los anales de la historia de España por la desgraciada condición de ser la última mujer ejecutada en el garrote vil.

Pilar llegó a Valencia siendo analfabeta y dejando atrás una niñez sin muñecas y una desgraciada infancia en la que acarrear cubos de agua y sacos de estiércol eran sus entretenimientos más habituales.

Poco agraciada, introvertida y de gesto adusto, duraba poco en las casas en las que entraba a servir. Su mirada era lo que peor efecto causaba en sus patronos, una mirada seca, dura, que traspasaba. Llegó a cambiar de señora hasta en tres ocasiones el mismo año.

Y así se fue haciendo mujer, sintiendo el rechazo que su persona provocaba, sin recibir jamás un mimo o una palabra cariñosa. Pero, como mandaba la tradición, también comenzó a preparar su ajuar, a bordar sábanas de hilo, toallas, manteles y servilletas aunque no llegaría a tener ocasión de experimentar cómo era el sexo masculino. Pasaba las tardes de los jueves y los domingos sentada en las sillas de El Farol, una sala de baile que frecuentaba con más pena que gloria, sin que nadie la sacara nunca a bailar.

En 1954, cumplidos ya los 26 años, entró a servir en la casa de un matrimonio, Enrique y Adela, que tenían una tocinería en la calle de Sagunto. La actividad y el movimiento de la tienda le gustaban a Pilar, y admiraba el porte y las maneras de su señora, una hermosa y corpulenta mujer que lucía unos delantales almidonados con encajes que tenían prendada a la sirvienta. Para ella, el momento más feliz era cuando le pedían que ayudara a despachar porque la tienda estaba llena.

Doña Adela cayó enferma en una fecha señalada, San José, y a partir de aquel día Pilar tuvo que ocuparse de ayudar a Enrique en el mostrador sin abandonar por ello las tareas de la casa. Es decir, hacía todo el trabajo de la señora sin ser la señora. Y también se ocupaba de cuidarla, le preparaba caldos y tisanas que le hacía beber mientras la llenaba de mimos y la divertía contándole un resumen de lo que había pasado en la tienda.

Vómitos, pérdida de peso, debilidad muscular… El estado de doña Adela era cada día más preocupante, y el médico de cabecera no lograba adivinar la causa de las dolencias. Y un día falleció y el desconsolado esposo se puso un traje negro y la llevó a enterrar al cementerio.

Información completa en: [Enlace bloqueado por la Tasa española AEDE]

Cómo evitar otro Martínez Singul

Cómo puede saberse si un preso va a reincidir? ¿Hasta qué punto se puede prever la conducta de una persona que ya ha delinquido? Criminólogos, psicólogos y expertos en sistemas penitenciarios suelen responder a estas preguntas con una máxima: el riesgo cero no existe. Para minimizarlo, la Generalitat de Catalunya presentó ayer un programa pionero en España de control del riesgo de reincidencia. La nueva herramienta, denominada Riscanvi, permitirá evaluar con mayor exactitud las necesidades de tratamiento de los internos y aumentará en siete puntos del 67 al 75% la fiabilidad de las predicciones de los profesionales.

La consellera de Justícia, Montserrat Tura, destacó que con el nuevo sistema, se evalúa a los internos desde el primer día y se recomiendan tratamientos específicos en programas trimestrales. Estos pretenden ajustarse más a las necesidades de cada reo que los cursos anuales que se impartían hasta ahora cuando se acercaban al final de la condena. Además, este modo de evaluación se aplica a todo tipo de presos y no sólo a aquellos penados por delitos de

El Riscanvi monitoriza a los internos a partir de 53 criterios variables, que van desde la edad del primer delito hasta el número de víctimas. Asimismo, pone especial atención en los factores dinámicos: posibles recaídas en la drogodependencia, cambios en la situación sentimental o familiar y problemas laborales, por citar algunos. Estas variables son especialmente importantes durante el tercer grado, cuando los internos vuelven a estar en libertad.

Trabajo de campo

El Riscanvi está inspirado en el programa que se usa en Gran Bretaña desde los años noventa. Esta versión incluye un trabajo de campo realizado el último año con 900 presos, lo que aporta una base científica a la literatura ya existente sobre el tema. Esta nueva herramienta es pionera en Europa en lo referente a violencia dentro de las prisiones y anticipa posibles intentos de suicidio o de autolesiones. El programa funcionará en los centros catalanes a pleno rendimiento en abril de 2010, una vez se hayan formado unos 700 profesionales.

