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Las mentes simples casi siempre yerran en sus juicios
Se duplican las incautaciones de drogas en las cárceles españolas en los últimos años
En el pasado año se produjeron en las cárceles españoles un total de 3.983 incautaciones de droga, sobre todo de hachís y de pastillas, casi el doble de las incautaciones realizadas en el 2004, cuando se realizaron un total de 1.953, según afirmó la secretaria general de Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo, durante su comparecencia en la Comisión Mixta para el Estudio del Problema de las Drogas del Senado.
Según la propia responsable del Ejecutivo en materia penitenciaria, esto se debe al notable esfuerzo que se está haciendo desde las cárceles para evitar que se consuman sustancias en su interior, aunque para el PP sólo tiene una explicación: «o se consume más o antes se era demasiado permisivo», aseveró el ‘popular’ Ángel Pintado.
Más de la mitad de los 76.000 reclusos que hay actualmente en las cárceles españolas son drogodependientes y presentan adicción a una o más sustancias adictivas, un hábito que procede de su etapa previa al encarcelamiento, ya que el 79,9 por ciento reconocen haber consumido alguna sustancia tóxica –incluido alcohol– en el mes previo a la entrada en prisión.
Por ello, y en el marco de una comparecencia que contó con un buen clima de comprensión por parte de todos los grupos, Gallizo insistió en la necesidad de seguir reforzando las actuaciones que eviten que este consumo persista en el interior de las cárceles así como que trafique con drogas, para lo que se debe «reforzar el control de las visitas de los familiares y de los propios internos cuando vuelven de un permiso».
De hecho, la mayoría de incidentes relacionados con tráfico o consumo de drogas se producen al día siguiente de la vuelta de permiso de uno de los reclusos.
En ese sentido, se han intensificado los cacheos y los registros extraordinarios y en 2008 se produjeron un total de 6.377, además de 143 intercepciones de lanzamientos desde el exterior, sobre todo en el caso de los centros que se encuentran en un enclave más urbano.
Del mismo modo, también se debe mejorar la detección del tráfico de drogas que pueden realizar algunos funcionarios de prisiones ya que, como reconoció Gallizo, «aunque estos profesionales suelen estar muy comprometidos, hay quienes utilizan su posición en el centro para entrar en redes de corrupción pese al daño que hacen a sus compañeros y la institución».
LA MITAD PARTICIPAN EN PROGRAMAS DE DESINTOXICACIÓN
Junto a estas actuaciones preventivas y de control, la secretaria general de Instituciones Penitenciarias explicó que la mitad de los reclusos drogodependientes suelen participar en algún programa de deshabituación o desintoxicación de drogas, como demuestra que en 2008 participaron un total de 25.866 presos.
Además, un total de 7.400 (11 por ciento) reciben tratamiento con metadona de forma diaria, mientras que al último programa de módulos terapéuticos puesto en marcha recientemente ha conseguido que en el último año se adscribieran a él más de 1.800 internos.
Todavía no está implantado en todas las cárceles españoles y de momento funciona en un total de 27 centros –el pionero fue el centro de Villabona, en Asturias–, pero ya ha demostrado que consigue modificar hábitos de vida y valores, normaliza el ambiente en las cárceles y prepara a los reclusos para su reinserción en la sociedad. Sin embargo, como puntualizó Gallizo, «su verdadera eficacia no se verá hasta que el individuo no sale a la calle».
Por otro lado, en el transcurso de esta comisión los grupos aprobaron por unanimidad aprobaron una moción por la que se insta al Gobierno a reforzar los programas de prevención de drogas destinados a las zonas rurales y a los municipios con una población inferior a 30.000 habitantes.
Para ello, se recomiendan campañas de información y sensibilización sobre los riesgos nocivos del consumo de drogas en estas zonas, insistiendo en el consumo de alcohol y cannabis, en cooperación con las actuaciones que llevan a cabo comunidades autónomas y entidades locales, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) entre los jóvenes y adolescentes.
Del mismo modo, en otra moción se pidió al Gobierno que se incrementen las actuaciones en materia de prevención del consumo de cocaína, tanto en el ámbito escolar como en laboral, incidiendo en las consecuencias negativas del mismo.
Fuente: adn.es
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El Gobierno Catalán no regula el derecho a abortar del menor en la ley de infancia
El tan anunciado proyecto de Llei dels Drets i les Oportunitats de la Infància i l´Adolescència fue aprobado ayer por el Consell Executiu de la Generalitat con un redactado que favorece las adopciones, que refuerza las actuaciones contra los malos tratos y que, por el contrario, pasa de puntillas sobre temas polémicos como el aborto. Sobre este último punto, el Govern da marcha atrás a sus pretensiones iniciales y deja en manos de la ley estatal el tema de la decisión sobre la maternidad entre las menores de 18 años.
El pasado mes de enero la secretaria de Infància i Adolescència de la Generalitat, Imma Pérez, en su comparecencia ante la subcomisión de la Infancia del Parlament para informar sobre la elaboración de la ley, propuso otorgar el derecho a decidir abortar a partir de los 16 años, siempre y cuando se cumpliesen los tres preceptos legales existentes para ello. El anteproyecto incluía otra novedad sobre este punto que afectaba a las chicas menores de 16 años. Según Imma Pérez, en el caso de esas menores se iba a tener en cuenta su opinión y cuando su decisión discrepase de la de sus padres, que son los mentores legales, entonces se trasladaría la decisión a un juez que debía evaluar si la menor tenía capacidad para decidir.
