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Valcárcel, presidente autonómico de Murcia, y Camps, su homónimo valenciano, también conocido como el señor de los trajes

Esta semana el Tribunal Supremo ha emitido una sentencia radicalmente lógica al anteponer el interés general al beneficio privado, con relación al pleito entre un pastor y los propietarios de un campo de golf que, con el impagable apoyo del gobierno local de Jumilla, estaban empeñados en construir una urbanización en un secarral.

El Supremo ha denostado tan irracional ambición económica subrayado que el negocio por el negocio está supeditado a las necesidades objetivas de la población y, por tanto, concluye que el agua debe ser consumida con racionalidad humana.

[Dicho de otro modo: la lógica económica del sistema es ajena a la racionalidad económica y a las necesidades objetivas de la población]

Sin embargo, a la hora de difundir ese importante episodio judicial prácticamente todos los medios de información convencionales han evitado o se han olvidado de contexualizar el asunto; es decir, casi ninguno recuerda que los campos de golf ubicados en la región de Murcia –uno de los territorios españoles que acusan más grave riesgo de desertización– consumen cada año una cantidad de agua que equivale a las necesidades anuales de 146.000 personas; y conste que este dato corresponde al año 2007. Durante el 2009, según las fuentes, el consumo de agua en Murcia para mantener útiles las instalaciones para la práctica del golf –deporte de minorías minoritarias— equivalió al consumo anual de entre 190.000 y 215.000 personas (en torno al 15% de la población total de la región).

A la comparativa entre las demandas de agua de los negocios del golf y las necesidades de la población, habría que añadir otra referida a las actividades agropecuarias; pues por todos es sabido que la escasez de agua está condicionando el futuro de la agricultura y la ganadería regionales y, por tanto, peligra el futuro de decenas de miles de empleos, de cientos de empresarios y de propietarios de fincas dedicados a producir alimentos.

Por si fuera poco, datos referidos al año 2006 ya indicaban que el consumo de agua de la región murciana por habitante y año es superior a la media del conjunto de España; es decir, en un territorio cuyas autoridades están obligadas a importar agua para satisfacer las necesidades de la población y de la actividad agropecuaria, resulta que en términos relativos se consume más agua que en Aragón, Asturias, Castilla-León, Extremadura, etcétera… Y para colmo, el desmadre ha ido a más.

Si de informar se trata, la sentencia del Supremo obliga a poner encima de la mesa de la actualidad los desmanes económicos, mediambientales y sociales en que incurren el Gobierno autonómico de Murcia y numerosos ayuntamientos; sin olvidar que la realidad y la racionalidad desnudan los criterios acientíficos de la política que auspicia el PP en materia hidrológica.

Más sencillo: Hay quienes apuestan por el desarrollismo franquista de los años cincuenta y sesenta –que sigue siendo el eje de la política económica que auspicia el PP– y renuncian a los criterios de sostenibilidad económica y medioambiental que son imprescindibles para garantizar un futuro habitable.

Entonces, ¿cuál es el futuro de los murcianos aplicando criterios desarrollistas?: Que cada cual se las apañe como pueda, este es el eje de la política económica del Gobierno regional.

La sentencia del Supremo causaría inquietud en una sociedad económicamente sensata, pues los magistrados han demostrado sin necesidad de señalar a nadie la existencia de una perversión demasiado común en la clase política dirigente, en este caso la murciana: Hay administraciones públicas que ponen los intereses privados por encima de las necesidades naturales y económicas de la mayoría de la población.

CON ANTERIORIDAD, en ImP: «Murcia, el falaz paraíso de Valcárcel» y «El PP de Murcia bate marcas y hace historia«.