El primer caso llegó a la Policía el pasado mes de abril. Un jiennense denunció por estafa a la empresa Revelance. Esta semana, 60 afectados de toda España, 20 de ellos de la provincia, han puesto los hechos en conocimiento de la Audiencia Nacional. Sin embargo, se piensa que puede haber muchas más víctimas. La cifra la aporta uno de los abogados que ha presentado la denuncia colectiva: “Jaén es una de las provincias más afectadas, por lo que nosotros consideramos que es una estafa por esta empresa, que actúa como si fuera una secta comercial”, explica Santiago López Rubio, uno de los letrados del colectivo. “Hemos hablado con la gente que sí ha denunciado y sabemos que la red de comerciales que tenía Revelance en Jaén era muy amplia. Pensamos que los afectados pueden ser más de 300 personas” añade.
Hay que recordar que esta empresa se dedica a la comercialización de productos de limpieza y coméstica a través de un sistema de venta piramidal. La Policía Nacional de Jaén investiga desde hace meses la actividad supuestamente fraudulenta de la firma, que podría haber estafado varios miles de euros a vecinos de la capital y de municipios de toda la provincia.
La denuncia colectiva presentada en la Audiencia Nacional establece como es el “modus operandi” de esta empresa. Las víctimas son “captadas” por agentes de Revelance en “reuniones multitudinarias” celebradas en hoteles y salas de convenciones a lo largo de los últimos meses. A esos encuentros, los afectados fueron invitados por amigos que ya forman parte de la organización comercial. Los responsables de la sociedad les “invitan” a formar parte de un negocio en el que pueden ganar mucho dinero. Se trata de comprar productos de limpieza y de belleza de los que comercializa la firma para, posteriormente, venderlos a terceras personas y conseguir recuperar el dinero invertido.
Dos jiennenses afectados explican en la denuncia presentada ante la Policía Nacional que participaron en una de estas reuniones y que, “en medio de un ambiente de gran presión”, firmaron un contrato en el que les obligaban a invertir unos 7.000 euros en la compra de los productos. Aquí es donde está la primera parte de la trampa: esa gama de limpiadores es prácticamente invendible, porque tiene una calidad muy baja y se comercializa a un precio muy superior a lo que realmente cuesta.
Cuando los afectados contactan con los responsables de la empresa para mostrar su preocupación es cuando surge la segunda parte del engaño: les obligan a llevar a más gente a las reuniones que la sociedad organiza para que hagan nuevas inversiones.
De este modo, la firma les promete a las víctimas una suculenta comisión con la que podrán recuperar parte del dinero que entregaron. “El negocio no consiste en vender, sino en conseguir más inversores”, destaca Rubén Pereira, el letrado de dos de los afectados en Jaén. Además, y según relatan estas víctimas, cuando intentaron romper relaciones con la empresa comenzaron “las presiones y el acoso” por parte de sus “jefes”.
Fuente: Diario de Jaén.
Un juzgado condena a cinco años de prisión a dos administradores de Caixa General Filatèlica de Catalunya. Los estafadores vendieron a los ahorradores productos financieros de alta rentabilidad garantizados con sellos que jamás adquirieron
Denis I. quería asegurarse que podría sufragar unos buenos estudios para sus hijos. Ángel E. pretendía que su mujer disfrutara de una holgada jubilación. A Maria del Carmen S. le movía la posibilidad de liquidar una hipoteca familiar. Para cumplir sus expectativas, todos ellos invirtieron sus ahorros en Caixa General Filatèlica de Catalunya i Balears. Fueron engañados y se convirtieron en víctimas de una «enorme ficción, perfectamente planeada y ejecutada».
El Juzgado de lo Penal número 3 de Barcelona ha condenado a cinco años de prisión a Julio Esquina Castillo y José María Guitart Hernández, administradores de la Caixa General Filatèlica de Catalunya i Balears, por un delito de estafa. Se les responsabiliza de engañar a inversores que depositaron miles de euros en la entidad y no percibieron la remuneración pactada al finalizar su contrato. Si se confirma la resolución judicial, que todavía puede ser recurrida ante la Audiencia de Barcelona, los imputados deberán ingresar en la cárcel.
