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La web de Maco048. Criminología
Las mentes simples casi siempre yerran en sus juicios
La invisibilidad, el peor problema de la violencia contra los niños
La invisibilidad, aceptada socialmente, es el peor problema al que se enfrenta la violencia contra los niños y adolescentes, así como en el trabajo infantil, según ha declarado la representante especial de Naciones Unidas, Marta Santos Pais, en el Congreso Internacional que se celebró en Toledo.
Bajo el título general de ‘Un cambio real para un problema global’, en Congreso que organiza ‘Proyecto Solidario’ con motivo de haberse celebrado 12 de junio el Día Mundial contra el Trabajo Infantil, Marta Santos ha convenido que debe rechazarse de plano que se considere «normal» en la mayor parte de los países «la violencia».
Ha señalado que, precisamente, esa «invisibilidad» hace imposible que, por un lado, haya estadísticas sobre su impacto real y, además, que no se vean «los efectos negativos en el desarrollo del niño» para aprender y recibir una educación «de calidad» que le ayude a vivir y relacionarse «con adultos y amigos».
El estudio de la ONU, centrado particularmente en la familia, escuela, comunidad y el trabajo, se ha realizado para «llamar la atención sobre esta situación», que ha catalogado de «dramática», y que los países adopten medidas concretas, ha razonado.
Así, ha referido como puntos clave para evitar la violencia, la directa intervención de los Gobiernos y la implantación de una ley que ofrezca un «mensaje claro de que no se permite ningún tipo de violencia contra la niñez», incluidas «las que parecen pequeñas», caso de la humillación y castigo físico en la familia y su entorno.
«El conocimiento de la ley y su utilización es el indicador de su suceso y de su contribución a un cambio social», ha reconocido.
Una tercera recomendación es tener un mejor conocimiento sobre cómo entienden la violencia los afectados para, así, «entender el impacto que supone la privación económica y social».
Por su parte, el Comisionado y autor del estudio, publicado en 2006 y actualizado en el 2007, el brasileño Paulo Pinheiro, ha sido tajante en su valoración: «la mayor violencia se da en la casa, porque hay un muro de silencio y hay una tradición como si los niños fueran propiedad de los padres», ha sostenido.
«Los derechos humanos llegan a la puerta de la casa porque luego mandan los padres», algo que, según ha observado, se debe desterrar para hacer realidad el «espíritu» de la Convención de Derechos del Niño «que prohíbe todo tipo de violencia».
Ha opinado que la originalidad del estudio reside en «escuchar a los niños y adolescentes» y que el tener una ley que responda con claridad a la violencia «ayuda» muchísimo.
Ha lamentado, no obstante, que sólo esté regulada legalmente la prohibición total en 26 países, entre ellos Venezuela, Costa Rica y Uruguay en América del Sur y de habla inglesa sólo en Nueva Zelanda, tachando de «muy malo» que exista en muy pocos países europeos.
El Congreso, iniciado ayer, tiene entre sus participantes a niños de distintos países, como Perú y Bolivia, y las diversas ponencias, debates y grupos de trabajo se desarrollarán hasta el jueves, que se presentarán las propuestas, para el viernes tener lugar la clausura oficial en Madrid, donde se conocerán las conclusiones finales.
Fuente: adn.es
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Enlaces de interés:
– Niños violentos del presente, serán Hombres crueles a futuro
– La web de Maco048. Noticias criminología: Menores
– Asignatura Victimologia. Licenciatura Criminología. Víctimas especialmente vulnerables. El menor
Los parapolíticos y los crímenes de lesa humanidad
Cuatro años después del destape de la parapolítica, los procesos dan un vuelco y ocho ex congresistas condenados tendrán ahora que responder por crímenes de lesa humanidad. ¿Cómo llegó la Corte a esta decisión?
Muchos parapolíticos creyeron que purgar una pena de cinco a nueve años por concierto para delinquir por sus nexos con los paramilitares sería el único crimen por el que tendrían que responder ante la justicia.
Pero la decisión de la Corte Suprema de Justicia de investigar a ocho parapolíticos por crímenes de lesa humanidad abre un nuevo episodio del escándalo de las alianzas entre políticos y las Auc.
