Falsas vacaciones de ensueño en un castillo en Escocia, descansos en una isla paradisiaca o estancias anuales garantizadas en un complejo de lujo en la Costa del Sol. Es lo que prometen empresas conocidas como clubes de vacaciones de descuento a cambio de unos 15.000 euros. Timan a particulares que al final acaban veraneando en apartamentos sin calefacción en el norte de Europa o en pisos de estudiantes. La Comisión Europea investiga a estas empresas españolas sobre las que recibe miles de reclamaciones al año de ciudadanos de la UE. Bruselas reformará la normativa que permite este tipo de engaños.
Estos clubes de vacaciones fraudulentos utilizan un sistema de engaño parecido al que se usaba para la multipropiedad. Ana y Rosa, de 40 y 31 años, pensaron que iban a contratar las vacaciones de su vida y se encontraron con una desilusión y muchos euros gastados «en nada». Sus nombres son falsos porque sus familias desconocen que son pareja. Se casaron el pasado septiembre en Barcelona.
Su pesadilla comenzó en noviembre de 2003, con una llamada telefónica para una encuesta. «Dos semanas después nos llamaron para ofrecernos un viaje gratuito, un cebo suculento», cuenta Ana, «y para ir sólo teníamos que personarnos en un local un día a determinada hora». «Las mesas eran pequeñas; el aforo, grande. Nos sentaron a cada pareja por separado», continúa Ana. «Nos enseñaron catálogos de viajes exuberantes, de vacaciones en lugares de lujo, a los que nos podíamos apuntar con muy bajo coste si nos hacíamos socias de este club, Estrella Dorada Mediterranees», continúa. «No nos dejaban hablar entre nosotras, ni mirar el reloj».
Como Ana y Rosa seguían sin decidirse, aumentó la agresividad de los ofertantes. «Fueron cuatro horas seguidas. No nos dejaron salir a tomar un café porque perdíamos el regalo. Al final», explica, «mentalmente aturdidas y cansadas, nos sacaron una oferta de vacaciones en castillos, y por ahí me pillaron a mí. Era como nuestro regalo de luna de miel por anticipado. A Rosa le pareció bien».
Llegaba el momento de hablar de dinero. «Nos dijeron que era como meterse en un gimnasio, que podíamos probarlo y luego darnos de baja, el periodo de prueba era de un año. Eso nos convenció más. Luego firmamos con un señor unos papeles de los que no nos quedamos con ninguna copia».
Ellas no lo sabían, pero tenían 10 días para arrepentirse, en los cuales la empresa ofertante tenía prohibido por ley pedirles ningún adelanto. Justo 12 días más tarde, el mismo hombre les hizo pasar por la oficina de un notario. «Si no queríamos firmar, nos amenazó con cobrar una letra de 1.000 euros que yo no recordaba haber firmado», dice Ana, todavía con la voz temblorosa. En el notario continuó la presión. Resultado: firmaron un crédito por valor de más de 15.000 euros con Caixa Galicia.
«Al salir yo iba mareada, diciendo qué he hecho, pero decidimos ir al viaje de regalo e intentar dos periodos vacacionales con ellos, a ver qué tal», sigue Ana. Pues mal, porque cuando pidieron un castillo escocés en Edimburgo, les encontraron plaza en un apartamento sin calefacción en las afueras de Glasgow, y cuando quisieron ir a otro castillo en Austria, acabaron en «un apartamento cutre de estudiantes» en las afueras de Viena.
Hartas, Ana y Rosa se pusieron en contacto con la Asociación de Afectados por la Multipropiedad Acama, con sede en Marbella, y el asunto acabó en los tribunales. «Estas mujeres firmaron un sistema flotante con Mediteranees Consulting Inmobiliario», cuenta su abogado, Damián Vázquez, de Acama. «Es empresa luego se llamó Club Estrella Dorada, La Estrella, Estela Dorada, porque estas empresas nacen y desaparecen, cambian de nombre», prosigue. En este caso, el juicio, que se celebró en febrero en el juzgado de primera instancia de Barcelona número 44, falló a favor de las demandantes, pero la entidad bancaria ha recurrido y tienen que seguir pagando hasta que haya una resolución en firme.
La multipropiedad como tal ya no existe. No es legal utilizar este término cuando se habla de un sistema de aprovechamiento por turnos de un inmueble turístico. Esto es así desde que en 1998 una ley puso orden en un sector que daba muchos quebraderos de cabeza a consumidores y empresarios legales. Ahora, el tiempo compartido está regulado. Pero siempre quedan huecos, y eso es lo que aprovechan algunos para crear este nuevo concepto de llamados los clubes de vacaciones con descuento. Utilizan tácticas de marketing agresivo, con reuniones en las que se dedican a engatusar al futuro cliente, que, en ocasiones, cae y firma lo que sea por unas vacaciones baratas en lugares de lujo que luego desaparecen, se traga la tierra a las empresas con las que firmaron los contratos.
A principios de junio, la Comisión Europea propuso una reforma de la normativa vigente desde 1994, a la vista de las numerosas irregularidades que se han producido en este campo. En 2006 se registraron en toda la UE 2.256 reclamaciones por este tipo de productos, 188 en España, según la comisaria europea de Consumo, Meglena Kuneva. Muchas de las reclamaciones en otros países se refieren a ofertas en suelo español, sobre todo en Canarias y Andalucía.
Eva M.ª Torres Criado, madrileña de 32 años, esteticista en paro forzoso tras una lesión que le ha dejado con un 70% de discapacidad, no ha denunciado todavía. Pero después de haber recorrido las oficinas municipales de Rivas-Vaciamadrid y Madrid, sólo le queda presentar una demanda judicial. Ella y su marido, José Angel Martínez García, de 34 años, jefe de transportes en una empresa privada, tienen que pagar al mes 365 euros -de un crédito con otra entidad bancaria- por unas vacaciones «de lujo que luego son en lugares que son un asco».
Ellos sufrieron en febrero de 2005 la misma reunión de cuatro horas «con la música a tope para que no puedas ni pensar», recuerda Eva. Las mismas presiones, el paso por el notario, donde firmaron letras por un total de 17.000 euros por una estancia anual de una semana en un complejo de lujo de la Costa del Sol. La empresa que les captó en 2005, Datum Proyectos, que antes se llamó Complejo Atlas, ya no existe. En el contrato no viene el tipo de apartamento al que tienen derecho ni su descripción completa. «Por el momento no hacemos otra cosa que pagar por nada», se lamentan.
Fuente: ElPais.es