La sentencia relata que, entre 1978 y 1983, la Caixa General Filatèlica ofertó un producto denominado «Contrato de abono filatélico», cuya duración oscilaba entre los 10 y los 15 años. El contrato consistía en que mediante una cuota de cantidad variable, el abonado invertía en sellos y valores filatélicos que la entidad afirmaba adquirir y que anualmente se adjudicaban al inversor.
Promesas del 40%
En una nota informativa, la caja filatélica exponía un ejemplo claro sobre cuál era el funcionamiento de la inversión. Con una cuota de 100.000 pesetas de entonces (601,1 euros) durante 12 años, suponiendo una revalorización media anual de un 40%, el cliente podría conseguir 8.354.086 pesetas (20.158,46 euros) a la finalización del contrato o, si lo deseaba, una renta vitalicia anual de 1.002.490 pesetas (6.025,09 euros).
El contrato de abono se reflejaba en una libreta –similar a la que utilizan las entidades bancarias– en la que constaban las condiciones y una tabla de revalorización que mostraba unos intereses oscilantes entre un 20% y un 50%, no especificando la posibilidad de aumentos inferiores o de un eventual decrecimiento del valor de los sellos.
En una cláusula del contrato suscrito sí se precisaba que los inversores, al finalizar el periodo pactado, podían optar por recibir los sellos, solicitar la venta de los mismos o convertirlos en una renta vitalicia, según decidieran.
La sentencia acredita que los acusados no adquirían en el momento de la formalización de los contratos los sellos ni los valores que se iban reflejando en las certificaciones remitidas por la entidad a los abonados. Pese al monumental timo, no había, como demostró el juicio, estampita. En 1984, los imputados abandonaron la gestión de la caja filatélica, dejándola sin otra actividad que el cobro de las cuotas y la emisión de los recibos y certificados.
A partir de 1992, cuando empezaron a vencer los plazos de los contratos, se descubrió el pastel y el «enorme globo de humo», como lo califica el juez, se fue desinflando. La mayoría de los inversores no percibieron cantidad alguna, ni sellos, ni valores filatélicos. Los que tuvieron mejor suerte recibieron sellos con un valor inferior al 10% de la inversión o sin valor, o cantidades menores a las acordadas.
La entidad, detalla la sentencia, «prometía a quienes decidieran contratar los denominados abonos filatélicos unos rendimientos imposibles de obtener». El juez concede a cada uno de la treintena de perjudicados que decidieron reclamar una indemnización de entre 304 euros y 37.215 euros.
Fuente: El Periódico de Catalunya
La proliferación de nuevas urbanizaciones y de colonias de ciudadanos extranjeros atrae a los prófugos, que pasan desapercibidos
La Región se está convirtiendo en uno de los principales puntos de atracción para los fugitivos internacionales, personas que han cometido graves delitos en su país de origen o en terceros países. Así lo afirma el encargado de Grupo de Localización de Fugitivos de la Comisaría General de Policía Judicial del Cuerpo Nacional de Policía. Murcia, así como todo el Levante, las Islas Canarias y las Baleares es un importante foco de atracción para muchos criminales.
Según explica el jefe del Grupo de Localización de Fugitivos, que prefiere guardar el anonimato por motivos de seguridad, «los fugados buscan un clima benigno y se refugian en zonas turísticas en las que fácilmente pueden pasar desapercibidos, con áreas o urbanizaciones residenciales que, en ocasiones, se escapan del control policial, no están inscritas en el padrón municipal y son urbanizaciones de reciente construcción cuyas direcciones son incompletas o difíciles de localizar. Además, muchos de estos criminales buscan seguir hablando su lengua natal y por eso eligen, mayoritariamente, zonas cercanas al mar con urbanizaciones en la que hay unanimidad de residentes de su nacionalidad de origen, extremo que de alguna manera les facilita éste propósito».
