Durante el año 2009 se han sucedido las denuncias a los centros de internamiento de menores, algo que plantea varias cuestiones sobre el tratamiento que otorga la sociedad española a uno de los grupos sociales más vulnerables. Si en febrero de este año fue el Defensor del Pueblo quien realizó un informe en el que se sacaban a la luz los abusos que sufren los menores en muchos de estos centros, en diciembre ha sido Amnistía Internacional (AI) la que ha confirmado esas torturas del siglo XXI. En el centro del debate la cuestión de la privatización de la protección social de los menores.
Las leyes que desde comienzos de esta década regulan las diferentes intervenciones respecto a los menores desprotegidos o a los menores infractores dejan en manos de las empresas privadas -léase ONGs- la gestión de la mayoría de los centros (provisión de los recursos materiales, gestión de los recursos humanos y responsabilidad de la vida de los menores mientras están por algún motivo bajo su tutela). La adjudicación de estos centros se lleva a cabo a través de subastas al mejor postor, en muchos casos, al que menos cobra por la prestación de servicio. Las direcciones de estas empresas de gestión de lo social se encuentran ante la compleja tarea de tener que garantizar la seguridad para que los menores no se escapen del centro, al tiempo que tratan de inculcar un buen comportamiento en el interior del mismo. Además procuran que la labor educativa que se les encomienda pueda ser presentada (representada) en las mejores condiciones a las instituciones que les procuran las subvenciones.
De esta forma, podemos encontrar que las diferentes empresas que dirigen estos centros desarrollan “métodos” terapéuticos, de reinserción, de intervención social, educativa, o como quiera llamárseles, que inciden siempre en un mismo objetivo: controlar la conducta de los menores mientras residen en los centros.
En cualquiera de estos centros podemos encontrar un grueso de jóvenes que provienen de los mismos barrios deprimidos, de familias con bajos recursos sociales, económicos y culturales. Estos menores internados son calificados como conflictivos sociales, o por otra parte, como menores infractores porque están cumpliendo alguna medida judicial por haber cometido algún delito. Por otro lado, hay en estos centros algunos menores de familias de las clases medias que en su mayoría han cometido algún delito grave o muy grave. Los menores de estas familias llamadas eufemísticamente “normalizadas” -los cuales han cometido alguna infracción no muy grave- son etiquetados como “no conflictivos”, lo que les exime de entrar en estos centros, beneficiándose de otras medidas centradas en su hogar.
Para llevar a buen término las misiones que les encargan a estos centros, lo primero es hacer creer a los menores, a los padres, a los educadores, y a la sociedad, que los problemas son de los menores, que son problemas de comportamiento, y nunca reconocer las causas sociales de esos problemas, porque sino, estos centros y esos métodos no tendrían razón de ser. Esta psicologización de los problemas sociales, es decir, la adjudicación de características psicológicas a los problemas de los menores, no hace sino crear estructuras que yerran en su intento de solución individual de los problemas sociales.
Autores: Miguel Ángel Alzamora y Andrés Pedreño
Artículo completo en: Foro Ciudadano
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Enlaces de interés:
– Ocho de cada diez casos de maltrato infantil en España no se detectan
– En México el crimen organizado recluta a niños para explotación sexual y laboral
– Terroristas de Colombia han de devolver 13000 niños que están en sus filas
– Historias de prostitución infantil en México
– Cuatro de cada diez niños de ESO no considera violencia pegar a un alumno o profesor
La puesta en libertad de 17 militares implicados en ejecuciones extrajudiciales, a la que se esperaba que siguiera ayer la de otros 20, debido a que sus crímenes han prescrito gracias a las numerosas maniobras dilatorias en los procesos ha causado conmoción en Colombia.
La liberación de los sospechosos, cuyos abogados defensores son aportados por el propio Ministerio de Defensa, es vista como una muestra de impunidad para crímenes de lesa humanidad cometidos contra miles de personas inocentes que fueron asesinadas por militares y presentadas luego como «guerrilleros muertos en combate». Son los llamados «falsos positivos». Hay más de 1.200 casos y unos 400 militares involucrados.
En los chiringuitos de Soacha, un municipio pobre próximo a Bogotá, varios desconocidos, civiles o militares camuflados, fueron embaucando a lo largo de 2008 a jóvenes desempleados unos 30 casos se han investigado hasta ahora, ofreciéndoles empleos con ingresos fijos en lejanas haciendas. El transporte estaba incluido. Uno a uno fueron apareciendo muertos en regiones lejanas, como Norte de Santander, a veces con una pistola en la mano, en ocasiones vistiendo uniformes de la guerrilla.
Ante la falta de noticias de sus hijos, algunas madres iniciaron indagaciones, con la ayuda de defensores de Derechos Humanos. Se establecieron coincidencias entre algunos supuestos muertos en combate y enterrados como NN (No Nominados, es decir, sin identificar) y la identidad de jóvenes que salieron de su pueblo para un día aparecer muertos como supuestos guerrilleros abatidos muy lejos de su casa, en «heroicas acciones» del Batallón Santander o de la Brigada Móvil 15.
La Inspección del Ejército y los organismos oficiales de Derechos Humanos empezaron a sospechar. La confesión de algunos militares de bajo rango destapó la trama: altos jefes de unidades militares, necesitados de «resultados en el nivel estratégico» (enemigos muertos), y aconsejados por los servicios de inteligencia, decidieron importar jóvenes desde los municipios del cinturón de miseria de la capital bogotana.
«El objetivo era dar muerte a hombres que cometieron el error de creer en un trabajo que no era otro que ser víctima dentro de un supuesto combate», afirman las conclusiones del fiscal del caso Soacha.
Luego llegaban las recompensas, los ascensos y las felicitaciones, como la que recibió el Batallón Santander en Enero de 2008 por la Operación Soberanía, hoy reducida a un proceso ignominioso por el asesinato de 11 jóvenes inermes.
A las unidades militares de Colombia se las ha venido calificando y ascendiendo en los últimos años según los muertos en combate. El cómputo de cuerpos para medir resultados se ha revelado como una práctica habitual en este desdichado país. A cualquier precio.
Fuente: Público.es
Bajo licencia Creative Commons
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Enlaces relacionados:
En la página web Enchufado2, recopilan unos enlaces viejunos muy interesantes que hablan sobre «feminazismo» —ya sabéis, ese feminismo de mentira que enarbolan aquellos (y aquellas) que pretenden que cometamos aberraciones tales como «ciudadano y ciudadana», incomodidades innecesarias como «ser humano» o «personal investigador», y que quieren obligarnos a que nos gusten los pollos y las pollas— que me apetece dejar por aquí, para vuestro regocijo y para tenerlos a mano.
