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Las mentes simples casi siempre yerran en sus juicios
Agentes de la Guardia Civil creen que los incendios han sido causados por «militantes de un partido» opuestos al Gobierno socialista de Galicia
Según la ASIGC, el móvil de los incendios «sería espurio, por haber sido relegados grupos de población en la contratación de las Brigadas, en base a su ideología política y por haberlo estado en años anteriores». Defienden que el hecho de que haya sido «precisamente éste año, en el que grupos de personas hayan decidido, ‘Que arda Galicia’, no es casual».
Apuntan en su comunicado que estamos ante el primer año en el que los socialistas, junto con los nacionalistas gallegos gobiernan Galicia. «Esto ha tenido sus consecuencias, y es que aquellos ciudadanos que año tras año gozaban de la suerte de ser contratados en la extinción de incendios, algunas veces por influencia política, y otras como forma de clientelismo político, ya no gozan de éste privilegio, al haber cambiado el color del Gobierno gallego. Algunos han sido relegados, en favor de otros que tiempo atrás no conseguían estos contratos».
Según ASIGC esta nueva situación puede haber sido «muy mal vista por los grupos que tradicionalmente se encargaban, por un sueldo, de vigilar que los incendios no se propagaran y que aquellos incendios intencionados para el aprovechamiento de la madera y la extensión de prados, se mantuvieran a raya en base a esta estabilidad económica, que la Administración gallega les proporcionaba».
Sostiene esta agrupación que bajo la premisa, «ahora nos toca a nosotros», se habría roto «el orden anterior y eso no ha sido perdonado por los perjudicados, que militando en un determinado partido político, no precisamente por un ideal, sino por el interés económico, han dicho, ‘o jugamos todos o se rompe la baraja’, y si para ello tiene que arder Galicia, que arda». Apuntan que ese es «el principal móvil que se debe de investigar y la primera dificultad que la Guardia Civil tendrá que salvar para conseguir que en aquellos pueblos, donde los grupos influyentes han tenido el poder y aún lo tienen, vayan cediendo ante el acoso de los agentes y ante la colaboración que otros grupos de poder, -antes perjudicados y ahora beneficiados-, puedan proporcionar a la Guardia Civil«. Añaden que aún cuando «sea difícil, y la investigación se prolongue, el tiempo irá haciendo mella y el desarrollo de los acontecimientos, irá dando resultados, para que esos líderes locales, junto a sus seguidores, expliquen y se responsabilicen del daño causado. Para cuando se vaya desenmascarando la trama, habrá de prepararse a los antidisturbios de la Guardia Civil, porque podemos asistir al enfrentamiento en la calle entre vecinos, a causa de la polarización política», pronostican.
Todos tiene parte de culpa
ASIGC pide a los líderes políticos nacionales y gallegos, que reflexionen sobre «las políticas que benefician económicamente a determinados sectores, que a la postre se convierten en ‘clientes electorales’, como forma de agradecimiento y al final terminan dividiendo a los pueblos ‘entre los que son afines a los que gobiernan o son afines a los que están en la oposición'».
Para ASIGC «la estabilidad política y económica en Galicia se ha roto en el primer año de cambio de Gobierno y eso es responsabilidad de los dos bloques que se reparten el poder en ésta Comunidad, y obligación de todos será restablecer ese orden. Obligación de la Guardia Civil será, y es, desvelar el entramado y detener a todos lo responsables, independientemente del grado de autoría y participación en los hechos, que hayan tenido, incluso a los que callan y los encubren».
Multan a tres ecologistas por edificar sin licencia en un espacio natural
El Ayuntamiento de Moratalla ha multado a tres miembros de la asociación ecologista Volver a la Tierra por cometer infracciones urbanísticas graves al construir varias viviendas sin licencia y en terrenos no urbanizables.
Las ilegalidades se cometieron en la finca de El Mojón, que la asociación posee en el camino de la Rogativa, cerca de El Sabinar, una zona enclavada en un paraje de alto valor ecológico y que, según fuentes municipales, ocupa un espacio protegido. El municipio de Moratalla cuenta en esta zona con dos lugares de importancia comunitaria (LIC), el de Revolcadores y el de la Rambla de la Rogativa.
Las infracciones cometidas van desde la construcción de dos cabañas de madera hasta la edificación de una vivienda de dos plantas con un porche. Algunas de las construcciones ya están concluidas y sus titulares han pagado las multas impuestas, si bien las fuentes municipales consultadas dudan de que las viviendas sean legalizables, dado que se encuentran en suelo no urbanizable.
Paralización de las obras
Uno de los expedientes se incoó contra Francisco Toledo el 29 de abril de 2002 al descubrir los técnicos municipales, tras una inspección urbanística, la construcción de una cabaña de madera sobre una plataforma de hormigón y un porche adosado, además de un habitáculo para placas solares, todo ello rodeado con una valla con puerta metálica.
El arquitecto técnico municipal valoró la obra ejecutada en 20.194,02 euros y al alcalde de Moratalla, el popular Antonio García Rodríguez, que gobernaba con el apoyo de IU, resolvió en octubre de 2003 multar al titular de la obra con 4.038,80 euros, equivalente al 20% del valor de lo construido.
Toledo solicitó la preceptiva licencia tras serle comunicada la apertura del expediente de infracción y, acogiéndose a las ventajas que ofrece la ley, pagó el 50% de la multa tras aceptar la sanción y comprometerse a legalizar la obra.
Otra inspección urbanística descubrió en diciembre de 2002 otra obra ilegal en la misma finca de Volver a la Tierra. Se trataba de una estructura y solera de hormigón para una cabaña de madera de 133 m2 realizada sin licencia municipal.
El alcalde ordenó la paralización de las obras, que tampoco fue cumplida por el titular de la vivienda, José Dólera Martínez, y abrió expediente sancionador, resuelto con una multa de 11.510,59 euros en diciembre de 2004. Al igual que en el caso anterior, el infractor aceptó la sanción y pagó sólo el 50%.
El caso más reciente y que se considera más grave es el protagonizado por Juan Martínez Martínez, integrante de la directiva de la asociación, quien solicitó y se le concedió una licencia para una nave agrícola en los mismos terrenos y acabó construyendo una vivienda de dos plantas y porche.
Fuente: LaVerdad.es
