La multinacional aceptó la sanción al reconocer que le pagó protección a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), grupo paramilitar tachado de terrorista por Estados Unidos.
El acuerdo pone fin a una larga investigación del Departamento de Justicia sobre las transacciones financieras de la empresa con organizaciones terroristas colombianas.
En documentos presentados este miércoles ante la corte, los fiscales federales dijeron que la compañía y varios de sus directivos, a los que no identificaron, hicieron negocios con los paramilitares.
Las AUC han sido responsables de grandes masacres durante el conflicto civil colombiano y son responsables de una proporción importante de las exportaciones de cocaína del país. El gobierno estadounidense las designó organización terrorista en septiembre de 2001.
Los fiscales afirman que la empresa hizo esos pagos a cambio de protección. La empresa también pagó cifras similares a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), según los fiscales.
Los pagos fueron aprobados por directivos de alta jerarquía de la empresa con sede en Cincinnati (Ohio), dijeron los fiscales en documentos para la corte. Los libros contables fueron alterados para ocultar esas transacciones, según la fiscalía. Los pagos a las Auc comenzaron a partir de una reunión en 1997.
En la región bananera de Colombia se libraron feroces combates entre los guerrilleros izquierdistas y los paramilitares de ultraderecha.
Los detalles de los pagos no fueron incluidos en los documentos para la corte.
La bananera informó el mes pasado que había destinado 25 millones de dólares para resolver la demanda. La empresa indica que la investigación involucra a una antigua subsidiaria de la firma, que buscaba proteger la seguridad de sus empleados.
»La información presentada hoy es parte de un acuerdo que consideramos una solución racional al dilema que enfrentó la compañía hace varios años», dijo el presidente de Chiquita, Fernando Aguirre, en un comunicado. »Los pagos efectuados por la compañía siempre fueron motivados por nuestra preocupación de buena fe por la seguridad de nuestros empleados».
»Alrededor de septiembre de 2000, los directivos principales del acusado Chiquita sabían que la compañía efectuaba pagos a las Auc y que las Auc eran una organización paramilitar violenta», dice el documento presentado ayer.
Los abogados de la firma aclararon que los pagos eran ilegales, indicó la fiscalía.
»Lo importante aquí es que: no se puede efectuar el pago», le aconsejó a la bananera el abogado que había contratado en febrero del 2003, de acuerdo con un extracto de un memorándum incluido en los documentos presentados ante el tribunal.
En abril del 2003, funcionarios de la empresa y sus abogados hablaron con fiscales del Departamento de Justicia, a quienes dijeron que habían efectuado esos pagos. De acuerdo con los documentos presentados ante la corte, los pagos continuaron durante meses.
Otros dos casos pendientes La multinacional estadounidense Drummond también está siendo señalada de tener nexos con ‘paras’ colombianos.
Es más, recientemente fue acusada ante una juez de Alabama (E.U.) por su supuesta responsabilidad en la muerte de tres sindicalistas, asesinados por las Auc. Voceros de la empresa aseguran que la juez de E.U. ya desestimó la demanda. Pero los sindicalistas manifiestan que dio vía libre para llevar el caso a otras instancias.
Y la embotelladora de Coca Cola en Colombia pasa por una situación similar: la acusan de amenazar (a través de ‘paras’) a un grupo de sindicalistas, uno de los cuales fue asesinado. En el 2006, una corte de E.U. falló, en primera instancia, a favor de Coca Cola. Sin embargo, la decisión fue apelada por voceros de su sindicato y está pendiente el fallo en segunda instancia.
Diversas fuentes