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Las mentes simples casi siempre yerran en sus juicios
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La directora General de Infancia y Familias de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, Carmen Belinchón, presentó ayer el cortometraje ‘Espiral’. Se trata de una reflexión sobre la victimización secundaria en menores que han sufrido abusos sexuales y un trabajo con el que se consolida el programa de Evaluación y
Tratamiento de Menores Víctimas de Abuso Sexual. «El corto servirá de herramienta a los profesionales que trabajan en la prevención y el tratamiento de los niños que han sido víctimas de abusos, suponiendo un paso más en el protocolo de atención de los menores».
Así, Belinchón aseguraba que «la sobreprotección de los padres es una caso de victimización secundaria para el menor que ha sufrido el abuso». De ahí que pida a las familias que «dejen trabajar a los profesionales, que detectan, previenen y tratan cada caso».
El programa de Evaluación y Tratamiento de Menores Víctimas de Abuso Sexual cuenta en la actualidad con 18 menores, de los que 15 están en evaluación y tres en diagnóstico. El año pasado se atendieron a 534 menores con indicios de sufrir abusos y para atender la prevención, de los que 74 casos abordados fueron víctimas.
Ante los dos últimos casos de las menores de Baena y Huelva, víctimas de violaciones, recuerda que ya tienen a disposición los servicios de la Administración y que el tratamiento mediático ha de ser “más escrupuloso y delicado”, terminaba Belinchón.
Fuente: andaluciainformacion.es
Un retrato puede ser la vía para lograr justicia (Colombia)
Raúl* tenía 13 años cuando fue víctima de abuso sexual. Nunca ha entendido por qué le sucedió esa tragedia. En busca de justicia, el menor y su familia debieron enfrentarse de nuevo a la imagen de su victimario.
En una hoja en blanco se dio ese reencuentro. Sólo así se pudo lograr la captura del violador, quien tras una sentencia en su contra purga condena en una de las cárceles de Bogotá.
Una serie de reuniones con especialistas del DAS en temas de retratos logró concretar ese caso, uno de los que más conmocionó a la capital de la República.
Manuel* fue quien ayudó al pequeño Raúl para lograr algo de justicia. Él está en el grupo de 80 científicos dedicados a la investigación criminal en el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), quienes hacen de esta estructura una que bien puede asemejarse a la que se ve en la serie estadounidense Crime Scene Investigation (CSI).
A través de inteligencia estratégica, complementada con tecnología de punta, los científicos pueden resolver delitos complejos que a diario registran los medios de comunicación nacionales.
CSI colombiano
El ‘CSI colombiano’ (grupo de criminalística del DAS) es dirigido por la investigadora Lucía de Tatis. Dentro de sus responsabilidades tiene el reto de identificar por medio de retratos hablados a homicidas, abusadores sexuales y otros criminales.
En esa tarea es apoyada por forenses que tienen como misión brindar apoyo técnico-científico a los procesos judiciales, labor que complementan con estudios físicos, químicos, balísticos, grafológicos y de identificación.
Todas estas funciones pueden ser resumidas en la tarea más difícil en la criminología: la identificación humana.
Retratos hablados
Lucia de Tatis argumenta que en el laboratorio de identificación humana hay cuatro expertos en elaboración de retratos: “Dentro del perfil de los investigadores está el tener un sexto sentido”, dice y añade convencida que “debe bastar con una sola palabra, así sea una sencilla, para que puedan ir tras una pista”.
Según Tatis “las personas expresan los detalles sin mayor precisión; barba puntuda, ojos saltones, color paliducho, piel reseca, son las típicas descripciones que, aunque no se crea, valen mucho a la hora de un retrato hablado”, explica con su acento cartagenero.
Juan*, uno de los retratistas más experimentados, y quien pidió no ser identificado por razones de seguridad, narra que lo primero que hace en su trabajo es darles confianza a las víctimas o testigos. “Sólo si se hace una buena entrevista sale un buen retrato”, afirma.
Según Juan, su trabajo le ha permitido ver con tristeza que el 50 por ciento de las entrevistas debe hacérselas a menores de edad.
“Uno les manifiesta que no hay afán en obtener el retrato, ya que se tienen 30 horas para dibujarlo”, cuenta sobre su labor, la misma que lo ha llenado de alegrías, pues ha podido en muchos casos darles tranquilidad a las almas asesinadas por desconocidos y a la par un descanso a sus familiares.
