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«Un padre estaría dispuesto a hacer todo por la educación de sus hijos». Así opina José Miguel Iglesias, propietario de la agencia sevillana Rausa y Rausa Detectives, que en los últimos años ha encontrado una vía de negocio en los fraudes que algunos padres cometen para conseguir plaza en el colegio que quieren para su hijo. Iglesias ha visto de todo en lo que a tretas para escolarizar a los niños se refiere.

Para demostrar que otras familias mienten, los padres cuyos hijos no han podido entrar en el colegio deseado tienen un plazo de 10 días -que terminó ayer-, para recurrir ante el centro. A partir del 7 de mayo pueden presentar alegaciones por la vía administrativa ante la Junta de Andalucía. Ésta tendrá tres meses para responder. Pasado ese tiempo, y si el dictamen no es favorable, las familias pueden utilizar la vía judicial.

En Sevilla, como en otras ciudades andaluzas, la escolarización se ha convertido en una competición en la que las reglas no siempre se acatan. Los centros con más demanda que oferta se enfrentan cada año a más disputas y fraudes. «La filosofía es: si tiro de los que están arriba, consigo que mi niño entre», explica Iglesias.

En este periodo, cada vez más padres recurren a abogados y, si es necesario, contratan a detectives para demostrar si los datos aportados por los alumnos admitidos son ciertos o no. Diego Laffón es uno de los abogados sevillanos con más tablas en este campo: «He trabajado en colegios concertados de toda la provincia, pues es en este tipo de centros donde más casos se producen, sobre todo desde hace unos cinco años», explica. La causa, en su opinión, es que las plazas ofertadas en estas escuelas son insuficientes y que los centros ya no pueden ampliar a su criterio el número de alumnos: «Puedo llegar a ocuparme de una treintena de casos cada año», añade.

Uno de los nuevos problemas este año deriva de que el nuevo sistema de baremos de la Junta de Andalucía prima a los hijos de familias monoparentales: «No se concreta qué es. Se supone que un hijo de divorciados está en esta situación, así que la gente se acoge al divorcio para optar a más puntos», explica Laffón. Los colegios, según este abogado, deben exigir la sentencia firme de divorcio y el libro de familia. «Aún no hemos visto los expedientes, pero hay muchos casos de familias monoparentales y aún no sabemos por qué», apostilla.

K. B Pedregal es uno de los despachos de detectives que investiga estos fraudes en Sevilla. «Todos los años pasa. Sobre todo, en colegios de infantil y primaria y en guarderías públicas», comenta Benito, detective en esta agencia. Según explica, la dirección del centro colabora a veces en la investigación.

Manuela Martín es la propietaria de Manel Detectives, también en la capital andaluza: «Aportamos varias pruebas: se hacen fotografías, por ejemplo, si los padres dicen que viven en un sitio y no es así, o si dicen que están divorciados y cohabitan, o salen juntos todos los días; también hablamos con los vecinos, verificamos matrículas, escrituras, datos de registro de la propiedad; en definitiva, aportamos todo lo que pueda valer para demostrar el fraude», explica Martín, quien también acude a los juicios a testificar.

El precio de las investigaciones oscila entre los 500 y los 2.000 euros. «Un solo caso de este tipo podría costar unos 600 euros. Por eso, muchas veces, los padres se unen para afrontar los gastos en común», explica José Miguel Iglesias. La dedicación habitual a estas investigaciones no excede, según los investigadores, de una semana. «Yo he llegado a estar 39 horas sin dormir para seguir a alguien, pero he conseguido las pruebas», concluye Iglesias.

Fuente: El País  PILAR CHOZA – Sevilla – 24/04/2007