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El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) aseguró hoy que a lo largo de 2008 se registraron al menos 1.610 violaciones del Derecho Internacional Humanitario (DIH) en Colombia, perpetradas por «todas las partes» en el marco del conflicto interno de este país. Entre estas violaciones se produjeron al menos 300 casos de ejecuciones sumarias, 289 desapariciones, más de 370 malos tratos y psicológicos y 76 secuestros de civiles, precisó la organización, que informó también de que el año pasado debió incrementar en más de un 10 por ciento la asistencia de emergencia a la población desplazada.

«Las infracciones del Derecho Internacional Humanitario (DIH) fueron cometidas por todas las partes, tanto las fuerzas del Estado como los distintos grupos armados», declaró el coordinador del CICR en Colombia, Yves Heller, durante la presentación en Madrid del Informe de Actividad del Comité en el conflicto colombiano.

Durante 2008, explicó, el CICR documentó 300 casos de ejecuciones sumarias, asistió a casi 1.500 personas amenazadas para que se trasladaran a un lugar más seguro y cubrió los gastos fúnebres de numerosas familias de víctimas de la violencia. Estas informaciones, prosiguió, son el resultado de las visitas sobre el terreno que efectúa el CICR para recoger testimonios, «entrar en contacto con todos los actores del conflicto armado» y mantener «contactos bastante estrechos con la población civil».

Mediante estos procedimientos, el Comité recogió también testimonios sobre al menos 289 desapareciones registradas el año pasado, que se unen a los más de 4.730 documentados por el CICR desde 1994. «Estas cifras no son exhaustivas», advirtió Heller. «Fuentes oficiales y de la sociedad civil hablan de entre 10.000 y 40.000 desaparecidos desde que comenzó el conflicto hace más de 40 años», agregó.

Aparte, el CICR también documentó el año pasado 35 casos de infracciones cometidas en contra de las misiones médicas, como amenazas individuales, privación de libertad del personal de salud, obstrucciones a la atención médica de heridos y ataques directos a unidades médicas o personal de salud.

La organización también registró el año pasado hasta 118 «ocupaciones de bienes civiles». «Las partes en conflicto ocupan bienes civiles para controlar mejor el territorio o para tener ventajas militares, lo cual supone una grave infracción del DIH», denunció. «Las ocupaciones de escuelas son bastante comunes», añadió.

SECUESTROS Y EMBLEMA DE CRUZ ROJA

En 2008, según el informe, el CICR participó en la liberación de 29 civiles y dos militares secuestrados por los distintos grupos guerrilleros, quienes fueron entregados a sus familiares y a las autoridades. Entre las 1.600 infracciones al DIH registradas el año pasado, explicó Heller, el Comité documentó al menos 76 casos de tomas de rehenes civiles por parte de los grupos armados.

Al respecto, Heller advirtió de que, para poder realizar sus labores, tanto de mediación para la liberación de rehenes como de recogida de informaciones sobre el terreno, el CICR debe contar con plenas garantías de seguridad de todas las partes, para lo cual es «importante que se respete totalmente el emblema de la Cruz Roja».

Por ello, lamentó profundamente la utilización de los distintivos de la organización por parte del Ejército colombiano durante la ‘Operación Jaque’ de julio de 2008, que permitió la liberación de Ingrid Betancourt y de otros rehenes en poder de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

El uso del emblema fue reconocido por el propio presidente del país, Álvaro Uribe, quien «presentó sus excusas», recordó Heller. «El CICR tomó nota de las excusas, pero sigue muy preocupado por el uso indebido del emblema en la ‘Operación Jaque'», manifestó.

DESPLAZADOS

Durante la presentación del informe, Yves Heller dedicó un capítulo especial a la situación de los desplazados, cuyas cifras totales se desconocen pero oscilan, según las fuentes, entre los 2,5 y los cuatro millones.

En los últimos once años, el Comité ha asistido a más de 1,2 millones de desplazados por el conflicto armado. Sólo en 2008, según el informe, el CICR brindó ayuda de emergencia a más de 73.000 civiles (unas 18.000 familias), un 10,6 por ciento más que en el año anterior. El 80 por ciento de las personas atendidas el año pasado corresponde a casos de desplazamientos individuales, provocados en su mayoría por amenazas de muerte, malos tratos psicológicos o temor al reclutamiento forzoso.

Este aspecto supone una diferencia respecto a hace unos diez años. Por entonces, explicó Heller, la mayoría de los desplazamientos eran masivos, de poblaciones enteras, mientras que en la actualidad predominan los desplazados individuales que, precisamente por esa circunstancia, suelen tener «más dificultades para lograr la asistencia de las organizaciones humanitarias».

Un alto porcentaje de los desplazados de los últimos tiempos corresponden a campesinos del oeste de Colombia, de departamentos como Cauca, Arauca, Nariño –con importante presencia de población indígena– o Chocó –donde la inmensa mayoría de la población (más del 90 por ciento) es afrocolombiana–. Como consecuencia de ello, el 14,6 por ciento de los desplazados de todo el país son afrocolombianos, cuando apenas constituyen el 10 por ciento de la población total, y el ocho por ciento de los desplazados son indígenas, pese a no representar más del tres por ciento de la población colombiana.

Asimismo, más de la mitad de los desplazados son menores de 18 años. «Son niños, con las consecuencias que se pueden esperar para el desarrollo económico y social del país», afirmó Heller. Aparte, advirtió, «se calcula que, por motivos de seguridad, más del 70 por ciento de los desplazados no pueden volver nunca a sus casas», con lo que pasan de ser campesinos con tierras propias para ganarse la vida por sí mismos a pobres necesitados de la ayuda humanitaria en las ciudades, advirtió. «Los desplazados son el grupo de población más pobre de Colombia», explicó.

Fuente: EuropaPress