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Las mentes simples casi siempre yerran en sus juicios
El alcance del paramilitarismo en los partidos uribistas
Durante los últimos tres años, las investigaciones adelantadas en Colombia por la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General de la Nación han empezado a demostrar una nueva dimensión de los crímenes de lesa humanidad y las graves violaciones a los derechos humanos cometidas por las estructuras paramilitares, que confirman los nexos del Estado colombiano y el paramilitarismo, tal y como se ha reiterado en varias sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos –COIDH- que ha declarado la responsabilidad del Estado Colombiano por violación a la Convención Americana . Estas recientes investigaciones visibilizan el alcance del paramilitarismo en la rama legislativa y como su accionar responde a una política sistemática y planificada desde los más altos niveles del Estado con el objetivo de consolidar un proyecto político y económico para los intereses de élites locales, nacionales y transnacionales.
El presente texto pretende dar cuenta del contexto y desarrollo de estas investigaciones de la Corte Suprema de Justicia y de la Fiscalía General de la Nación, además de la existencia de diferentes aspectos que los han afectado como la renuncia de los congresistas a su fuero como parlamentarios, las maniobras para deslegitimar a la Corte Suprema de Justicia, la dilación de los procesos investigados por la Fiscalía General de la Nación, las amenazas en contra de los testigos de cargo, las extradiciones de los principales jefes paramilitares y los hostigamientos a la Corte Suprema de Justicia, entre otros aspectos. Igualmente, presenta un balance de condenas y absoluciones proferidas hasta la fecha de esta publicación. Por último, se incluyen como anexos los resultados de un seguimiento y recopilación de artículos de prensa de los procesos judiciales que se han desarrollado desde el mes de septiembre del año 2006 en contra de 133 congresistas y ex congresistas por sus presuntos nexos con el paramilitarismo.
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- Obstaculos
- Anexo I
- Anexo II
En 2005 el alcance del paramilitarismo como proyecto nacional dentro de la legislatura comenzó a evidenciarse a partir de la afirmación realizada por el entonces jefe paramilitar Salvatore Mancuso Gómez, quien dijo que el 35 % de los miembros del Congreso eran ‘amigos’ [1], afirmación que después fue ratificada por el jefe paramilitar José Vicente Castaño Gil [2]. Luego, ante los medios de comunicación en 2008, Mancuso aseguró que más del 50 % del Congreso colombiano tenía nexos con el paramilitarismo [3]. Aunque no es objeto de este estudio, es importante recordar que estas alianzas entre funcionarios públicos y el paramilitarismo no se han limitado a miembros del congreso, sino también a otros servidores públicos locales [4]–funcionarios municipales y departamentales, alcaldes, concejales y diputados, que pertenecen a los mismos movimientos políticos de los congresistas investigados– hasta altos funcionarios del Gobierno actual [5] y la misma elección del presidente Álvaro Uribe Vélez en 2002, como fue confirmado por los jefes paramilitares Diego Murillo Bejarano, alias “Don Berna”, y Salvatore Mancuso Gómez, alias “Santander Lozada”, entre otros [6].
Durante los últimos tres años al menos 133 congresistas y ex congresistas han sido implicados con el paramilitarismo, lo que pone de presente el alcance del paramilitarismo en los partidos uribistas [7]. De estos congresistas, 71 han sido llamados a indagatoria [8], 50 actualmente están detenidos [9], 42 renunciaron a su fuero como congresista [10], 18 están en etapa de juicio [11], 13 aceptaron su responsabilidad por los cargos imputados y se sometieron a sentencia anticipada [12] y siete fueron condenados [13]. Por ejemplo, casi la totalidad de los miembros del Partido Colombia Democrática en el Congreso, fundado por el Presidente Álvaro Uribe Vélez, según su página oficial [14], tiene investigaciones abiertas por sus presuntos nexos con el paramilitarismo [15], o el hecho de que los presidentes y directivos de los principales partidos uribistas tienen presuntos nexos con la estructura paramilitar, como son Álvaro Araújo Castro de Alas Equipo Colombia, Mario Uribe Escobar de Colombia Democrática-, Luís Humberto Gómez Gallo del Partido Conservador, Luís Alberto Gil Castillo de Convergencia Ciudadana, Carlos Armando García Orjuela del Partido de la U y Dieb Nicolás Maloof Cuse de Colombia Viva [16].
En la audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, realizada en marzo de 2009, la Fundación Nuevo Arco Iris presentó una información confirmando que entre el 25% y el 35% de los puestos de elección popular habían sido tomados por la estructura paramilitar. “De los siete partidos que hacen parte de la coalición uribista, existen cinco en donde la totalidad de sus candidatos son procesados por parapolítica. Actualmente, estos partidos siguen teniendo capacidad de influencia dentro de la escena política”, aseguró León Valencia, director de Nuevo Arco Iris [17].
Además por lo menos 11 de los reemplazos de los congresistas investigados por sus nexos con paramilitarismo a su vez enfrentan procesos en su contra por sus propios presuntos nexos con estas mismas estructuras, lo cual evidencia que nunca desarticularon estos lazos entre el Congreso y el paramilitarismo y en cambio se han mantenido vigentes hasta el día de hoy [18]. Tampoco se han tomado las medidas necesarias para evitar que en las próximas elecciones legislativas familiares o aliados políticos de estos congresistas aspiren a curules y mantengan estas alianzas con organizaciones criminales. Según informó la Revista Cambio, el 13 de agosto de 2009, existen múltiples casos en este sentido, incluyendo Arlet Casado de López (esposa del ex senador Juan Manuel López Cabrales), Araceli Olivares de Morris (esposa del ex representante Erick Morris Taboada), Teresa García (hermana del ex senador Álvaro García Romero), Hernando De La Espriella Burgos (hermano del ex senador Miguel Alfonso De La Espriella Burgos), Francisco Jattin Corrales (hermano de la ex representante Zulema Jattin Corrales) y Raimundo Méndez Bechara (heredero político del ex senador Reginaldo Montes), entre otros [19].
