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Las mentes simples casi siempre yerran en sus juicios
Una enmienda de Pujalte (PP) excluyó a empresas como Afinsa y Fórum del control del Banco de España
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La Unión de Consumidores de España ha pedido hoy explicaciones al PP sobre por qué cuando gobernaba en 2003 excluyó a empresas como Afinsa y Fórum Filatélico del control financiero del Banco de España y de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Fue una enmienda presentada por el popular Vicente Martínez Pujalte la que posibilitó su exclusión.
El portavoz de la Unión de Consumidores de España, Dacio Alonso, presidente de esta asociación en Asturias, indicó hoy en Oviedo que el PP, con mayoría absoluta en el Congreso, «evitó a última» hora que empresas que vendían productos de bienes tangibles como sellos u obras de arte fueran incluidas en el Ley 35/2003 de Instituciones de Inversión Colectiva como entidades financieras. Recordó que una enmienda presentada en el Senado «en el último momento» por el parlamentario popular Vicente Martínez Pujalte posibilitó que su control lo ejercieran las oficinas de consumo de las comunidades autónomas, «donde estarían más a gusto, ya que sabían que no se las iba a controlar». «No digo que de ese hecho se deriven responsabilidades patrimoniales por parte del Estado, ya que no hay una ley que lo sustente, pero sí creo que hay una responsabilidad de naturaleza política», aseveró. Para el portavoz de la UCE, «el PP debe explicar a las 350000 familias que siendo responsable de esa Ley y cuando se conocía que estas empresas tenían una gran inseguridad jurídica, no provocó que fuesen consideradas instituciones financieras y su actividad productos financieros». Argumentó que una de las razones que podrían explicar el comportamiento del PP es que «conocía que la Agencia Tributaria había abierto expedientes a estas empresas por irregularidades en sus impuestos y que, por ello, no quiso incluirlas como entidades financieras para evitar que el Estado se hiciera cargo de cualquier responsabilidad». Aseguró que podría haber «una razón más preocupante» y apuntó que quizá «pudo haber habido una presión por parte de estas empresas en el Parlamento para que no se las considerase como entidades financieras».
Fuente: CadenaSer.es
Cronología de la estafa o los préstamos de doña Baldomera
La hija del escritor Mariano José de Larra llegó a ser casi tan popular como su padre, aunque por motivos bastante menos honrosos. Doña Baldomera se ganó el sobrenombre de madre de los pobres gracias a un rudimentario negocio de inversión que ella misma desarrolló en el siglo XIX. Prometía dos onzas de oro por cada una que le entregaban. Pagaba dividendos a unos con el dinero que ponían otros, y a éstos, más tarde con el dinero que pondrían otros más en el futuro. Hasta que un día fueron más los que quisieron retirar que aportar. Doña Baldomera especulaba con bienes que no existían y, claro, acabó arruinando a mucha gente. La madre de los pobres resultó ser una gran estafadora.
Muchos le atribuyen a doña Baldomera el mérito de ser la inventora de la pirámide de préstamos, un método cuya filosofía ha inspirado una parte de la presunta estafa de Fórum Filatélico y Afinsa, empresas ambas intervenidas por la Audiencia Nacional desde el martes pasado. Evidentemente, no ha sido el único caso. La historia financiera española está plagada de casos de estafas a accionistas, inversores y ahorradores, que han visto cómo su dinero desaparecía y casi nunca los culpables acababan entre rejas. Éstos son algunos ejemplos:
SOFICO El escándalo del franquismo
Estalló en 1974. Las empresas implicadas lograron atraer a pequeños inversores gracias a un gran despliegue publicitario. Entre los administradores figuraban destacados generales. Se generó un agujero de 6.000 millones de pesetas de los de entonces (36 millones de euros) y unas 25.000 personas se pillaron los dedos. El capital invertido voló y los inversores se quedaron sin el piso que creían haber comprado en la Costa del Sol, donde los luminosos y carteles de Sofico se convirtieron casi en una seña de identidad de la costa malagueña.
Los empresarios Eugenio Peydró Salmerón y su hijo Eugenio Peydró Brillas fueron condenados en 1987 a nueve y dos años de prisión, respectivamente. Ambos recurrieron la sentencia y no fueron a la cárcel, y cuando en 1991 el Tribunal Supremo confirmó la sentencia condenatoria -17 años después de la suspensión de pagos-, Peydró padre había muerto.
FIDECAYA Más de 240.000 afectados
El procedimiento judicial se inició en 1982. Se trataba de presuntas estafas financiero-inmobiliarias que superaron los 1.800 millones de pesetas (11 millones de euros). Fidecaya era una entidad de ahorro particular que tenía en agosto de 1981, cuando se percibieron las primeras irregularidades, más de 240.000 pequeños depositantes.
La crisis suponía que los cedulistas se quedaran sin sus ahorros, pero el Estado garantizó sus depósitos. Fidecaya acumuló pérdidas superiores a la mitad de su capital suscrito, aplicó a sus operaciones condiciones distintas a las que tenía autorizadas y carecía de tesorería.