La Sala Penal abrió investigación preliminar contra Jorge de Jesús Castro Pacheco, Dieb Nicolás Maloof Cuse, José Gamarra Sierra, Luis Eduardo Vives, Alfonso Campo Escobar, Salomón Saade, Jorge Luis Caballero y Mauricio Pimiento.
Según estadísticas de la Corporación Nuevo Arco Iris sobre la ‘parapolítica’, dentro de estos procesos se abrieron investigaciones a 107 parlamentarios y ex parlamentarios, entre los que hay 33 presos por orden de la Corte Suprema de Justicia; 15 han sido condenados hasta el momento, en tanto que se siguen indagaciones a 420 políticos locales, como alcaldes, concejales, diputados y gobernadores, entre otros.
Esta no es la primera vez que la Corte Suprema establece que la justicia debe investigar a políticos por crímenes de lesa humanidad (masacres, desplazamientos, robos de tierras, desaparición) que cometieron los paramilitares.
El primer paso en este sentido se dio cuando el ex presidente de la Corte, Augusto Ibáñez sugirió en noviembre pasado “aplicar al proceso de Justicia y Paz un estándar internacional a los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra. También hay que adoptar una postura sobre los aparatos de guerra siguiendo estos estándares. La postura además insta el gobierno para que en el concepto sociológico e histórico se convoque una comisión de la verdad” (Ver artículo: Corte Suprema pide creación de Comisión para la Verdad paramilitar).
En la providencia, el concepto de “aparato militar” incluye ex paramilitares pero también a todo aquél que por acción, complicidad u omisión colaboraron con las autodefensas, y en esta categoría también entrarían los políticos, militares, funcionarios y empresarios que colaboraron con grupos armados.
Así la decisión abrió la vía para que los ‘parapolíticos’ no sólo sean juzgados por concierto para delinquir sino también por homicidio, desplazamiento, desaparición forzada e incluso narcotráfico, entre otros crímenes.
«Si el aparato de guerra se lucra por el narcotráfico, obviamente, los vinculados a la parapolítica podrían ser juzgados por ese delito», sostuvo en ese momento Ibáñez.
La primera jurisprudencia sobre este tipo de proceso fue la que sentó la condena de Salvador Arana, ex gobernador de Sucre, a 40 años de cárcel por el asesinato de Edualdo Díaz, ex alcalde de El Roble (Ver sentencia contra Salvador Arana).
El ex gobernador fue condenado porque se demostró que se alió con paramilitares para asesinar a Díaz, después de que éste denunció en un consejo comunitario, ante el presidente Uribe, que recibió amenazas de ‘paras’. Díaz aseguraba que Arana y los ‘paras’ estaban defraudando el erario en Sucre.
En ese momento la Corte estableció que además del concierto para delinquir, Arana también había sido responsable de los crímenes que cometieron los paramilitares siendo él gobernador.
Nuevamente, en la sentencia contra Álvaro ‘El Gordo’ García, ex Senador, condenado a 40 años de prisión por su participación en la masacre de Macayepo y del homicidio de una maestra de escuela que era testigo electoral en 1997, así la Corte estableció que el político de Sucre no solo fue responsable del delito de concierto para delinquir (Ver sentencia contra ‘El Gordo’ García).
Por eso no fue extraño que la Corte, en la sentencia contra Álvaro Araújo Castro, ordenara a la Fiscalía que reabriera el caso por el secuestro del político cesarense Víctor Ochoa Daza, cometido por paramilitares al mando de Rodrigo Tovar Pupo alias ‘Jorge 40’ el 13 de enero de 2002. Para el Alto Tribunal el secuestro del Ochoa Daza, Araújo presuntamente logró beneficiarse políticamente (Ver sentencia contra Álvaro Araújo).
En la sentencia queda claro que la Corte además de condenar a Araújo por concierto para delinquir, también dijo que el ex congresista “hacía parte de estructura criminal” por lo cual también “debe responder penalmente por el conjunto de crímenes que se le atribuyen a los comandantes o jefes de los bloques, frentes o unidades que hacían parte de la asociación criminal”
Ahora, la última decisión que tomó la Corte de abrir una investigación contra los parapolíticos fue la condena Jorge Castro Pacheco en mayo de 2010 quien está pagando siete años de prisión por sus nexos con Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’ (Ver sentencia contra Castro Pacheco).