Por fortuna, como reconocen desde el Grupo de Localización de Fugitivos, la Región no es una de las comunidades autónomas más frecuentada por los fugitivos que se suelen establecer en el resto del litoral Mediterráneo y en las Islas Baleares y en las Canarias. Sin embargo, la expansión urbanística con la creación de numerosas urbanizaciones en las que habrá importantes colonias de extranjeros, coloca a Murcia en uno de los puntos de referencia para esta unidad especializada del Cuerpo Nacional de Policía.
Casi 300 detenciones.
De hecho, en Murcia el Grupo de Localización de Fugitivos sólo ha detenido a cuatro prófugos internacionales desde su creación en el primer trimestre de 2004. Hasta la fecha, esta unidad ha detenido a 286 fugados, habiendo realizado casi cuarenta detenciones este año. En su lista de criminales a localizar, hay unas 240 personas y varias de ellas, un número sin determinar desde Grupo para no entorpecer las investigaciones, están siendo buscadas en la Región.
El Grupo de Localización de Fugitivos fue creado ante la apremiante necesidad de contar con una unidad policial dedicada única y exclusivamente a la búsqueda de las personas que por distintas causas se les ha colgado el cartel de ‘fugados’. Era un hecho, que numerosos criminales de guerra y asesinos se habÃían retirado a disfrutar del sol español y, por las dificultades que entrañaba su localización, se formo esta grupo especializada.
Según explica el responsable del Grupo, «nuestro trabajo es buscar a aquellos que otros colegas no los han podido localizar por diversos factores, bien porque en su momento no se les pudo atrapar o porque se han fugado aprovechando una libertadad condicional no vigilada. Los profugos se suelen marchar de su paÃís de origen o simplemente se escondiden en lugares más tranquilos e incluso anónimos, como en el caso del delincuente nacional».
El Grupo de Localización de Fugitivos recibe información de sus objetivos por diversas vías. La primera, es el Cuerpo Nacional de Policía, que basándose en sus propias investigaciones encarga a esta unidad la localización de personas que no lograron atrapar en determinadas operaciones policiales. Sin embargo, el grueso de sus objetivos se los ‘encargan’ a través de los distintos servicios que integran la Unidad de Colaboración Internacional, que depende de esta misma Comisaría General de PolicÃía Judicial, como son la Oficina central nacional de Interpol, Europol y la Oficina Sirene.
Según el jefe del Grupo, «en el momento en el que recibimos la petición de búsqueda de algún fugado, se recaba toda la información posible y se confecciona un formulario de apertura de investigación, que se envía por correo electrónico a la Unidad Central de Inteligencia Criminal, también dependiente de esta Comisaría General de Policía Judicial. Desde Inteligencia nos indican si la persona que es objeto de búsqueda, está siendo investigada por cualquier Brigada o Grupo del Cuerpo Nacional de Policía, por el motivo que sea. Si es así, nos ponemos en contacto con los investigadores y acordamos la estrategia más eficaz para el caso, primando la investigación que contra esa personas se está desarrollando en España. En el supuesto de que la persona buscada no sea objeto de ninguna investigación, por ser desconocido en los archivos policiales, procedemos como en cualquier investigación policial, con el único objetivo de localizarlo y detenerlo, ya que, una de las ventajas que tenemos nosotros, es que no tenemos que demostrar nada, ya ha habido otros policías, a nivel nacional o internacional, que ya encontraron pruebas de sus fechorías delictivas». En estas investigaciones, se maneja mucha información y el grupo cuenta con el apoyo de las distintas Comisarías y unidades de la Policía Nacional.
Fuente: LaOpinión de Murcia
Por otro lado, el maltrato económico (73,3%) y el vandalismo (48,5%) se dan en mayor medida en el aula.
«Los tienen manía»
Para Fuensanta Cerezo, profesora de Psicología Evolutiva de la UMU, «los chicos que pegan en el cole creen que los tienen manía y que los profesores no les entienden». Así se explica que piensen que les provocan.