El primero de los artículos es del 21 de agosto de 2005 y está firmado por la afilada pluma de Arturo Pérez-Reverté. En él, critica el calado cada vez mayor que va teniendo este talibanismo lingüístico en textos legales —ya de por sí incomprensibles—. Y por cierto, el título, Las miembras y los miembros, se revela como un vaticinio de un suceso reciente.
El segundo artículo, [Enlace bloqueado por la Tasa española AEDE], es de Javier Marías, del 13 de julio de 2008. Es inmediatamente posterior al famoso «miembros y miembras» de la Ministra de Igualdad (la misma que saluda en su blog con un más que vomitivo «bienvenid@»; si es que… las ministras y diputadas son cargas públicas), y sobre ello habla. Plasmo aquí un pedazo esclarecedor:
[…] decir “miembra” me parecía tan estúpido como si los varones empezáramos a decir ahora –y aún más grave, a exigir que se diga– “víctimo” cuando se hable de uno de nosotros, o “colego”, o “persono” o “pelmo”. Esto es, hay vocablos que son invariables y cuya terminación en a o en o no indica género. Si yo escribo que Carrero Blanco fue víctima de ETA, he de seguir empleando el femenino –por ejemplo en la frase “y ha sido la de mayor rango de todas ellas”–, por mucho que las exageradas cejas de aquel Almirante no admitieran dudas sobre su sexo. Lo mismo que si afirmo que John Wayne era una persona afable, debo añadir “y querida por cuantos la conocieron”, por mucho que Wayne se erigiera en uno de los símbolos de la virilidad (pese a llamarse Marion, por cierto, en la vida real). ¿Tan difícil de entender es esto, Santa Virgen?
[…]
El tercer y último (y magnífico) artículo es de agosto de 2009. Resulta que, este año pasado, la Universidad de Zaragoza impulsó (y el Gobierno de Aragón subvencionó) una bochornosa iniciativa titulada Nombrar en femenino es posible: ¡Inténtalo! (no os perdáis la tabla de recomendaciones), todo ello a través de una cosa que tienen llamada Observatorio de Igualdad de Género (risa floja aquí). Sobre este tema escribe Pérez-?Reverte en Tontos (y tontas) de pata negra. He aquí el comienzo:
Uno comprende que tiene que haber tontos, como tiene que haber de todo. Me refiero al tonto social, o sea. Al que normalmente llamamos tonto del haba. Al imbécil de andar por casa. De diario. Son criaturas de Dios, como dijo San Francisco del hermano lobo, si es que lo dijo, y tampoco es cosa de pasarlos por el lanzallamas. O de pasarlos sin más. Tienen tanto derecho a existir como cualquiera. Incluso un tonto evidente, lustroso, bien cebado, de esos que da gloria verlos, tipo cuñado Mariano, hace su papelito en determinados lugares. Decora el paisaje. Sobre todo si, como ocurre a menudo, no tiene conciencia de lo tonto que es. O de lo que puede ser si se lo propone, en plan película de superación deportiva americana, con el entrenamiento y el esfuerzo adecuado.
Y es que un tonto en condiciones, situado en el lugar idóneo, el trabajo, la vida cultural, la política, completa la vasta y asombrosa obra de la Naturaleza. La armonía del Universo. Enriquece la vida, para que me entiendan. Sirve como referencia. Como tontómetro del entorno y como brújula para los demás. Por eso siempre he sido partidario de tener un tonto a mano. No demasiado cerca, ojo. Un tonto es como las escopetas: lo carga el diablo. Pero tenidos a distancia y bajo control razonable, se aprende mucho observándolos. […]
Fuente: Enchufado2
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El Informe Mundial sobre la Violencia y la Salud [2002], es el primer informe general de estas características que aborda la violencia como un problema de salud pública en todo el mundo.
Cada año, más de 1.6 millones de personas en todo el mundo pierden la vida violentamente. Los expertos en salud pública señalan que esos datos no son sino la punta del iceberg, puesto que la mayor parte de los actos violentos se cometen puertas adentro y quedan sin registrar.
Aparte de las muertes, millones de personas resultan heridas a consecuencia de la violencia y sufren problemas físicos, sexuales, reproductivos y mentales, tal como se señala en el primer Informe Mundial sobre la Violencia y la Salud, que hoy hace público la Organización Mundial de la Salud (OMS).
En el Informe se afirma que las muertes y discapacidades causadas por la violencia convierten a ésta en uno de los principales problemas de salud pública de nuestro tiempo.
La violencia es una de las principales causas de muerte en la población de edad comprendida entre los 15 y los 44 años, y es responsable del 14% de las defunciones entre la población masculina y del 7% entre la femenina.
En un día cualquiera, 1424 personas mueren en actos de homicidio, casi una persona por minuto. Aproximadamente una persona se suicida cada 40 segundos.
Unas 35 personas mueren cada hora como consecuencia directa de un conflicto armado.
Se calcula que en el siglo XX, 191 millones de personas perdieron la vida como consecuencia directa o indirecta de un conflicto.
«El Informe nos lanza también un reto en muchos terrenos. Nos obliga a ir más allá de nuestro concepto de lo aceptable y cómodo para cuestionar la idea de que los actos violentos son meras cuestiones de intimidad familiar o de elección individual, o bien aspectos inevitables de la vida», afirma la Dra. Gro Harlem Brundtland, Directora General de la OMS. Añade que «la violencia es un problema complejo, relacionado con esquemas de pensamiento y comportamiento conformados por multitud de fuerzas en el seno de nuestras familias y comunidades, fuerzas que pueden también traspasar las fronteras nacionales».
Además de las facetas conocidas de la violencia colectiva, como las guerras o los conflictos, en el Informe se examinan cuestiones igualmente importantes pero relegadas a menudo a un segundo plano, como la violencia juvenil, el maltrato de menores, el maltrato de ancianos, la violencia contra la pareja, la violencia sexual, la violencia autoinfligida o los suicidios.
Los datos sobre la violencia juvenil indican que la tasa de homicidios entre jóvenes ha aumentado en muchas partes del mundo. Se calcula que, por cada joven muerto a consecuencia de la violencia, entre 20 y 40 sufren lesiones que requieren tratamiento.
Los estudios muestran que las peleas y la intimidación son comunes entre los jóvenes y que el abuso del alcohol es una de las circunstancias que desencadena la violencia.
Por lo que se refiere al maltrato de menores, los datos de algunos países indican que aproximadamente el 20% de las mujeres y el 5%-10% de hombres han sufrido abusos sexuales durante la infancia.