La utilidad de este sistema será doble. Por una parte, mejorará el tratamiento a los reclusos para rehabilitarles; por otra, afinará más a la hora de valorar su peligrosidad para decidir sobre cuestiones como el régimen abierto o los permisos penitenciarios. Ello podría atenuar el debate que se da fuera de las prisiones ante casos como el de Alejandro Martínez Singul, el tristemente conocido como el segundo violador del Eixample.

Noticia completa en: Público.es

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Bélgica busca prisiones en alquiler

Noticias. La web de Maco048 » Victoria Kent, creadora del «vis a vis»

Sentencia por agresión sexual

Apreciado lector, pellízquese o restriéguese los ojos, pero procure como mejor sepa y pueda permanecer atento porque lo que sigue no es ficción, es real: La Audiencia de Sevilla ha condenado a 45 meses prisión a un hombre que agredió sexualmente a su hija durante nueve años, desde que la niña tenía 3 años hasta que cumplió los 12. La fiscalía había solicitado 20 años de cárcel.

Los magistrados de la sección primera sevillana estiman que los hechos constituyen un delito de abuso sexual, pero no de agresión sexual, porque no ha quedado acreditado el uso de la violencia: «El hecho de decirle, cuando concluía los tocamientos, que si le decía algo a su madre de lo ocurrido mataría a su madre y a ellas, se encuentra en una relación de causalidad con la acción sexual ejecutada, siendo necesario e imprescindible que el empleo de tales medios hayan sido determinantes para la consecución de los fines ilícitos perseguidos«, razonan los magistrados.

Es decir, ¿insinúan que cuando un adulto mete mano a una niña de 4 años no está cometiendo una agresión?… ¿Por qué?, ¿porque la niña no se defiende?…

Además, el razonamiento de los magistrados merece un premio a la inconsistencia jurídica porque, del mismo modo que en este caso la amenaza del agresor es «necesaria e imprescindible« para pepetrar el abuso, atendiendo al mismo planteamiento también es «necesario e imprescindible« que un ladrón fuerce una cerradura, escale un muro o rompa una ventana para acceder a un inmueble para robar… Las circunstancias, sean agravantes o atenuantes, no sólo deben ser tenidas en cuenta para decidir el grado de la pena, sino que también pueden ser tenidas en cuenta a la hora de calificar el delito. ¿Por qué en el caso de la niña sevillana los magistrados prescindieron de las circunstancias para agravar la calificación del delito y también el grado de la pena a imponer?

Los autores de la sentencia deberían ser sometidos a un reciclaje… Salvo que el razonamiento que arguyen sea fruto de una actitud machista o de que son incapaces de entender que una niña de 3, 4 o 5 años no necesita que la golpeen o la aten para ser ¡agredida! por su padre. Esta posible incapacidad sensitiva o de inteligencia sería todavía más inquietante que la posible falta de conocimientos o de voluntad.

No fue un abuso, fue una agresión. La sentencia es una vergüenza.

MÁS detalles en [Enlace bloqueado por la Tasa española AEDE].


Fuente: Im-Pulso

Bajo licencia ColorIuris

Estudiante robó en la cárcel donde estaba preso

William Kimbrel Bradley,  estudiante de 25 años, es posiblemente uno de los ladrones más tontos que ha dado el oficio del crimen

Estaba cumpliendo una condena por robo en la prisión de Kalamazoo (Michigan, EE.UU.) cuando llegó al centro una partida de ordenadores y pensó hacerse con uno de ellos. Tomó la caja y la escondió detrás de unos contenedores de basura, para recogerla posteriormente.

Sin embargo olvidó un pequeño detalle: Que la cárcel tiene cámaras de seguridad, así que a los vigilantes les fue fácil descubrir quién había robado el ordenador desaparecido.

No hubo necesidad de arrestarlo, pues ya estaba preso, pero tuvo un nuevo juicio y el juez dijo que era el crimen más tonto que había juzgado en su vida.

Luego dijo a Kimbrel:

– Tienes que entender esto de robar. Tu vida criminal no está funcionando.

Y el reo respondió:

– No soy el mejor criminal.

Kimbrel, quien está estudiando Química y Psicología en la Universidad del Oeste de Michigan, fue sentenciado a 180 días de prisión y a pagar una indemnización.

