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En el pasado año se produjeron en las cárceles españoles un total de 3.983 incautaciones de droga, sobre todo de hachís y de pastillas, casi el doble de las incautaciones realizadas en el 2004, cuando se realizaron un total de 1.953, según afirmó la secretaria general de Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo, durante su comparecencia en la Comisión Mixta para el Estudio del Problema de las Drogas del Senado.

Según la propia responsable del Ejecutivo en materia penitenciaria, esto se debe al notable esfuerzo que se está haciendo desde las cárceles para evitar que se consuman sustancias en su interior, aunque para el PP sólo tiene una explicación: «o se consume más o antes se era demasiado permisivo», aseveró el ‘popular’ Ángel Pintado.

Más de la mitad de los 76.000 reclusos que hay actualmente en las cárceles españolas son drogodependientes y presentan adicción a una o más sustancias adictivas, un hábito que procede de su etapa previa al encarcelamiento, ya que el 79,9 por ciento reconocen haber consumido alguna sustancia tóxica –incluido alcohol– en el mes previo a la entrada en prisión.

Por ello, y en el marco de una comparecencia que contó con un buen clima de comprensión por parte de todos los grupos, Gallizo insistió en la necesidad de seguir reforzando las actuaciones que eviten que este consumo persista en el interior de las cárceles así como que trafique con drogas, para lo que se debe «reforzar el control de las visitas de los familiares y de los propios internos cuando vuelven de un permiso».

De hecho, la mayoría de incidentes relacionados con tráfico o consumo de drogas se producen al día siguiente de la vuelta de permiso de uno de los reclusos.

En ese sentido, se han intensificado los cacheos y los registros extraordinarios y en 2008 se produjeron un total de 6.377, además de 143 intercepciones de lanzamientos desde el exterior, sobre todo en el caso de los centros que se encuentran en un enclave más urbano.

Del mismo modo, también se debe mejorar la detección del tráfico de drogas que pueden realizar algunos funcionarios de prisiones ya que, como reconoció Gallizo, «aunque estos profesionales suelen estar muy comprometidos, hay quienes utilizan su posición en el centro para entrar en redes de corrupción pese al daño que hacen a sus compañeros y la institución».

LA MITAD PARTICIPAN EN PROGRAMAS DE DESINTOXICACIÓN

Junto a estas actuaciones preventivas y de control, la secretaria general de Instituciones Penitenciarias explicó que la mitad de los reclusos drogodependientes suelen participar en algún programa de deshabituación o desintoxicación de drogas, como demuestra que en 2008 participaron un total de 25.866 presos.

Además, un total de 7.400 (11 por ciento) reciben tratamiento con metadona de forma diaria, mientras que al último programa de módulos terapéuticos puesto en marcha recientemente ha conseguido que en el último año se adscribieran a él más de 1.800 internos.

Todavía no está implantado en todas las cárceles españoles y de momento funciona en un total de 27 centros –el pionero fue el centro de Villabona, en Asturias–, pero ya ha demostrado que consigue modificar hábitos de vida y valores, normaliza el ambiente en las cárceles y prepara a los reclusos para su reinserción en la sociedad. Sin embargo, como puntualizó Gallizo, «su verdadera eficacia no se verá hasta que el individuo no sale a la calle».

Por otro lado, en el transcurso de esta comisión los grupos aprobaron por unanimidad aprobaron una moción por la que se insta al Gobierno a reforzar los programas de prevención de drogas destinados a las zonas rurales y a los municipios con una población inferior a 30.000 habitantes.

Para ello, se recomiendan campañas de información y sensibilización sobre los riesgos nocivos del consumo de drogas en estas zonas, insistiendo en el consumo de alcohol y cannabis, en cooperación con las actuaciones que llevan a cabo comunidades autónomas y entidades locales, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) entre los jóvenes y adolescentes.

Del mismo modo, en otra moción se pidió al Gobierno que se incrementen las actuaciones en materia de prevención del consumo de cocaína, tanto en el ámbito escolar como en laboral, incidiendo en las consecuencias negativas del mismo.

Fuente:  adn.es

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