Los asuntos examinados, han sido, en síntesis:
1.- El reciente anteproyecto de ley de implantación de tasas judiciales, que merma el derecho a la tutela judicial efectiva, sentando las bases de una justicia reservada para aquéllos que puedan pagársela.
2.- Los anuncios de reformas del Código Penal en materia de orden público, que pretenden criminalizar el ejercicio de derechos fundamentales instrumentales para explicitar el desacuerdo político, como los derechos de reunión y manifestación.
3.- Las tasas de población penitenciaria y delincuencia en el ámbito de la Unión Europea, que evidencian la “paradoja española”, donde a menor tasa de delincuencia se da la mayor tasa de población reclusa, lo que contradice las declaraciones del Ministro de Interior que sigue insistiendo en la falsa idea de que el índice de delitos ha aumentado para justificar un innecesario incremento de penas.
4.- La insostenible situación de los Centros de Internamiento de Extranjeros, convertidos en reductos de control de la población extranjera que carece de autorización administrativa para residir en España.
5.- La “contrarreforma laboral”, que degrada las bases de la relación laboral.
6.- La decisión de no ofertar nuevas plazas de Jueces y Fiscales, al tiempo que se ofertan nuevas plazas de policías, lo que, como colofón, evidencia las prioridades del Ejecutivo, anteponiendo el control policial a la defensa de las garantías de la ciudadanía.
En un contexto generalizado de recortes de derechos sociales básicos para la convivencia ciudadana, afirmamos que este conjunto de medidas ejemplifica el tránsito del “Estado” Social al “Estado Penal”.
Comunicado completo en: iustel DIARIO DEL DERECHO
Mano dura. Este es el mensaje con el que el Partido Popular (PP) ganó las elecciones hace más de cien días. Estas dos palabras son las que pueden resumir el Código Penal que se nos viene encima. Todavía no conocemos todas las claves del nuevo texto, ya que todavía no se ha presentado un borrador o un proyecto de ley que las contenga. Una Comisión dependiente de los Ministerios del Interior y de Justicia está trabajando en ello; probablemente se aprobará antes del verano y entrará en vigor en menos de un año. Su contenido exacto no lo conocemos, pero sí sabemos que se podrá resumir en una frase: mano dura.
Durante la campaña electoral del pasado otoño, el PP hizo de la “lucha contra la multirreincidencia” uno de los pilares centrales de su programa, como así lo resumió Jorge Fernández Díaz, ministro del Interior. Una de las formas para conseguirlo sería mediante la reforma de la Ley de Extranjería, para que aquellos/as inmigrantes que “hayan hecho de la delincuencia su modo de vida” sean expulsados/as del país aunque se encuentren en él de forma legal. Asimismo, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, también anunció al poco de ocupar su cargo que el Código Penal debía ir más allá y establecer la cadena perpetua, llamada “prisión permanente revisable”, para delitos muy graves.
“No hay verdad más engañosa que aquella con la que deseamos ser engañados, ni realidad más discutible que la que repugnamos incluso considerar” – Enrique Martínez Reguera, La Calle es de Todos.
“Hay que endurecer las penas por delitos de violencia callejera […] para que haya más gente que tenga más miedo al sistema y que no sea tan osada” – Felip Puig, conseller d’Interior de Catalunya (CiU).
“Si Gandhi hubiera estado en la Plaça de Catalunya [el día que la desalojamos] también habría pillado. […] Resistirse [sin violencia, ni arremetimiento contra la policía, ni nada] no es pacífico. Lo pacífico es que te digan que te vayas, te levantes y te vayas. […] La policía ejerce la violencia legal. […] La policía siempre gana” – Sergi Pla, comisario de la Brigada Móvil (antidisturbios) de los Mossos d’Esquadra, en el programa Salvados (La Sexta, 15 de abril de 2012).
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