La web de Maco048. Criminología

El narcotráfico es uno de los mayores desafíos para el Estado, pues muta y se adapta a los cambios mucho más rápido que las instituciones.

Tras el colapso de las ‘pirámides’ y la intervención de DMG, el presidente Uribe dijo en una de sus numerosas intervenciones que “podríamos estar en presencia de un coletazo del narcotráfico, de un coletazo de la guerrilla, de un coletazo del paramilitarismo, tratando de ‘lavar’ dineros por la vía de engañar a los colombianos”. Con todo respeto, creo que se equivoca y que, como el Gobierno en pleno, no vio, no oyó y no entendió el fenómeno.

Si nos atenemos a la definición del DRAE —el diccionario de la lengua madre—, del término “coletazo, en sentido figurado significa “última manifestación de una actividad próxima a extinguirse”. Lo de DMG no creo que sea, ni mucho menos, un coletazo del narcotráfico. Es solo una de las cabezas de una hidra cuyas dimensiones parecen escapársele al Gobierno.

No hay que llamarse a engaños, el narcotráfico —la más notoria manifestación del crimen organizado— se ha enquistado en la sociedad más de lo que estamos dispuestos a admitir. Incluso, como lo señala el investigador Juan Carlos Garzón en su libro Mafia & Co. (Planeta, 2008) hasta “ha llegado a negociar directamente con las instituciones”. De ahí la validez de la pregunta que formuló el decano de Economía de la Tadeo, Salomón Kalmanovitz, en su columna en El Espectador: “¿Hasta qué punto está capturado el Estado colombiano por el crimen organizado?”

Me atrevería a decir que hasta el tuétano, sobre todo en los niveles local y regional. Basta pensar en la tenebrosa parapolítica y en escandalosos casos como los del ex fiscal de Medellín Guillermo León Valencia Cossio, el empresario Juan Felipe Sierra y el general Pedreros, para solo mencionar uno de los más recientes, para darse cuenta de que la policéfala culebra del narcotráfico está vivita y coleando.

DMG, un sofisticado sistema de lavado de activos mediante la captación ilegal de dinero del público, es solo una de sus manifestaciones. Y aunque su objetivo inicial parecían ser sectores no integrados a sistemas regulados por el Estado, para quienes invertir en la organización era una forma de inserción económica, también acabaron involucrados políticos en el oscuro negocio —cosa rara— e incluso, directa o indirectamente, profesionales estrato 16 y prestigiosos abogados y asesores financieros que ahora pretenden desmontarse por las orejas con argumentos que no se creen ni ellos mismos.

El crimen organizado diversifica actividades y crea conexiones con la legalidad. Paga asesores para blindar empresas con fachada legal (según Mafia & Co., hasta mediados de 2007 estaban identificadas 8.000 empresas de apariencia sospechosa y a la ‘Lista Clinton’ había vinculadas cerca de 600 empresas y más de mil personas). Busca influir en el Congreso y financiar campañas con miras a los contratos; soborna a miembros de los organismos de control y de seguridad del Estado para frenar investigaciones, obtener información, arreglar sentencias; tiende lazos hacia el Ejecutivo para garantizar el tráfico de influencias…

DMG parece haber seguido el modelo de la parapolítica. “Tenemos 10 ganadores (se refiere a alcaldes y gobernadores), esto es mejor que haber montado mil empresas”, le dice Murcia a su mano derecha William Suárez, en una conversación revelada por La W. Y hasta donó el transporte de las firmas del referendo.

La lección que deja esta crisis que mostró cómo millones no ven la línea que separa lo legal de lo ilegal, debería servir para que los bancos reflexionen sobre cómo acercarse a la gente y mejorar su imagen de sanguijuela. Y sobre todo para que el Gobierno se pellizque, pues el narcotráfico lejos de ser un fenómeno marginal es uno de los mayores desafíos, pues muta y se transforma y se adapta a los cambios con mucha mayor rapidez que las instituciones. La capacidad de respuesta y la comprensión del fenómeno por parte del Estado se han quedado más que cortos.

P.D. ¡A machar el viernes por la liberación de los secuestrados! Y solidaridad con el director de Semana Alejandro Santos, a quien el controvertido magistrado Alfredo Escobar Araújo quiere ver en la cárcel.

Fuente: Cambio (Colombia)