Procedimiento en un control policial para detectar magufos, en especial grafólogos.
Y
es que la marcha de un empleado clave para una compañía puede suponer el principio de un problema en la seguridad de la misma. Cuando un trabajador abandona la que hasta entonces era su empresa de forma poco satisfactoria, en numerosas ocasiones, se incurre en el robo o destrucción de información; la contabilidad, el programa que está desarrollando o la base de datos de clientes son informaciones tan vitales para la empresa que, su borrado o fuga, podría afectar a su supervivencia.
El servicio de peritaje informático que ha crecido un 120% durante 2005, también se solicita para demostrar despidos procedentes con pruebas tangibles, o improcedentes, si es el empleado quién demanda el servicio de peritaje. El uso indebido de Internet y el acceso a páginas web restringidas por la empresa son, si se demuestra adecuadamente, pruebas que pueden llegar a justificar un despido procedente.
Ante estas situaciones y, siempre que se hayan empleado equipos informáticos, se hace imprescindible la actuación y el testimonio de peritos informáticos para poder demostrar los hechos ante un Tribunal de Justicia.
Gran parte de los casos en los que trabaja Recovery Labs implica investigar este tipo de delitos, analizando la integridad de la información que haya podido ser borrada, manipulada, o extraída de los sistemas de información.
Para poder rastrear cualquier evidencia electrónica que demuestre alguna modificación en la información contenida en los soportes informáticos, los investigadores de Recovery Labs utilizan una metodología aceptada por los Tribunales de Justicia. De esta manera, Recovery Labs puede asegurar que la información guardada en los dispositivos de almacenamiento no se ve alterada en modo alguno por los procesos de examen del Laboratorio.
Fuente: Recovery Labs
Los malos aficionados al boxeo no saben apreciar las victorias por puntos. Sólo quieren el K.O. Ansón que su ídolo aseste al contrincante un demoledor directo a la mandíbula que lo deje tendido en la lona, y mejor todavía si es con algún hueso roto. De otro modo el combate les parece una cosa aguada, sin garra, sin sustancia. Algunas manifestaciones leídas y oídas tras el comunicado de ETA recuerdan esta actitud. Como los encapuchados no han anunciado la entrega de las armas ni la rendición incondicional que todos hubiéramos querido oír de su boca, hay quien sólo ve sombras en el anuncio del «alto el fuego permanente». No creo y “no quiero creer- que nadie en el frente democrático se haya sentido contrariado ante la perspectiva del fin de los crímenes. Con más o menos entusiasmo, supongo que todo el mundo ha recibido la noticia con agrado. O por lo menos con alivio. Es una bonita palabra, esta de alivio. Suena suave y tranquila, como para decirla en voz baja, sin alharacas, sin pegar gritos. Expresa una emoción contenida pero intensa, la de un dolor que descarga una parte de su peso y entonces permite respirar. Joaquín Sabina ha titulado su último disco «Alivio de luto». Es una expresión que usaban nuestras abuelas para referirse a esa fase del duelo en que los recuerdos sombríos empiezan a atemperarse, cuando ya no hace falta vestirse de negro para seguir honrando la memoria del difunto. A Sabina se le había enterrado el alma durante una larga temporada hasta que volvía a componer y a cantar como si se hubiera despojado del luto de esos meses. Pues algo de esto me da la impresión de que nos está ocurriendo. Que nos hemos sentido aliviados. A partir de ahí caben todos los matices desde la esperanza de los más optimistas hasta el recelo de los menos crédulos. El júbilo es tan legítimo como el escepticismo. Pero nadie debería privarnos del derecho al alivio. Del derecho a pensar que estamos ganando esta pelea, aunque eso no signifique que de la noche a la mañana vayamos a bajar la guardia.
José María Romera. Publicado en Diario de Navarra, 25.3.06
Los niños no registrados son vulnerables a prácticas como el tráfico de personas, la prostitución y la explotación laboral.