En el Informe se señala que las mujeres son las que corren más riesgos en entornos domésticos o familiares. Casi la mitad de las mujeres que mueren por homicidio son asesinadas por sus maridos o parejas actuales o anteriores, un porcentaje que se eleva al 70% en algunos países. Aunque es difícil obtener cifras exactas debido a la falta de registros, según los datos disponibles, una de cada cuatro mujeres será víctima de violencia sexual por parte de su pareja en el curso de su vida. La mayoría de las víctimas de agresiones físicas se ven sometidas a múltiples actos de violencia durante largos periodos. En una tercera parte o en más de la mitad de estos casos se producen también abusos sexuales. En algunos países, hasta una tercera parte de las niñas señalan haber sufrido una iniciación sexual forzada.
Según el Informe, el maltrato de los ancianos es uno de los rostros más ocultos de la violencia, que además tiene muchas probabilidades de aumentar porque en muchos países la población está envejeciendo rápidamente. Hasta un 6% de los ancianos declaran haber sufrido maltrato.
Por lo que se refiere a los suicidios o a la violencia autoinfligida, está demostrado que es una de las principales causas de muerte en el mundo. En la población de edad comprendida entre los 15 y los 44 años, el suicidio constituye la cuarta causa de muerte y la sexta causa de mala salud y discapacidad.
Los expertos afirman que aunque las estadísticas son escalofriantes, la situación está lejos de ser desesperada.
«La violencia no es inevitable, ni constituye un componente intrínseco de la condición humana», señala la Dra. Etienne Krug, Directora del Departamento de Prevención de los Traumatismos y la Violencia. Añade que «en todo el mundo se encuentran pruebas de que la violencia puede prevenirse con una diversidad de medidas destinadas a los individuos, las familias y las comunidades».
Aunque algunas investigaciones recientes apuntan hacia factores biológicos y otros factores individuales que pueden explicar en algunos casos la predisposición hacia la violencia, con más frecuencia estos factores interactúan con factores familiares, sociales, culturales y otros factores externos para crear situaciones en las que es probable la aparición de la violencia. Entender esas situaciones y esas causas nos ofrece la posibilidad de intervenir antes de que se cometan los actos violentos, proporcionando a los responsables políticos una gran variedad de alternativas concretas para prevenir la violencia.
Entre las recomendaciones para prevenir la violencia que formula el Informe se incluyen respuestas de prevención primarias como los programas de enriquecimiento preescolar y desarrollo social para niños y adolescentes, formación para los padres y medidas para reducir las heridas por armas de fuego y mejorar la seguridad en relación con éstas.
Otras recomendaciones son reforzar las respuestas a las víctimas de la violencia, promover el cumplimiento de los tratados internacionales y la legislación y aumentar la capacidad de recolectar datos sobre la violencia.
Fuente http://www.who.int/mediacentre/news/releases/pr73/es/print.html
2002 Informe Mundial sobre la Violencia y la Salud (resumen)/OMS
Otros informes OMS
Fuente documentales: http://programastvonline.blogspot.com/2009/09/grupos-violentos-documentales-de-la.html
Artículo completo con vídeos en: érase una vez Niels H. Abel y Evariste Galois
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Después de los deseos de paz para el nuevo año llegó una noticia relacionada con el islam que nos recuerda su odio e intolerancia.
El dibujante Kurt Westergaard del diario danés Jyllands-Posten, famoso por sus caricaturas de Mahoma, que desataron la ira de los musulmanes en el mundo, recibió un intento de asesinato en su casa por un musulmán de origen somalí.
El caricaturista logró ponerse a salvo en un baño de su casa adaptado en «bunker», mientras que el integrista gritaba en mal danés amenazas que incluían las palabras «venganza» y «sangre». Afortunadamente el terrorista musulmán fue capturado por la policia.
Cabe aquí preguntarnos, ¿dónde están los líderes musulmanes de Europa rechazando masivamente este atentado?, ¿por qué no parecen condenando este acto tan fanático, de la misma manera como suplican privilegios para su religión?
Sin duda, si alguíen hiciera una caricatura de Jose Smith o de Elena G. de White, no recibiría amenazas de muerte de los mormones y adventistas, respectivamente. Quizás se molestarían, y más de uno se lamentaría aduciendo que es una ofensa contra un profeta de Dios, y que tal caricaturista tendría su paga en el juicio final. Pero de allí no pasaría. Pero este deseo de imposición del islam, y de sus prohibiciones para toda la sociedad es un barbarismo sin igual.
El mayor problema del islam es que pide respeto dondequiera que va, pero no ofrece ninguno.
Terminando el año 2009, Aymán al Zawahiri envió un mensaje pidiéndole a los musulmanes reconquistar Al-Andalus, antiguo nombre de la península ibérica cuando estubo en manos de musulmanes.
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Enlace relacionado:
1. Francisco Marqués (PP). Exconsejero y ex delfín del presidente de la Comunidad de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, y director general de HEFAME: Prevaricación, cohecho y blanqueo de capitales
2. José Martínez Andreo (PP). Alcalde de Totanta. Pasó por la prisión de Sangonera. Prevaricación y tráfico de influencias.
3. Juan Escudero (PSOE). Ex alcalde de Los Alcázares. Delitos urbanísticos.
4. Manuel M. Sánchez (PP). Alcalde de Archena. Delitos urbanísticos.
5. Antonio Tamayo (PP). Alcalde de Cieza. Delitos urbanísticos, contrataciones ilegales.
6. Francisco Blaya (PP). Alcalde de Mazarrón. Malversación de fondos públicos, cohecho.
7. José Luis López (PP). Alcalde de Villanueva. Delitos urbanísticos y medioambientales.
8. José Bolarín (PP). Alcalde de Ulea. Delito urbanístico, tráfico de influencias.
9. P. Antonio Sánchez (PP). Alcalde de Puerto Lumbreras. Varias querellas por delitos urbanísticos.
10. José Hernández (PP). Ex alcalde de San Javier. Delitos urbanísticos.
11. Paco Salinas. Alcalde de Ojós. Pederastia.
12. Matías Carrillo (PP). Alcalde de Fortuna. Compra de votos.
13. Daniel García (PP). Alcalde de Torre Pacheco. Delitos urbanísticos.
14. Mª Antonia Conesa (PP). Alcaldesa de Fuente Álamo. Dellitos urbanísticos.
14. Juan Ramírez (PP). Alcalde de Águilas. Delitos urbanísticos.
15. Juan Morales (PP). Exalcalde de Totana y diputado regional. Delitos urbanísticos, cobro ilegal de comisiones.
Cobro ilegal comisiones
16. Leandro Pérez (PP). Ex concejal de Mula. Delitos urbanísticos.
17. Joaquín Peñalver (PP). Funcionario de Urbanismo del Ayuntamiento de Murcia. Delitos urbanísticos.
18. Antonio Alvarado (PP). Ex director general del gobierno de Valcárcel. Delitos urbanísticos.
19. Marco Ortuño Soto (PP). Ex director general del gobierno de Valcárcel. Delitos urbanísticos.
20. José María Ródenas (PP). Ex subdirector general de Urbanismo del gobierno de Valcárcel. Delitos Urbanísticos.
21. Encarna Muñoz (PP). Ex directra general de Medio Natural del gobierno de Valcárcel. Deliltos urbanísticos.
22. Manuel Alfonso Guerrero (PP). Ex director general de Urbanismo del gobierno de Valcárcel y gerente de Urbanismo de Lorca. Delitos urbanísticos.
