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Más de 30 países recurren a Galicia para resolver casos criminales

Un cuarto atiborrado por investigadores predoctorales en el que resulta complicado moverse, una sala de reuniones reconvertida en lugar de trabajo, apenas cuatro laboratorios, documentación que come el espacio de los pequeños despachos, científicos de muchos países que no tienen dónde sentarse… En una visita al Instituto de Medicina Legal de la Universidade de Santiago es imposible imaginar que se trata de uno de los tres principales centros de genética forense del mundo. Pero lo es. Es el segundo instituto en número de publicaciones científicas después del FBI y de los más destacados en criminalística, junto al Forense Science Service británico, además de convertirse en una referencia en el desarrollo tecnológico que permite aportar nuevas técnicas forenses para desentrañar casos de gran dificultad. «Aquí nos llega lo más complicado», corrobora el director del instituto, Ángel Carracedo.

Su último acto más sonado, el que permitió determinar que el niño Emmanuel era hijo de Clara Rojas, la mujer secuestrada por la guerrilla colombiana, es solo uno más de la amplia nómina de casos complejos, fundamentalmente de criminalística, por los que los científicos gallegos son requeridos por países de todo el mundo para resolver investigaciones que entrañan un enorme reto técnico. Más de treinta países, desde Noruega, Gran Bretaña o Grecia a Estados Unidos y buena parte de los países latinoamericanos han recurrido en algún momento a los servicios de los expertos compostelanos. La colaboración con el extranjero supone, de hecho, el 10% de la actividad que llevan a cabo.

Servicio a la justicia

Entre pruebas de paternidad y filiación, identificación de cadáveres, especialmente cuando el ADN está degradado, o criminalística, el centro atiende algo más de 500 casos al año. El número de actuaciones en criminalística, unas 200, no es especialmente relevante, pero sí su complejidad. Llama la atención, sin embargo, el hecho de que el personal del instituto no recibe ningún tipo de remuneración por las pericias que realiza para el extranjero o el resto de España.

«Ninguna de las personas del laboratorio cobra absolutamente nada por su labor pericial. Tampoco el instituto cobra nada por ningún caso judicial», dice el investigador y profesor de la Facultad de Medicina Antonio Salas, lo que ratifica la catedrática de Medicina Legal María Victoria Lareu. No lo han hecho en la identificación del niño Emmanuel, pedida por Colombia, ni por su actuación en el 11-S de Nueva York, ni por el 11-M de España, ni por muchos otros casos de impacto mediático que requieren trabajo a tiempo completo.

Para sostener el apartado de criminalística, el centro recibe de la Xunta por convenio una subvención anual de 120.000 euros. Pero no es suficiente. «Ahora los casos que nos llegan son cada vez más difíciles, y la tecnología, más cara. El trabajo que realmente hacemos aquí no va parejo ni con las instalaciones ni con el presupuesto que recibimos», afirma Victoria Lareu.

Su otra fuente de financiación son las pruebas de paternidad, cuyo dinero va a un fondo que gestiona la Fundación Empresa-Univesidad Gallega (Feuga) y que se destina para contratar investigadores, becas, material o estancias en el extranjero. Los proyectos que consiguen de Europa, España o la Xunta también les permite obtener fondos para contratar científicos.

Fuente: La Voz de Galicia.es

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