Todos somos hijos del Estado
Es una buena noticia que Unicef, el BID y la OEA hayan firmado, el 8 de agosto, un convenio para impulsar el registro civil de todos los niños que nacen en América Latina. Es una esperanza para dos millones de recién nacidos, especialmente los más pobres, que en este continente cada año se van de los hospitales -cuando nacen en ellos- sin registrarse.
Algo grave, porque esos pequeños crecen sin existencia legal reconocida, incluso sin nacionalidad o un nombre registrado. Y sufren no solo mil dificultades para acceder a los servicios de salud y educación, y hasta para heredar, sino que son los más vulnerables a la adopción ilegal, a ser explotados laboralmente o a caer víctimas del tráfico de personas y la prostitución. Todo porque para los Estados, oficialmente, esos inocentes no existen.
Latinoamérica tiene las tasas más altas de registro en el llamado mundo en desarrollo, muy por encima del sur de Asia, donde solo se registra al 30 por ciento de los niños. Pero, aun así, 18 por ciento de los niños de la región no se registran. Hay grandes desigualdades entre países: Cuba y Chile tienen un registro casi universal, en tanto que Dominicana, por ejemplo, no registra una cuarta parte de sus recién nacidos. Colombia está en un rango alto (91 por ciento registrados), pero las diferencias entre el campo (84 por ciento) y la ciudad (95 por ciento), entre ricos y pobres y entre estratos con educación o sin ella son muy grandes.
De los 715000 niños que nacen al año, cerca de 65000 no se registran. Multiplicar esto por diez o quince años basta para ver la colosal magnitud del problema.
La ley ordena que clínicas y hospitales ofrezcan los servicios de registro civil de nacimiento. Un énfasis particular de esta loable campaña y de la Oficina de Registro Nacional está dirigido a reforzar el registro entre la población desplazada y la que vive en zonas de conflicto armado, donde los índices son los más bajos.
Así, se procura fortalecer las capacidades de registrar a los niños en clínicas y hospitales de 14 de los 32 departamentos. Una iniciativa que debe contar con todo el apoyo. El Estado colombiano debe dar ejemplo de que todos los niños son sus hijos.
Fuente: ElTiempo.com.co
Una nueva tecnología de reconocimiento de huellas dactilares para propósitos de seguridad está convirtiéndose en un sistema mucho más eficiente que las técnicas tradicionales, o al menos así lo afirma un estudio del NIST (National Institute of Standards and Technology). Este informe analiza el uso de representaciones matemáticas de imagines de huellas dactilares completas que son mucho más sencillas para que los fabricantes de sistemas de seguridad biométricos puedan intercambiarlas entre ellos.
Estas plantillas también son una fracción del tamaño de una imagen de huella dactilar, por lo que se reduce el espacio necesario para su almacenamiento, que puede realizarse en pequeñas tarjetas o dispositivos similares.
Catorce fabricantes de tecnologías de reconocimiento de huellas dactilares han participado en el MINEX (Minutiae Interoperability Exchange Text, en sus siglas en inglés), que estuvo patrocinado por los departamentos de justicia y seguridad nacional estadounidenses. Utilizando dos dedos índices, estos sistemas tiene una tasa de aciertos de más del 98 por ciento.
La investigación en reconocimiento de huellas dactilares para seguridad informática también ha atraído el interés de una serie de científicos de la Universidad de Buffalo, que a principios de este año dieron a conocer los resultados de sus investigaciones y mostraron cómo imágenes completas de las huellas dactilares son necesarias para proporcionar mayor seguridad.
Fuente: IDG
En 2004, Murcia registró 17 de los 101 delitos de empleados públicos contra la Administración. Detrás estaban Segovia con siete y Las Palmas con seis.
Fraude, prevaricación, tráfico de influencias y malversación son algunos de los 17 delitos contra la Administración pública que supusieron condena para funcionarios en 2004, según el Instituto Nacional de Estadística (INE) y la memoria de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de 2004. Los delitos contra la Administración son todos aquellos que puedan ser cometidos por los empleados públicos.