23. Lázaro Mellado (PP). Alcalde de Alcantarilla. Delito medioambiental.
24. Gregorio Guerrero (PP). Concejal de Fortuna. Delitos urbanísticos.
25. José Martínez (PP). Alcalde de Librilla. Pasó por la cárcel de Sangonera. Corrupción y cobro de comisiones ilegales.
26. Pedro Martínez (PP). Concejal de Urbanismo de Librilla. Pasó por la cárcel de Sangonera. Corrupción y cobro de comisiones ilegales.
Fuente: LA RAYA SIN FRONTERAS [LRSF]
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Enlace recomendado:
– Los Genoveses
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El Tribunal Supremo (TS) ha aumentado de 2 años, 3 meses y un día a 10 años de inhabilitación la condena impuesta al juez Fernando Ferrín Calamita por un delito de prevaricación judicial por haber retrasado la adopción de una menor que había sido solicitada por la compañera sentimental de la madre biológica.
El alto tribunal ha admitido parcialmente los recursos del fiscal, el juez y la mujer que iba a adoptar contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Murcia que le condenó por un delito de retardo malicioso en la Administración de Justicia con la agravante de desprecio de la orientación sexual. El Supremo, no obstante, en lugar de ese delito aprecia ahora el de prevaricación, tal y como solicitaron el Ministerio Fiscal y la acusación particular.
La Sala de lo Penal del TS considera que la intención del magistrado era impedir la aplicación de la solución adoptada por la ley, –que admitió el matrimonio entre personas del mismo sexo y previó el supuesto de que el adoptado fuera hijo del consorte del adoptante– aunque «actuara en paralelo a una ideología jurídica o metajurídica propia o de algún sector social».
Además de la pena de inhabilitación, el TS impone a Ferrín Calamita una multa de 720 euros y una indemnización de 6.000 euros para la mujer que pretendía adoptar.
El recurso del PP
El TSJ de Murcia concluyó que el juez, que se encuentra suspendido, llevado por su convicción de que el matrimonio homosexual es dañino para los menores, quiso «retrasar al máximo la resolución del asunto, bien por la esperanza de que prosperara el recurso formulado por un partido político», en referencia al PP, «o bien para aburrir».
El Alto Tribunal considera que los acuerdos adoptados por el juez no solo implican unas «injustas resoluciones retardatorias» sino también un «despliegue de activa obstrucción beligerante» para impedir la aplicación de la ley, especialmente, añade, cuando trataba de cuestionar la idoneidad para la adopción por la orientación sexual de la mujer.
Aunque recuerda que la ley establece el interés superior a proteger es el del menor, para lo cual tendrá que tenerse en cuenta la idoneidad de los adoptantes, el Supremo sostiene que en este caso la adopción ha sido «anormalmente desplazada en el tiempo».
«Activa obstrucción beligerante»
Según el Supremo, este retraso respondió al conflicto que se le planteó al juez entre la protección al menor y las circunstancias de la adoptante y su cónyuge, que radicaban en que eran dos mujeres.
Según desataca la sentencia, el juez, cualquiera que fuera su ideología, tenía «el deber de adaptarse en su quehacer judicial a la solución ya tomada por la ley».
El fallo detalla que Ferrín Calamita adoptó «una pluralidad de acuerdos intencionada e injustamente retardatorios», además de «un despliegue de una activa obstrucción beligerante para impedir la efectiva aplicación de la voluntad legislativa».
Fuente: [Enlace bloqueado por la Tasa española AEDE]
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– La FELGTB concede sus ‘latigos’ a los más homófobos del año a la COPE y al juez Ferrín Calamita
– La COPE es premiada con el Premio Látigo Coletivo por su homofobia
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Irán (antigua Persia) es un país cuyo gobierno todavía condena a muerte a menores de edad. En Irán, hay más de 140 personas en el corredor de la muerte que eran menores de edad en la fecha del delito. Una tragedia que, por desgracia, también se da en otros países como Sudán, Yemen y Arabia Saudí.
Amnistía Internacional busca firmas para denunciar esta atrocidad.
Firma ahora la petición contra la pena de muerte y deja tu mensaje personal en la pared de la embajada de Irán.
Fuente: Amnistía Internacional
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– EL GRAN DILEMA: PENA DE MUERTE O PRISIÓN PERPETUA O PENAS MÁXIMAS Marisol Collazos Soto
HUMANISMO Una amplia antropología filosófica y una filosofía social secular. Rechaza las creencias en lo sobrenatural e invita a un examen crítico de las mismas; defiende los códigos morales y los programas políticos que dan prioridad a la libre investigación, los derechos humanos y el bienestar; y promueve la separación de la iglesia y el Estado. La ética humanista afirma que la moral no fue hecha por Dios sino que es creada por los hombres, y que la mayor obligación que tiene una persona no es para con deidades imaginarias sino para con sus compañeros los seres humanos. El humanismo secular ha considerado a menudo como una doctrina puramente negativa que se reduce a la negación de lo sobrenatural. Esto no es así, como lo demostrará cualquier muestra de la literatura humanista. En efecto, el humanismo secular es una concepción del mundo positiva compuesta por cinco tesis principales. Tesis cosmológica: todo lo que existe es natural o bien un producto del trabajo humano, ya sea manual o mental. Tesis epistemológica: es posible y deseable buscar verdades sobre el mundo y sobre nosotros mismo con la única ayuda de la experiencia, la razón, la imaginación, la crítica y la acción. Tesis moral: debemos buscar la supervivencia en este mundo, el único real, a través del trabajo y no de la oración; y también debemos disfrutar la vida así como intentar ayudar a los demás a vivir, en lugar de dañarlos. Tesis social: libertad, igualdad y fraternidad. Tesis política: además de defender la libertad de, y para, el culto religioso y la asociación política, deberíamos trabajar para la consecución o el mantenimiento de un Estado secular y un orden social completamente democrático. No obstante, no todos los humanistas asignan el mismo valor a los cinco componentes. Típicamente, algunos destacan los componentes intelectuales, mientras que otros enfatizan los sociales. Lo cual está bien, porque prueba que el humanismo secular, lejos de ser una secta o un partido, es un amplio paraguas que cubre tanto a los activistas sociales como a los librepensadores. Diccionario de Filosofía, Mario Bunge, p. 100.
