La web de Maco048. Criminología

Cuando los observadores de Amnistía Internacional visitaron Darfur, en 2004, quedaron consternados por el número de víctimas de violación que encontraron. Mujeres y niñas son violadas cuando recogen leña fuera de los campos de refugiados. Muchas han sido objeto de violación tumultuaria frente a su familia cuando los milicianos del Janjaweed queman sus hogares.

Cientos de casos de violación, inclusive de niñas de siete o nueve años de edad, fueron documentados por trabajadores de derechos humanos en el punto más alto de la limpieza étnica en Darfur, en 2004.

Permitir que las víctimas de esos crímenes organizados den a luz equivale, según especialistas, a ser cómplice de genocidio. Porque la conclusión más horrible de la violación como arma de guerra es que puede cambiar la composición étnica de una nación. En el caso de Darfur podría significar la constante arabización de la próxima generación.

En 2005 unos 100 países tomaron una decisión sin precedente al acordar que se incluyera la violación entre los crímenes de lesa humanidad que pueden ser juzgados por la Corte Penal Internacional.

Los estatutos de la corte mencionan «la violación, la esclavitud sexual, la prostitución forzada, el embarazo forzado, la esterilización forzada o cualquier otra forma de violencia sexual de gravedad equivalente» como crímenes de lesa humanidad, cuando se usan como parte de «un ataque extendido y sistemático» contra la población civil.

Este domingo el tribunal acusó al ex ministro sudanés del Interior, Ahmad Harun, y a Ali Kushayb de complicidad en la comisión de crímenes de guerra, entre ellos violación en masa contra la población civil de Darfur.

Según Luis Moreno-Ocampo, fiscal de la CPI, Ali Kushayb -conocido como «coronel de coroneles» en Darfur occidental- victimó a la población civil «mediante la violación en masa y otros delitos sexuales». Se citó una declaración de Harun según la cual, «como los hijos de los fur se habían vuelto rebeldes, todos los fur y sus posesiones fueron parte del botín» del Janjaweed.

En mayo pasado la corte giró órdenes de aprehensión contra esos dos hombres. Sin embargo, aunque se dice que Kushayb está bajo custodia en Sudán, las autoridades de ese país se han negado a entregarlos a él y a Harun para ser juzgados. La laguna legal en el caso de Sudán, que el gobierno ha explotado al máximo al asegurar que su propio proceso judicial está en marcha, es que la CPI sólo puede actuar cuando un estado es renuente o incapaz de juzgar crímenes en sus tribunales nacionales.

En la época actual las naciones africanas tienen el notorio historial de ser las que con mayor frecuencia recurren a la violación como arma, si bien existen casos documentados en estados que van desde Camboya hasta Bosnia.

Se ha visto uso sistemático de la violación en Liberia y Sierra Leona, la República Democrática del Congo y Somalia. Pero la mayor incidencia se reportó en Ruanda, donde según el Banco Mundial y Unifem por lo menos 250 mil mujeres, y tal vez hasta medio millón, fueron sujetas a violación sistemática durante el genocidio de 1994 entre la minoría étnica tutsi.

La CPI también conoce de casos contra otros tres países africanos: la República Democrática del Congo, Uganda y la República Centroafricana. Entre los cargos contra los líderes del Ejército de Resistencia del Señor figuran la esclavitud sexual y la violación de niñas ugandeses. En la República Centroafricana, durante un conflicto entre el gobierno y grupos rebeldes en 2002-2003, el fiscal concluyó en mayo pasado que «la información de la que disponemos ahora sugiere que se cometieron violaciones de civiles en números que no pueden ser pasados por alto por el derecho internacional».

Traducción: Jorge Anaya