El arzobispo Felipe Aguirre Franco (ICAR) reprobó los altos índices de explotación infantil sexual y laboral que se dan en algunas regiones de Guerrero, como La Montaña y sobre todo en Acapulco, municipio que es considerado como la ciudad con mayor incidencia a nivel nacional.
Denunció que en el estado hay redes que se dedican a reclutar niños entre 9 y 10 años para ser explotados laboral y sexualmente.
Consultado sobre el problema de la explotación infantil, Aguirre Franco recordó que en enero del año pasado los obispos de la Provincia Eclesiástica de Acapulco publicaron una carta pastoral sobre el crimen organizado, en la que destacaron que la trata de personas es un delito contra los derechos humanos, la dignidad y la integridad y que en Guerrero, sobre todo en Acapulco, se dan más los casos de prostitución infantil, así como de mujeres.
Agregó que a esto, se suma la explotación de la servidumbre, de la mendicidad ajena, el matrimonio servil así como la explotación de órganos y el turismo sexual.
“Las estadísticas revelan que México es uno de los países de América Latina con mayor incidencia en explotación sexual infantil, siendo las ciudades de Acapulco, Tijuana, Cancún y el Distrito Federal las que presentan mayor incidencia”, destacó.
Reiteró que en Guerrero “hay redes de prostitución que se dedican a reclutar niños de entre 9 y 10 años, sobre todo de las zonas más marginadas como es La Montaña y la Sierra” y sostuvo que “estos niños son víctimas de bandas organizadas que explotan con total impunidad”.
Aguirre Franco argumentó que la pobreza, el hambre y la marginación en La Montaña y la Sierra son factores para que muchos indígenas emigren hacia otros puntos del país. Sobre todo a Sinaloa o Baja California, donde los indígenas son sometidos a tratos humillantes.
Por ello, adelantó que el próximo 15 de septiembre la iglesia en el Quinto Plan Diocesano de Pastoral, se propondrá “iluminar” las conciencias para promover el respeto a la dignidad de todos.
Fuente: La Jornada Guerrero (México)
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La mediación penal y penitenciaria, que en los últimos años ha comenzado a implantarse en algunos centros, se está convirtiendo en una herramienta eficaz para la resolución de conflictos en unos ámbitos «especialmente delicados» como son las cárceles y los juzgados.
Así lo han asegurado hoy en rueda de prensa Carlos Romera y Paz Francés, dos de los ponentes que toman parte en el curso «Mediación Penal y Penitenciaria», que ha organizado la Universidad Pública de Navarra y que se prolongará desde hoy hasta el próximo viernes.
Y es que, según han indicado, las experiencias piloto de mediación que se están llevando a cabo en diferentes prisiones y juzgados españoles, entre ellos los de Pamplona, están resultando «muy positivas» tal y como se desprende de un estudio del Consejo General del Poder Judicial que recoge valoraciones de víctimas, infractores y actores jurídicos que han participado en los procesos.
El cada vez «mayor endurecimiento de las penas, en concreto de las privativas de libertad», que está llegando a situar a España «a la cabeza del endurecimiento de penas», y el crecimiento de la población reclusa hace, en opinión de Francés, necesario impulsar y dar a conocer esta mediación «como una fórmula de resolución de conflictos dentro del ámbito de la justicia restaurativa».
El objetivo último de esta práctica es que «la gente sufra menos, que pueda resolver conflictos de forma más positiva en unos ámbitos tan delicados como éstos». Se trata de «meter una cuña de pacificación en un sitio tan poco pacífico como es un centro penitenciario».
En el caso de la mediación penitenciaria ha explicado que trata de resolver conflictos entre internos a través de la intervención de un mediador externo, aunque no se excluye la intervención en el caso de conflictos entre funcionarios e internos.
«La cárcel es un espacio realmente violento, hay una violencia intrínseca vertical, de poder, y horizontal, entre los propios internos», según Francés, quien ha subrayado que con la mediación se trata de «aportar herramientas diferentes a las sanciones que se especifican en la ley y el reglamento penitenciario».
Se pretende, ha añadido, dar «una respuesta alternativa a los conflictos que puedan surgir, sean violentos o no, pero que pueden dar lugar a momentos de crispación o a una muy mala convivencia en un espacio tan reducido».
Su experiencia en la cárcel pamplonesa está resultando positiva, aunque ha reconocido que les está costando bastante y aunque al principio a muchos les parecía «imposible, no es así», ya que «si a las personas se les ofrece la posibilidad de resolver un conflicto de manera pacífica, en la mayoría de los casos se logran resultados positivos».
Además, ha recalcado que los internos lo agradecen «muchísimo, porque están acostumbrados a que cada vez que hay un conflicto la respuesta siempre sea una sanción de aislamiento, la retirada de objetos personales o la reducción de permisos».
Romera, por su parte, ha relatado su experiencia en la cárcel alavesa de Nanclares, un centro «más grande, donde los conflictos llevaban aparejadas una sanción de cambio de módulo, que significa también una pérdida de derechos sobre unas personas que ya tienen muy pocos derechos, por lo que la mediación ofrece una oportunidad de además de resolver el conflicto poder seguir manteniendo esos derechos».
En esa cárcel, según ha señalado, también tienen algún caso de mediación entre internos y funcionarios con resultado «positivo».
En cuanto a la mediación penal, la que se lleva a cabo en los juzgados, han comentado igualmente que está obteniendo resultados positivos por parte «tanto de las víctimas como de los imputados, ya que están llegando a acuerdos de forma consensuada y así se están evitando sanciones penales, sobre todo cuando se habla de faltas».
En el caso de delitos, normalmente la mediación no evita una sentencia condenatoria, pero ésta se ve rebajada con un atenuante de reparación del daño y además, según ha resaltado Romera, muchas veces se evita celebrar la vista oral.
Fuente: EFE
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– Derecho Procesal Penal. Licenciatura en Criminología. UMU