En esa sentencia la Alta Corte ratifica el hecho de que Castro Pacheco hacía parte de la organización criminal y como tal, abrió espacios para que los ‘paras’ pudieran aplicar su estrategia de tomarse todas las instancias de poder.
Por eso la Corte concluye que Castro Pacheco también debe responder por los crímenes de los ‘paras’ y ordena compulsar copias para que se investigue a Castro Pacheco junto a Dieb Maloof, José Gamarra, Luis Eduardo Vives, Alfonso Campo Escobar, Salomón Saade, Jorge Luis Caballero y Mauricio Pimiento porque se beneficiaron de pactos políticos con ‘Jorge 40’.
Artículo completo en: Semana.com (Colombia)
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Nuevo éxito de la singular campaña católica contra Paul Kagame (Ruanda)
Esta semana, buena parte de la atención política española se ha centrado en la estancia del jefe de Estado de Ruanda, Paul Kagame, en Madrid, donde ha recalado con motivo de los preparativos de la Cumbre del Milenio de Naciones Unidas, institución que nombró a Rodríguez Zapatero y Kagame copresidentes de la iniciativa.
Pues bien, varias organizaciones católicas –con los misioneros combonianos al frente–, un grupo de oenegés y el rebumbio social fomentado por numerosos medios han logrado que el presidente de Gobierno español suspendiera la reunión prevista en La Moncloa, pues han insistido en acusar a Kagame de ser poco menos que el principal genocida de las guerras y matanzas que se vivieron en los países de los Grandes Lagos a mediados de los años noventa.
La participación directa de Kagame en el genocidio jamás ha sido probada, pero sí hay pruebas e incluso sentencias por la implicación de dirigentes católicos hutus –también curas– en la borrachera de odios y de sangre que asolaron Ruanda. De ahí que en medios africanos y europeos haya causado extrañeza la decisión de las autoridades españolas de respaldar, siquiera tangencialmente, la cruzada que círculos católicos mantienen contra Kagame desde hace ya varios años, actitud esta en la que quizá insisten para silenciar el vergonzoso papel que jugó la curia ruandesa.
MÁS DETALLES en «Sucia campaña de la Iglesia y oenegés españolas contra Paul Kagame«, en AFROL·NEWS.
Fuente: Im-Pulso
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Contra el populismo penitenciario
Magnífico [Enlace bloqueado por la Tasa española AEDE] de opinión hoy en El País que refleja un problema más profundo con la falta de sintonía entre las opiniones mayoritarias de la gente (basada muchas veces en instintos como el de venganza) y la legislación más adecuada para atacar un problema social.
Desde el año 2000, el número de reclusos en España ha aumentado un 65,1%, lo que nos sitúa a la cabeza de Europa en tasa de presos por cada 100000 habitantes: 153,6. Según datos oficiales, en 2009 había en las cárceles españolas 76090 internos, el doble de los que había en 1990. De ellos, un 22%, está en prisión preventiva, esto es, a la espera de un juicio que resuelva sobre su situación. Mantener a un recluso en España cuesta de media 54,79 euros al día y contamos con un presupuesto que ha pasado del equivalente en pesetas a unos 689 millones de euros del año 2000 a casi 1.250 millones de euros en 2010. Curiosamente, las medidas alternativas a la prisión salen muchísimo más baratas: tan solo cuestan tres euros por persona y día. Aún más, según datos del Consejo de Europa publicados en 2005, el tiempo medio de estancia en prisión en España se duplicó desde 1996 (9,7 meses) hasta 2004 (16,7 meses).
Y todo esto a pesar de que España se sitúa en una tasa de criminalidad comparada de 45,8 por cada 1000 habitantes, una de las tres más bajas de Europa y muy por debajo de la media europea de 69,1, situándose en 2009 al mismo nivel que en el año 2000. El Eurobarómetro de otoño de 2009 indicaba además que la percepción de la delincuencia como problema en España era de 11,0, la segunda más baja de Europa y muy lejos de la media de la UE de los 27 situada en 19,0. En resumen, en 10 años la criminalidad ha permanecido estable en cotas muy reducidas, su percepción por la población es muy baja y, sin embargo, en 20 años se ha duplicado la población penitenciaria.
Fuente: Ecos del futuro