Fuente: mlive.com

La criminalidad en Baleares descendió un 5.6% durante el 2008 hasta 73300 infracciones penales

La criminalidad se redujo en Baleares en un 5,6 por ciento, al pasar de un total de 77.723 delitos y faltas en 2007 a las 73.312 infracciones contabilizadas en 2008, según los datos del Ministerio del Interior.

Así lo detalla el departamento dirigido por Alfredo Pérez Rubalcaba en respuesta a la pregunta parlamentaria efectuada por los cuatro diputados del PP por Baleares –María Salom, Juan Carlos Grau, Enrique Fajarnés y María Antonia Mercant–, quienes solicitaros los datos de delincuencia en la comunidad.

Según la información del Ejecutivo, las faltas por hurtos han descendido un 14,7 por ciento mientras que los delitos contra al patrimonio han caído un 5,7 por ciento, siendo estos dos indicadores los que mayor volumen de infracciones penales han generado.

No obstante, se ha detectado un ligero incremento en las faltas de lesiones del 2,3 por ciento en 2008, mientras que los delitos contra la vida, la integridad y libertad de las personas han aumentado un seis por ciento hasta los 5.293 infracciones penales de esta clase durante el año pasado.

Respecto a otras faltas o delitos –como el caso de daños, amenazas, coacciones o los dirigidos contra el orden público y intereses generales, entre otros– se ha experimentado un crecimiento del 5,5 por ciento del año pasado.

Fuente: EuropaPress

Se duplican las incautaciones de drogas en las cárceles españolas en los últimos años

En el pasado año se produjeron en las cárceles españoles un total de 3.983 incautaciones de droga, sobre todo de hachís y de pastillas, casi el doble de las incautaciones realizadas en el 2004, cuando se realizaron un total de 1.953, según afirmó la secretaria general de Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo, durante su comparecencia en la Comisión Mixta para el Estudio del Problema de las Drogas del Senado.

Según la propia responsable del Ejecutivo en materia penitenciaria, esto se debe al notable esfuerzo que se está haciendo desde las cárceles para evitar que se consuman sustancias en su interior, aunque para el PP sólo tiene una explicación: «o se consume más o antes se era demasiado permisivo», aseveró el ‘popular’ Ángel Pintado.

Más de la mitad de los 76.000 reclusos que hay actualmente en las cárceles españolas son drogodependientes y presentan adicción a una o más sustancias adictivas, un hábito que procede de su etapa previa al encarcelamiento, ya que el 79,9 por ciento reconocen haber consumido alguna sustancia tóxica –incluido alcohol– en el mes previo a la entrada en prisión.

Por ello, y en el marco de una comparecencia que contó con un buen clima de comprensión por parte de todos los grupos, Gallizo insistió en la necesidad de seguir reforzando las actuaciones que eviten que este consumo persista en el interior de las cárceles así como que trafique con drogas, para lo que se debe «reforzar el control de las visitas de los familiares y de los propios internos cuando vuelven de un permiso».

De hecho, la mayoría de incidentes relacionados con tráfico o consumo de drogas se producen al día siguiente de la vuelta de permiso de uno de los reclusos.

En ese sentido, se han intensificado los cacheos y los registros extraordinarios y en 2008 se produjeron un total de 6.377, además de 143 intercepciones de lanzamientos desde el exterior, sobre todo en el caso de los centros que se encuentran en un enclave más urbano.

Del mismo modo, también se debe mejorar la detección del tráfico de drogas que pueden realizar algunos funcionarios de prisiones ya que, como reconoció Gallizo, «aunque estos profesionales suelen estar muy comprometidos, hay quienes utilizan su posición en el centro para entrar en redes de corrupción pese al daño que hacen a sus compañeros y la institución».

LA MITAD PARTICIPAN EN PROGRAMAS DE DESINTOXICACIÓN

Junto a estas actuaciones preventivas y de control, la secretaria general de Instituciones Penitenciarias explicó que la mitad de los reclusos drogodependientes suelen participar en algún programa de deshabituación o desintoxicación de drogas, como demuestra que en 2008 participaron un total de 25.866 presos.

Además, un total de 7.400 (11 por ciento) reciben tratamiento con metadona de forma diaria, mientras que al último programa de módulos terapéuticos puesto en marcha recientemente ha conseguido que en el último año se adscribieran a él más de 1.800 internos.

