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Recientemente, el Ministerio de Sanidad tomó la determinación de cambiar la forma de aplicación de la vacuna de la varicela en España. Primero, bloqueó su distribución y después confirmó limitar su aplicación, en el calendario vacunal, a niños mayores de 12 años, cuando organizaciones especializadas como los Centros de Control de Enfermedades de los EE.UU. recomiendan la vacunación entre los 12-15 meses con un refuerzo a los 4-6 años.
Diversas voces de la comunidad médica ejemplificadas en [Enlace bloqueado por la Tasa española AEDE] advirtieron que era un error: «Es una grave decisión, sin ningún argumento científico que lo avale, que deja sin protección a millones de niños españoles menores de 12 años frente al virus VVZ (varicela-zoster). Además, incumple la normativa del Comité Asesor de Vacunas (CAV) de la Asociación Española de Pediatría (AEP), acorde con la European Medicines Agency (EMA)», declaró.
Ante la discrepancia respecto de la decisión del Ministerio de Sanidad, que invocó la opinión de sus expertos, escribí al Ministerio preguntando quiénes eran los responsables de esta decisión.
Dado que su respuesta fue, cuando menos, poco satisfactoria, esperaba yo hacer el seguimiento de la misma más adelante cuando se dio el lamentable caso del fallecimiento de una niña de Burgos por una poco frecuente, pero no imposible, complicación de la varicela, potenciada por una acción gubernamental concertada hasta donde se sabe: la del gobierno del PP, que le ha hecho imposible el acceso a las vacunas, y la del gobierno vasco cuya sanidad le negó una ambulancia para que fuera atendida de las complicaciones de la enfermedad.
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Hace casi un año, el 24 de abril de 2013, el derrumbe de un edificio a las afueras de Daca, la capital de Bangladesh, despertó de su plácida indiferencia al mundo ante las condiciones de trabajo en el país asiático. De un día para otro, los consumidores y las grandes marcas abrieron, por fin, los ojos a las condiciones reales que permiten vender en Occidente prendas a precios que, difícilmente, garantizan unas condiciones de trabajo mínimamente dignas.
El derrumbe del edificio, conocido como Rana Plaza, que alojaba a varias empresas textiles, provocó más de 1100 muertos y casi 2500 heridos. Un año después, algunas condiciones laborales han cambiado en Bangladesh. Pero no todas. Y algunas empresas han asumido su parte de responsabilidad a la hora de compensar a las víctimas. Otras no. De hecho, solo siete de las 27 empresas occidentales que fabricaron en Rana Plaza se han comprometido a hacerlo.
A un acuerdo se han sumado empresas españolas como Inditex, El Corte Inglés o Mango que, con más o menos reticencias, asumieron que en Rana Plaza se producían prendas con sus etiquetas. Pero otras, con apellido estadounidense, han decidido hacer la guerra por su cuenta. “ Wal-Mart y GAP han hecho lobby contra el acuerdo y han establecido su propia alianza.
Otra consecuencia fue la subida del exiguo salario mínimo del sector textil en Bangladesh, desde menos de 30 euros mensuales hasta, aproximadamente, 50 euros. También han crecido las inspecciones a las fábricas, que en el conjunto de Asia han aumentado por encima del 50% y en Bangladesh un 64%, según apunta la profesora de Icade Carmen Valor.
Además, hay compañías que aún no han confirmado si van a invertir en el fondo, como el gigante italiano Benetton, la multinacional francesa Auchan, que en España opera como Alcampo, o el gigante de la ropa barata Primark. Para lograrlo, Ropa Limpia, junto con otras asociaciones, ha lanzado la campaña Pagad Ya!
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