La fiscalía abrió en 1982 un proceso por presuntas estafas de más de 1.200 millones de pesetas. El polémico juez Ricardo Varón Cobos, que sustituyó por un mes al juez que entendía el caso [dejó también en libertad al jefe de la Camorra napolitana, Antonio Bardellino] exculpó al último propietario de Fidecaya, Edmundo Alfaro. La fiscal Carmen Tagle no se conformó con la decisión del juez Varón Cobos e interesó nuevas medidas contra Alfaro. Pero, sorprendentemente, en 1989 otro fiscal pidió el archivo del caso.
CAJA RURAL DE JAÉN Alteración de balances
Domingo Solís, hermano del ex ministro del Movimiento de Franco, tampoco cumplió condena en prisión pese a las irregularidades cometidas en la Caja Rural de Jaén y en las cooperativas Uteco a partir de 1977. La audiencia de esta provincia le había procesado a él, a su hijo Felipe, al director de la caja, Ricardo Cruz, y a otras 14 personas por «alterar el balance de resultados de 1981 de la Caja Rural de Jaén con el objeto de ocultar al Banco de España los altos niveles de endeudamiento contraídos por esta entidad con Uteco y la Cooperativa Provincial Agrícola».
Estas alteraciones consistían en la consignación de beneficios ficticios y en la reducción de descubiertos legales en cuentas corrientes por un total de 3.500 millones de pesetas (21 millones de euros). La Audiencia Nacional, en el año 1984, condenó sólo al hijo, Felipe Solís, y a Ricardo Cruz por delito monetario a tres años de cárcel. Tres años después, el Constitucional anuló las citadas penas.
CRISIS BANCARIA EN CADENA EN LOS SETENTA La caída de 50 bancos
En la segunda mitad de los años setenta y durante la primera de los ochenta se produjo una descomunal crisis bancaria. La avalancha de desplomes bancarios se inicia en el mes de enero de 1978, con la incautación por parte del Banco de España del Banco de Navarra, y se cierra como tendencia -aunque ha habido casos posteriores- con la intervención, en febrero de 1983, de 17 bancos de Rumasa (con unos recursos negativos que superaban los de 20.900 millones de pesetas), del Banco Atlántico, la Banca Masaveu y Exbank. Cincuenta bancos españoles, con cientos de miles de millones de pesetas en depósitos, desaparecen o cambian forzosamente de propietarios. Muchos miles de accionistas y clientes resultan perjudicados por esta crisis bancaria en cadena.
Cantidades multimillonarias de dinero público y también procedentes del propio sector bancario tuvieron que ser empleadas para conseguir el reflotamiento de las entidades bancarias enfermas de muerte. Los gestores de tanto desastre han salido en general bien parados a la hora de comparecer en los tribunales, a pesar de los informes previos a las intervenciones o quiebras sobre prácticas irregulares y presuntamente delictivas en su funcionamiento, elaborados en cada caso por los servicios del Banco de España.
DREXEL Falsedad continuada
Dos directivos de la sociedad de valores Drexel Burham Lambert, Jaime Asensio y José Manuel Abaroa, fueron condenados junto a un primo del primero, Francisco Javier Asensio, a un total de cinco años y ocho meses de cárcel por falsedad continuada en documento mercantil para la colocación de títulos de Repsol en la oferta pública de acciones de 1989.
BANESTO La caída de Mario Conde
El Banco de España intervino Banesto (Banco Español de Crédito), el 28 de diciembre de 1993. El proceso terminó con penas de cárcel para los principales responsables de la gestión de la entidad, incluido su presidente, Mario Conde (20 años de prisión), todos acusados de haber ocasionado un quebranto multimillonario a los accionistas. El agujero fue cifrado por el Banco de España en 605.000 millones de pesetas. A finales del año pasado la Dirección General de Instituciones Penitenciarias concedió a Mario Conde (en la cárcel desde 1998) el tercer grado penitenciario. Ahora Banesto está integrado en el grupo Santander.
BANFISA El antecedente más directo
El Banco Filatélico Español (Banfisa) estafó 600.000 euros (unos 100 millones de pesetas) en 2002. Afectó a 200 clientes que habían invertido una media de 12.000 euros en la entidad. El sistema, muy similar al empleado presuntamente por el Fórum Filatélico y Afinsa, era el siguiente: los empleados iban casa por casa ofreciendo sus productos o contactaban con padres de recién nacidos a los que regalaban 120 euros en sellos siempre que invirtiesen en la empresa.
Las cantidades entregadas por cada cliente oscilaban entre los 30 y los 90 euros mensuales. Los inversores recibirían un interés del 15% en los primeros cinco años y del 20% en los cinco siguientes con la única condición de que no se podían recuperar las cantidades entregadas antes de 10 años. Cumplido ese plazo, los clientes acudieron a las oficinas y comprobaron que su dinero había desaparecido. Es el antecedente más directo de los casos Afinsa y Fórum y también trabajaba con sellos como garantía del depósito de los clientes.