Todavía no está implantado en todas las cárceles españoles y de momento funciona en un total de 27 centros –el pionero fue el centro de Villabona, en Asturias–, pero ya ha demostrado que consigue modificar hábitos de vida y valores, normaliza el ambiente en las cárceles y prepara a los reclusos para su reinserción en la sociedad. Sin embargo, como puntualizó Gallizo, «su verdadera eficacia no se verá hasta que el individuo no sale a la calle».

Por otro lado, en el transcurso de esta comisión los grupos aprobaron por unanimidad aprobaron una moción por la que se insta al Gobierno a reforzar los programas de prevención de drogas destinados a las zonas rurales y a los municipios con una población inferior a 30.000 habitantes.

Para ello, se recomiendan campañas de información y sensibilización sobre los riesgos nocivos del consumo de drogas en estas zonas, insistiendo en el consumo de alcohol y cannabis, en cooperación con las actuaciones que llevan a cabo comunidades autónomas y entidades locales, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) entre los jóvenes y adolescentes.

Del mismo modo, en otra moción se pidió al Gobierno que se incrementen las actuaciones en materia de prevención del consumo de cocaína, tanto en el ámbito escolar como en laboral, incidiendo en las consecuencias negativas del mismo.

Fuente:  adn.es

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Ahora es posible detectar drogas y explosivos en huellas dactilares

Apuntes asignatura Prevención y tratamiento de la delincuencia

AI: «En Gaza hubo crímenes de guerra»

Amnistía Internacional (AI) publicó este jueves un demoledor informe sobre la ofensiva militar israelí en Gaza a principios de año, en el que acusa tanto al Estado hebreo como al movimiento islamista palestino Hamás de haber «violado leyes humanitarias internacionales» al atacar a civiles.

Así lo confirma a swissinfo.ch, Reto Rufer, responsable de la sección suiza de AI en Israel y los territorios ocupados.

«Hamás y los grupos armados palestinos dispararon cientos de cohetes de manera indiscriminada contra territorio israelí. Mientras que el ejército de Israel mató a centenares de civiles, no solamente con armas de gran precisión como misiles aire-tierra y bombas guiadas, sino también con artillería. Además usaron obuses con fósforo blanco sobre zonas con gran densidad de población», explica Rufer.

El informe de 117 páginas ‘Operación Plomo endurecido: 22 días de muertes y destrucción en Gaza’, difundido por la organización defensora de los derechos humanos, es una verdadera acta de acusación contra Israel y su ejército, que confirma el balance de 1.400 palestinos muertos, establecido por los servicios de seguridad palestinos.

Una delegación de AI se desplazó a Gaza por la frontera con Egipto durante los meses de enero y febrero. Allí se entrevistaron con cientos de heridos, supervivientes, afectados y familiares de la población palestina. Después compararon los resultados con estadísticas publicadas por otras fuentes.

Misión Internacional

La ofensiva dejó además unos 5.000 heridos y devastó amplios sectores de la Franja de Gaza, con más de 2.700 edificios destruidos, afirma AI, que pidió a la comunidad internacional «apoyar sin reservas» la misión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU encargada de investigar la operación y de buscar pruebas.

«Una investigación que se espera que pueda estar acabada en septiembre y que es clave para poder llevar a los culpables ante la Justicia y someterlos al derecho internacional», indica Reto Rufer.

El representante de AI en Suiza también denunció «la continua negativa de Israel a cooperar con la misión internacional e independiente de investigación de la ONU. Israel rechaza la colaboración con la misión y no deja entrar en la franja de Gaza ni a trabajadores de organizaciones de derechos humanos ni a periodistas independientes».

Muertes de civiles

La organización acusa al ‘Tsahal’ (ejército israelí) de no haber «diferenciado entre blancos civiles y militares» en una situación en que no podía ignorar la presencia de civiles en los sectores bombardeados. El resultado de ello fue «la muerte de cientos de civiles desarmados, entre ellos 300 niños, 115 mujeres y 85 hombres mayores de 50 años».

AI también culpa a Hamás y a los grupos armados palestinos de haber disparado multitud de cohetes contra territorio israelí, que causaron tres muertos civiles y provocaron el éxodo del sur de Israel de cientos de miles de habitantes.

