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La puesta en libertad de 17 militares implicados en ejecuciones extrajudiciales, a la que se esperaba que siguiera ayer la de otros 20, debido a que sus crímenes han prescrito gracias a las numerosas maniobras dilatorias en los procesos ha causado conmoción en Colombia.

La liberación de los sospechosos, cuyos abogados defensores son aportados por el propio Ministerio de Defensa, es vista como una muestra de impunidad para crímenes de lesa humanidad cometidos contra miles de personas inocentes que fueron asesinadas por militares y presentadas luego como «guerrilleros muertos en combate». Son los llamados «falsos positivos». Hay más de 1.200 casos y unos 400 militares involucrados.

En los chiringuitos de Soacha, un municipio pobre próximo a Bogotá, varios desconocidos, civiles o militares camuflados, fueron embaucando a lo largo de 2008 a jóvenes desempleados unos 30 casos se han investigado hasta ahora, ofreciéndoles empleos con ingresos fijos en lejanas haciendas. El transporte estaba incluido. Uno a uno fueron apareciendo muertos en regiones lejanas, como Norte de Santander, a veces con una pistola en la mano, en ocasiones vistiendo uniformes de la guerrilla.

Ante la falta de noticias de sus hijos, algunas madres iniciaron indagaciones, con la ayuda de defensores de Derechos Humanos. Se establecieron coincidencias entre algunos supuestos muertos en combate y enterrados como NN (No Nominados, es decir, sin identificar) y la identidad de jóvenes que salieron de su pueblo para un día aparecer muertos como supuestos guerrilleros abatidos muy lejos de su casa, en «heroicas acciones» del Batallón Santander o de la Brigada Móvil 15.

La Inspección del Ejército y los organismos oficiales de Derechos Humanos empezaron a sospechar. La confesión de algunos militares de bajo rango destapó la trama: altos jefes de unidades militares, necesitados de «resultados en el nivel estratégico» (enemigos muertos), y aconsejados por los servicios de inteligencia, decidieron importar jóvenes desde los municipios del cinturón de miseria de la capital bogotana.

«El objetivo era dar muerte a hombres que cometieron el error de creer en un trabajo que no era otro que ser víctima dentro de un supuesto combate», afirman las conclusiones del fiscal del caso Soacha.

Luego llegaban las recompensas, los ascensos y las felicitaciones, como la que recibió el Batallón Santander en Enero de 2008 por la Operación Soberanía, hoy reducida a un proceso ignominioso por el asesinato de 11 jóvenes inermes.

A las unidades militares de Colombia se las ha venido calificando y ascendiendo en los últimos años según los muertos en combate. El cómputo de cuerpos para medir resultados se ha revelado como una práctica habitual en este desdichado país. A cualquier precio.

Fuente: Público.es

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