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Según su investigación, publicada en Law and Society Review, (43-4:807-837), la probabilidad de ser condenado a muerte es mucho mayor si el acusado mata a una víctima blanca o hispana que esté casado, sin antecedentes penales, y con un título universitario, frente a que su víctima sea negro o asiático, con antecedentes penales y sin título universitario.

Los recientes debates sobre la pena de muerte tienden a centrarse en la inocencia y el coste del proceso. La investigación de Phillips indica que la arbitrariedad ha sido siempre lo preocupante.

«El concepto de arbitrariedad sugiere que, los hechos relevantes jurídicos de un caso de pena capital no pueden explicar el resultado: Irrelevantes factores sociales también dan forma a la sanción final del estado» señala Phillips. «La pena capital, la muerte, es la pena más grave impuesta en nombre de las víctimas de alto estatus. Significa que unas víctimas importan más que otras».

La investigación de Phillips se basa en 504 casos de pena de muerte que sucedieron en el condado de Harris, Texas, entre 1992 y 1999.

Basándose en los mismos datos de una investigación anterior, Phillips demostró que, en Houston, los acusados negros tenían más probabilidades de ser condenados a muerte que los acusados blancos. Las disparidades raciales que se revelan en el documento anterior, se vuelven más agudas cuando se tiene en cuenta la situación social de las víctimas: los acusados negros eran más proclives a ser condenados a muerte cuando las víctimas tenían un alto estatus.

Los resultados combinados de ambos documentos ponen en tela de juicio el sentido de la justicia.

«¿Debería definirse la justicia de acuerdo con la pena que un acusado particular merece?» pregunta Phillips «¿O debería definirse de acuerdo a si el sistema judicial puede o no impartir el castigo mortal de una manera equilibrada? La cuestión golpea en el corazón del debate sobre la pena de muerte».

Fuente: BitNavegantes

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