«Conforme al derecho»

«El tono general del informe demuestra que la organización sucumbió a las manipulaciones de Hamás, una organización terrorista», sostiene el portavoz del ejército israelí en un comunicado.

En respuesta a un informe preliminar publicado en febrero, el Ministerio de Exteriores israelí aseguró que Israel no había atacado de manera deliberada a blancos civiles y que «todas las armas utilizadas eran conformes al derecho internacional y al uso que les dan los ejércitos occidentales».

Amnistía rechaza esos argumentos, y subraya que hasta ahora, las autoridades israelíes «se abstuvieron de llevar a cabo una investigación independiente e imparcial sobre la actitud de sus fuerzas».

Respecto a Hamás, AI estima que «este grupo tampoco realizó nunca ninguna investigación sobre los disparos de cohetes, y además persiste en justificar estas acciones ilegales».

En Gaza, el portavoz del Hamas, Sami Abu Zuhri, desmintió las conclusiones de este informe, afirmando que el mismo no era «ni equitativo, ni equilibrado».

Rufer concluye que ante las quejas de ambas partes respecto al informe, la gente tiene que analizar la credibilidad de las distintas posiciones.

Fuente: Iván Turmo, swissinfo.ch

Permios Darwin: sentencia de muerte cumplida

No cabe duda de que a veces el destino nos persigue, no importa lo que hagamos.

Michael Anderson Godwin era un asesino que estaba destinado a morir electrocutado en la silla eléctrica. Sin embargo, sus abogados consiguieron que la pena le fuera conmutada por cadena perpetua.

Un día, el reo estaba sentado en el baño de metal de su celda tratando de arreglar el televisor, que aún estaba conectado a la corriente eléctrica y mordió uno de los cables, electrocutándose a sí mismo y cumpliendo, sin querer, la sentencia original.

Premio Darwin: Concedido

Fuente: Tecnoculto

Bajo licencia Creative Commons

Crecen un 15% los casos de maltrato de menores a sus padres

Los delitos y faltas cometidos por menores en el ámbito familiar, esto es la comisión de lesiones o menoscabo psíquico a cualquiera de las personas con las que conviven -normalmente los progenitores- se incrementaron un 15,3 por ciento en el último ejercicio.

Así lo puso ayer de manifiesto la fiscal delegada de Menores de Córdoba, Carmen Rubio, durante la presentación de la memoria anual de la materia. En este sentido, destacó que el pasado año se abrieron 75 expedientes por esta causa y se incoaron 190 diligencias previas.
En estos casos, «es necesario dar una respuesta rápida, ágil y contundente», apuntó, siendo la medida de convivencia con grupo educativo -con lo que se saca al menor del ámbito familiar- la mejor forma de frenar este tipo de comportamientos, si bien Rubio puso el acento en la «insuficiencia» de plazas para la ejecución de este recurso, sobre todo, para chicas.
También experimentaron un repunte significativo los delitos y faltas en los que intervienen las nuevas tecnologías: uso de grabadoras o difusión a través de Internet, entre otras.
En general, los delitos y falta cometidos por menores también aumentaron un 15 por ciento, pasando de 730 en 2007 a los 845 del último ejercicio.
Se han abierto 2.868 diligencias preliminares, 845 expedientes de reforma, 99 auxilios de fiscales y 376 controles de ejecución.
Respecto a las 2.868 diligencias preliminares, Rubio resaltó que el 27,6% llegan a ser expedientes de reforma, el 30,45 se acumula a otras existentes y el 36,01 por ciento quedó archivada.
Del total de las 2.868 diligencias preliminares abiertas el pasado año, 846 fueron por delitos contra el patrimonio, 1.023 contra las personas; 52 contra la libertad sexual; 95 por conducir sin permiso, mientras que las 852 restantes no están especificadas.
Fuente: [Enlace bloqueado por la Tasa española AEDE]

La fiscalía ‘ficha’ a criminólogos para analizar las normas de tráfico

Vargas anunció la creación de un grupo de trabajo con fiscales de seguridad vial y criminólogos con el fin de «estudiar científicamente» la eficacia de las normas de tráfico y las razones que llevan a incumplirlas.

Así lo explicó Vargas en una rueda de prensa con motivo de su asistencia al VI Congreso Nacional de Criminología que se celebra en Santiago hasta mañana sobre el tema ‘Criminalidad y riesgo: predicción y prevención’.

