El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, rechaza la creación de un registro de médicos y sanitarios que quieran objetar a la futura Ley del Aborto por motivos éticos o morales, y asegura que «no cabe la objeción de conciencia» en relación con este asunto porque conllevaría un acto de «desobediciencia civil». «En nuestro país no hay más objeción de conciencia que aquélla que está expresamente establecida en la Constitución o por el legislador en las Cortes Generales. Todos estamos sometidos a la ley. Las ideas personales no pueden excusarnos del cumplimiento de la ley porque, si no, nos llevaría en muchísimos temas, en éste y en otros muchos, a la desobediencia civil», afirma Caamaño en una entrevista concedida a Europa Press.
Aunque admite que «hay supuestos en los que debe haber objeción de conciencia», el titular de Justicia señala que este derecho debe ser regulado por «el único órgano constitucional que puede regular los derechos fundamentales de los ciudadanos», en referencia a las Cortes Generales. «Allí donde no hay una ley que lo permita, estoy con el Tribunal Supremo y su sentencia sobre Educación para la Ciudadanía. No cabe la objeción de conciencia», zanja.
En relación con la posibilidad de que las menores de 16 años puedan abortar sin el consentimiento paterno, recuerda que, «más allá» de la negociación que puedan llevar a cabo los grupos parlamentarios durante la tramitación del proyecto, ésta es la edad que marca la mayoría de edad sanitaria en España y «en casi todos los países de nuestro entorno». «¿Por qué no puede serlo para este tipo de prácticas si lo es para otro?», se pregunta el ministro antes de recalcar que «la confianza no la sustituye el Derecho». «El Derecho regula el matrimonio, no regula el amor.
El Derecho regula las relaciones de familia, no la confianza entre los miembros de la familia», sostiene. A este respecto, considera «muy preocupante» que la obligación de autorización por parte de los padres pueda llevar a una menor de 16 años a «un circuito sanitario que no esté homologado y que no tenga la calidad de un sistema público». «Eso me preocupa como padre y como ciudadano de este país», afirma.
Caamaño, además, defiende «plenamente» la «constitucionalidad» del anteproyecto de ley impulsado por la ministra de Igualdad, Bibiana Aído, al considerar que no introduce «ningún elemento excepcional o distinto» al recogido en la legislación de otros países occidentales. No obstante, se muestra abierto a que la negociación en las Cortes pueda establecer «alguna modulación» al proyecto, entre las que cita una aplicación del «modelo francés», en el que la menor debe acudir a los servicios sanitarios «acompañada de un adulto». «No de sus padres, puede ser su novio», matiza antes de defender la posibilidad de que las menores de 18 años que quieran abortar tengan que recibir «refuerzos de información» en el sistema sanitario.
Fuente: La Vanguardia
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– Penal II. Capitulo 4, el aborto
– El Gobierno Catalán no regula el derecho a abortar del menor en la ley de infancia
Estimado Sr. Juez:
He sido denunciado por circular a 250 km/h en la Nacional 530 cuando iba camino de mi pueblo para hacer la matanza.
Según me dijeron los Guardias Civiles que me pararon, el radar me detectó a la velocidad antes indicada en un tramo limitado a 70km/h. Yo, por mi parte, puedo decir que he visto perfectamente esa señal con el número 70 en negro, dentro del círculo rojo con el fondo blanco. Sin embargo, por más que me he fijado, no he visto ninguna unidad de medida junto al numerito 70.
Como Vd. sabrá mejor que yo, que para eso ha estudiado derecho, la Ley 54/1893 establece que en el Estado Español (que Dios guarde muchos años) se establece que el Sistema Métrico Internacional será el obligatorio en el país, y dentro de las reglas propiamente dichas del citado Sistema Métrico Internacional (Sistema Internacional de Unidades), se establece que la unidad de longitud será el metro, y la unidad de tiempo será el segundo.
No se si cuando Vd. terminó derecho le dio tiempo a hacer algo de matemáticas, pero por si acaso voy a informarle de que la velocidad se mide dividiendo la distancia recorrida entre el tiempo empleado para recorrerla, por lo que cogiendo la unidad de medida de la distancia (metro) y la unidad de medida del tiempo (segundo), obtendremos la unidad de medida de la velocidad:
METROS POR SEGUNDO, que, tal y como nos dice la Ley anteriormente citada, SERÁ LA UNIDAD DE MEDIDA OBLIGATORIA PARA LA VELOCIDAD.
Yo no le voy a negar que fuese a 250 km/h, que de hecho los iba, pero es que la señal que yo vi sólo ponía 70, y en virtud del imperio de la ley que todos debemos respetar y del que Vd. es el máximo exponente, no he dudado en considerar que el 70 se refería a la unidad internacional de la velocidad, el metro por segundo; si Vd. hace la conversión, observará que 70 m/s equivalen a 252km/h, con lo cual yo circulaba a 2 km/h por debajo de lo permitido.
Por todo lo expuesto, ruego a Vd. que me devuelva el carné de conducir, los 600 Euros y los 8 puntos que me han quitado, que no están las cosas para bromas, dejando este asunto en un lamentable malentendido por el que no voy a denunciar a los pobres Agentes, que bastante tienen con su arriesgado trabajo y estoy seguro que no lo hicieron con mala intención.
Atentamente.
Fuente: EL OTRO LAO
Estaba claro que este año el culebrón del verano iba a ser el de los casos de corrupción que afectan al PP, pero lo que no nos podíamos imaginar era que la letra de la canción de Georgie Dann la pondrían los dirigentes de este partido con sus surrealistas acusaciones (sin pruebas) para desviar la atención del personal. Declaraciones cada vez más explosivas que se suceden ante la mirada atónita de los becarios que los medios de comunicación habían dejado de guardia durante el, al menos hasta ahora, tradicionalmente tranquilo periodo estival.
Pero los tiempos cambian y este verano, entre caña y caña, nos enteramos de que Maria Dolores de Cospedal, desde sus vacaciones en una casa monísima en Marbella, denuncia que en España vivimos en un estado policial y que el Gobierno encarcela y espía a los miembros del partido de la oposición. No parece ser la única porque, según Javier Arenas, todo el PP opina que nunca en los últimos 30 años de democracia habíamos vivido una época peor, y su partido se plantea denunciar esta supuesta agresión al PP ante las instituciones europeas. Entre tanto, Federico Trillo asegura disponer de pruebas de terribles delitos contra su formación, aunque de momento solo aporta una confusa explicación sobre una grabación de una llamada en la que un policía filtra a Camps el traspaso de su caso a un juez afín. Finalmente, Mariano Rajoy, que antes de irse de vacaciones ya nos había dejado en vilo alertándonos del riesgo que corren nuestros ahorros en el banco, ha insistido hoy desde un chiringuito gallego en el inminente peligro que corre nuestro estado de derecho.
Y mientras ellos apuntan desesperadamente hacia otro lado, las distintas tramas de corrupción en el PP ya han resultado en la imputación de varios de sus diputados europeos, nacionales y regionales, así como consejeros y directores generales en al menos 4 comunidades autónomas, mientras que la imputación de un presidente autonómico está pendiente de un recurso de la fiscalía ante el Supremo.
A estas alturas de la película se hace quizás necesario recordar que la investigación de la trama Correa se puso en marcha a raíz de las acusaciones de militantes del propio PP. Y que, puestos a hablar de espionaje, de momento de lo que hay pruebas y bien claras es del espionaje a cargos del PP por parte de funcionarios de la propia Comunidad de Madrid.
Fuente: El rey de la baraja
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– Cospedal (PP). Una detective de Chirigota