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La violencia sexual contra las mujeres en Colombia va en aumento. Las amenazas y violaciones se repiten en el marco del conflicto militar que sufre el país y las mujeres son utilizadas como arma de guerra. El nuevo presidente debe enfrentarse a estos hechos, cuyos autores son en la mayoría de los casos paramilitares desmovilizados.

La violación de varias niñas y posterior asesinato de una de ellas por parte de mandos medios del ejército colombiano, ha sacudido a la opinión pública este mes. Pero este no es un caso aislado. En los últimos cinco años, diversas organizaciones y grupos de mujeres de Colombia han aumentado la presión para que los delitos sexuales sean nombrados como crímenes de lesa humanidad; para que se reconozca que la violencia sexual se ha convertido en una práctica sistemática y generalizada. La respuesta ha sido el envío de amenazas contra estas organizaciones, firmadas por sectores de paramilitares no desmovilizados o por nuevos grupos armados desprendidos de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Las mujeres y sus luchas se han convertido en objetivo deliberado de la violencia ejercida por los grupos armados.

La política de Seguridad Democrática del ex Presidente Álvaro Uribe Vélez marcó ocho años nefastos para la garantía de los derechos humanos de las mujeres en Colombia. Ni la desmovilización unilateral de las Autodefensas Unidas de Colombia ni la Ley 975 o Ley de Justicia y Paz (del año 2005), han cumplido las expectativas de verdad, justicia y reparación para las víctimas de crímenes sexuales. En Colombia, al igual que en Iraq, Sudán, o la República Democrática de Congo la violencia sexual contra las mujeres es una estrategia de guerra, una táctica para destruir al enemigo.

La reconversión paramilitar Pese a que la desmovilización colectiva de las AUC se dio por finalizada en 2006, la Organización de Estados Americanos (OEA) reconoce al menos 22 nuevos grupos armados integrados por ex paramilitares y que se dedican al control territorial para la exportación de cocaína y contrabando de armas.

Usurpan el territorio a comunidades indígenas y afrocolombianas fundamentalmente, “a través de la amenaza, el asesinato y el terror ejercidos muchas veces a través de la violencia contra la mujer”, afirma Alberto Franco, de la Comisión Intereclesial Justicia y Paz. “El control de la tierra en Colombia responde a proyectos en los que hay mucho dinero en juego: la creación de grandes extensiones de cultivo para la exportación de caña, palma de aceite y otros granos que sirven en la elaboración de biocombustibles; intereses madereros, mineros, hidráulicos… y también la obtención de licitaciones de infraestructuras” dentro de la iniciativa Integración de la Infraestructura Regional en América del Sur (IIRSA).

El feminicidio ignorado y sus consecuencias Silencio, miedo, tabú… La situación de los derechos de las mujeres es “crítica”. Entre los años 2003 y 2007, los crímenes sexuales aumentaron en el país, según el Informe Violencia Sexual y Feminicidios en Colombia. Pero las cifras no reflejan ni de lejos la violencia que sufren las mujeres en el país, “pese a que con la Ley de justicia y Paz el miedo a nombrar la violencia sexual en voz alta haya empezado a correr un poco”, como afirma Gloria Tobón de la organización Humanizar. De las 14.576 denuncias recibidas por la Fiscalía General bajo esta ley sólo el 0,4% de ellas corresponden a delitos sexuales.

El escaso número de denuncias por delitos sexuales responde a la ausencia de garantías para acceder a la justicia y a la intimidación de los grupos armados. El modelo de justicia transicional adoptado por Colombia para permitir la desmovilización paramilitar y la reconciliación nacional parece haber logrado lo contrario: poner en desventaja a las víctimas frente a sus victimarios. Mientras los paramilitares han tenido acceso a abogados y ayudas económicas para su reinserción, las mujeres no cuentan ni con la información ni con las garantías para adelantar procesos judiciales.

La desmovilización paramilitar ha significado el regreso a las comunidades de muchos de los antiguos violadores y asesinos. Ese retorno ha significado para las mujeres que los perpetradores continúen ejerciendo control sobre su vida y su cuerpo. Además, los testimonios presentados a la CIDH hablan de que “al regresar los desmovilizados a sus familias se ha incrementado la violencia doméstica en estos hogares”.

Una violencia que es más numerosa en el interior del país. El Putumayo es un departamento fronterizo con Ecuador, castigado por la violencia y el abandono de las autoridades, donde las mujeres relatan asesinatos y desapariciones que quedaron en la impunidad. “Mi hija menor de edad fue desaparecida por las AUC. Ocho años llevo cerrando la boca sin poder pedir misericordia ni ayuda a nadie”, afirma una mujer, que prefiere no revelar su nombre. Vive en el municipio La Hormiga y denunció la desaparición hace un año y medio. Si no lo hizo antes fue porque “no nos atrevíamos a hacer nada porque éramos gravemente amenazados”. Hasta la fecha, no ha tenido respuesta.

“La impunidad y la violencia están provocando lo que yo llamo normopatía”, afirma Rocío Calvache, psicóloga en Puerto Caicedo, Putumayo. “Es decir, la gente se comporta con aparente normalidad, como si no pasara nada, para soportar la violencia y el horror.

Versión Libre Si un crimen no es confesado, es como si no existiera. No hay víctima, no hay por lo tanto justicia. Este ha sido el modelo de las audiencias de versiones libres concedidas a los paramilitares que se acogieron a la desmovilización. En estas confesiones voluntarias y sin interrogatorio ni investigación ellos omiten los delitos de violencia sexual. Este perverso mecanismo de silencio, que ya se han visto en otros procesos de justicia transicional como en ExYugoslavia o Ruanda, perpetúa la impunidad del crimen sexual.

En Colombia la Ley de Justicia y Paz no respeta la Resolución 1325 de la ONU porque impone penas irrisorias de entre tres y ocho años, a los culpables de crímenes de lesa humanidad que confiesan voluntariamente, aunque también omiten. Por eso algunas organizaciones están dispuestas a tocar a las puertas de la Corte Penal Internacional, porque “muchos crímenes cometidos contra las mujeres por parte de los actores armados están pendientes”, dice Gloria Tobón de la Red Nacional de Mujeres.

En la escena internacional, Oxfam pide a la Unión Europea tolerancia cero con las violaciones de derechos humanos en Colombia, “en especial con los crímenes sexuales contra las mujeres en el marco del conflicto armado”. Días antes de la firma del Tratado de Libre Comercio entre la UE y Colombia en el mes de mayo, la Federación Internacional de los Derechos Humanos (FIDH) pidió la suspensión de las negociaciones y denunció “la implicación de miembros del Estado en graves violaciones de derechos humanos”. Pero la firma se realizó y el proceso sigue hoy adelante para su ratificación.

*LolaMora Producciones, Corporación Humanas y Corporación Casa Amazonía, desarrollan la campaña internacional Desafiando el Silencio: Medios de Comunicación contra la Violencia Sexual. www.lolamora.net

Fuente: Vamos a Cambiar el Mundo

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