GESCARTERA Un escándalo que tocó a la CNMV y a Hacienda
Esta agencia de valores estafó unos 100 millones de euros a sus 2.000 clientes, entre ellos una treintena de instituciones ligadas a la Iglesia católica. Propiedad de Antonio Camacho, fue intervenida en el verano de 2001 por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y provocó la dimisión de la entonces presidenta del organismo, Pilar Valiente.
Hace un año la juez de la Audiencia Nacional Teresa Palacios decretó la apertura del juicio oral contra Camacho y otros 13 imputados. La juez dejó fuera a Valiente y al ex secretario de Estado de Hacienda con el PP Enrique Giménez Reyna, hermano de Pilar Giménez Reyna y que también tuvo que dimitir cuando estalló el escándalo. Pilar Giménez Reyna captaba a los clientes principalmente entre instituciones religiosas. El fiscal pide para ella ocho años de cárcel.
AVA Un quebranto para 14.000 personas
AVA (Asesores de Valores S.A.) fue intervenida en febrero de 1998 por la CNMV después de dejar sin sus ahorros a cerca de 14.000 personas. La agencia actuaba por cuenta propia con el dinero de sus clientes y compró valores en el extranjero que luego se desplomaron. La mala gestión de los activos de sus clientes supuso un quebranto patrimonial de unos 84,1 millones de euros (14.000 millones de pesetas).
GRUPO BROKERS Compras de fincas de subastas judiciales
El grupo Brokers, dedicado a comprar fincas procedentes de subastas judiciales o mediante la promoción de urbanizaciones, anunció su quiebra en 1992, dejando unas deudas de 36 millones de euros (6.000 millones de pesetas) a 650 pequeños y medianos inversores.
EUROBANK El caso más reciente
Fue intervenido por el Banco de España en julio de 2003 para proteger los intereses de más de 2.000 personas que tenían depósitos en la entidad por más de 135 millones de euros.
Fuente: ElPais.es
Secta comercial (piramidal) en Jaén
El primer caso llegó a la Policía el pasado mes de abril. Un jiennense denunció por estafa a la empresa Revelance. Esta semana, 60 afectados de toda España, 20 de ellos de la provincia, han puesto los hechos en conocimiento de la Audiencia Nacional. Sin embargo, se piensa que puede haber muchas más víctimas. La cifra la aporta uno de los abogados que ha presentado la denuncia colectiva: “Jaén es una de las provincias más afectadas, por lo que nosotros consideramos que es una estafa por esta empresa, que actúa como si fuera una secta comercial”, explica Santiago López Rubio, uno de los letrados del colectivo. “Hemos hablado con la gente que sí ha denunciado y sabemos que la red de comerciales que tenía Revelance en Jaén era muy amplia. Pensamos que los afectados pueden ser más de 300 personas” añade.
Hay que recordar que esta empresa se dedica a la comercialización de productos de limpieza y coméstica a través de un sistema de venta piramidal. La Policía Nacional de Jaén investiga desde hace meses la actividad supuestamente fraudulenta de la firma, que podría haber estafado varios miles de euros a vecinos de la capital y de municipios de toda la provincia.
La denuncia colectiva presentada en la Audiencia Nacional establece como es el “modus operandi” de esta empresa. Las víctimas son “captadas” por agentes de Revelance en “reuniones multitudinarias” celebradas en hoteles y salas de convenciones a lo largo de los últimos meses. A esos encuentros, los afectados fueron invitados por amigos que ya forman parte de la organización comercial. Los responsables de la sociedad les “invitan” a formar parte de un negocio en el que pueden ganar mucho dinero. Se trata de comprar productos de limpieza y de belleza de los que comercializa la firma para, posteriormente, venderlos a terceras personas y conseguir recuperar el dinero invertido.
Dos jiennenses afectados explican en la denuncia presentada ante la Policía Nacional que participaron en una de estas reuniones y que, “en medio de un ambiente de gran presión”, firmaron un contrato en el que les obligaban a invertir unos 7.000 euros en la compra de los productos. Aquí es donde está la primera parte de la trampa: esa gama de limpiadores es prácticamente invendible, porque tiene una calidad muy baja y se comercializa a un precio muy superior a lo que realmente cuesta.
Cuando los afectados contactan con los responsables de la empresa para mostrar su preocupación es cuando surge la segunda parte del engaño: les obligan a llevar a más gente a las reuniones que la sociedad organiza para que hagan nuevas inversiones.
De este modo, la firma les promete a las víctimas una suculenta comisión con la que podrán recuperar parte del dinero que entregaron. “El negocio no consiste en vender, sino en conseguir más inversores”, destaca Rubén Pereira, el letrado de dos de los afectados en Jaén. Además, y según relatan estas víctimas, cuando intentaron romper relaciones con la empresa comenzaron “las presiones y el acoso” por parte de sus “jefes”.
Fuente: Diario de Jaén.
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