Tras el diálogo, los retratistas analizan lo descrito por las personas para empezar a realizar un boceto con las características particulares que ayudan a definir las facciones de los rostros y así tener pistas para la investigación.
Cada una de esas señales es consignada en hojas en blanco, que a la postre se convierten en pruebas reinas para resolver procesos de gran complejidad. “Sin los retratos muchas investigaciones no serían posibles”, señala Juan.
En el caso de menores, puntualiza el investigador, deben ir acompañados siempre de un adulto: un funcionario del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) o un pariente, dependiendo del caso.
El éxito de este tipo de misiones nada fáciles, si se tiene en cuenta la falta de claridad de muchos testigos, depende en buena medida de que se ejecute en lugares tranquilos, donde se anulen las distracciones.
Uno de los secretos que pocos descubren es la importancia que tiene el color blanco en las paredes, techo y piso del recinto donde son entrevistados, más la ausencia de cuadros u objetos que afecten la concentración del testigo o víctima.
Arma para hallar fosas y caletas
Otro de los métodos utilizados por el grupo investigación criminal para encontrar delincuentes es el de topografía judicial, procedimiento que consiste en elaborar planos y croquis en el lugar de los hechos.
Se trata de un Geo-radar que penetra la tierra, por lo menos a 20 metros de profundidad, gracias a la ayuda satelital. La onda electromagnética permite detectar fosas comunes, caletas de drogas, armas y minas antipersona dejadas por grupos armados ilegales.
Este aparato es utilizado por los agentes del DAS para buscar caletas de los ex paramilitares del Magdalena Medio. Este aparato tuvo un costo de 300 millones de pesos.
Análisis de residuos de disparos
Allí no termina la tecnología, pues para detectar los residuos de munición que quedan en las manos y en la prendas de vestir de los criminales, el DAS realiza un análisis en un laboratorio especializado.
Otros equipos que utilizan son microscopios electrónicos con los que se puede analizar los residuos de disparos mediante una información electrónica denominada de barrido; luego las autoridades llevan a este centro especializado una pequeña partícula que con un pequeño margen de error define si se trató de un disparo y de cómo fue hecho.
“En el área química está el único microscopio electrónico utilizado por las autoridades colombianas con la técnica más confiable y completa del país. Aquí la policía y el CTI nos piden soporte para esclarecer los procesos judiciales”, cuenta Tatis.
Este artefacto le permite a las agencias de seguridad del Estado tener como referencia un laboratorio confiable para descifrar los homicidios con arma de fuego.
Esta máquina, cuyo costo se acerca a los 1.600 millones de pesos, trabaja las 24 horas, intentando bajar las tasas de impunidad.
Fronteras inteligentes
Fronteras Inteligentes es otra de las novedades que tiene el DAS, con ella se quiere evitar el fraude en documentos en las fronteras de Colombia, a través de una reglamentación única para los límites de país, con el respaldo de la Cancillería y la Registraduría Nacional.
Según Tatis, este año empezarán a funcionar nueve laboratorios de documentología y grafología con sede en Nariño, Cúcuta, Medellín, Cali, Atlántico, Bolívar, Villavicencio, La Guajira y Bucaramanga.
“Hace sólo unos días se hizo un acuerdo con la Cancillería y la Registraduría para que entraran en funcionamiento los laboratorios de Cali, Medellín, Bucaramanga y Cartagena. En el resto del país entrarán en funcionamiento a finales de este año”, explica.
De acuerdo con Daniel* en “estos centros se busca evitar que visas, pasaportes, licencias de conducción, cédulas, certificados judiciales y demás papeles falsificados salgan del territorio nacional o sirvan para que ingresen personas con documentación ilegal”.
Los laboratorios del DAS están inscritos como miembros activos de la Academia Iberoamericana de Criminalística y Estudios Forenses, Aicef.
En este convenio participan todos los países de América Latina, España y Portugal.
*Nombres cambiados por petición de las fuentes.
Fuente: LAPATRIA.com (Colombia)
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Los testigos protegidos en el proceso penal
Ante el crecimiento del crimen en México, los criminales y la criminalidad, el alto grado de impunidad que se manifiesta ante la incapacidad e ineficiencia de la autoridad para enfrentar y remediar este mal que corroe las entrañas de la sociedad que, como dice Denisse Maerker, nos lleva a un estado emocional de miedo ante la posibilidad de que en cualquier momento nos toque ser víctimas de las acciones canallescas de los que conforman ese entorno criminal, las autoridades se han visto en la necesidad de idear formas que permitan enfrentar al crimen organizado y llevar a prisión a peligrosos delincuentes que, las más de las veces ha sido casi imposible atacarlos dadas las bien tejidas redes de protección existentes dentro de las mismas corporaciones encargadas de brindar protección a la ciudadanía, quienes se encargan de tener al tanto a los capos de los movimientos que la autoridad realiza en la intención de atraparlos y ponerlos a buen recaudo: la cárcel.