Además, según la experta, «todos los estudios indican que cada vez son más las chicas agresoras en el colegio; sobre todo en el llamado maltrato psicológico». En su opinión, se trata de un reflejo de la sociedad actual.
Pegan ellos, y lo sufren ellas
Según el estudio de violencia escolar, el perfil de la víctima que sufre acoso es una chica (65%), de 13 años (40%) y de nacionalidad española (95%). Por su parte, el maltratador es un chico (65%), un compañero del mismo curso (50%) y también de nacionalidad española (95%).
5 preguntas sobre…
El acoso escolar
1¿Qué tipo de agresiones son las más frecuentes?
El tipo de maltrato más frecuente es el emocional (66,7%). Este porcentaje duplica el de las víctimas de violencia escolar (36,5%).
2¿Cuáles son los motivos del acoso, según las víctimas?
«Porque la han tomado conmigo» (45%), «porque son agresivos» (35%), «porque soy diferente» (25%) y «porque el profesorado no hace nada» (25%).
3¿Qué respuesta se da ante el acoso escolar?
Insultar (40%), aguantar (35%), hacerle lo mismo (35%) y pegar (25%).
4¿Cuáles son los motivos de las agresiones?
El 70,5% de los agresores considera que agreden para defenderse («porque me provocan»).
5¿Intervienen los profesores para evitar el acoso escolar?
El 55,7% de los agresores dice que sí.
Fuente: 20minutos.es
El ciudadano chileno José Manuel G.C. se comió las yemas de los diez dedos de las manos para dificultar su identificación cuando fue detenido por la Policía Nacional de Cantabria, ya que tiene reclamaciones judiciales por delitos en Burgos y Barcelona.
A José Manuel G.C., de 43 años de edad y en situación irregular en España, se le relaciona con 25 hurtos cometidos a ancianos, diez de los cuales están denunciados en Santander, 13 en Burgos y dos en Barcelona.s
La Brigada de la Policía Judicial de Cantabria venía investigando una serie de hurtos cometidos desde el pasado mes de febrero en Santander, cometidos sobre todo a mujeres mayores, cuando éstas acababan de sacar dinero de un barco.Las investigaciones también apuntaban al sospechoso en los robos cometidos a ancianos, a los que abordaba en ascensores o portales para robarles.
El perfil del sospechoso era de un hombre de entre 40-50 años de edad, bien vestido, moreno y con entradas, actuando siempre en el centro de Santander, durante los días primeros o últimos de mes, cuando se cobran las pensiones.
El dispositivo policial dio fruto la mañana del pasado 27 de abril, cuando detectaron al sospechoso, al que ven que entra en un banco de Marqués de la Hermida, de donde sale a continuación.
Entonces, entró en un supermercado cercano, comenzando a vigilar a «las mujeres de más edad».
El sospechoso, una vez trasladado a la jefatura policial, se mordió los diez dedos, si bien se le identificó, comprobándose que era buscado por las Policías de Burgos y Barcelona.
José Manuel G.C. tiene catorce detenciones (hurtos, robos, con violencia, resistencia y reclamaciones judiciales), con una orden de expulsión de España dictada por la Delegación del Gobierno en Barcelona en 2001.Concretamente, en Santander robó un total de 9.500 euros a diez víctimas, todas mayores de edad, mediante el truco de que le sujetaran algo y aprovechar para robarle, si se trataba de un hombre, o de quitarle el dinero directamente en un supermercado, tras haber salido la víctima de un banco a por dinero, si era una mujer.
Tras delinquir en Barcelona y en Burgos, durante el pasado año, y empezar a estar ‘quemado’, a primeros de año se trasladó a Santander, para continuar su presumible ristra de hurtos.
La investigación policial continúa abierta para determinar la implicación el detenido en otros hechos delictivos, ya que se le considera un delincuente «de alta profesionalidad, especialista en hurtos».
