Juan Gabriel Vásquez, uno de los buenos columnistas del periódico colombiano El Espectador (que escasean), deja claro:
Los conservadores hablan mucho de defensa de la vida, pero lo que omiten invariablemente, cerrando los ojos con fuerza, es que estos debates son difíciles porque lo que se juega en ellos es, en últimas, nuestra relación con el sufrimiento. O más bien: son debates sobre el derecho que tenemos (como sociedades, como sistemas legales) a permitir el sufrimiento ajeno cuando podríamos evitarlo. Condenar al sufrimiento: eso es lo que hace quien niega a una mujer embarazada el derecho de abortar cuando ha sido violada, cuando corre el riesgo de morir como consecuencia del embarazo, cuando puede dar a luz a un niño tan enfermo que su vida sea insoportable o indigna. Dejar que otro sufra: es lo mismo que hace quien se opone a eso que se llama suicidio asistido. ¿Tenemos derecho, deberíamos tener derecho a mirar para otro lado mientras alguien sufre? Me parece claro —moralmente claro— que no.
Pese a que la Justicia española da en “ignorado paradero” al marido de Cristina Cifuentes, la delegada del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Javier Aguilar Viyuela no tuvo reparos en acudir a la propia delegación del Gobierno y fotografiarse junto a su mujer y otros miembros de su familia.
En la instantánea, a la que se podía acceder a través del perfil de Facebook de una de las hijas de Cristina Cifuentes (y que ya circula por internet), se observa a Francisco Javier Aguilar Viyuela situado el primero a la derecha. Previsiblemente, la instantánea fue tomada el 16 de enero de 2012, día en que Cifuentes prometió su cargo en un acto en el que participaron decenas de cargos públicos, mandos policiales y representantes políticos, económicos y sindicales.
Junto al ministro de Justicia
De hecho, [Enlace bloqueado por la Tasa española AEDE]el ministro de Justicia, Alberto Ruíz-Gallardón, y el ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz. Francisco Javier Aguilar Viyuela también coincidió en la Delegación del Gobierno de la Comunidad de Madrid con Esperanza Aguirre, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y más de una decena de altos cargos del Partido Popular como Ignacio González, Regina Pañiol, Percival Manglano, Javier Fernández Lasquetty, Antonio Beteta o Engracia Hidalgo.
“En ignorado paradero”
ELPLURAL.COM desveló en exclusiva el pasado 20 de junio que la justicia española no logra dar con el paradero de Francisco Javier Aguilar Viyuela. Así consta en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (B.O.C.M.), que ha llegado a emitir varias cédulas de notificación puesto que Viyuela, quien afronta un litigio relacionado con problemas laborales surgidos a raíz de su actividad empresarial, se encuentra en “ignorado paradero”.
Fue alto cargo del PP
Aunque lleva años alejado de la primera línea política, Javier Aguilar fue en la década de los noventa alto cargo del Partido Popular madrileño, llegando a ser director general de Patrimonio Cultural del Gobierno de Alberto Ruiz-Gallardón cuando el siempre polémico Gustavo Villapalos era consejero de Educación.
Fuente: elplural.com
Aunque son muchos más los imputados del Partido Popular – cerca de 300- aquí se muestran los 40 principales . Su difusión depende de todos para que sepamos bien de lo que estamos hablando.
Fuente: Los Genoveses , SA
OPTIMISTAS
Haciendo media, mejora mundial. En los últimos diez años los países que aplican la pena de muerte se han reducido en más de un tercio. La evolución es significativa si tenemos en cuenta que en 2011, 20 países registraron ejecuciones frente los 31 del año 2000, como explica el informe anual deAmnistía Internacional.
El paradigma que intenta mejorar. El pasado año ha traído avances para los abolicionistas de EEUU. Pese a que el número de ejecutados ascendió hasta 43, Illinois se ha sumado al grupo de los 15 estados que no utilizan la ley capital. Por su parte, el estado de Oregón ha dado el primer paso al declarar una moratoria a los presos sentenciados a a la inyección letal.
Si robas no mueres. Incluso los países más duros dan alguna buena vibración. En 2011, China ha eliminado la pena de muerte para 13 delitos, la mayoría de tipo económico. Además, el Gobierno chino está tomando la iniciativa para que los casos de tortura disminuyan y mejoren los servicios jurídicos para la población sin recursos que se enfrentan a la pena capital.
Fuera del código militar. En su informe de 2012, Amnistía Internacional destaca que Taiwán haya eliminado la pena máxima del código militar. Así, en el país asiático razones para aplicar la sentencia eran: el secuestro, el tráfico de armas o incluso la falsificación de monedas.
La intención no falta. Aunque hace cinco años que Malaui abolió la pena de muerte, las críticas siguen cayendo sobre el Gobierno de Joyce Banda. De los 180 condenados a muerte desde entonces, ninguno ha tenido un segundo juicio. “El sistema judicial para crímenes de Malawi no está preparado”, dicen desde la Coalición Mundial Contra la Pena de Muerte.
PESIMISTAS
Triste primer puesto. Además de ser el país que condena a más gente, China es también el que menos ejecuciones reconoce: Ninguna. Amnistía Internacional habla de “miles” cuándo tiene que cifrar las condenas capitales del país. Y es que Pekín ésta información sigue considerándose como un ‘secreto de Estado’. En las 676 muertes que refleja Amnistía Internacional no están recogidos los casos de China.
Oriente medio y el 50%. Es la región que más preocupa a las ONG ya que el número de ejecuciones reconocidas ha aumentado casi la mitad. Los países responsables de este macabro porcentaje son: Arabia Saudí (82),Irak (68), Yemen (41) e Irán (360). De hecho, sobre este último, la cantidad se duplicaría si se confirman las sospechas de que se habrían mantenido muchas ejecuciones en secreto.
Menores de edad. Irán también es el único país que reconoce ejecuciones a personas menores de 18 años (al menos tres). El Gobierno iraní ha llegado a defenderse diciendo que según el calendario islámico los sentenciados podían ser mayores de edad. Lo mismo ocurre en Yemen. Aunque la pena máxima está prohibida para los menores allí, suele haber disputas por la edad de los acusados ya que muchos no tienen certificado de nacimiento.
¿Razones? Varios países siguen utilizando razones polémicas para sentenciar a muerte a sus ciudadanos. Entre ellas están: Adulterio, sodomía, blasfemia, «brujería», delitos económicos o el robo con violencia. Mención especial para Corea del Norte, que ha aplicado sentencias capitales sin tener la pena recogida en su legislación interna.
La excepción que confirma la regla. Continentes en los que prácticamente no se utiliza la pena de muerte también tienen sus puntos débiles. Así, EEUU es el único país de América que realizo ejecuciones. Al otro lado del Atlántico, Bielorrusia fue la única nación del continente que ejerció la ley capital.
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