«Desde ahora presto apoyo a la incipiente criminología del tráfico», dijo y añadió que con este grupo de trabajo se busca estudiar científicamente la eficacia de las normas, cómo perciben los conductores las normas; explicar y averiguar las razones últimas de la lesión de las normas y de los accidentes; el porqué una persona coge un vehículo embriagado y se vuelve violento en la vía; y conduce a 200 kilómetros por hora.

Vargas se comprometió así al «impulso de la criminología del tráfico» con el fin de «estudiar a la víctima». «No nos podemos conformar con un mero parte de lesiones unido al accidente», afirmó y abogó por conocer «qué pasa con la víctima antes del suceso, recién sucedido y después».

Dictamen pericial criminológico

En este sentido, apostó porque en ese impulso a la criminología del tráfico, como se pone en práctica en otros países, se cuente en determinados delitos «con un dictamen pericial criminológico».

«Suavizaría la relación víctima-testigo cuando se enfrenta en un juicio oral y jugará papel de comprensión en los motivos de la víctima», explicó el fiscal coordinador de Seguridad Vial.

Además, aseguró que este dictamen «puede ayudar a que el juez dé con la medida adecuada, detecte la peligrosidad real del conductor y tome las medidas oportunas, sobre todo con los multireincidentes», sostuvo.

«Aspiro a que los fiscales de seguridad vial lo impulsemos, lo instemos aquí, ya en este momento», dijo y añadió que primero «hay que pasar por un grupo previo de estudio». «La delincuencia del tráfico ocupa ya la mitad del total de la delincuencia española», subrayó.

Con esta iniciativa, según recalcó Vargas, pretenden «una mejora de las estadísticas judiciales de tráfico». «Queremos con estos conocimientos ver que contengan datos criminológicos, para que los jueces tengan más instrumentos para acertar y el legislador acierte también cuando toma las decisiones sobre seguridad vial», comentó.

Relación con el vehículo

Asimismo, lamentó que «nadie equipare un hurto con un delito grave de tráfico» y abogó por hacerlo y se considere «delincuencia común». «Para eso queda mucho por hacer», reconoció.

También dijo que es «importante» realizar un estudio de la relación del ser humano con el vehículo, si es «de poder o simbólico, una reafirmación del estatus y qué mundo proyecta en él». Dijo que «será muy útil para las respuestas judiciales», así como un estudio del mercado en relación a «cómo y por qué se motiva» al conductor.

Con todo, manifestó que la criminología «tiene una función de prevención» y diseña estrategias para evitar que se produzca el delito. «Puede ayudar a mejorar las respuestas», sentenció y valoró el «esfuerzo» realizado en Galicia por fiscales y Administración, de los que dijo que están «muy comprometidos en la aplicación de la ley y en prevención».

Fuente:  Xornal.com

Los criminólogos no creen en la pena de muerte

Un 88% de los criminólogos de Estados Unidos rechaza la pena de muerte porque no creen que su aplicación sirva para reducir el número de asesinatos, asegura un estudio divulgado por la revista Journal of Criminal Law and Criminology.

La investigación se da a conocer en unos momentos en que varios de los 35 Estados donde todavía se aplica la pena de muerte estudian la posibilidad de derogarla.

Según Michael Radelet, del Departamento de Sociología de la Universidad de Colorado y autor del estudio, casi todos los criminólogos de EE.UU. creen que la derogación de la pena de muerte no incidiría en el nivel de criminalidad, ya sea a favor o en contra.

Sin embargo, ha admitido que existe una creciente tendencia hacia su abolición tanto por la percepción actual sobre el castigo como por el coste de las ejecuciones, la posible injusticia en su aplicación y el hecho de que no es consuelo para los familiares de las víctimas. El alto coste se deriva de la complejidad de proceso, que alarga los trámites durante años.

Grupos de defensa de los derechos humanos consideran que el castigo es una barbarie y realizan manifestaciones de protesta frente a los penales donde se aplica la pena de muerte, especialmente en Texas, un Estado que ha ejecutado a más de una tercera parte de todos los condenados en el país.

A ese ambiente de protesta contribuyen las denuncias de que se aplica de forma racista en mayor medida a criminales negros o hispanos a quienes no se les presta ayuda legal competente especialmente en los Estados del Sur.

Justificaciones del castigo

El restablecimiento de la pena de muerte en el país ocurrió en un momento en que más del 80% de la población era partidaria del castigo, porque se creía que reduciría los homicidios.

