Recientemente, el Ministerio de Sanidad tomó la determinación de cambiar la forma de aplicación de la vacuna de la varicela en España. Primero, bloqueó su distribución y después confirmó limitar su aplicación, en el calendario vacunal, a niños mayores de 12 años, cuando organizaciones especializadas como los Centros de Control de Enfermedades de los EE.UU. recomiendan la vacunación entre los 12-15 meses con un refuerzo a los 4-6 años.
Diversas voces de la comunidad médica ejemplificadas en [Enlace bloqueado por la Tasa española AEDE] advirtieron que era un error: «Es una grave decisión, sin ningún argumento científico que lo avale, que deja sin protección a millones de niños españoles menores de 12 años frente al virus VVZ (varicela-zoster). Además, incumple la normativa del Comité Asesor de Vacunas (CAV) de la Asociación Española de Pediatría (AEP), acorde con la European Medicines Agency (EMA)», declaró.
Ante la discrepancia respecto de la decisión del Ministerio de Sanidad, que invocó la opinión de sus expertos, escribí al Ministerio preguntando quiénes eran los responsables de esta decisión.
Dado que su respuesta fue, cuando menos, poco satisfactoria, esperaba yo hacer el seguimiento de la misma más adelante cuando se dio el lamentable caso del fallecimiento de una niña de Burgos por una poco frecuente, pero no imposible, complicación de la varicela, potenciada por una acción gubernamental concertada hasta donde se sabe: la del gobierno del PP, que le ha hecho imposible el acceso a las vacunas, y la del gobierno vasco cuya sanidad le negó una ambulancia para que fuera atendida de las complicaciones de la enfermedad.
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