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Una nueva matanza en una escuela de EEUU, otra más, y regresa como cada vez el debate sobre la necesidad de imponer mayores controles a la compra y uso de armas de fuego. Más allá de la dialéctica ideológica, que mantiene ese supuesto debate atrofiado desde hace años, la voluntad política podría contar con los mejores argumentos si optara por actuar de una vez. Como en otras ocasiones, el método científico es el más útil para realizar el análisis y un diagnóstico veraz y ajustado de lo que sucede. Y si se atiende a los datos que ofrecen varios estudios publicados en las últimas semanas, no caben dudas: EEUU debe reformar sus leyes sobre armas de fuego si quiere frenar la sangría que sufre en sus entrañas cada año y que recorta la esperanza de vida media de sus ciudadanos en 104 días. Cada año, más de 100000 personas sufren una herida de bala en EEUU; más de 31000 mueren, 12000 de ellas asesinadas. Son datos obtenidos en investigaciones que el lobby de las armas quiere frenar a toda costa.
A finales de octubre, la prestigiosa Universidad Johns Hopkins publicó un exhaustivo trabajo (PDF) que expone varias conclusiones claras fruto del análisis de distintas bases de datos y de la recopilación de los estudios científicos sobre la materia. Para empezar, el informe asegura que es imprescindible restringir al máximo el acceso a armas de fuego con cargadores de gran capacidad. Parece un obviedad, pero no todas las armas son iguales: cuanta más munición tiene disponible el asaltante, mucho mayor es el daño que causa en cuanto al número de víctimas provocadas. El estudio pone como ejemplo la pistola Glock de nueve milímetros semiautomática con 33 balas que usó Jared Lee Loughner para matar a seis personas y herir a otras 13, entre ellas la congresista Gabrielle Giffords, en su ataque en Tucson, Arizona. Adam Lanza también llevaba una Glock 9mm. Además, contaba con otra pistola (una Sig Sauer) y con un fusil de asalto M4, que cuenta con un cargador de 30 balas en su versión más simple. Un vídeo colgado en YouTube por un aficionado ayuda a entender el poder mortífero que ese fusil tendría contra un grupo de niños.
Una ley federal de 1994 restringía la fabricación, el comercio y la posesión de este tipo de armas con excepcional capacidad para matar y que evitan al asesino el tener que detenerse a recargar en medio de su masacre. El anterior presidente de EEUU, George W. Bush, dejó que al cabo de una década expirara esa ley que también cercenaba el acceso a otras mortíferas armas de asalto. Retomar la prohibición de armas de fuego con cargadores de gran capacidad (más de 10 balas) evitaría la muerte de 100 personas al año, según la estimación más conservadora realizada en el estudio.
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