Fuente: meditar, pensar, crear y actuar
El fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, acordó ayer designar al fiscal Daniel Campos Navas fiscal coordinador para la investigación y persecución de bandas organizadas, a la vista de la proliferación de este tipo de grupos, extremadamente violentos, en su mayor parte de inspiración neonazi. Aunque este tipo de bandas no pueden ser consideradas como «organizaciones terroristas», sus actividades sí pueden incardinarse en el artículo 577 del Código Penal, dentro de la sección de delitos de terrorismo.
El artículo 577 del Código Penal castiga a los que «sin pertenecer a banda armada, organización o grupo terrorista», y con la finalidad de «subvertir el orden constitucional» de «alterar gravemente la paz pública» o atemorizar a los habitantes de una población o a los miembros de un colectivo, cometieren homicidios, lesiones graves, detenciones ilegales, secuestros, amenazas o coacciones contra las personas, etcétera.
El fiscal jefe Javier Zaragoza justifica el nombramiento ante el fiscal del Estado, Cándido Conde-Pumpido, porque en los últimos años se ha producido un notable incremento de la actividad criminal protagonizada por grupos organizados extremadamente violentos de inspiración neonazi, que además poseen armas e instrumentos peligrosos.
Esos grupos, prosigue Zaragoza, actúan «con absoluto desprecio de los valores democráticos, defienden doctrinas totalitarias sustentadas en el racismo, la xenofobia y el odio a las minorías, enormemente lesivas para la dignidad y los derechos más elementales del ser humano».
Según el fiscal jefe antiterrorista, estos grupos suelen cometer actos delictivos que atentan gravemente contra la vida, la integridad, la libertad y otros bienes jurídicos de forma organizada y sistemática.
Por consiguiente, dichos delitos pueden ser tratados como delitos de terrorismo del artículo 577, pues aunque los neonazis no estén encuadrados en una organización terrorista, sus actos criminales tienen el propósito de atemorizar a «colectivos políticos, sociales o profesionales y a determinados sectores de la población identificados por su etnia, religión, ideología u orientación sexual».
Esta calificación jurídica se viene aplicando ya a grupos y movimientos radicales antisistema o de carácter anarcoinsurrecionalista en procedimientos ya seguidos ante los órganos jurisdiccionales de la Audiencia Nacional.
En suma, a partir de ahora la Audiencia Nacional tomará las riendas en la investigación y enjuiciamiento de este tipo de actividades y el fiscal coordinador Daniel Campos impulsará las investigaciones policiales y judiciales que se desarrollen en la Audiencia.
Daniel Campos Navas es un veterano fiscal bien conocido por su etapa en la Fiscalía de Delitos Económicos de la Audiencia de Madrid, en Anticorrupción y en la Fiscalía Antidroga. Durante su paso por Anticorrupción fue el fiscal que, junto con Alejandro Luzón, llevó la acusación contra el ex director de la Guardia Civil Luis Roldán, para el que consiguió una condena en firme de 31 años por malversación, cohecho y fraude fiscal.
Fuente: [Enlace bloqueado por la Tasa española AEDE]
Un millón de personas se suicida por año en todo el mundo
Un mundo cada vez más deshumanizado. La Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió que cada año un millón de personas se quitan la vida, mientras que una de cada 20 que lo intentan cada día lo consigue.
En otras palabras, si todos los intentos se concretaran, el número de suicidios al año sería de ¡veinte millones! ¿Por qué lo hacen? Las causas son múltiples, pero en esencia se siente un hastío ante la vida, la vida que vivimos ya no puede ofrecernos satisfacción y decidimos terminar con ella.
La OMS informó que el suicidio se encuentra entre las tres primeras causas mundiales de muerte en personas de 15 a 44 años y estimó que para el año 2020 la cantidad de estos hechos crecerá 50 por ciento, hasta alcanzar 1,5 millones de muertes anuales.
El Día Mundial para la Prevención del Suicidio tiene lugar cada 10 de septiembre desde 2003 y es una indicativa de la OMS que apunta a mejorar la educación en el tema, distribuir información, reducir la estigmatización y aumentar la conciencia de que el suicidio es prevenible.
El tema elegido este año para promover acciones que eviten que las personas terminen con su vida es «prevención del suicidio en culturas diferentes».
La OMS explicó que los factores culturales, religiosos, legales, históricos, filosóficos y tradicionales influyen en la decisión, por lo que deben ser tomados en cuenta a la hora de abordar la problemática.
Según el organismo internacional, la mayoría de los suicidios pueden prevenirse. Para ello aconsejó reducir el acceso a los medios para hacerlo (pesticidas, medicamentos, armas de fuego); tratar a las personas con trastornos mentales y, en particular a quienes padecen depresión, alcoholismo o esquizofrenia.
También recomendó realizar un seguimiento de los pacientes que intentaron quitarse la vida, fomentar un tratamiento responsable del tema en los medios de comunicación y formar a los profesionales de la atención primaria de salud.
La OMS advirtió que sólo un escaso número de suicidios se producen sin aviso y que, en consecuencia, deben tomarse en serio todas las amenazas de autolesión.
Por último , indicó que la mayoría de las personas que intentan suicidarse son ambivalentes y no buscan exclusivamente la muerte, por lo que muchos suicidios se producen en una fase de mejoría, cuando la persona tiene la energía y la voluntad para convertir sus pensamientos desesperados en una acción destructiva.
Fuente: Conocer Ciencia
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Según el ranking elaborado por el Centro Internacional de Estudios Penitenciarios del King’s College de Londres, publicado en abril de 2008, Estados Unidos tiene la mayor población carcelaria de todo el mundo, con uno de cada 100 de sus habitantes adultos tras las rejas, algo nunca visto en una sociedad democrática.
Pero no vayan a creer que esta explosión penal está directamente relacionada con los niveles de delincuencia. El estudio, titulado Liberando a los EEUU, enfatiza que el índice de criminalidad comparado con el de 1973 no ha variado, a pesar de que la población en las cárceles es ocho veces mayor que en los años 70.
Sus causas debemos buscarlas en las distorciones de la sociedad, provocadas por la retirada del estado social norteamericano durante las décadas de los setenta, ochenta y noventa. Cuando, en el transcurso de esas décadas, el país se lanzó a una experiencia sin precedentes (ni equivalentes) en las sociedades occidentales de posguerra: La sustitución progresiva de un «Estado bienestar» por un Estado «penal y policial», en el que la criminalización de la población marginada y la contención punitiva de las comunidades pobres sustituyó a la política social.
La cárcel golpeó, sobretodo, a los afroamericanos y latinos
La población reclusa del país pasó de 290 mil presos en 1970 a 494 mil en 1984, antes de alcanzar 1,544,000 presos en 1994, lo que supone un crecimiento del 213% en 14 años.