«La base del apoyo era la disuasión. Se pensaba que mientras existiera la pena de muerte habría quienes no se atreverían a cometer un crimen», ha señalado Radelet en una entrevista telefónica con EFE. «Ahora, la idea es retribución, que el condenado sufra tanto como sus víctimas», ha agregado.

Según el sociólogo, el creciente ambiente contrario a la pena de muerte se ve alimentado por el hecho de que en este país más de un 40% de los asesinatos no se resuelven nunca.

«El dinero que se gasta en la aplicación de la pena de muerte tendría que asignarse a la búsqueda y castigo de los criminales», ha indicado. Para ellos debería aplicarse la condena a cadena perpetua sin posibilidad de recibir la libertad bajo palabra, una condena que se aplica cada vez más en el país.

Aun cuando la mayoría de los estadounidenses (alrededor de un 60%) continúa respaldando la aplicación de la pena de muerte, es «inevitable» que se derogue. «No será en los próximos años, pero sí en las próximas décadas», ha pronosticado.

El pasado mes de marzo, el gobernador del estado de Nuevo México, Bill Richardson, prohibió las ejecuciones porque, según dijo, no quería vivir con la duda de que el castigo pudiera recaer sobre un inocente.

Hace sólo una semana, el Fiscal General de California, John Van de Kamp, planteó la derogación de la pena de muerte, porque, con ello, el Estado ahorraría mil millones de dólares en cinco años a un Estado al borde de la bancarrota.

El castigo fue restablecido por el Tribunal Supremo en 1976 y, desde entonces, han sido ejecutados 1.168 asesinos, según cifras del Centro de Información sobre la Pena de Muerte

Fuente: rtve.es

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Origen del rechazo a la pena de muerte

El gran dilema: Pena de muerte o prisión perpetua o penas máximas
La sangre acusadora y otros mitos criminológicos

Narcotráfico en México, cuando mata «La Familia»

Aquella tarde de finales de enero, el hijo de La Tuta no tuvo suerte con los gallos de pelea. En medio de un palenque abarrotado, el muchacho perdía una y otra vez hasta que se quedó sin un peso. Excitado, decidió ir a por más. Alguien camuflado entre el público hizo una llamada perdida y los agentes federales lo esperaron a la salida. En su camioneta no hallaron armas ni drogas, pero sí un papel, una lista con nombres de políticos, jueces, fiscales, policías… Y, junto a cada nombre, una cantidad.

Ya han pasado casi seis meses desde aquella detención. Es miércoles 10 de junio y anochece sobre la ciudad de México. En la pared del despacho de un jefe de investigadores de la Policía Federal hay un mural con textos, gráficos y una fotografía en la que aparecen las cabezas cortadas de cinco hombres jóvenes esparcidas por una pista de baile. Junto a los rastros de sangre, un cartel que avisa: «La Familia no mata por dinero, no mata mujeres, no mata inocentes, muere quien debe morir, sépalo toda la gente. Esto es: Justicia Divina». En la mesa del agente federal está la lista de políticos, jueces y policías corruptos incautada al hijo del narcotraficante apodado La Tuta. También hay un libro, encuadernado a modo de breviario, en cuyas pastas se puede leer: «El más Loco. Pensamientos. 5ª Edición. Michoacán. México. 2008».

Esos tres elementos -la violencia extrema, la corrupción de las autoridades y una increíble presencia mística- configuran el poder de La Familia. Un poder que asusta porque, a diferencia del resto de los carteles, su objetivo va más allá del tráfico de drogas hacia Estados Unidos. Quieren más. Lo quieren todo…

-Sí -admite un alto mando antidrogas-, desde luego no se trata de un cartel más dedicado al narcotráfico. La Familia aspira a sustituir al Estado.

