La web de Maco048. Criminología

La futura ley autonómica contra la violencia machista contempla el refuerzo y la ampliación de la asesoría jurídica a las víctimas «en todo tipo de materias que guarden relación con su situación», para que sean conscientes de «las consecuencias jurídicas» que se derivan de las decisiones que tomen. El consejo de un letrado con cargo al presupuesto autonómico se limita en la actualidad a los casos de violencia en la pareja. El borrador de la futura ley, en el que han participado 49 asociaciones e instituciones, amplía esa asesoría a cualquier víctima, incluidas las personas que sufren acoso laboral. El nuevo texto incluye en lo que denomina «violencia de género» aquella que priva a las mujeres de los recursos económicos en el ámbito familiar y de la pareja.

El texto pasó ayer con una valoración positiva el informe del Consejo Económico y Social (CES). Este organismo confía en que la ley sea un instrumento efectivo para atajar una «lacra» que se ha amparado «demasiado tiempo» en el «anonimato del ámbito familiar, el miedo» y en una actitud equivocada de una sociedad que entendía que «pertenecía a la privacidad de las relaciones personales». La ley obligará a las instituciones a hacer batalla contra la actitud de mirar hacia otro lado e informará de los caminos más efectivos para que vecinos, familiares y allegados denuncien.

La valoración positiva del CES va acompañada de recomendaciones al Gobierno autonómico para ‘pulir’ algunos aspectos del texto antes de enviarlo a las Cortes. Desde el organismo consideran necesario que primen los recursos públicos en la red de centros donde se atiende a víctimas de malos tratos, con especial atención al medio rural, y que el entorno familiar debe ser objeto «de un especial seguimiento» si hay menores y ancianos a cargo de la persona que sufre el maltrato.

El documento de trabajo elaborado por la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades obligará al Servicio Público de Empleo (Ecyl) a dar preferencia a las víctimas de malos tratos en los cursos de formación laboral, puesto que la independencia económica que proporciona un trabajo es clave para superar una situación de maltrato. El borrador, que incide en la prevención y también en la organización de la red de asistencia -centros de emergencia, casas de acogida y pisos tutelados- y su personal, obligará a incluir aspectos sobre la igualdad de sexos y la lucha contra los malos tratos en los temarios de las oposiciones y a reforzar estos contenidos desde el colegio. Los hijos de personas maltratadas accederán a una «escolarización inmediata» en el caso de que se vean obligados a cambiar de centro y el de los malos tratos será uno de los criterios que la Consejería de Educación valorará para conceder ayudas para gastos escolares, comedor o autobús.

El equipo que dirige César Antón prevé también establecer prioridad en el acceso a residencias públicas y centros especializados para las víctimas de malos tratos mayores de 65 años, con discapacidad o trastorno mental, a la vez que regula la «tendencia a la unificación» de los dispositivos de alarma y el seguimiento de los recursos que se ofrecen a las mujeres con órdenes de protección.