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Un 88% de los criminólogos de Estados Unidos rechaza la pena de muerte porque no creen que su aplicación sirva para reducir el número de asesinatos, asegura un estudio divulgado por la revista Journal of Criminal Law and Criminology.

La investigación se da a conocer en unos momentos en que varios de los 35 Estados donde todavía se aplica la pena de muerte estudian la posibilidad de derogarla.

Según Michael Radelet, del Departamento de Sociología de la Universidad de Colorado y autor del estudio, casi todos los criminólogos de EE.UU. creen que la derogación de la pena de muerte no incidiría en el nivel de criminalidad, ya sea a favor o en contra.

Sin embargo, ha admitido que existe una creciente tendencia hacia su abolición tanto por la percepción actual sobre el castigo como por el coste de las ejecuciones, la posible injusticia en su aplicación y el hecho de que no es consuelo para los familiares de las víctimas. El alto coste se deriva de la complejidad de proceso, que alarga los trámites durante años.

Grupos de defensa de los derechos humanos consideran que el castigo es una barbarie y realizan manifestaciones de protesta frente a los penales donde se aplica la pena de muerte, especialmente en Texas, un Estado que ha ejecutado a más de una tercera parte de todos los condenados en el país.

A ese ambiente de protesta contribuyen las denuncias de que se aplica de forma racista en mayor medida a criminales negros o hispanos a quienes no se les presta ayuda legal competente especialmente en los Estados del Sur.

Justificaciones del castigo

El restablecimiento de la pena de muerte en el país ocurrió en un momento en que más del 80% de la población era partidaria del castigo, porque se creía que reduciría los homicidios.

«La base del apoyo era la disuasión. Se pensaba que mientras existiera la pena de muerte habría quienes no se atreverían a cometer un crimen», ha señalado Radelet en una entrevista telefónica con EFE. «Ahora, la idea es retribución, que el condenado sufra tanto como sus víctimas», ha agregado.

Según el sociólogo, el creciente ambiente contrario a la pena de muerte se ve alimentado por el hecho de que en este país más de un 40% de los asesinatos no se resuelven nunca.

«El dinero que se gasta en la aplicación de la pena de muerte tendría que asignarse a la búsqueda y castigo de los criminales», ha indicado. Para ellos debería aplicarse la condena a cadena perpetua sin posibilidad de recibir la libertad bajo palabra, una condena que se aplica cada vez más en el país.

Aun cuando la mayoría de los estadounidenses (alrededor de un 60%) continúa respaldando la aplicación de la pena de muerte, es «inevitable» que se derogue. «No será en los próximos años, pero sí en las próximas décadas», ha pronosticado.

El pasado mes de marzo, el gobernador del estado de Nuevo México, Bill Richardson, prohibió las ejecuciones porque, según dijo, no quería vivir con la duda de que el castigo pudiera recaer sobre un inocente.

Hace sólo una semana, el Fiscal General de California, John Van de Kamp, planteó la derogación de la pena de muerte, porque, con ello, el Estado ahorraría mil millones de dólares en cinco años a un Estado al borde de la bancarrota.

El castigo fue restablecido por el Tribunal Supremo en 1976 y, desde entonces, han sido ejecutados 1.168 asesinos, según cifras del Centro de Información sobre la Pena de Muerte

Fuente: rtve.es

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