Fuente: 20minutos.es
Bajo licencia Creative Commons
El loro Pepo estuvo cinco días «detenido»por orden judicial en la ciudad argentina de Rafaela hasta que «confesó» la identidad de su dueño, con lo que se dirimía una disputa por la posesión del ave, según informó ayer un diario local. Después de sucesivos «interrogatorios» en una comisaría de policía, el pájaro terminó por llamar a «Jorge», en alusión a Jorge Machado, quien junto con su esposa habÃía denunciado el robo del que consideran «el tercer hijo de la pareja», apuntó el diario La Capital basándose en el testimonio del dueño de la mascota.
Pepo desapareció el jueves pasado de la percha que ocupaba en el patio de la casa de los Machado, que emprendieron una intensa búsqueda hasta que los hijos del matrimonio lo hallaron en manos de la familia Vega, que vive a unos cien metros de ellos.
Pero los Vega se negaron a devolver la mascota con el argumento de que habían hallado a Pepo mucho antes de su desaparición, cuando regresaban de un paseo a Rafaela, a 530 kilómetros de Buenos Aires.
Estalló así una disputa entre ambas familias que puso al loro «en un evidente estado de shock» que le impidió identificar a su verdadero dueño, señaló Machado. Éste contó que, al fracasar la «mediación» de una patrulla policial, presentó una denuncia por robo que quedó a cargo del juez Osvaldo Carlos, quien decidió que el loro pasara «unos días en la comisaría» hasta que «confesara» la identidad de su dueño.
Machado señaló que aportó como pruebas a su favor el hecho de que Pepo sabe cantar la marcha del San Lorenzo, club de fútbol del que es hincha, y también la popular canción Zapatos rotos.
Pero el loro se mantuvo mudo durante cinco días hasta que llamó a su dueño por su nombre, con lo que se resolvió la controversia.
El periódico destaca que los policías «se encariñaron tanto» con la mascota que la consideraban como «un miembro más» de la comisaría y le habían asignado «un guardia especial para que verificara si en algún momento emitía alguna palabra que identificara su origen».
«Pepo es muy inteligente y muy buen compañero, sabe la canción de la hinchada de San Lorenzo, pero es difícil que la cante ahora porque al equipo le va muy mal en el torneo de la liga de primera división», aseguróMachado.
Fuente: ElPais.es
Ampliación en: Fraude a las aseguradoras
La Sociedad de Transplantes Británica ha acusado a las autoridades chinas de vender los órganos de los miles de ejecutados en el país para ser utilizados en transplantes.
Algunos médicos apuntan, incluso, que la fecha de algunas ejecuciones podría haberse adelantado para adaptarse a las necesidades de los compradores y de los pacientes que debían ser sometidos al transplante.
La sociedad médica, que ha observado cómo el número de pacientes que decide viajar a China para obtener un transplante ha aumentado considerablemente en los últimos años, ha manifestado que esta práctica es contraria a los Derechos Humanos.
De acuerdo con sus declaraciones, la velocidad con la que se adjudican los donantes a los pacientes demuestra que los prisioneros son seleccionados antes de su ejecución.Por su parte, China ha negado todas las acusaciones, aunque ha admitido que podrían haberse producido algunas donaciones de órganos por parte de presos condenados a muerte, pero siempre con su consentimiento.
Fuente: 20minutos.es
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El Ministerio de Justicia ha pedido a los 432 registros civiles que hay en España que extremen la vigilancia ante el espectacular aumento de los matrimonios de conveniencia. El año pasado se detectaron 259, el triple que en 2000 (hubo 70). Supone una subida del 270%.
Todas estas bodas de interés (o de complacencia, como las llama Justicia) se producen entre un español y un extranjero. A veces por amistad, otras (la mayoría) por dinero, mucho dinero.
Existen agencias matrimoniales que ponen en contacto a los «novios». La tarifa media es de 3.000 euros, que siempre paga el que quiere obtener la nacionalidad. La ley permite que transcurrido un año de la boda, el cónyuge extranjero pueda tener el pasaporte español. Después siempre llega el divorcio.