Durante 2004 en toda España se registraron 101 delitos (con condena) de este tipo y los murcianos se encuentran a la cabeza, ya que sólo tienen por detrás, y bastante lejos, a Segovia con siete y Las Palmas con seis. Pero no sólo eso, siguiendo con el estudio del INE, los murcianos son los segundos que más delitos cometieron contra el medio ambiente y la ordenación del territorio, con 14, sólo tenemos por delante a Jaén con 15 delitos. En cuanto a las causas contra la administración de justicia nos encontramos en el décimo lugar de las 52 provincias, con 199 delitos. El arquitecto municipal reaparece El arquitecto municipal Joaquín Peñalver asistía el pasado miércoles a la inauguración de una exposición en la galería La Aurora, de Murcia. Allí coincidía con el edil de Urbanismo. El fiscal jefe de Murcia ha abierto diligencias penales a Peñalver, de baja por paternidad. El TSJ investiga si ha favorecido a su familia en los siete años que lleva en su cargo.
Cronología: Escándalos urbanísticos en la Región de Murcia 24 de enero de 2006: El concejal de Obras Públicas del Ayuntamiento de Murcia, Antonio Sánchez Carrillo, es acusado de votar tres veces a favor de sendos proyectos de Polaris World. Uno de sus dueños, Facundo Armero, es socio de Sánchez Carrillo, en la construcción de casas en Ronda Sur. También se supo que Carlos Valcárcel, hermano del presidente de Murcia, era socio de Polaris, empresa que participa en la tele autonómica. 25 de enero de 2006: Los servicios jurídicos del Ayuntamiento no ven delito en la actuación de Sánchez Carrillo, al no haber «una amistad íntima» entre el edil y Facundo Armero. 26 de enero de 2006: El PP pide al PSOE que responda por los miembros socialistas que votaron en Murcia a favor de una recalificación que benefició al edil del PSOE Marcos Ros. Pedro Saura, secretario general del PSOE-RM, es acusado de votar la supresión del retranqueo de un inmueble, que de haberse suprimido habría favorecido a su padre en 1997, siendo edil en Torre Pacheco. 26 de febrero de 2006: El presidente de la Comunidad, Ramón Luis Valcárcel (PP), es acusado de comprar un piso en la Gran Vía por 75 millones de pesetas, en un edificio que Metrovacesa vendía antes de que le autorizaran abrir su centro comercial en Murcia. Fuente: 20minutos.es Bajo licencia Creative Commons
Sólo en escoltas privados para proteger a las personas amenazadas, los Gobiernos central y vasco habrán gastado a finales de este año más de 700 millones de euros, tomando como referencia el año 2000, cuando ETA rompió la tregua. En los dos últimos años, decenas de jueces y cargos públicos socialistas amenazados han prescindido de los servicios de protección. Pese a todo, los responsables de Interior de los Gobiernos central y vasco no revisarán aún los servicios de escoltas. «Vamos a tomarnos nuestro tiempo. Sólo se ha abierto una puerta, y desconocemos lo que hay al otro lado. Y en esto sólo valen los hechos, no los dichos», dice el número dos de la Consejería de Interior, Mikel Legarda.
Ambos Ejecutivos ya se enfrentaron a esta situación con la tregua parcial decretada por ETA para los cargos amenazados en junio de 2005. Tanto Interior como PP y del PSE acordaron mantener la protección. En el caso de los socialistas, comenzó el goteo de renuncias, que ahora se prevé alcance un nuevo pico, según la policía vasca. Para entonces, Interior llevaba más de un año enfrentándose a las numerosas renuncias que llegaban desde el mundo de la judicatura en Euskadi, donde decenas de ellos han prescindido de sus escoltas. Un asunto que incluso se ha discutido con preocupación en el órgano de gobierno de los jueces vascos.