La polémica desatada por estas propuestas se juntó con la que ha supuesto el anteproyecto de la ley de salud sexual y reproductiva y de interrupción voluntaria del embarazo aprobado por el Gobierno central el pasado 14 de mayo. Al final, la decisión adoptada desde la Conselleria de Acció Social i Ciutadania, que dirige Carme Capdevila, ha sido drástica: el derecho a decidir sobre la maternidad quedará regulado por la legislación específica, se entiende por lo tanto que por la ley estatal.
La propuesta defendida por la ministra de Igualdad, Bibiana Aído, rebaja la edad para abortar sin necesidad del permiso paterno a los 16 años (en este momento son los 18). Este punto es, sin duda, el más controvertido de la ley, e incluso no es compartido por muchos socialistas, como es el caso del presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda. Fuentes del propio Gobierno no descartan que en el trámite parlamentario, donde el PSOE necesitará negociar con otros grupos para sacar el texto adelante, se incluyan modificaciones sobre este punto que ha sido rechazado explícitamente por grupos como el PP o CiU.
Una de las novedades de la ley es la protección contra los malos tratos. Así, prioriza en casos de maltrato familiar que sea la persona maltratadora la que abandone el hogar, en vez del niño. También pretende evitar la doble victimización, es decir que los menores tengan que declarar dos veces por un caso de abuso o maltrato. Y crea la figura del procurador de la infancia y la adolescencia para garantizar que los menores tutelados sean escuchados.
En lo que respecta a la prevención, la normativa separa entre las situaciones de riesgo social y las de desamparo. Hasta ahora, para que un menor accediese a una medida de protección se le debía desamparar previamente. Ahora sólo será necesario si la medida de protección así lo requiere.
Fuente: La Vanguardia
AI: «En Gaza hubo crímenes de guerra»
Amnistía Internacional (AI) publicó este jueves un demoledor informe sobre la ofensiva militar israelí en Gaza a principios de año, en el que acusa tanto al Estado hebreo como al movimiento islamista palestino Hamás de haber «violado leyes humanitarias internacionales» al atacar a civiles.
Así lo confirma a swissinfo.ch, Reto Rufer, responsable de la sección suiza de AI en Israel y los territorios ocupados.
«Hamás y los grupos armados palestinos dispararon cientos de cohetes de manera indiscriminada contra territorio israelí. Mientras que el ejército de Israel mató a centenares de civiles, no solamente con armas de gran precisión como misiles aire-tierra y bombas guiadas, sino también con artillería. Además usaron obuses con fósforo blanco sobre zonas con gran densidad de población», explica Rufer.
El informe de 117 páginas ‘Operación Plomo endurecido: 22 días de muertes y destrucción en Gaza’, difundido por la organización defensora de los derechos humanos, es una verdadera acta de acusación contra Israel y su ejército, que confirma el balance de 1.400 palestinos muertos, establecido por los servicios de seguridad palestinos.
Una delegación de AI se desplazó a Gaza por la frontera con Egipto durante los meses de enero y febrero. Allí se entrevistaron con cientos de heridos, supervivientes, afectados y familiares de la población palestina. Después compararon los resultados con estadísticas publicadas por otras fuentes.
Misión Internacional
La ofensiva dejó además unos 5.000 heridos y devastó amplios sectores de la Franja de Gaza, con más de 2.700 edificios destruidos, afirma AI, que pidió a la comunidad internacional «apoyar sin reservas» la misión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU encargada de investigar la operación y de buscar pruebas.
«Una investigación que se espera que pueda estar acabada en septiembre y que es clave para poder llevar a los culpables ante la Justicia y someterlos al derecho internacional», indica Reto Rufer.
El representante de AI en Suiza también denunció «la continua negativa de Israel a cooperar con la misión internacional e independiente de investigación de la ONU. Israel rechaza la colaboración con la misión y no deja entrar en la franja de Gaza ni a trabajadores de organizaciones de derechos humanos ni a periodistas independientes».
Muertes de civiles
La organización acusa al ‘Tsahal’ (ejército israelí) de no haber «diferenciado entre blancos civiles y militares» en una situación en que no podía ignorar la presencia de civiles en los sectores bombardeados. El resultado de ello fue «la muerte de cientos de civiles desarmados, entre ellos 300 niños, 115 mujeres y 85 hombres mayores de 50 años».
AI también culpa a Hamás y a los grupos armados palestinos de haber disparado multitud de cohetes contra territorio israelí, que causaron tres muertos civiles y provocaron el éxodo del sur de Israel de cientos de miles de habitantes.
«Conforme al derecho»
«El tono general del informe demuestra que la organización sucumbió a las manipulaciones de Hamás, una organización terrorista», sostiene el portavoz del ejército israelí en un comunicado.
En respuesta a un informe preliminar publicado en febrero, el Ministerio de Exteriores israelí aseguró que Israel no había atacado de manera deliberada a blancos civiles y que «todas las armas utilizadas eran conformes al derecho internacional y al uso que les dan los ejércitos occidentales».
Amnistía rechaza esos argumentos, y subraya que hasta ahora, las autoridades israelíes «se abstuvieron de llevar a cabo una investigación independiente e imparcial sobre la actitud de sus fuerzas».
Respecto a Hamás, AI estima que «este grupo tampoco realizó nunca ninguna investigación sobre los disparos de cohetes, y además persiste en justificar estas acciones ilegales».
En Gaza, el portavoz del Hamas, Sami Abu Zuhri, desmintió las conclusiones de este informe, afirmando que el mismo no era «ni equitativo, ni equilibrado».
Rufer concluye que ante las quejas de ambas partes respecto al informe, la gente tiene que analizar la credibilidad de las distintas posiciones.
Fuente: Iván Turmo, swissinfo.ch
