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El tan anunciado proyecto de Llei dels Drets i les Oportunitats de la Infància i l´Adolescència fue aprobado ayer por el Consell Executiu de la Generalitat con un redactado que favorece las adopciones, que refuerza las actuaciones contra los malos tratos y que, por el contrario, pasa de puntillas sobre temas polémicos como el aborto. Sobre este último punto, el Govern da marcha atrás a sus pretensiones iniciales y deja en manos de la ley estatal el tema de la decisión sobre la maternidad entre las menores de 18 años.

El pasado mes de enero la secretaria de Infància i Adolescència de la Generalitat, Imma Pérez, en su comparecencia ante la subcomisión de la Infancia del Parlament para informar sobre la elaboración de la ley, propuso otorgar el derecho a decidir abortar a partir de los 16 años, siempre y cuando se cumpliesen los tres preceptos legales existentes para ello. El anteproyecto incluía otra novedad sobre este punto que afectaba a las chicas menores de 16 años. Según Imma Pérez, en el caso de esas menores se iba a tener en cuenta su opinión y cuando su decisión discrepase de la de sus padres, que son los mentores legales, entonces se trasladaría la decisión a un juez que debía evaluar si la menor tenía capacidad para decidir.

La polémica desatada por estas propuestas se juntó con la que ha supuesto el anteproyecto de la ley de salud sexual y reproductiva y de interrupción voluntaria del embarazo aprobado por el Gobierno central el pasado 14 de mayo. Al final, la decisión adoptada desde la Conselleria de Acció Social i Ciutadania, que dirige Carme Capdevila, ha sido drástica: el derecho a decidir sobre la maternidad quedará regulado por la legislación específica, se entiende por lo tanto que por la ley estatal.

La propuesta defendida por la ministra de Igualdad, Bibiana Aído, rebaja la edad para abortar sin necesidad del permiso paterno a los 16 años (en este momento son los 18). Este punto es, sin duda, el más controvertido de la ley, e incluso no es compartido por muchos socialistas, como es el caso del presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda. Fuentes del propio Gobierno no descartan que en el trámite parlamentario, donde el PSOE necesitará negociar con otros grupos para sacar el texto adelante, se incluyan modificaciones sobre este punto que ha sido rechazado explícitamente por grupos como el PP o CiU.

Una de las novedades de la ley es la protección contra los malos tratos. Así, prioriza en casos de maltrato familiar que sea la persona maltratadora la que abandone el hogar, en vez del niño. También pretende evitar la doble victimización, es decir que los menores tengan que declarar dos veces por un caso de abuso o maltrato. Y crea la figura del procurador de la infancia y la adolescencia para garantizar que los menores tutelados sean escuchados.

En lo que respecta a la prevención, la normativa separa entre las situaciones de riesgo social y las de desamparo. Hasta ahora, para que un menor accediese a una medida de protección se le debía desamparar previamente. Ahora sólo será necesario si la medida de protección así lo requiere.

Fuente: La Vanguardia