El cese de la violencia obligará a Interior a repensar la seguridad. Pero antes se tomarán un tiempo. Tras un periodo en el que los expertos policiales deberán constatar que ETA da por enterrada cualquier manifestación violenta, ambas administraciones decidirán conjuntamente cuándo, cómo y de qué manera las sombras que han seguido durante tantos años a los amenazados por ETA pueden ir desapareciendo de las calles. «No va a ser inmediato, y deberemos constatar que el cese de la violencia es irreversible e universal», dice el número dos de Interior vasco, Mikel Legarda.
El problema añadido que ya se está percibiendo es que la presión por parte de los cargos, sobre todo socialistas, para que se les retire la escolta no va a parar, salvo que la kale borroka se haga presente con la intensidad de la última tregua. «Eso ya se está viendo y de hecho nuestros protegidos no se comportan igual en Guipúzcoa, donde la presión del terrorismo ha sido siempre mayor, que en Álava», indicaba ayer un ertzaina que realiza tareas de escolta a un cargo socialista. La incidencia a medio plazo en el sector de la seguridad privada será elevada. Muchos de los escoltas tendrán que volverse a «vestir de romano», como llaman en su argot al uniforme de vigilante. El sector sólo en 2003, año del último asesinato de ETA, tuvo un volumen de negocio de 3.000 millones de euros, según su patronal, Aproser.
Si el desembolso total para hacer el museo Guggenheim ascendió a 165 millones de euros, con el dinero que el erario público habrá destinado entre 2000 y 2006 a escoltas privados se hubieran podido construir 4,5 Guggenheims.
ETA no ha causado sólo mucho dolor y sufrimiento a las 817 familias de víctimas de los terroristas desde 1968. Hay un coste crematístico que se ha ido acumulando en los presupuestos públicos y en las cuentas de resultados de muchas empresas. Ya en noviembre de 2002, en pleno debate sobre el plan Ibarretxe, el actual director de la Policía, Víctor García, entonces parlamentario vasco, preguntó al consejero de Interior, Javier Balza, sobre el coste presupuestario de ETA. «Ahora que se habla del coste de la no España, merece la pena reflexionar de lo que de verdad cuesta ETA, no sólo en vidas, sino en dinero de todos».
Al año siguiente, Balza trajo la respuesta bajo el brazo. «El coste de ETA supera los 80 millones de euros», el 53% del presupuesto operativo -que no incluye el gasto de personal y los sueldos de los ertzainas– de esa cartera. Y la partida estrella era la destinada a pagar a las empresas de seguridad privada por los servicios de escolta a los amenazados por ETA, un colectivo que no ha parado de crecer desde que la dirección de ETA ordenara el asesinato en enero de 1995 de Gregorio Ordóñez. Una estrategia de «socialización del sufrimiento», en palabras de los terroristas, que alcanzó su clímax en 2000. Ese año, los terroristas etarras asesinaron a 23 personas, diez de ellos concejales o militantes del PP y del PSOE.
Fue el pistoletazo de salida para el crecimiento de las partidas para escoltas privados. Primero fueron los cargos públicos; luego, jueces y fiscales, tras el asesinato del magistrado José María Lidón, en noviembre de 2001. Periodistas, empresarios, profesores… siguieron ampliando la lista de amenazados con escolta hasta superar los 1.000 sólo en Euskadi. En paralelo, crecía el negocio privado de la seguridad. Interior vasco destinó en su primera partida, en octubre de 2000, 2 millones de euros. En 2004, pese a que los terroristas no mataban desde mayo de 2003, esa partida se había disparado hasta los 74,8 millones. La progresión en las arcas del Ministerio del Interior tampoco ha parado de crecer. En 2005, la partida para ese cometido en el País Vasco y Navarra había superado los 92,3 millones de euros y este año hay presupuestados 94,6 millones.