El fuerte aumento de la población carcelaria desde el 2000, especialmente a nivel estatal y federal, implicó que muchas prisiones funcionaran por encima de sus capacidades, de acuerdo con el informe anual del departamento de Justicia.
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Casi 5000 niños en Pensilvania (EE.UU.) fueron hallados culpables, y 2000 de ellos fueron encarcelados por dos jueces corruptos que recibieron sobornos de empresas constructoras y propietarias de cárceles privadas que se beneficiaron de los encarcelamientos. Ambos jueces se declararon culpables, en un sorprendente caso de avaricia y corrupción que apenas comienza a revelarse. Los jueces Mark A. Ciavarella Jr. y Michael T. Conahan recibieron 2,6 millones de dólares en sobornos por enviar a prisión a niños que, en la mayoría de los casos, no tenían acceso a un abogado. El caso ofrece una mirada extraordinaria a la vergonzosa industria de las cárceles privadas que está floreciendo en Estados Unidos.
Vean por ejemplo la historia de Jamie Quinn. Cuando tenía 14 años de edad, estuvo presa durante casi un año. Jamie, que ahora tiene 18, describió el incidente que causó su encarcelamiento:
“Me puse a discutir con una de mis amigas. Y todo lo que sucedió fue una simple pelea. Ella me dio una bofetada y yo se la devolví. No hubo marcas, ni testigos, nada. Fue solo su palabra contra la mía.”
Fuente: ¡ W AR A K’ A Z O !
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Enlaces de interés:
“La prevención real del delito no le interesa a nadie”, dijo Eugenio Zaffaroni, juez de la Corte Suprema de la Nación y uno de los más respetados especialistas en criminología del mundo. En los últimos meses se manifestó profusamente en la discusión por bajar la edad de imputabilidad para los chicos en conflicto con la ley penal. Reflexionó sobre el papel de los medios en la instalación de la sensación de inseguridad y de cómo la sociedad necesita un enemigo, al que se lo fabrica en los medios. Y, también, de cómo ahora ese enemigo son los niños. Afirmó que no existen investigaciones criminológicas sobre el delito por lo tanto nadie sabe cuál es la realidad cierta en el país, ni qué se debe hacer al respecto.
(Periodismo Social, por Alicia Cytrynblum y Adrián Arden). Eugenio Zaffaroni es juez de la Corte Suprema de la Nación y uno de los más respetados especialistas en criminología del mundo. En los últimos meses ocupó espacio en todos los medios en medio de la discusión por bajar la edad de imputabilidad para los chicos en conflicto con la ley penal. En una charla con el Capítulo Infancia de Periodismo Social, reflexionó sobre el papel de los medios en la instalación de la sensación de inseguridad y de cómo se fabrican los enemigos en la sociedad y los diarios. Y, también, de cómo ahora ese enemigo son los niños.
Aseguró: “Cuando no tenés otro enemigo para instalar el mundo paranoico se cae en el delito común, que, de todos modos, tiene un inconveniente como enemigo: es limitado. Sólo le podés imputar delitos comunes, no como a las brujas, que les podés imputar
todo. ¿Y qué se hace? la noticia se magnifica y, si el enemigo hace algo, eso es lo más grave que hay…y se enfoca en determinado momento en los pibes (…) que no es que cometan delitos graves, los homicidios de chicos menores de 16 años en el país no pasan del 1 por ciento del total. En Capital Federal hay dos en los últimos cinco años. En general son hurtos y lo que pasa con los medios es que levantan el discurso policial. Lo que predomina es homicidios entre gente que se conoce, entre familiares. Con respecto a los pibes, en general son hurtos y lo que pasa con los medios es que levantan el discurso policial”.
– ¿Cómo observó la cobertura mediática de los casos Barrenechea o Capristo, en los que hay chicos señalados como culpables de esos asesinatos?
– Tenés dos problemas ahí. En general, un medio, sea escrito o televisado, especializado en noticia roja, nunca genera alarma social ni miedo. Porque, tal como la pornografía, tiene un público al que le gusta eso, siempre existió. El problema es cuando lo hace
un diario tradicionalmente serio, que aumenta el número de metros cuadrados dedicados a la noticia roja. Es decir, un medio que no está dedicado a eso. Ahí, cuando ves que la noticia pasa a la primera página, es porque hay una intención de causar algo, hay una intención de mostrar que el enemigo del momento está ahí. Ahora es un enemigo residual, ¿no?
– ¿Y para qué los medios necesitan crear un enemigo?
– Siempre hay que fabricar un enemigo para instalar un mundo paranoico, para vender más, a veces por una intención política, no sé. Normalmente, en este momento, la fuente de inseguridad existencial que hay en la sociedad tiene que ver con la crisis
del Estado de Bienestar en el mundo, entonces el fenómeno no es sólo nuestro, sino que nos llega un poco tarde, porque este fenómeno empieza en Estados Unidos. ¿Cómo se explica esto? A través de la crisis del Estado de Bienestar se frustran proyectos, se te hace impredecible el futuro de alguna manera. Eso genera un ámbito de angustia amplio.
¿Cómo se baja la angustia? Encontrando un enemigo, porque entonces todos los proyectos, por dispares que sean, necesitan un primer paso común que es destruir al enemigo y neutralizarlo, y así la sociedad se cohesiona de alguna forma.
– ¿Quién es el enemigo en este momento?
– Bueno, depende de cada sociedad. Hitler encontró a los judíos, cuando no tenés un mejor enemigo condenás un delito común, es residual. Si tenés uno más idóneo,
usás al más idóneo. Cuando te entra otra fuente de angustia (el dengue, la fiebre porcina), o desaparece y se tiene un enemigo más ideal, entonces fabrican
otro.
– ¿Le sorprende que sólo el 4 por ciento de las fuentes consultadas sean niños?
– No, no me sorprende nada porque en definitiva hay una desidia que proviene del Estado mismo. No tenés una fuente de información real. Si vos salís en este momento a decir que va a haber una corrida bancaria, va a salir el ministro de Economía a decir algo, si decís que hay un brote de cólera va a salir el de Salud…en el caso de los chicos no es así. Por eso, primero que alguien salga y diga datos. Pero no hay nadie que tenga datos que puedan prevenir, entonces a la conclusión que llego es que la prevención real del delito no le interesa a nadie. Lo primero que tenés que hacer si querés prevenir es conocer, sino no sabés lo que vas a prevenir, pero a nadie le importa.
– ¿Qué falta entonces?
