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A partir de mañana, haber cometido tres faltas equivale a un delito. Este es uno de los principales aspectos que recoge la modificación del Código Penal que aprobó el Parlameno el 9 de junio y que hoy entra en vigor, seis meses después de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

El artículo 286 bis de la reforma, aprobada el pasado junio, fija sanciones, multas o penas de cárcel para aquellas conductas que tengan por finalidad «predeterminar o alterar de manera deliberada y fraudulenta el resultado de una prueba, encuentro o competición deportiva profesionales».

Otra novedad es que la personas jurídicas pueden resultar responsables de los delitos cometidos en nombre o por cuenta de las mismas y en su provecho, por sus representantes legales y administradores de hecho y de derecho, pero también por sus empleados.

Otros delitos a los que afecta la reforma penal son los relacionados con la seguridad vial. A partir del jueves, conducir por encima de la velocidad permitida en 60 kilómetros por hora en vías urbanas o en 80 en interurbanas, o bajo los efectos de alcohol o drogas, podrá castigarse, según decida el juez, con prisión de tres a seis meses o con multa de seis a doce meses o con trabajos en beneficio de la comunidad, cuando antes podían imponerse dos de estas penas simultáneamente.

A partir de la entrada en vigor de la nueva legislación se tendrá que aplicar al reo la norma más favorable, según establece uno de los principios del derecho penal recogido en una disposición de la reforma, lo que afecta principalmente a los delitos contra la salud pública, la seguridad vial o contra la propiedad intelectual o industrial.

Los datos que a fecha del pasado lunes manejaba Instituciones Penitenciarias, y a los que ha tenido acceso Efe, hablan de la excarcelación de 239 de los 65 000 presos que cumplen condena en las cárceles dependientes del Ministerio del Interior -todas salvo las de Cataluña, que tiene competencias en esta materia y cuyos centros albergan a otros 11 000 reclusos-.