Aquella tarde de finales de enero, el hijo de La Tuta no tuvo suerte con los gallos de pelea. En medio de un palenque abarrotado, el muchacho perdía una y otra vez hasta que se quedó sin un peso. Excitado, decidió ir a por más. Alguien camuflado entre el público hizo una llamada perdida y los agentes federales lo esperaron a la salida. En su camioneta no hallaron armas ni drogas, pero sí un papel, una lista con nombres de políticos, jueces, fiscales, policías… Y, junto a cada nombre, una cantidad.
Ya han pasado casi seis meses desde aquella detención. Es miércoles 10 de junio y anochece sobre la ciudad de México. En la pared del despacho de un jefe de investigadores de la Policía Federal hay un mural con textos, gráficos y una fotografía en la que aparecen las cabezas cortadas de cinco hombres jóvenes esparcidas por una pista de baile. Junto a los rastros de sangre, un cartel que avisa: «La Familia no mata por dinero, no mata mujeres, no mata inocentes, muere quien debe morir, sépalo toda la gente. Esto es: Justicia Divina». En la mesa del agente federal está la lista de políticos, jueces y policías corruptos incautada al hijo del narcotraficante apodado La Tuta. También hay un libro, encuadernado a modo de breviario, en cuyas pastas se puede leer: «El más Loco. Pensamientos. 5ª Edición. Michoacán. México. 2008».
Esos tres elementos -la violencia extrema, la corrupción de las autoridades y una increíble presencia mística- configuran el poder de La Familia. Un poder que asusta porque, a diferencia del resto de los carteles, su objetivo va más allá del tráfico de drogas hacia Estados Unidos. Quieren más. Lo quieren todo…
-Sí -admite un alto mando antidrogas-, desde luego no se trata de un cartel más dedicado al narcotráfico. La Familia aspira a sustituir al Estado.
Y basta una visita rápida a la ciudad de Morelia -la capital de Michoacán- para percatarse de que lo está consiguiendo. Las administraciones locales apenas pueden recaudar impuestos, pero, en cambio, ya son muy pocas las gasolineras, las tiendas de comestibles, los productores de aguacate y hasta los organizadores de conciertos que no pagan religiosamente su diezmo para que la mafia los proteja. No hace falta decir que los sicarios de La Familia controlan directamente los prostíbulos, las máquinas tragaperras, la piratería, la venta de armas y, por supuesto, el tráfico de drogas. Según los datos de la policía, el cartel opera en 87 de los 113 municipios de Michoacán -la cuna del presidente Felipe Calderón- y sus tentáculos hace tiempo que dejaron de ser locales. La DEA -la policía antinarcóticos norteamericana- ha detectado ramificaciones de La Familia en 16 de sus Estados. La organización utiliza para ello a los emigrantes. Y tiene dónde escoger: Michoacán es el segundo Estado mexicano que más mano de obra exporta a Estados Unidos. Hay pueblos donde ya sólo quedan los ancianos. Pero también ellos tienen su parte en el negocio. La Familia los utiliza como rehenes: «Dile a tu hijo que te estamos protegiendo, pero que si él no colabora con nosotros, tú lo vas a pasar mal».
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