– En el país no se invierte nada en investigación criminológica de campo, si no tengo una investigación criminológica de campo no sé qué pasa. Dicen que los homicidios son uno por año, bueno, pero cómo, cuándo, quiénes, cuáles son los riesgos de victimización, en qué circunstancias. No lo sé. ¿Tengo que poner luz en las calles, comprar chalecos antibalas, comprar helicópteros? No lo sé. Llego a la conclusión que en definitiva todo esto se maneja como una sensación y que a nadie le interesa la realidad, lo cual me hace sospechar que a nadie le interesa porque en el momento en que no conozco la realidad y puedo comprar helicópteros para prevenir violaciones, entonces puedo comprar los helicópteros que vende mi cuñado. El presupuesto de seguridad es uno de los más altos y es el que menos se controla, menos controles de optimización de recursos quiero decir.
– Hay algo que dicen muchos especialistas y adolescentes encerrados en institutos, que en épocas de conmoción social y mediática por algún asesinato protagonizado por algún chico menor de edad, los jueces se ponen más severos en sus condenas que en otros momentos.
– No sólo eso, esas campañas nos han destruido el Código Penal, hoy es un desastre, es una catástrofe lo que han hecho. Los culpables son las leyes Blumberg, entre otras cosas anteriores. Es una catástrofe lo que se ha hecho y los jueces tratan de intimidar. Es decir, frente a una campaña mediática de esta naturaleza, frente a esta presión mediática, los políticos quedan presos. En este momento hay un discurso único de medios que controla a los políticos. En la época de Stalin o de Hitler eran ellos los que controlaban a los medios, ahora son los medios los que controlan el discurso político.
Fuente: Línea Capital (Argentina)
En las prisiones de Cataluña hay 3.725 presos que participan en algún programa de trabajo y otros 4.462 matriculados en cursos de formación para adultos. Suman 8.187 y suponen el 78,7% de la población penitenciaria. Hace tan sólo seis años, los reclusos que estaban en esa situación eran 3.751 y representaban el 51,3% de los presos.
Ésa es una de las muchas cifras que recoge el boletín penitenciario que elabora el Departamento de Justicia de la Generalitat y que ayer presentó la consejera Montserrat Tura. «El objetivo es que la entrada en la cárcel no sea únicamente cumplir la pena, sino también la formación y la reeducación de adultos», dijo. «Estamos muy satisfechos con esa cifra», señaló Albert Batlle, secretario general de Servicios Penitenciarios y Rehabilitación, desde que existen gobiernos de izquierdas en Cataluña.
La crisis económica explica el gran aumento que han experimentando los programas de trabajo en las prisiones, de manera que algunos productos que anteriormente se compraban a talleres ajenos a la cárcel ahora se producen en el interior de los centros penitenciarios, empezando por el pan que consumen los presos. Así se explica que si al acabar el primer semestre de 2008 eran 2.939 los presos que realizaban algún trabajo, en apenas un año hayan aumentado en casi 800 y ya sean 3.725.
Lo mismo ocurre con los alumnos internos inscritos en algún programa de escolarización, que se han incrementado el 10% en un año. Las enseñanzas que se imparten incluyen desde el nivel más básico de formación hasta estudios universitarios o de idiomas.
Fuente: [Enlace bloqueado por la Tasa española AEDE]
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Los ex miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) han reconocido ante la Fiscalía que asesinaron a 21.979 personas en Colombia en los últimos 22 años, así como el secuestro de 648 colombianos y 1.493 extorsiones.
Estos datos forman parte de un informe elaborado por la Unidad de Justicia y Paz que fue enviado hace dos semanas a varios funcionarios colombianos, informó este lunes la emisora local Caracol Radio que tuvo acceso a ese documento.
Los paramilitares desmovilizados también confesaron haber reclutado a 1.020 menores de edad y haber participado en la desaparición forzada de 1.776 personas. Asimismo, se comprometieron a confesar 368 episodios de desplazamientos masivos en varias poblaciones del país.
La Fiscalía, sin embargo, hasta el momento sólo ha logrado comprobar que estos rebeldes cometieron 5.808 asesinatos, 968 desapariciones forzadas, reclutaron a 380 menores, fueron responsables de 425 extorsiones y 132 secuestros.
Estas declaraciones fueron hechas por los ex paramilitares que en los últimos años se han entregado ante la justicia colombiana en el marco de la Ley Justicia y Paz que promete ciertos beneficios legales a los miembros de las AUC que se entreguen y confiesen los crímenes cometidos.
Por otra parte, el informe de la Unidad de Justicia y Paz indicó que la Fiscalía hasta el momento ha localizado 2.329 cadáveres exhumados de 1.906 fosas comunes. De ese grupo, 535 han sido entregados a sus familiares, mientras que unos 636 cuerpos no han podido ser identificados.
Noticia completa en: EuropaPress
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– Política de paz en Colombia (Marisol Collazos)
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– Para no ser víctima de un estafador, piense antes de actuar. Caso Fiscalía de Colombia
Así lo confirma a swissinfo.ch, Reto Rufer, responsable de la sección suiza de AI en Israel y los territorios ocupados.
«Hamás y los grupos armados palestinos dispararon cientos de cohetes de manera indiscriminada contra territorio israelí. Mientras que el ejército de Israel mató a centenares de civiles, no solamente con armas de gran precisión como misiles aire-tierra y bombas guiadas, sino también con artillería. Además usaron obuses con fósforo blanco sobre zonas con gran densidad de población», explica Rufer.
El informe de 117 páginas ‘Operación Plomo endurecido: 22 días de muertes y destrucción en Gaza’, difundido por la organización defensora de los derechos humanos, es una verdadera acta de acusación contra Israel y su ejército, que confirma el balance de 1.400 palestinos muertos, establecido por los servicios de seguridad palestinos.
Una delegación de AI se desplazó a Gaza por la frontera con Egipto durante los meses de enero y febrero. Allí se entrevistaron con cientos de heridos, supervivientes, afectados y familiares de la población palestina. Después compararon los resultados con estadísticas publicadas por otras fuentes.
Misión Internacional
La ofensiva dejó además unos 5.000 heridos y devastó amplios sectores de la Franja de Gaza, con más de 2.700 edificios destruidos, afirma AI, que pidió a la comunidad internacional «apoyar sin reservas» la misión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU encargada de investigar la operación y de buscar pruebas.
«Una investigación que se espera que pueda estar acabada en septiembre y que es clave para poder llevar a los culpables ante la Justicia y someterlos al derecho internacional», indica Reto Rufer.
El representante de AI en Suiza también denunció «la continua negativa de Israel a cooperar con la misión internacional e independiente de investigación de la ONU. Israel rechaza la colaboración con la misión y no deja entrar en la franja de Gaza ni a trabajadores de organizaciones de derechos humanos ni a periodistas independientes».