Fuente: Elpais.es 2006/03/25
Un campesino de 43 años fue arrestado tras intentar violar a una mujer de 75 para acabar con un persistente dolor de cabeza, remedio recomendado por un curandero, informó el diario «China Daily».
El campesino, de la localidad de Taishan (provincia meridional de Cantón), padecía desde hacía una semana dolor de cabeza, pero en lugar de acudir al médico, cuyos precios son prohibitivos para los residentes rurales, decidió visitar a un chamán.
Este le dijo que la única manera de curar el dolor de cabeza era manteniendo relaciones sexuales con una anciana.
Cuando regresaba a su domicilio, el campesino avistó a la septuagenaria, que estaba trabajando sola la tierra, y se abalanzó sobre ella. En ese momento un vecino pasó por el lugar y el presunto violador frustrado huyó.
La anciana denunció la agresión a la policía, que se aprestó a detener al campesino.
Fuente: 20minutos.es
Bajo licencia Creative Commons
Rafael Cuéllar murió en la población de Natagaima (Tolima) a 300 kilómetros de Bogotá (Colombia). Sus hermanos le golpearan con palos porque supuestamente estaba poseído.
Ismael Cuéllar, hermano de la víctima, quien pertenece a una iglesia evangélica, expresó que «yo le vi en la cabeza al demonio».
El coronel Gilberto Ramírez, jefe de la Policía de Tolima, declaró que aunque varios agentes acudieron ante llamadas de los vecinos, «evidentemente, esta persona ya había fallecido como consecuencia de los golpes causados a través de un elemento contundente».
No sin razón, algunos analistas internacionales piensan ahora en el filósofo alemán Carlos Marx, autor en el siglo XIX de obras como «El capital» y junto con Friedrich Engels el «Manifiesto del Partido Comunista», quien dejó para la Historia una de sus famosas frases: «La religión es el opio del pueblo»
Texto encontrado en un libro sobre introducción a la Criminología
Un grupo de cuatro náufragos recala en una isla desierta, en la que salvo por un poco de agua en un arroyo casi seco no hay nada que comer o beber. Tras varios días sin llevarse nada a la boca y ya casi al borde de la muerte por inanición, entre los restos del naufragio aparece un paquete con cuatro latas de atún en conserva que apenas contienen alimentos para ese día.
Para poder sobrevivir unos días más, esperando que algún barco los aviste y venga a rescatarlos, uno de los náufragos propone comerse ese día sólo dos latas, dividiéndolas en cuatro raciones exactamente iguales, y hacer lo mismo con cada una de las dos latas restantes los días siguientes. Otro náufrago quiere que le den su lata para consumir su contenido cómo y cuando mejor la parezca. Un tercero dice que él es el único que tiene un abrelatas y que los demás tienen que darle, si quiere que se lo presente, una parte de la ración que les corresponda. El cuarto náufrago alega ser el más antiguo y de más alta graduación y que, por tanto, le corresponde la mitad de las latas, dejando las otras dos para que los demás se las repartan como quieran.
Surge una discusión entre ellos y en el transcurso de la misma el primer náufrago saca una pistola y amenaza a sus otros tres compañeros con matarlos y quedarse él con todas las latas, si no aceptan su propuesta. A la vista de lo cual los compañeros, con mala gana, se pliegan a sus exigencias, quedando el de la pistola encargado de aguantar las latas y de hacer el reparto por él propuesto. Así consiguen sobrevivir todos un día más. Pero al segundo día del acuerdo muere el náufrago que era el oficial más antiguo y también el de más edad y débil constitución. El tercer día muere de un disparo el náufrago que tenía el abrelatas, al ser sorprendido por su compañero intentando apoderarse de la última lata que le quedaba. El cuarto día muere el náufrago que tenía la pistola. Y al quinto día aparece un barco, rescatando al único náufrago que queda con vida, que había conseguido esconder entre sus ropas, sin que los compañeros se dieran cuenta, una quinta lata, que le permitía sobrevivir hasta la llegada del barco.
Fuente: El Forastero
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