Y basta una visita rápida a la ciudad de Morelia -la capital de Michoacán- para percatarse de que lo está consiguiendo. Las administraciones locales apenas pueden recaudar impuestos, pero, en cambio, ya son muy pocas las gasolineras, las tiendas de comestibles, los productores de aguacate y hasta los organizadores de conciertos que no pagan religiosamente su diezmo para que la mafia los proteja. No hace falta decir que los sicarios de La Familia controlan directamente los prostíbulos, las máquinas tragaperras, la piratería, la venta de armas y, por supuesto, el tráfico de drogas. Según los datos de la policía, el cartel opera en 87 de los 113 municipios de Michoacán -la cuna del presidente Felipe Calderón- y sus tentáculos hace tiempo que dejaron de ser locales. La DEA -la policía antinarcóticos norteamericana- ha detectado ramificaciones de La Familia en 16 de sus Estados. La organización utiliza para ello a los emigrantes. Y tiene dónde escoger: Michoacán es el segundo Estado mexicano que más mano de obra exporta a Estados Unidos. Hay pueblos donde ya sólo quedan los ancianos. Pero también ellos tienen su parte en el negocio. La Familia los utiliza como rehenes: «Dile a tu hijo que te estamos protegiendo, pero que si él no colabora con nosotros, tú lo vas a pasar mal».

Artículo completo en: [Enlace bloqueado por la Tasa española AEDE]

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Enlaces relacionados:
El horror de las cárceles mexicanas

¿Las pirámides son ‘buenas’?

Sida, crimen y pobreza: Los problemas de África son los problemas de Sudáfrica

Sudáfrica es el país más desarrollado de África, y por eso fue elegida para albergar el primer Mundial de fútbol en el continente. Sin embargo, sus problemas no dejan de ser los mismos que los de la región en la que se integra, la más pobre del mundo.

El torneo internacional, que tiene su preludio en la Copa Confederaciones de 2009, es el momento más importante para Sudáfrica desde el final del «apartheid», una oportunidad para una «segunda transición», según aseguró el jefe del comité organizador, Danny Jordaan.

Pero el fútbol no hará desaparecer problemas como el sida, la pobreza y la criminalidad, quizá los desafíos más inmediatos a los que se enfrenta el recién elegido presidente de Sudáfrica, Jacob Zuma.

«No descansaremos», dijo el mandatario en su discurso de investidura, «mientras haya sudafricanos que mueran por enfermedades que se puedan prevenir».

El sida tiene en el África subsahariana su presa predilecta. El 60 por ciento de los enfermos de todo el mundo están en el continente, y Sudáfrica no es una excepción en esas estadísticas macabras.

Cinco y medio de los 47 millones de habitantes del país son seropositivos: más del diez por ciento de la población. Cientos de miles de personas mueren anualmente por la enfermedad.

La pobreza de los «townships», los barrios negros pobres, no ayuda en el combate contra la pandemia. Pese a su palpable mejora en calidad de vida desde la llegada de la democracia, la mayoría de la población de color sigue lejos de los niveles de renta de los blancos.

El desempleo, oficialmente en el 24 por ciento, es mucho más elevado en los suburbios negros de las grandes ciudades, donde el agua potable y la electricidad todavía no llegan a todos los hogares. Pese a que el país tiene el mayor PIB del continente, alrededor del 40 por ciento de la población vive aún bajo el umbral de pobreza.

La falta de expectativas condujo hace un año al estallido de un brote de xenofobia que terminó con la muerte de decenas de extranjeros, residentes en barrios deprimidos, a manos de sudafricanos.

La criminalidad es otra de las grandes preocupaciones en Sudáfrica, donde más de 50 personas al día mueren asesinadas, en su mayoría durante robos.

Según el jefe de la policía sudafricana, Andre Pruis, el «80 por ciento de los asesinatos que se cometen en el país son entre personas que se conocen, y muchos se dan entre el viernes y el domingo, por lo que alcohol también influye». La lucha contra el crimen, añadió el agente, «no es una cuestión de poner un millón de policías en las calles, sino de mejorar las condiciones sociales».

En cualquier caso, Sudáfrica aumentó en 55.000 agentes sus fuerzas de seguridad para llegar hasta los 190.000 en 2009. Y a eso se añadirán otros 100.000 reservistas para el Mundial.

Más de 640 millones de rand (unos 64 millones de dólares) se gastará el gobierno sudafricano en la implementación de su plan de seguridad para el evento. Un evento que tiene mucho más que un significado deportivo para el país.

«Yo viví bajo el apartheid», aseguró Jordaan, jefe del comité organizador. «Y nosotros mismos debemos comprender que uno no está condenado por sus condiciones de nacimiento. Por eso es tan importante que este Mundial sea el mejor de la historia. Para hacer de África un lugar mejor».

Fuente:  NuestroPaís

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Enlace relacionado:

El millonario negocio de las mafias

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