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El Movimiento 15M en la Región de Murcia ha creado la Asociación por la Transparencia Política y Administrativa (‘Atrapa‘), que permite a cualquier ciudadano denunciar casos de corrupción conservando el anonimato, según informó a Europa Press el abogado y portavoz de esta plataforma, José Mateos Martínez.

Así pues, cualquier persona que tenga noticia o información sobre algún caso de corrupción se puede poner en contacto con ‘Atrapa’, cuyo personal analizará si las pruebas son lo suficientemente sólidas. En caso de que la denuncia tenga fundamento, la Asociación presentará una querella contra quien esté incurriendo en la ilegalidad correspondiente.

La Asociación no limita su ámbito de actuación a los políticos o administraciones corruptas, sino que pretende actuar contra «cualquier violación de la legalidad que vaya contra los derechos de los ciudadanos».

Por ejemplo, el portavoz de Atrapa insta a denunciar a aquellos funcionarios que conozcan casos de corrupción, trabajadores que sepan que su empresa está cometiendo irregularidades o vecinos de un barrio en el que se sabe que se está haciendo una obra ilegal.

En este sentido, ‘Atrapa’ garantiza el anonimato de los denunciantes. Martínez explica que hay gente que «tiene información pero tiene miedo a dar la cara. Si la población contacta con la Asociación, nadie va a saber que han sido ellos los que han revelado el asunto», asegura.

Los ciudadanos pueden ponerse en contacto con ‘Atrapa’ a través de la página de Facebook ‘atrapamurcia’, y de la dirección de correo electrónico ‘atrapamurcia@gmail.com’.

En la Asociación, los denunciantes podrán obtener apoyo legal de un gabinete de cinco personas, todos ellos abogados y procuradores con formación jurídica, como el propio Martínez, que es doctorado en Derecho por la Universidad de Bolonia (Italia) y trabaja como letrado.

Este gabinete permite ahorrar los costes económicos de emprender procesos legales. Además, ‘Atrapa’ tiene que depositar fianzas mucho más reducidas por presentar querellas que si se tratara de una iniciativa particular, ya que está constituida jurídicamente como asociación y entre sus principios está perseguir este tipo de ilegalidades.

Martínez explica que ‘Atrapa’ se propone como objetivo iniciar la vía judicial de los casos de corrupción, y advierte que están dispuestos a llegar a instancias como el Tribunal Constitucional o el Tribunal de Estrasburgo.

DOS CASOS INVESTIGADOS

‘Atrapa’, que se puso en marcha hace dos meses y se registró como asociación hace apenas un mes, ya ha empezado a trabajar en dos casos, uno de ellos todavía conservado en secreto porque afecta a un ayuntamiento que, en caso de enterarse, podría «destruir pruebas», advierte el portavoz de la Asociación.

De momento, ‘Atrapa’, está recabando información sobre este asunto, que tiene que ver con facturas ilegales de un consistorio murciano. La Asociación cuenta ya con la documentación suficiente para presentar una querella, pero sigue investigando porque «la cosa parece ser más gorda de lo que se había planteado», según Martínez.

El otro caso en el que está trabajando ‘Atrapa’ es el asesoramiento y apoyo a los padres de los niños de guarderías de Totana, que han puesto una querella contra el responsable de la gestión de los centros infantiles por un delito de estafa y por un delito contra la salud pública.

Martínez recuerda que el Ayuntamiento de Totana decidió externalizar el servicio y otorgó su gestión a un individuo «que tiene antecedentes por haber estafado reiteradamente en Andalucía con distintas empresas que ha ido creando con tal fin».

Al parecer, el empresario «empezó a dar comida en mal estado a los niños de Totana, como un plato de guisantes cubierto con moho, porque quería ahorrar costes, y estuvo haciéndolo durante más de dos meses», según el portavoz de ‘Atrapa’.

Asimismo, el acusado estableció un «contrato laboral de explotación a los trabajadores y despidió a cinco empleados por el mero hecho de reivindicar su sueldo, porque estuvieron más de dos meses sin cobrar».

Además, Martínez critica que ese individuo «no puede contratar con la administración pública, porque tiene unas deudas brutales con la Seguridad Social, y la Ley de Contratos de las administraciones públicas lo prohíbe».

En este caso, ‘Atrapa’ se ha puesto en contacto con la concejala de Educación del Ayuntamiento de Totana, Josefa María Sánchez, y la propia alcaldesa, Isabel Sánchez, quienes al parecer admiten que el acusado «no puede contratar con la administración», pero el servicio que presta «resulta muy barato» para las arcas municipales.

«Como el Ayuntamiento no tiene dinero y no hay nadie que se lo haga más barato.