Desde el punto de vista estrictamente económico, algunas de las mal llamadas pirámides son tal vez la expresión más ‘benigna’ del lavado de recursos del narcotráfico. Son una especie de redistribución masiva de parte de los enormes ingresos de esa actividad ilícita entre centenares de miles de personas. Su modalidad comercial incrementa el consumo de productos de empresas legales, beneficia la generación de empleo y, por tanto, aumenta los ingresos fiscales del Estado. Hay otras formas más perversas de lavado de dinero como son el contrabando, que arruina la industria nacional, destruye empleos y, al no pagar impuestos, reduce los ingresos fiscales. O la masiva inversión inmobiliaria, que distorsiona el mercado, produce inflación de precios de la vivienda y, a la larga, ocasiona burbujas especulativas que cuando estallan causan graves daños sociales.
Obviamente, frente a las pirámides las autoridades se ven ante complicados dilemas éticos y legales. No pueden dejar de perseguirlas, puesto que su músculo financiero proviene de una actividad ilícita. Actividad esta que, dicho sea de paso, presenta situaciones muy paradójicas: la siembra de coca es un delito, pero los productos derivados de la coca se venden legalmente en las tiendas naturistas, así como se sospecha su uso en la elaboración de cierta afamada bebida gaseosa. Pero, con la dimensión que ha alcanzado el fenómeno, perseguir las pirámides y cerrarlas se ha convertido en un problema social y de orden público que se ha vuelto explosivo. Las asonadas, los motines con heridos y homicidio incluidos, que obligaron a las autoridades a imponer toque de queda durante varios días en diversas poblaciones, en última instancia se originaron por la acción de control sobre una de esas pirámides por parte de las autoridades.
Porque, a pesar de lo tardío de su actuación, es hasta cierta medida injusto acusar a las autoridades de inacción o pasividad frente al fenómeno, puesto que, a pesar del ensañamiento de los medios contra el Ministro de Hacienda, el Superintendente Financiero y el Fiscal General, es evidente para cualquier observador desapasionado que fue precisamente la inminencia de la acción de las autoridades lo que llevó a los directivos de DRFE a tomar la decisión de cerrar sus oficinas, suspender sus pagos y levantar el negocio, con lo cual decenas de miles de ciudadanos vieron amenazada la recuperación de sus inversiones en esa empresa. La cruda conclusión es que es probable que esa situación calamitosa no se habría presentado si la acción de las autoridades de control no hubiera llegado hasta donde llegó. Así pues, inacción y pasividad no ha habido, falta de diligencia, sí.
Pero vamos al fondo del asunto. Soy de los que piensan que la actual estrategia de lucha contra el narcotráfico es un completo y absoluto fracaso, sin atenuantes. Después de los gigantescos esfuerzos realizados por Colombia y, en menor medida, por otros países del mundo, hoy día hay mucha más producción y consumo de cocaína que hace 20 años. Es una batalla perdida que los Estados temen reconocer. Por esta razón creo que es necesario salir de los esquemas actuales y empezar a enfocar de manera distinta el fenómeno del consumo y la producción de ciertas drogas que hoy son ilícitas. El prohibicionismo y la represión son un absoluto fracaso.
Sin decirlo abiertamente, muchos países han asumido esta realidad y han empezado a obrar en consecuencia. Políticas más preventivas que represivas frente al consumo, mirar para otro lado frente al lavado de recursos, y represión implacable de acciones criminales como el homicidio y el secuestro. Nadie ha sabido de la captura de grandes capos de la droga o de la incautación de sus enormes fortunas en Europa o en Estados Unidos. Claro, allá el narcotráfico no ha estado alimentando a grupos irregulares que enfrentan al Estado y victimizan a la sociedad como las guerrillas y los paramilitares en Colombia. Por eso aquí hemos tenido que ser mucho más implacables en la lucha contra el narcotráfico.
Pero en la medida en que estamos llegando al final de nuestro conflicto armado, que desaparecieron los paramilitares como tales, que las guerrillas se redujeron a menos de la mitad y que, en consecuencia, se ha reducido tanto la intensidad de la violencia, ¿no será que es hora de empezar a revisar nuestros propios esquemas en relación con el tema de las drogas? Digo yo, para dejar de estar entre la espada de las ideas fijas de unos, y la pared de la hipocresía de otros.
Fuente: semana.com (Colombia)