El próximo, 30 de octubre, los colombianos eligen a sus autoridades locales y regionales, en la primera consulta electoral bajo la presidencia de Juan Manuel Santos. Entre el 2 de febrero y el 20 de octubre, 41 candidatos fueron asesinados por diversos grupos violentos, según un estudio de la ONG independiente Misión de Observación Electoral (MOE). Esta cifra prácticamente duplica los muertos registrados en las anteriores elecciones regionales, en 2007.
La guerrilla, sobre todo las FARC, grupos paramilitares de derecha, narcotraficantes y otros grupos delictivos también compiten en estas elecciones, mediante la compra de candidatos o el asesinato de posibles adversarios. Para las distintas organizaciones violentas, de derecha e izquierda, ligadas o no al narcotráfico o a otras actividades ilícitas, el control de alcaldes, concejales y hasta gobernadores, es un objetivo que les asegura impunidad para sus actividades. Y, en muchos casos, acceso a información de seguridad vital para su supervivencia.
Uno de los aparentes logros del anterior gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010), fue la desmovilización de las ultraderechistas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que en el momento de su mayor apogeo llegó a tener unos 15 000 efectivos. Hoy, las AUC han sido reemplazadas por las Bacrim, Bandas Criminales, según la denominación generalmente adoptada, que cuentan ya con unos 6 000 hombres y cuyo número no hace más que aumentar. Según INDEPAZ (Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz), estas bandas operan en 314 municipios (de un total de 1 103) y están presentes en 29 de los 32 departamentos (estados a provincias) del país.
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