Ante el fuerte incremento de la inmigración, los registros civiles han reforzado los controles. En cuanto tienen alguna duda abren una investigación, que casi siempre consiste en preguntas trampa por separado a los dos pretendientes. El expediente puede acabar en la retirada del permiso de residencia para el extranjero.
Cuatro bodas y un tribunal
La historia de Nicolasa Nuo podría llevarse perfectamente al cine. Esta española de origen nigeriano, de 49 años, fue detenida en febrero de 2003 tras haberse casado cuatro veces en cuatro registros civiles de otras tantas ciudades españolas. Todos sus maridos eran ciudadanos nigerianos que obtuvieron así la nacionalidad española. Cada uno de ellos tuvo que pagar a Nicolasa 3.000 euros. Actualmente está en libertad.
Sabías que…
Fuente: 20minutos.es
Bajo licencia Creative Commons
Luego de conocer el informe del gobierno de los Estados Unidos sobre el incremento en un 26 por ciento de los cultivos iícitos en Colombia, los candidatos presidenciales coincidieron en calificar como un fracaso la política antinarcóticos del gobierno nacional. Horacio Serpa, candidato presidencial del Partido Liberal aseguró que el país debe hacer una gran reflexión sobre la manera en la que se está atacando el problema del narcotráfico, para hacer los ajustes necesarios en la lucha contra los cultivos ilegales.
«Debe existir una verdadera corresponsabilidad de la comunidad internacional frente al tema del narcotráfico, porque Colombia no puede continuar afrontando de manera solitaria las consecuencias de este flagelo, el consumo y la indiferencia en Estados Unidos y Europa generan más problemas en nuestro país», dijo Serpa.
Para el candidato presidencial del Polo Democrático Carlos Gaviria, es evidente el fracaso de la política de fumigación de cultivos ilícitos que ha implementado el gobierno nacional.
«Colombia tiene que iniciar el debate internacional sobre la legalización de la droga, porque de otra forma no se vislumbra la reducción en el precio internacional de los estupefacientes. No es un asunto fácil, pero debe darse el primer paso», aseguró Gaviria Díaz.
Alvaro Leyva propuso la concertación de un programa conjunto con los grupos armados ilegales para lograr erradicar manualmente los cultivos de coca y de amapola.
«Es fundamental que la erradicación manual cuente con la vigilancia de la oficina de control de estupefacientes de Naciones Unidas para garantizar la seguridad de quienes intervengan en esta labor», concluyó Leyva Durán.
El candidato presidencial del Movimiento Visionario Antanas Mockus aseguró que la situación es muy preocupante, ya que si se mantienen las actuales cifras de cultivos ilícitos, podía fracasar la política de seguridad democrática del presidente Alvaro Uribe.
Enrique Parejo González les solicitó a los gobiernos de Colombia y de Estados Unidos claridad frente al método de monitoreo que se está utilizando para la vigilancia de los cultivos ilícitos.
Fuente: Radio Caracol
Donde un juez deja claro que las licencias CC son válidas y que la SGAE no puede cobrar por las obras acogidas a ellas.
Creative Commons es una buena idea, es una forma de que los autores de cualquier cosa (incluido este blog) dejen claro cuales consideran sus derechos sobre la obra y cuales están dispuestos a ceder. Y desde hace unos dÃas permite, como efecto colate
Creative Commons es una buena idea, es una forma de que los autores de cualquier cosa (incluido este blog) dejen claro cuales consideran sus derechos sobre la obra y cuales están dispuestos a ceder. Y desde hace unos días permite, como efecto colateral, que la SGAE no llene sus arcas a lo buitre, recaudando sobre lo que no es suyo. El problema era que las licencias CC podían no ser reconocidas por los jueces en caso de conflicto de intereses.
Este conflicto se produjo cuando la Sociedad General de Autores y Editores demandó al propietario de un bar de Badajoz solicitándole el pago de algo más de 4800 euros en concepto de derechos de autor por la música que ponía en su local.
