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Durante el año 2009 se han sucedido las denuncias a los centros de internamiento de menores, algo que plantea varias cuestiones sobre el tratamiento que otorga la sociedad española a uno de los grupos sociales más vulnerables. Si en febrero de este año fue el Defensor del Pueblo quien realizó un informe en el que se sacaban a la luz los abusos que sufren los menores en muchos de estos centros, en diciembre ha sido Amnistía Internacional (AI) la que ha confirmado esas torturas del siglo XXI. En el centro del debate la cuestión de la privatización de la protección social de los menores.

Las leyes que desde comienzos de esta década regulan las diferentes intervenciones respecto a los menores desprotegidos o a los menores infractores dejan en manos de las empresas privadas -léase ONGs- la gestión de la mayoría de los centros (provisión de los recursos materiales, gestión de los recursos humanos y responsabilidad de la vida de los menores mientras están por algún motivo bajo su tutela). La adjudicación de estos centros se lleva a cabo a través de subastas al mejor postor, en muchos casos, al que menos cobra por la prestación de servicio.  Las direcciones de estas empresas de gestión de lo social se encuentran ante la compleja tarea de tener que garantizar la seguridad para que los menores no se escapen del centro, al tiempo que tratan de inculcar un buen comportamiento en el interior del mismo. Además procuran que la labor educativa que se les encomienda pueda ser presentada (representada) en las mejores condiciones a las instituciones que les procuran las subvenciones.

De esta forma, podemos encontrar que las diferentes empresas que dirigen estos centros desarrollan “métodos” terapéuticos, de reinserción, de intervención social, educativa, o como quiera llamárseles, que inciden siempre en un mismo objetivo: controlar la conducta de los menores mientras residen en los centros.

En cualquiera de estos centros podemos encontrar un grueso de jóvenes que provienen de los mismos barrios deprimidos, de familias con bajos recursos sociales, económicos y culturales. Estos menores internados son calificados como conflictivos sociales, o por otra parte, como menores infractores porque están cumpliendo alguna medida judicial por haber cometido algún delito. Por otro lado, hay en estos centros algunos menores de familias de las clases medias que en su mayoría han cometido algún delito grave o muy grave. Los menores de estas familias llamadas eufemísticamente “normalizadas” -los cuales han cometido alguna infracción no muy grave- son etiquetados como “no conflictivos”, lo que les exime de entrar en estos centros, beneficiándose de otras medidas centradas en su hogar.

Para llevar a buen término las misiones que les encargan a estos centros, lo primero es hacer creer a los menores, a los padres, a los educadores, y a la sociedad, que los problemas son de los menores, que son problemas de comportamiento, y nunca reconocer las causas sociales de esos problemas, porque sino, estos centros y esos métodos no tendrían razón de ser. Esta psicologización de los problemas sociales, es decir, la adjudicación de características psicológicas a los problemas de los menores, no hace sino crear estructuras que yerran en su intento de solución individual de los problemas sociales.

Autores:  Miguel Ángel Alzamora y Andrés Pedreño

Artículo completo en:  Foro Ciudadano

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