Una de las formas o figuras legales que utiliza la autoridad investigadora de la actividad de quienes forman parte del crimen organizado, es la de los testigos colaboradores también llamados testigos protegidos, que la mayoría de las veces se trata de mismos delincuentes que han formado parte de ese croquis de actividad criminal, pero que por diversas circunstancias se acogen a ciertos beneficios que les otorga la ley para efectos de aminorar en algo las penas que habrán de purgar estando en prisión o a cambio de ciertas mercedes de orden económico y protección para ellos y sus familias.
Esta forma de intervención y utilización de testimonios de colaboradores de la autoridad investigadora para atacar a los criminales ha sido severamente cuestionada por especialistas en la materia, pues exponen que no constituye realmente una prueba que sea lo suficientemente eficaz para los fines que se persiguen.
En efecto, mientras para las autoridades los testimonios de los testigos protegidos han servido para enfrentar al crimen organizado-particularmente al narcotráfico-y llevar a prisión a varios de los más peligrosos delincuentes, en contraparte, los abogados defensores cuestionan su uso y lo que ellos llaman abuso de los colaboradores de este tipo; y los acusan de declarar inducidos, en forma parcial con interés personal o de las propias autoridades y hasta de mentir.
Esta figura de los testigos protegidos aparece desde la creación de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, y desde hace más de diez años los nombres, manejados en clave de los que se prestan para dar testimonio contra los que alguna vez fueron sus compañeros o sus jefes, aparecen en casi todas las averiguaciones y procesos judiciales.
Lo bueno de todo esto se da cuando las autoridades anuncian con revuelo mediático la desarticulación de algún cártel y captura de personajes importantes de la delincuencia organizada, luego se difunden a través de spots de radio y televisión hasta el cansancio los «éxitos» logrados en el combate al crimen con el fin de crear una imagen de trabajo eficiente y de cumplimiento para granjearse el reconocimiento de la sociedad hacia ese trabajo.
Lo malo viene cuando al paso del tiempo, proceso en marcha, resulta que las pruebas utilizadas en contra de los delincuentes se caen por lo mal sustentadas cuando se basan en los testimonios de colaboradores que la mayoría de las veces resultan ser testigos de «oídas» o de plano falsos y el resultado es un auto de libertad o una sentencia absolutoria. Obviamente esto no lo difunde la autoridad con spots.
Según Samuel González Ruiz, uno de los precursores del empleo de los testigos protegidos en la investigación contra el crimen organizado, el manejo actual de la prueba a partir del testimonio de los llamados colaboradores, «la PGR ha tenido un pésimo manejo de éste en los más recientes casos de delincuencia organizada; ello puede llevar al fracaso las investigaciones más relevantes en curso».
Dice el ex fiscal y especialista en el tema, que «el manejo, toma y valoración de la prueba de la declaración de un testigo protegido es un tema muy técnico que requiere que quien esté a cargo de ello sea capaz de entender el contexto en que se produce y contrastarla en sus elementos externos e internos para darle coherencia, pues de lo contrario esos testimonios no son sino meros supuestos o comentarios irrelevantes en un proceso penal. En la PGR, no todos los que están ahí tienen capacidad de manejar la prueba de la declaración de testigos protegidos».
También comenta que «toda prueba falsificada en materia de delincuencia organizada se cae y caerá siempre, pues no basta un testimonio, no basta una confirmación, lo que se requiere es acreditar el comportamiento ilícito y así sustentar la declaración.
La PGR debe dar mayor capacitación a su personal en el manejo de este tipo de pruebas, junto con una regulación clara de cómo y en qué condiciones las autoridades deben captar y valorar los testimonios, como sucede en Italia y la Corte Europea que exigen que los testigos protegidos, sean tratados con absoluto cuidado y no sean manipulados por la autoridad que los tiene a su cargo.
Fuente: EL SIGLO DE DURANGO (México)
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Enlaces de interés:
– Apuntes Derecho Penal I. Licenciatura Criminología
– Apuntes Derecho Penal II. Licenciatura Criminología
