Ser homosexual está castigado con la pena de muerte -al menos en teoría- en Mauritania, Arabia Saudí, Sudán, Irán y Yemen. Y también en el norte islamista de Nigeria y Somalia. Esta es la conclusión más tenebrosa del último mapa sobre los derechos de lesbianas y gays en el mundo que ha hecho la federación internacional ILGA. En el trabajo, elaborado a partir de las legislaciones, no se observan variaciones con respecto al año pasado. Además, otros 72 países criminalizan las relaciones entre personas del mismo sexo. A esta cifra habría que añadir las regiones, entidades o estados autónomos que lo hacen. El último, denunciado esta semana por Amnistía Internacional, el de Aceh en Indonesia, donde tener relaciones homosexuales puede suponer recibir 100 latigazos.
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Ródenas Molina, fiscal delegado de Medio Ambiente y Turismo de la Fiscalía Provincial de Las Palmas y director de las I Jornadas de Delincuencia Medioambiental de Canarias, expuso en conversación con este periódico las paradojas del vigente Código Penal: «Está más castigado un hurto en un supermercado, el particular que coge una caja de alimentos por valor superior a los 400 euros, que un tráfico de influencias. Por el primer delito se puede imponer 18 meses de prisión, y por el segundo, sólo un año».
El fiscal puso otro ejemplo: «Se castiga más un tirón, al sujeto que le arranca la cadena de oro a un particular, que un cohecho, es decir, exigir una comisión para autorizar una obra. El robo con violencia está castigado con penas de dos a cinco años, y el cohecho, con penas de uno a cuatro años».
En opinión de Ródenas, la reflexión que suscitan estas comparativas es que «hoy por hoy, con la legislación vigente, es rentable ser corrupto».
El fiscal de Medio Ambiente se mostró partidario de reformar el Código Penal para aumentar las penas privativas de libertad previstas para los delitos relacionado con la corrupción: «hay que aumentarlas», dijo, «porque si no da una sensación de impunidad que nos hace creer que ser corrupto es rentable, y es verdad, si usted se plantea la técnica de cálculo de costes, se preguntará, ¿qué utilidad personal me dan a mí los beneficios de la corrupción y cuáles son mis costes jurídicos? Estos últimos son escasos, porque la sanción es baja, y además, primero me tienen que investigar, segundo llevar a juicio y tercero condenar».
«Si encima la condena luego es baja» expuso, «porque las penas creo que están desproporcionadas a la baja con las de otros tipos de delitos, pues claro, puede ser rentable ser corrupto».
El fiscal también lamentó que en la judicatura no se siga el modelo de la Fiscalía y haya jueces especializados o al menos liberados del reparto cotidiano cuando se ocupan de casos en los que se investigan complicadas tramas de corrupción.
Fuente: [Enlace bloqueado por la Tasa española AEDE]
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