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El Pleno del Congreso de los Diputados aprobó hoy definitivamente la Ley sobre Técnicas de Reproducción Humana Asistida, sin los cambios introducidos durante la tramitación del proyecto en el Senado, por lo que se permitirá finalmente la selección genética de embriones con fines terapéuticos para curar hermanos enfermos.

La Ley fue apoyada por todos los grupos parlamentarios de la Cámara Baja excepto el PP, que vio cómo fueron rechazadas sus enmiendas introducidas en el proyecto de ley durante la tramitación en el Senado. Asimismo, se aprobaron por unanimidad algunas enmiendas de la Cámara Alta presentadas por CiU, PNV y Entesa Catalana.

La nueva legislación sobre reproducción asistida facilita que parejas con problemas de fertilidad o mujeres solas puedan tener hijos biológicos, y regula la aplicación de técnicas de diagnóstico para la prevención de enfermedades y el incremento de la seguridad y las garantías que se ofrecen en estos procesos

Como novedades, se suprime la limitación de fecundar un máximo de tres ovocitos en cada ciclo reproductivo, dejando la decisión cuantitativa al criterio médico; se deja a voluntad de la decisión de la mujer o la pareja el destino de los preembriones sobrantes; y se amplía la posibilidad de utilizar el diagnóstico preimplantacional para evitar enfermedades hereditarias graves.

Igualmente, la normativa prohíbe la práctica de las «madres de alquiler» y la clonación de seres humanos con fines reproductivos. En cuanto a la aplicación de la clonación con fines terapéuticos, al no tratarse de una técnica de reproducción humana asistida sino de investigación, será regulada en la Ley de Investigación en Biomedicina.

Mediante el diagnóstico genético preimplantacional con fines terapéuticos para terceros, será posible llevar a cabo estas técnicas preimplantacionales, definiendo la compatibilidad de tejidos para poder, en el futuro, ayudar a un hermano. Para ello será necesaria la autorización de la Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida, que analizará caso por caso.

Por otro lado, crea un Registro de Actividad de los centros de reproducción asistida, con informaciones sobre tipología de técnicas y procedimientos, tasas de éxito, número de preembriones que conservan y otras cuestiones sobre la calidad de cada centro que deberán hacerse públicos al menos una vez al año, requisito indispensable para autorizarlos o mantener la acreditación.

Así, se contemplan sanciones si revelan la identidad de los donantes, en casos de mala práctica con técnicas de reproducción asistida y materiales biológicos, si lesionan los intereses de donantes o usuarios, o si transmiten a los descendientes enfermedades congénitas o hereditarias evitables.

Por último, la ley fija un régimen sancionador, con multas cuya gravedad varía según los riesgos para la salud de la madre o los preembriones a generar, el grado de intencionalidad, la gravedad de la alteración sanitaria o social producida, la generalización de la infracción y la reincidencia.

RESPALDO CIENTIFICO FRENTE A ASPECTOS RELIGIOSOS.

La mayoría de los portavoces parlamentarios defendieron el espíritu de esta ley, argumentando que responde al interés general y cuenta con el respaldo científico, frente a otros aspectos filosóficos o religiosos.

Así, el diputado socialista Alberto Fidalgo explicó que la norma supone una respuesta a los problemas de fertilidad de muchas parejas, a las nuevas técnicas y a las demandas sociales, y dijo que «hará un poco más felices a mucha gente». A este respecto, aseguró que cuenta con un amplio respaldo social pese a la «soberbia» y «prepotencia» del PP que, a su juicio, «parece tener la verdad absoluta y ser el ojo de Dios».

Fidalgo respondía así a la diputada del PP Mercedes Roldós, quien defendió el texto aprobado en el Senado porque, en su opinión, limita y ofrece garantías de respeto a la salud y la ética, y pidió a los diputados del PSOE un «ejercicio de responsabilidad» para votar con libertad de conciencia, tal y como ocurrió en el Pleno de la Cámara Alta cuando algunos se ausentaron del hemiciclo a la hora de la votación, lo que permitió aprobar las enmiendas del PP.

Roldós subrayó que esperaba que dicha ausencia fuese por ese motivo y no por motivos «lúdico-deportivos», ya que la votación coincidió con los últimos minutos del partido de vuelta de semifinales de Liga de Campeones de fútbol entre Barcelona y Milán.

Asimismo, la diputada popular afirmó que la reforma impulsada por el Gobierno de la Ley de Reproducción Asistida no tienen ninguna justificación clínica ni es fruto de la demanda social, sino que responde, dijo, al programa electoral del PSOE para borrar todos los avances logrados por el PP.

Además, aseguró que los cambios introducidos en el Senado son acordes al resto de legislaciones europeas, ya que «defienden la salud de la mujer y la dignidad del embrión», y establece cautelas para evitar la posible especulación con la comercialización de células y tejidos. Igualmente, recalcó que no hay ni un solo paciente en el mundo que se haya curado con células madres embrionarias, por lo que pidió que se no creen expectativas a corto plazo sobre curación de enfermedades que puedan generar frustración en los pacientes.

CONTROL PUBLICO.

Por su parte, el portavoz de Sanidad de CiU, Jordi Xuclá. manifestó discrepancias con algunos puntos de la ley y la coincidiencia con otros. En este sentido, defendió algunas enmiendas introducidas en el Senado por su grupo, PNV y Entesa Catalana, con el fin de aumentar el control público sobre los embriones y acercarse al modelo británico.

En la misma línea se pronunció la diputada de PNV Margarita Uría, quien dijo que la ley es realista y acorde a lo necesario científicamente y a lo demandado por la sociedad, aunque señaló que es importante evitar el comercio de óvulos.

El resto de portavoces parlamentarios defendieron la norma. Rosa María Bonás (ERC) indicó que esta ley evitará el dolor de muchas familias que desean ser padres biológicos o que tienen niños enfermos, al abrir vías de solución para ser curados.

Asimismo, Luis Mardones (Coalición Canaria) insistió en que esta ley sigue una línea adecuada a la demanda social actual y supone un paso adelante hacia el progresismo y la racionalidad, manteniendo las limitaciones a la clonación humana pero apoyando la selección de embriones con fines terapéuticos, de una manera responsable y controlada y con todas las garantías científicas, lo que abre la esperanza a personas afectadas por patologías como el Alzheimer o la diabetes.

Carme García Suárez (IU-ICV) criticó al PP y CiU por moverse más por aspectos filosóficos o religiosos que científicos. «Han querido trasladar a la ley los argumentos de la Conferencia Episcopal Española –dijo– se resisten a aceptar que estamos en un Estado aconfesional y que se no pueden imponer criterios religiosos frente a los científicos o de interés general».

La diputada de IU-ICV aprovechó la ocasión para reivindicar ante la ministra de Sanidad y Consumo, Elena Salgado, la legalización de la eutanasia pensando en el «bien común». «Todo esto es asumible al derecho a una muerte digna, que no tiene que ver con los cuidados paliativos, a quien voluntariamente lo quiera utilizar», añadió.

Fuente: diabetesjuvenil.com