Ver informe completo y anexos en: Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo
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Envenenan a indigentes con comida de año nuevo en Cali, Colombia
Una persona murió y 44 más debieron ser atendidas en clínicas luego de consumir alimentos que contenían vidrio molido y veneno colocados deliberadamente en una comida servida por desconocidos a varios indigentes, informaron el viernes las autoridades.
Romelia Cuevas, jefa encargada de Fiscalías de Cali, explicó telefónicamente que se buscaba a quienes entregaron ese alimento.
«Parece que fueron dos personas», dijo la funcionaria.
El hecho se registró en el barrio El Calvario, en el centro Cali, informó en entrevista telefónica el general Miguel Angel Bojacá, comandante de la policía de esa ciudad, 300 kilómetros al oeste de Bogotá.
Relató que hacia las 18.00 horas del jueves, una o más personas repartieron a varios indigentes buñuelos y natilla, un plato típico de la Navidad y el Año Nuevo en Colombia.
Maurix Fernando Rojas, médico toxicólogo del Hospital Universitario del Valle, en Cali, consideró que los alimentos tenían como propósito envenenar a esas personas.
«El aspecto de la natilla era de color café. Tenía vidrio molido en su interior. Además de eso tenía unos granulitos de color negro que podrían corresponder a un pesticida», relató Rojas en conversación telefónica.
Agregó que los afectados «llegaron con síntomas de intoxicación por pesticida tipo organofosforado, que se utiliza en el campo, por ejemplo, para matar hormigas o los insectos de las plantas».
Según el galeno, los pacientes le dijeron que unos cinco minutos después de consumir la natilla, empezaron a sentir náuseas, vómito y mareo «y otros síntomas que me llevan a concluir, sin ninguna duda, que el alimento estaba envenenado».
De los 45 intoxicados, un murió cuando era trasladado al centro médico y siete se encuentran en estado crítico.
El médico Iván González, director del Hospital San Juan de Dios de Cali, dijo que allí fueron recibidas 27 personas intoxicadas. Al igual que Rojas, González advirtió que el alimento consumido por los indigentes tenía un tóxico, «tal vez un carbamato» (otro tipo de plaguicida).
Fuente: Semana.com
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Según Amnistía Internacional, en América Latina persisten violaciones a derechos humanos
En América Latina persisten graves deficiencias en materia de derechos humanos, sobre todo contra grupos vulnerables como indígenas y mujeres, así como “constantes esfuerzos” por silenciar a quienes defienden las garantías individuales.
De acuerdo con el “Informe 2009 de Amnistía Internacional, el estado de los derechos humanos en el mundo”, los defensores de las garantías individuales en la región desafían “poderosas élites sociales y económicas”.
Además, dichas élites cuentan con “la complicidad de gobiernos que no cumplen con su obligación de promover y defender los derechos humanos”, como se demuestra en algunos casos graves.
Ello se debe, señala Amnistía Internacional (AI), a que “algunos gobiernos utilizaron en forma indebida el sistema de justicia penal para obstaculizar el trabajo de quienes defendían los derechos humanos”.
Respecto de los abusos cometidos en nombre de la seguridad, detalla que en México, “donde la violencia delictiva aumentó de forma vertiginosa”, se desplegó al Ejército para ayudar en la tarea, si bien esto ha traído a su vez también abusos.
Aunque en algunos casos se admitieron deficiencias notables en la policía, “las medidas adoptadas para expulsar a los agentes responsables de abusos contra derechos humanos no estaban a la altura de la magnitud del problema”.
Inclusive, el informe detalla que en esos casos la eficacia de las medidas tomadas por las autoridades se ha visto mermada por obstáculos administrativos y de procedimiento.
En el tema de los indígenas, el documento advierte que existe un “ciclo persistente e inveterado de penuria y exclusión social, que agrava el peligro para algunos miembros de las comunidades indígenas, en especial mujeres, para ser víctimas de agresiones”.
No obstante, también se reconoce que en México, por ejemplo, se han dado avances para grupos indígenas en coordinación con defensores de derechos humanos.
Igualmente califica como avance el fallo favorable de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) respecto de la ley que despenaliza el aborto en el Distrito Federal.
Fuente: Centro Independiente de noticias. (México)
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El Tribunal Supremo de Montana (EE.UU.) confirma la legalidad del suicidio asistido
El Tribunal Supremo de Montana ha fallado que el suicidio asistido es legal y que nada impide a los médicos a ayudar a sus pacientes a quitarse la vida, noticia publicada en diversos medios de comunicación estadounidenses.
El dictamen de la corte convierte Montana en el tercer estado de EEUU en legalizar el suicidio asistido, después de Oregon y Washington, evitó, sin embargo, reconocer que el suicidio sea un derecho garantizado por la Constitución estatal.
«Al prestar ayuda médica al paciente para que muera, es el paciente, y no el médico, quien efectúa el último acto que causa la muerte al administrarse a sí mismo la dosis letal de medicamento«, indica el fallo, suscrito por cuatro de los siete jueces, con tres votos en contra.
En los estados de Oregon y Washington el suicidio asistido fue legalizado mediante sendos referendos, en 1997 y 2008, respectivamente, pero tampoco en estos estados ha sido reconocido como derecho constitucional, como pretenden los partidarios del movimiento a favor del «derecho a una muerte con dignidad».
Fuente: Publico.es
Bajo licencia Creative Commons
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