Que en dicho bar se reprodujera o tocara música bajo licencia Creative Commons le daba igual. El hecho de que la sociedad no gestione este tipo de obras tampoco le importaba nada. La SGAE llegó a contratar a personas para grabar dentro del local la música que se ponía (¿no sería esto una grabación pirata?). Pero la racionalidad se impuso a través del juez de primera instancia del juzgado 6 de Badajoz que absolvió al demandado y condenó a la SGAE a pagar las costas del juicio.
En el estado actual de las cosas, y al no recurrir la SGAE, la sentencia es firme y según algunos medios de comunicación sienta jurisprudencia (yo esto no lo tengo claro).
La noticia original se reprodujo en diversos diarios pero siempre es mejor leer la sentencia, disponible en Derecho en Internet (bajo licencia Creative Commons).
La sentencia se basa en que la SGAE acusa al propietario del bar de poner música gestionada por ellos. A pesar de contratar a detectives privados para realizar grabaciones no fueron capaces de concretar la acusación mencionando expresamente alguna obra o autor. Por su parte el demandado demostró su capacidad técnica para descargar música bajo licencia CC y aportó testigos de que lo hacía sistemáticamente para reproducirla. Y el juez reconció que la música bajo licencia CC no está gestionada por la SGAE ni, en consecuencia, se le debe nada a esta sociedad.
La validez jurídica de las licencias CC es así reconocida legalmente, parece ser que por primera vez en un país europeo.
Lamentablemente, el canon sobre los medios de reproducción y los soportes de grabación sigue igual apoyado en falacias que cualquier alumno de instituto desmontaría en un minuto. No ocurre así con nuestros legisladores, que siguen en su plano astral particular, sin enterarse de lo que pasa en la realidad.
Fuente: Golem Blog
Bajo licencia Creative Commons
Los niños no registrados son vulnerables a prácticas como el tráfico de personas, la prostitución y la explotación laboral.
Todos somos hijos del Estado
Es una buena noticia que Unicef, el BID y la OEA hayan firmado, el 8 de agosto, un convenio para impulsar el registro civil de todos los niños que nacen en América Latina. Es una esperanza para dos millones de recién nacidos, especialmente los más pobres, que en este continente cada año se van de los hospitales -cuando nacen en ellos- sin registrarse.
Algo grave, porque esos pequeños crecen sin existencia legal reconocida, incluso sin nacionalidad o un nombre registrado. Y sufren no solo mil dificultades para acceder a los servicios de salud y educación, y hasta para heredar, sino que son los más vulnerables a la adopción ilegal, a ser explotados laboralmente o a caer víctimas del tráfico de personas y la prostitución. Todo porque para los Estados, oficialmente, esos inocentes no existen.
Latinoamérica tiene las tasas más altas de registro en el llamado mundo en desarrollo, muy por encima del sur de Asia, donde solo se registra al 30 por ciento de los niños. Pero, aun así, 18 por ciento de los niños de la región no se registran. Hay grandes desigualdades entre países: Cuba y Chile tienen un registro casi universal, en tanto que Dominicana, por ejemplo, no registra una cuarta parte de sus recién nacidos. Colombia está en un rango alto (91 por ciento registrados), pero las diferencias entre el campo (84 por ciento) y la ciudad (95 por ciento), entre ricos y pobres y entre estratos con educación o sin ella son muy grandes.
De los 715000 niños que nacen al año, cerca de 65000 no se registran. Multiplicar esto por diez o quince años basta para ver la colosal magnitud del problema.
La ley ordena que clínicas y hospitales ofrezcan los servicios de registro civil de nacimiento. Un énfasis particular de esta loable campaña y de la Oficina de Registro Nacional está dirigido a reforzar el registro entre la población desplazada y la que vive en zonas de conflicto armado, donde los índices son los más bajos.
Así, se procura fortalecer las capacidades de registrar a los niños en clínicas y hospitales de 14 de los 32 departamentos. Una iniciativa que debe contar con todo el apoyo. El Estado colombiano debe dar ejemplo de que todos los niños son sus hijos.
Fuente: ElTiempo.com.co