La organización acusa al ‘Tsahal’ (ejército israelí) de no haber «diferenciado entre blancos civiles y militares» en una situación en que no podía ignorar la presencia de civiles en los sectores bombardeados. El resultado de ello fue «la muerte de cientos de civiles desarmados, entre ellos 300 niños, 115 mujeres y 85 hombres mayores de 50 años».
AI también culpa a Hamás y a los grupos armados palestinos de haber disparado multitud de cohetes contra territorio israelí, que causaron tres muertos civiles y provocaron el éxodo del sur de Israel de cientos de miles de habitantes.
«El tono general del informe demuestra que la organización sucumbió a las manipulaciones de Hamás, una organización terrorista», sostiene el portavoz del ejército israelí en un comunicado.
En respuesta a un informe preliminar publicado en febrero, el Ministerio de Exteriores israelí aseguró que Israel no había atacado de manera deliberada a blancos civiles y que «todas las armas utilizadas eran conformes al derecho internacional y al uso que les dan los ejércitos occidentales».
Amnistía rechaza esos argumentos, y subraya que hasta ahora, las autoridades israelíes «se abstuvieron de llevar a cabo una investigación independiente e imparcial sobre la actitud de sus fuerzas».
Respecto a Hamás, AI estima que «este grupo tampoco realizó nunca ninguna investigación sobre los disparos de cohetes, y además persiste en justificar estas acciones ilegales».
En Gaza, el portavoz del Hamas, Sami Abu Zuhri, desmintió las conclusiones de este informe, afirmando que el mismo no era «ni equitativo, ni equilibrado».
Rufer concluye que ante las quejas de ambas partes respecto al informe, la gente tiene que analizar la credibilidad de las distintas posiciones.
Fuente: Iván Turmo, swissinfo.ch
La Fiscalía Superior de Andalucía ha alertado de los efectos «devastadores» que está teniendo el cada vez más frecuente fenómeno de la criminalidad inmobiliaria en las economías familiares. Durante la presentación de la memoria de actividades de 2008, el fiscal superior de Andalucía, Jesús García Calderón, se refirió a esta nueva forma de criminalidad vinculada a la estafa que ha aflorado en el último año con una intensidad «preocupante» y que requiere de un «tratamiento policial y jurídico penal diferenciado».
Este fenómeno delictivo está ligado a la adquisición de viviendas, cuando se produce un abono parcial de grandes sumas de dinero por parte de particulares –las denominadas entradas para la compra de pisos–, sin que lleguen a recibir sus casas o, en el mejor de los casos, descubren una serie de irregularidades que acaban por conducirlos a los juzgados como único mecanismo para conseguir la satisfacción de sus derechos más elementales.
García Calderón aclaró que este tipo de situaciones no tienen por qué estar asociadas a la crisis económica sino que se integran en una nueva modalidad de estafa. No obstante, se mostró partidario de un tratamiento personalizado pues afectan a bienes de primera necesidad. En la memoria se apuesta por la necesidad de «promover investigaciones policiales que en la actualidad no tienen, puesto que la actuación jurisdiccional sólo tiene lugar tras la interposición de denuncias o querellas por los particulares afectados».
Injurias a cargos públicos. Como ya hiciera en la memoria de 2007, el Ministerio Fiscal llama la atención sobre los casos de injurias o calumnias vertidas sobre autoridades o funcionarios públicos a consecuencia de conductas o decisiones adoptadas en el ejercicio de sus cargos.
En estos casos, la acusación pública ha tenido que «proceder de oficio» contra quienes «con temerario desprecio de la verdad, evidente mala fe y dando toda la publicidad posible a su actividad», realizaron manifestaciones públicas o incluso emprendieron acciones legales contra aquellos que actuaban en cumplimiento de su deber.
Fuente: laopiniondegranada.es
Aquella tarde de finales de enero, el hijo de La Tuta no tuvo suerte con los gallos de pelea. En medio de un palenque abarrotado, el muchacho perdía una y otra vez hasta que se quedó sin un peso. Excitado, decidió ir a por más. Alguien camuflado entre el público hizo una llamada perdida y los agentes federales lo esperaron a la salida. En su camioneta no hallaron armas ni drogas, pero sí un papel, una lista con nombres de políticos, jueces, fiscales, policías… Y, junto a cada nombre, una cantidad.
Ya han pasado casi seis meses desde aquella detención. Es miércoles 10 de junio y anochece sobre la ciudad de México. En la pared del despacho de un jefe de investigadores de la Policía Federal hay un mural con textos, gráficos y una fotografía en la que aparecen las cabezas cortadas de cinco hombres jóvenes esparcidas por una pista de baile. Junto a los rastros de sangre, un cartel que avisa: «La Familia no mata por dinero, no mata mujeres, no mata inocentes, muere quien debe morir, sépalo toda la gente. Esto es: Justicia Divina». En la mesa del agente federal está la lista de políticos, jueces y policías corruptos incautada al hijo del narcotraficante apodado La Tuta. También hay un libro, encuadernado a modo de breviario, en cuyas pastas se puede leer: «El más Loco. Pensamientos. 5ª Edición. Michoacán. México. 2008».
Esos tres elementos -la violencia extrema, la corrupción de las autoridades y una increíble presencia mística- configuran el poder de La Familia. Un poder que asusta porque, a diferencia del resto de los carteles, su objetivo va más allá del tráfico de drogas hacia Estados Unidos. Quieren más. Lo quieren todo…
-Sí -admite un alto mando antidrogas-, desde luego no se trata de un cartel más dedicado al narcotráfico. La Familia aspira a sustituir al Estado.
Y basta una visita rápida a la ciudad de Morelia -la capital de Michoacán- para percatarse de que lo está consiguiendo. Las administraciones locales apenas pueden recaudar impuestos, pero, en cambio, ya son muy pocas las gasolineras, las tiendas de comestibles, los productores de aguacate y hasta los organizadores de conciertos que no pagan religiosamente su diezmo para que la mafia los proteja. No hace falta decir que los sicarios de La Familia controlan directamente los prostíbulos, las máquinas tragaperras, la piratería, la venta de armas y, por supuesto, el tráfico de drogas. Según los datos de la policía, el cartel opera en 87 de los 113 municipios de Michoacán -la cuna del presidente Felipe Calderón- y sus tentáculos hace tiempo que dejaron de ser locales. La DEA -la policía antinarcóticos norteamericana- ha detectado ramificaciones de La Familia en 16 de sus Estados. La organización utiliza para ello a los emigrantes. Y tiene dónde escoger: Michoacán es el segundo Estado mexicano que más mano de obra exporta a Estados Unidos. Hay pueblos donde ya sólo quedan los ancianos. Pero también ellos tienen su parte en el negocio. La Familia los utiliza como rehenes: «Dile a tu hijo que te estamos protegiendo, pero que si él no colabora con nosotros, tú lo vas a pasar mal».
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