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Una fiscal anticorrupción y dos oficiales de Policía del Grupo de Delitos Económicos (de la Brigada Central de Policía Judicial, y de la Jefatura Superior de Policía de Barcelona, respectivamente) se han trasladado a Lima (Perú) para participar en el interrogatorio a un grupo de directivos y altos empleados de la fundación en aquel país. El juzgado penal de Lima dirigirá el interrogatorio de los imputados en ejecución de la rogatoria internacional solicitada por la Fiscalía española. Los interrogatorios se iniciaran hoy y finalizaran el día 20.

Paralelamente, la autoridad judicial guatemalteca ha iniciado ya la toma de declaración a los directivos de Intervida en aquel país en cumplimiento de la misma rogatoria internacional.

Estas dos comisiones rogatorias internacionales son el colofón a más de cuatro años de sigilosa investigación por parte del Ministerio Público. Durante este tiempo, la Fiscalía ha acumulado una ingente cantidad de documentación fiscal, financiera y contable de la fundación. Así mismo, la junta directiva de la Fundación Intervida en España, que tiene su sede en Barcelona, ha prestado declaración como imputada ante la Fiscalía Anticorrupción.

En todo momento ha declarado que las actividades económicas de Intervida en países como Perú y Guatemala estaban directamente relacionadas con los programas de apadrinamiento de niños. El presidente de la Fundación y sus directivos niegan cualquier desvío de dinero para fines lucrativos y han mostrado su predisposición a colaborar en todo momento con la justicia.

60 millones desviados a empresas lucrativas

La Fiscalía, sin embargo ha ido acumulando indicios durante estos cuatro años que, según fuentes de la propia investigación, hacían necesaria y urgente la ejecución de las comisiones rogatorias para poder investigar, en aquellos países donde se encuentra buena parte de la actividad empresarial y bancaria de la fundación.

Según los datos que obran en poder de la Fiscalía, durante los ejercicios del 1999 al 2001 se habrían camuflado bajo el epígrafe de “gastos para apadrinamiento”, más de 60 millones de dólares que, en realidad, según las sospechas de los investigadores, fueron transmitidos a sociedades como ‘Asociación Solaris Perú’, ‘Edpyme Raiz’, ‘El Roure Construcciones’, ‘Argentia Inmobiliaria’, ‘Genéricos Farma-ahorro’ o ‘Enriquecidos Lácteos’. Los directivos de estas empresas son, a la vez, directivos de Intervida.

Intervida no registró en sus balances las empresas

Según la normativa que en España rige el funcionamiento de las fundaciones, no es ilegal que una Fundación Benéfica como Intervida pueda constituir empresas. Eso si, ha de registrar su existencia y su contabilidad en los libros de cuentas y en el resto de balances sujetos al preceptivo control por parte de el Patronato de la Dirección General de Entidades Jurídicas de la Generalitat. Estas empresas y su actividad no aparecen en esos balances contables en los que sólo se indica que el 94% de las aportaciones de los “padrinos” se dirigen a programas de atención a la infancia. Sin más especificación.

La fundación Intervida tiene su sede en Barcelona y gestiona decenas de millones de euros en calidad de donativos para el apadrinamiento de niños en el tercer mundo.

Intervida responde

La Fundación Intervida ha dicho hoy que no hay ninguna imputación contra sus responsables, y ha subrayado que las auditorías de sus cuentas dejan «absolutamente claro el destino» de todos sus fondos.

En una nota, la ONG añade que la Fiscalía «ha reconocido que no existe ninguna irregularidad contable en las cuentas de Intervida y solo está valorando si la utilización de empresas sociales por parte de la Fundación para el desarrollo de sus proyectos es la opción más adecuada para dedicar los fondos destinados a microcréditos, construcción de aulas o sistemas de agua potable».

Añade que la Fiscalía comenzó a comprobar el funcionamiento de las empresas sociales de Intervida a raíz de una denuncia realizada por un antiguo empleado de Intervida en Perú que fue despedido por prácticas deshonestas.

El empleado fue denunciado por Intervida por «administración desleal, estafa y falsedad en documento, cargos por los que fue condenado», y «la justicia peruana ha dictado orden requisitoria internacional contra él, a la vez que ha abierto un procedimiento de extradición, con el fin de ponerle a disposición de los tribunales peruanos y hacerle cumplir las condenas que le han sido impuestas».

Por otra parte, afirma que la ley permite que las fundaciones creen empresas -«una actividad habitual en el sector»-, que sean propiedad de las fundaciones, de modo que «cualquier beneficio que puedan obtener permite dedicar mayores fondos a los fines sociales». Según la Fundación Intervida, «las auditorías dejan absolutamente claro el destino dado a la totalidad de los fondos que Intervida envía a los países del Tercer Mundo».

En este contexto, puntualiza que en las cuentas de Intervida no existe ningún epígrafe denominado «Gastos de Apadrinamiento», «tal y como se ha difundido hoy en algunos medios».